Benjamin Jose Navarro Aspero
Expediente 1797/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1797/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 02/05/2023
Partes del expediente
- Benjamin Jose Navarro Aspero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
se ordena el archivo
- Incidental
se ordena el archivo
- Principal
NE********VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1797/2022-II-D; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado vía electrónica el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, Pablo Andrei Zamudio Díaz, apoderado jurídico del directo quejoso Benjamín José Navarro Asperó, solicitó en su nombre el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 2 a 50 del juicio de amparo). Personalidad que acreditó con la escritura ochenta y cinco mil trescientos setenta y seis, emitida el ocho de junio de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del Notario Público Número Siete de la Ciudad de México. Se estima pertinente precisar que se le otorgó valor probatorio pleno a la documental referida, a pesar de haber sido exhibida únicamente en copia simple, sin embargo, al ser presentada de forma electrónica como anexo al escrito de demanda, no haber sido objetado por las partes y a que esta juzgadora no consideró necesario requerir a su presentante a efecto de hacer alguna aclaración, se reputa como si se hubiera presentado en su versión física. Sustenta, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022826, tesis 1a. VIII/2021 (10a.), consultable en el Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, página 1227 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DOCUMENTOS DIGITALIZADOS QUE SE INGRESAN COMO PRUEBAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE CONSIDERARLOS COMO SI SE HUBIERAN PRESENTADO EN SU VERSIÓN FÍSICA, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN SER OBJETADOS POR LAS PARTES, Y SÓLO EXCEPCIONALMENTE, ANTES DE DEMERITAR SU VALOR PROBATORIO, REQUERIR AL OFERENTE EL DOCUMENTO FUENTE. Hechos: En un juicio de amparo indirecto tramitado en vía electrónica, la parte quejosa, para acreditar su interés jurídico, ofreció como pruebas diversos documentos digitalizados, que se estimaron como copias simples del documento original, dando lugar al sobreseimiento en el juicio, ya que se determinó que no se trataba de documentos electrónicos a los que se refiere el artículo 12, inciso f), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, por no haberse generado, modificado o procesado por medios electrónicos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los documentos digitalizados de su original, ofrecidos como prueba de manera electrónica en el juicio de amparo, no perderán su valor probatorio y deberán recibir el mismo tratamiento que si se hubieren presentado en su versión física, sin perjuicio de que: 1) puedan ser objetados por las partes; o, 2) cuando el órgano jurisdiccional carezca de seguridad respecto a la viabilidad y coincidencia del documento digital frente al documento fuente, esté en aptitud de requerir excepcionalmente este último, antes de demeritar su valor probatorio. Justificación: Se arriba a esta conclusión, toda vez que de la interpretación del contenido de los Acuerdos Generales Conjuntos celebrados entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente, en los que se materializó el nuevo sistema de juicio de amparo, se tiene que la prueba documental digitalizada no perderá su valor probatorio por el simple hecho de provenir de un proceso de digitalización, sino que en aras de tutelar los principios que caracterizan al nuevo sistema de expediente electrónico y al juicio de amparo, el juzgador deberá otorgar el mismo tratamiento que a su documento físico, lo anterior sin perjuicio de que dichas probanzas puedan ser objetadas por las partes. De manera excepcional, y antes de calificar su valor probatorio, puede ocurrir que el órgano jurisdiccional se encuentre con situaciones dudosas o insuficientes respecto al documento probatorio digital, en cuyo caso está facultado para tomar las medidas necesarias y acordar lo conveniente para dar oportunidad a las partes de presentar el documento fuente y hacerlo coincidente con el documento ingresado.". En auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós (fojas 51 a 55 ídem) se admitió la demanda, requirió el informe justificado, dio vista al Agente del Ministerio Público Federal, reconoció el carácter de tercero interesado a Luis Fernando Sánchez Carreón, ordenó su emplazamiento y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. El trece de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por emplazada a la parte tercero interesada referida (foja 98 ídem) y el catorce siguiente por apersonado al sumario (fojas 119 y 120 ídem). En proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercero interesada a Luz María López Montoya, Agente del Ministerio Público de la Federación que interviene en la causa penal 380/2021 y se ordenó su emplazamiento (fojas 122 y 123 ídem), el tres de enero de dos mil veintitrés, el actuario adscrito hizo constar esa diligencia (foja 128 ídem). Una vez sustanciado el juicio, el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés se celebró la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso b, de la Constitución General de la República; 1° fracción primera, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos declarativos que carecen de ejecución material y la demanda se presentó ante este juzgado de distrito. SEGUNDO. Oportunidad. El escrito de demanda se presentó dentro del término de quince días establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo, pues el quejoso reclama una determinación emitida en audiencia celebrada en una causa penal el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, donde estuvo presente y quedó notificado de su contenido en ese momento, por lo que el término para la presentación del juicio de amparo transcurrió del veintiséis de octubre al dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, y si presentó su escrito de demanda el diecisiete de noviembre de esa anualidad, su presentación está dentro del plazo legal. Sustenta, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2024494, tesis P./J. 4/2022 (11a.), consultable en el Libro 12, Abril de 2022, Tomo I, página 7 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE SU PRESENTACIÓN DEBEN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE AMPARO Y AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SUSPENDA ACTIVIDADES, AUN CUANDO ESTÉN CONTEMPLADOS COMO HÁBILES POR LA REFERIDA LEGISLACIÓN, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DESCONTAR LOS DÍAS EN QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SUSPENDA LABORES POR SITUACIONES EXTRAORDINARIAS. Hechos: Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvieron consideraciones opuestas en torno a dilucidar si para la presentación de la demanda de amparo directo deben descontarse del cómputo del plazo únicamente los días inhábiles o no laborables para la autoridad responsable, o también aquellos señalados en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Para el cómputo del plazo de la presentación de la demanda de amparo directo deben excluirse tanto los días inhábiles establecidos por el artículo 19 de la Ley de Amparo, aun cuando la autoridad responsable no haya suspendido labores, así como aquellos en que dicha autoridad suspenda actividades, no obstante que estén contemplados como hábiles por la referida legislación, entendiendo este supuesto aplicable únicamente para el órgano responsable ante el que se presenta la demanda, es decir, lo anterior no implica que deban descontarse los días en que el Tribunal Colegiado de Circuito suspenda labores por situaciones extraordinarias. Justificación: El marco normativo contenido en los artículos 19, 176 y 178 de la Ley de Amparo regula los días que deberán considerarse inhábiles para la promoción del juicio de amparo, los días en que se suspendan labores por caso fortuito o fuerza mayor en el órgano jurisdiccional ante el que se tramite la demanda, así como la facultad de autoridad auxiliar del órgano responsable en el trámite del juicio de amparo. De la interpretación de los referidos preceptos se obtiene que para el cómputo del plazo de la presentación de la demanda deben descontarse los días que la Ley de Amparo señale expresamente como inhábiles, así como aquellos en que la autoridad responsable suspenda actividades, ya sea por causa de fuerza mayor o suspensión de labores, entendiendo este último supuesto únicamente aplicable al órgano responsable ante el que se presenta la demanda. Se afirma lo anterior toda vez que, si bien por circunstancias extraordinarias, el Consejo de la Judicatura Federal puede decretar la suspensión de labores en los órganos colegiados de amparo, lo cierto es que dicho supuesto no implica que el plazo para la presentación de la demanda de amparo directo se vea interrumpido por una situación extraordinaria de suspensión de actividades para los Tribunales Colegiados de Circuito, al no estar previsto en la Ley de Amparo, y no afectar la presentación de la demanda. Con lo anterior, además de reconocer la voluntad del legislador respecto a los plazos fijados en la ley reglamentaria y el rol de la autoridad responsable como auxiliar en la tramitación del juicio de amparo directo, se permite otorgar certeza a los justiciables respecto a los días que no se deben considerar para computar el plazo para promover una demanda de amparo directo, a saber, los días inhábiles expresamente previstos por la Ley de Amparo, aquellos en que la autoridad responsable suspenda sus labores, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, o por alguna previsión en su normativa interna, como pueden ser, los que por disposición de la Ley Federal del Trabajo se consideren inhábiles.". TERCERO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos que se reclaman. En ese tenor, por así desprenderse del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: ACTO RECLAMADO La determinación emitida en audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, donde se negó la solicitud relativa al sobreseimiento en la acción penal, en autos de la causa penal 380/2021, instaurada en contra del quejoso. AUTORIDAD RESPONSABLE Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), en funciones de Juez de Control. CUARTO. Existencia del acto. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado (fojas 77 y 78 ídem), aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con la vinculación a este juicio en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), de ese procedimiento; esto, con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. El anterior proceder encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, que originó la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), con número de registro 2004362, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Página 703, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Asimismo, por su contenido jurídico, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017123, tesis P./J. 16/2018 (10a.), visible en el Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.". QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. A efecto de una mejor comprensión es menester hacer una relación sucinta de los antecedentes que constituyen los actos reclamados, lo que se relaciona de la siguiente manera: El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable tuvo por recibido el oficio con terminación 1389/2021, folio 15847, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula B-I-5, Naucalpan, Estado de México, por medio del cual ejerció acción penal (sin detenido), contra Benjamín José Navarro Asperó, por un delito del orden federal y se señalaron las diecisiete horas del once de noviembre de esa anualidad para la audiencia inicial de formulación de imputación (Expediente digital de la causa penal 380/2021 que obra vinculado a este sumario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). El once de noviembre de dos mil veintiuno se dictó auto de vinculación a proceso contra Benjamín José Navarro Asperó por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito previsto en el artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, imponiendo una medida cautelar consistente en la presentación periódica en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México los días quince de cada mes, cuya primera presentación lo será el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno (Expediente digital ídem). En auto de cinco de abril anterior, se recibió el escrito de Pablo Andrei Zamudio Díaz, defensor particular de Benjamín José Navarro Asperó, folio 5449, por medio del cual solicitó audiencia para debatir el sobreseimiento a favor de su patrocinado; en su atención, de conformidad con los numerales 52 y 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señalaron las diecisiete horas con treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia correspondiente (Expediente digital ídem). En audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se negó la pretensión del acusado relativa al sobreseimiento de la acción penal (Expediente digital ídem). En contra de dicha determinación el quejoso promovió demanda de amparo indirecto, la cual se radicó ante este mismo órgano jurisdiccional bajo el número 777/2022, juicio que, seguido en sus fases procesales, por sentencia de treinta de agosto de dos mil veintidós, se resolvió: "(.) En estas condiciones, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable Rogelio León Díaz Villarreal, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, (Almoloya), en funciones de Juez de Control: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje sin efectos la audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintidós en autos de la causa penal 380/2021, únicamente a partir de que emitió su determinación respecto a la petición del imputado. Fijé nueva fecha para una diversa audiencia, lo notifique como corresponda a las partes. En la celebración de la audiencia, con libertad de jurisdicción, únicamente emita resolución a la petición del imputado relativa al sobreseimiento de la acción penal en su contra, tomando en consideración todos y cada uno de los alegatos expuestos por la defensa del aquí quejoso en la audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, sin que las partes puedan exponer diversa manifestación; la cual, podrá ser en el mismo o en diverso sentido. --- (.)" En cumplimiento a tal determinación ejecutoriada, en audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el Juez de Distrito responsable en esencia indicó que reiteraba lo expuesto en la audiencia que antecedió, que mantenía el mismo sentido de la determinación, dio contestación a los puntos a que se hizo alusión en la sentencia protectora y declaró infundada la solicitud de sobreseimiento hecha valer por la defensa. La anterior determinación constituye el acto reclamado en el juicio de amparo. SEXTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia ya sea las que hagan valer las partes o las que se adviertan de oficio por este juzgador en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Una vez establecido lo anterior, y en razón de no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el órgano de control constitucional, se continúa con el dictado de la sentencia. Lo anterior, de conformidad con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y contenido en la jurisprudencia con registro digital 205800, número de tesis P./J. 22/91, visible en el Tomo VII, Junio de 1991, página 60 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento.". SÉPTIMO. Referencia al acto reclamado y los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. En la presente sentencia no se transcribirán estos tópicos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo, que establezca la obligación de reproducirlos para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 164618, consultable en el Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". No obstante, para mayor precisión se hace una relación sucinta de los conceptos de violaciones esgrimidos por la parte quejosa. a). Considera vulnerada la presunción de inocencia en su contra y el principio de legalidad contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b). Estima que sí existen elementos objetivos y suficientes para decretar el sobreseimiento en la causa penal de origen. c). Aduce que el juez responsable no tomó en consideración los argumentos expuestos por su defensa, relativos a los datos de pruebas que obran en la carpeta de investigación y que se hicieron valer en su petición de sobreseimiento. d). Dice el quejoso que en la presentación de la demanda de amparo, de donde deviene el procedimiento penal instaurado en su contra, no se indicó que presentara algún documento de una notaría en específico y que solamente se hizo mención a una documental pública consistente en la ratificación ante Notario Público de un contrato de compraventa. e). Argumenta que cuando un gobernado firma una demanda no decide qué documentación se exhiben adjuntos, sino que son sus abogados los responsables de tal circunstancia. f). Dice el quejoso que el juez responsable no acató los efectos del fallo protector emitidos en el juicio de amparo 777/2022 de esta estadística. g). Expone que en la carpeta de investigación existen transferencias de pago que el imputado cubrió al vendedor del inmueble relacionado con la causa penal y, dice, que por ese motivo no tendría sentido que se hubiera exhibido algún documento falso. Sus motivos de disenso son inatendibles e infundados, por lo que, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. A efecto de corroborar tal aserto, los motivos de agravio expuestos podrán ser analizados de manera conjunta, incluso en diverso orden a lo precisado en su escrito de demanda, lo cual no irroga perjuicio a la parte quejosa. Cobra aplicación, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con registro digital 2011406, tesis (IV Región) 2o. J/5 (10a.), consultable en el Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2018 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que informa: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.". OCTAVO. Fondo del asunto. Sin que pase desapercibido para esta juzgadora la materia de donde deriva el acto reclamado - penal -, en la que, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la queja. Sirven de sustento a lo expuesto la Jurisprudencia 154/2015 y la tesis VIII/96, ambas emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 317 y 267, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I y Tomo III, Febrero de 1996, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y Semanario, Décima y Novena Épocas, registros 2010623 y 200655 de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ANALIZARSE ACORDE CON EL MARCO SOBRE DERECHOS HUMANOS RESGUARDADO POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. En la tesis aislada 2a. LXXXII/2012 (10a.) (*), esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que si bien la reforma indicada implicó un cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la reforma citada, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Bajo esa directriz, se advierte que los artículos 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, consagran la igualdad, en su acepción universal, que debe existir entre todas las personas, sin distinción alguna. Por su parte, la propia Sala en la diversa tesis aislada 2a. XCII/2013 (10a.) (**), interpretó el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que prevé un principio de reserva legal del orden interno del Estado parte, con arreglo al cual se instrumentará el derecho al recurso, reconociendo, en este aspecto, la prevalencia del orden interno. Ahora bien, el principio de suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo se erige como una institución de capital importancia dentro de nuestro sistema jurídico, con características particulares, con el fin de impedir la denegación de justicia por razones de carácter meramente técnico-jurídicas; por ello, dicha institución debe analizarse desde la perspectiva constitucional y legal nacional, y es en función de ese examen interno como debe contrastarse si efectivamente tal principio satisface el mandato universal de igualdad, o si existe una justificación razonable en la distinción de trato que respecto de ciertas personas o grupos establece el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el precepto 79 en la ley de la materia en vigor a partir del día siguiente.". "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURIDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD. La suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad, circunstancia que vincula al juzgador de amparo para que, al ejercerla, deba otorgar al indiciado, procesado o sentenciado la seguridad de que es legal la resolución reclamada emitida dentro de un procedimiento de naturaleza penal, independientemente de que el sentido de la resolución pronunciada en el juicio de amparo o en la tramitación y resolución de los recursos establecidos en la ley de la materia favorezca o no al quejoso o recurrente que encuadre en esos supuestos.". Sin embargo, la suplencia de la queja no debe ser absoluta, en el sentido de expresar su aplicación, sino solo en aquellos casos donde el tribunal la considere útil para favorecer al beneficiado y, consecuentemente, resulte procedente el amparo; por lo que, no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando ese análisis, lejos de ayudar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. Apoya, la diversa tesis 2a./J. 67/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Décima Época, Materia Común, registro 2014703, que, a la letra, dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna.". Ahora, en relación al tema del sobreseimiento de la acción penal, se estima conveniente destacar que el diccionario Temático Especializado en los Juicios Orales, conceptualiza el sobreseimiento en materia penal, como una figura jurídica mediante la cual se tiene por extinguida la acción penal intentada en contra del imputado, acusado o sentenciado, en virtud de considerarse que no existen elementos suficientes para tener por acreditado el hecho típico o la responsabilidad penal, o bien, que la acción penal se haya extinguido por cualquiera de las causas que contempla la ley. El sobreseimiento impedirá de forma natural la continuación del proceso penal y tendrá efectos de sentencia absolutoria y, por tanto, no generará antecedente penal alguno respecto de la persona a quien se aplicó. Así, podemos sostener que el sobreseimiento de la acción penal se puede actualizar, y, por ende, solicitar por el Ministerio Público o por el imputado o defensor, una vez ejercida la acción penal ante el órgano jurisdiccional, y concluye hasta que queda firme la sentencia definitiva. En este sentido, los artículos 327, 328, 329, y 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 327. Sobreseimiento El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: I. El hecho no se cometió; II. El hecho cometido no constituye delito; III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal; V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; IX. Muerte del imputado, o X. En los demás casos en que lo disponga la ley." "Artículo 328. Efectos del sobreseimiento El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado." "Artículo 329. Sobreseimiento total o parcial El sobreseimiento será total cuando se refiera a todos los delitos y a todos los imputados, y parcial cuando se refiera a algún delito o a algún imputado, de los varios a que se hubiere extendido la investigación y que hubieren sido objeto de vinculación a proceso. Si el sobreseimiento fuere parcial, se continuará el proceso respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados a los que no se extendiere aquél." "Artículo 330. Facultades del Juez respecto del sobreseimiento El Juez de control, al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por cualquiera de las partes, podrá rechazarlo o bien decretar el sobreseimiento incluso por motivo distinto del planteado conforme a lo previsto en este Código. Si la víctima u ofendido se opone a la solicitud de sobreseimiento formulada por el Ministerio Público, el imputado o su Defensor, el Juez de control se pronunciará con base en los argumentos expuestos por las partes y el mérito de la causa. Si el Juez de control admite las objeciones de la víctima u ofendido, denegará la solicitud de sobreseimiento. De no mediar oposición, la solicitud de sobreseimiento se declarará procedente sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir.". De la interpretación sistemática a los citados artículos, se desprende que pueden solicitar el sobreseimiento de una causa el Ministerio Público, el imputado o su defensor. Por tanto, recibida la solicitud, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y las citará dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia en la que analizará los requisitos de procedencia que prevé el artículo 327, y con base en ello, rechazará la petición, o bien decretará el sobreseimiento, aun por motivo distinto al planteado; por lo que, los requisitos a analizar, son: El hecho no se cometió; El hecho cometido no constituye delito; Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; El imputado esté exento de responsabilidad penal; Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; Muerte del imputado, o En los demás casos en que lo disponga la ley. En cuanto a la participación del ofendido o víctima del delito en la audiencia de sobreseimiento, el juez podrá tomar las siguientes posturas: Si se opone al sobreseimiento solicitado por el Ministerio Público, el imputado o su defensor, el juez se pronunciará sobre los alegatos que le hagan valer las partes. Si el juez admite las objeciones de la víctima u ofendido, denegará la solicitud. En caso de que no haya oposición, la solicitud se declarará procedente. En suma, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece los pasos para decretar el sobreseimiento de la acción penal cuando haya sido solicitada, es decir, la solicitud se plantea no como un recurso, sino como un procedimiento extraordinario que demuestre la extinción de la acción penal de manera evidente, que no deje lugar a dudas, cuya consecuencia favorable al imputado es una sentencia absolutoria. Ahora, en lo particular se debe tomar en consideración lo determinado, en autos de la causa penal 380/2021, donde el Juez de Control responsable, en cumplimiento a lo resuelto en el juicio de amparo 777/2022, de este índice, presidió la audiencia correspondiente a efecto de resolver la solicitud del imputado, a través de su apoderado legal, relativa al sobreseimiento de la acción penal, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, actuación en la que la que el Juez responsable llevó a cabo su actuación de la siguiente manera: (17:22:00) Apertura de audiencia. (17:22:15) Individualización de las partes comparecientes (Fiscalía, ofendidos, asesor jurídico del ofendido, inculpado y abogado defensor de éste). (17:23:50) El juez responsable indica que dicha actuación es en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. (17:25:54) El juez fija como punto de debate la falsedad del documento, y aduce que es lo único a lo que se le constriñó en el fallo protector. (17:26:52) El juez de Distrito manifiesta que solo se pronunciará sobre la notificación aludida por la defensa en cuanto a que es un documento apócrifo y que carece de certificación, lo que verá en complementaria. (17:27:23:) El juez determina que mantiene el mismo sentido de la determinación anterior. (17:23:37) El juez declara infundada la solicitud de sobreseimiento hecha valer por la defensa y da por notificados a los comparecientes de tal determinación. (17:28:46) La Fiscalía y el ofendido, ante la concesión del uso de la voz por parte del juez, manifiestan no hacerlo. (17:29:04) En uso de la voz, la defensa del imputado aquí quejoso a efecto de dejar constancia, le hace patente el punto tres de los efectos del fallo protector -de dejar sin efectos todo lo anterior y pronunciarse sobre las manifestaciones previas de esa defensa vía alegatos conforme a lo que expuso en audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintidós). (17:29:36) El juez de Distrito, en respuesta, dijo que le recalcaba lo que manifestó con antelación al respecto, en el sentido de que reiteraba todos y cada uno de sus argumentos textualmente diciendo que eran -solo esos dos puntos-. (17:30:14) El juez de Distrito cerró la audiencia. Asimismo, en razón de que en la audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el juez responsable validó las diversas determinación emitidas en la diligencia de veintisiete de abril de dos mil veintidós, es importante traer a colación lo ahí acontecido. La defensa del imputado expuso sus alegatos (2.40 al 22.37 minutos de la audiencia), donde, de forma sucinta, manifestó su inconformidad con dos temas torales, que dijo, fueron la base para emitir la vinculación a proceso en contra de su patrocinado. Estableció que el Notario Público inmerso en el procedimiento expidió un escrito donde manifestó que el documento exhibido por el imputado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, era apócrifo ya que los datos que obraban en su protocolo no correspondían y el acta 19954 de nueve de febrero de dos mil quince era un testamento público abierto. Que el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, informó que el documento tildado de falso por el Notario Público, no coincidía con los datos proporcionados, por lo que, no fue posible localizarlo en los protocolos bajo su resguardo. En ese sentido, la defensa manifestó que, si el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México dijo que el documento notarial no existía, no se puede argüir como falso. Asimismo, que el peritaje oficial de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, determinó que el documento cuestionado, acta 19954, comparado con uno diverso signado por el mismo fedatario público, no tiene un mismo origen gráfico. También, explicó que, en un segundo dictamen, la misma profesional no logró emitir una opinión cierta, en razón de que el documento cuestionado que tuvo a la vista era una copia, por tanto, su opinión grafoscópica podría ser errónea. Cuestión que, la defensa estimó, es relevante porque se cambió de opinión en los dos dictámenes, no obstante haber analizados los mismos documentos. Al respecto, consideró que al ser los dos elementos principales por los que se ejerció la acción penal en contra de su representado, con esos argumentos se desvanecía su fuerza probatoria. Continuando con sus alegaciones, expresó que del dato de prueba corroborado por la fiscalía, consistente en una acta de comparecencia de diez de enero de dos mil diecisiete, levantada por una Agente del Ministerio Público del Estado de Quintana Roo, en la ciudad de Cancún, casi a las veintiún horas, el imputado dio aviso judicial de que había extraviado su licencia de conducir, por tanto, dijo, si el documento cuestionado fue presentado en Naucalpan de Juárez, Estado de México a las veintiún horas con cincuenta y ocho minutos del mismo diez de enero de dos mil diecisiete, era imposible que su representado estuviera en dos lugares distantes mil kilómetros entre ellos. Así, expuso que, si bien es cierto que quien promueve consiente el contenido de la promoción, también lo es que del texto del escrito solamente se refiere a un documento de compraventa ratificado ante Notario Público y nunca se exhibió como una certificación notarial; por lo que, el imputado solamente reconoce la ratificación y no una certificación. Finalmente, hizo precisiones relativas a la edad del Notario Público en el sentido de que sus testimonios han sido contradictorios respecto al documento cuestionado, cuando, por un lado, realiza manifestaciones y enseguida, en otra actuación se contradice en lo dicho. Ante esas exposiciones y posterior a la intervención de la Agente del Ministerio Publico, el Juez de Control emitió su determinación en el siguiente tenor. (37.30 minutos al 42.55 minutos ídem). Precisó que hasta ese momento lo manifestado por la defensa no era suficiente para que se actualizara ninguna causal de sobreseimiento en la acción penal. Que, de los documentos expuestos por el Notario, no se advertía que se refiriera al documento cuestionado que se presentó ante el Juzgado de Distrito. Indicó, que, si bien se aprecian diversos errores, no existe dato contundente para desvirtuar el dicho del Notario Público de que no había expedido ese documento y que no había atendido a la certificación del contrato de compraventa que se presentó. Expuso, que de la investigación realizada por la defensa no se había evidenciado que fuera un documento original, sino más bien que el Notario no había podido dar un informe real o válido a tomar en cuenta. En lo relativo a los dictámenes periciales, argumentó que ese tema sería motivo del contradictorio que se llevara a cabo el juicio oral y, ahí explicaría porqué en un primer momento y respecto a, aparentemente, los mismos documentos, dio diversa opinión. Finalmente, manifestó que, en razón de que no aparecía claramente la inocencia del imputado, no se proveía favorable su petición respecto al sobreseimiento de la acción penal, lo que, precisó, no significa que es culpable. Esta juzgadora estima correcta la actuación del Juez de Control responsable, se explica: Al respecto se precisa que la defensa del aquí quejoso, en la audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintidós, entre los minutos 2.40 y 22.35 expuso sus argumentos relativos al motivo de porqué estimaba procedente el sobreseimiento de la causa penal y, resumidamente estimó que de los datos de pruebas exhibidos por la fiscalía se advierte que el imputado está exento de responsabilidad penal ya que no se corroboraba la participación de su patrocinado en el delito perseguido y, aunado a ello, ese órgano técnico ya no podría adjuntar mayores datos de prueba que lo comprobaran, por lo que, dijo, en este momento procesal se encuentra claramente establecida la inocencia del imputado. Sin embargo, como correctamente lo estableció el juez responsable, esta juzgadora advierte que los datos de prueba expuestos por la fiscalía, por el momento, son suficientes para estimar, por lo menos de forma indiciaria, la participación del quejoso en el delito que se le imputa. Esto en razón de que en el momento procesal en que se encuentra el procedimiento de origen, en la transición entre la investigación complementaria y la audiencia intermedia, los datos de prueba sirven de fundamento indiciario respecto de una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, únicamente se fija la materia de investigación y lo que, eventualmente, será objeto de juicio. Aunado a que, de conformidad con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para este momento procesal no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; En consecuencia, le asiste la razón al juez responsable al expresar que los datos de prueba existentes deberán ser corroborados o desvirtuados, en su caso, en el juicio oral que derive del procedimiento penal. Máxime que el juez de control estimó suficientes los datos de prueba expuestos por la fiscalía y con base en ello dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, entonces estimó justificado la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración y será en el juicio oral donde se corroboren o desvirtúen los medios de prueba tanto de la fiscalía como de la defensa. El mismo razonamiento se constituye para corroborar que la actuación del juez de control fue correcta al no decretar el sobreseimiento de la causa penal en virtud de que no se encontraba plenamente demostrada la inocencia del imputado. Por tanto, respecto al motivo de disenso donde el quejoso arguye que sí existen elementos objetivos y suficientes para decretar el sobreseimiento en la causa penal de origen, se califica de infundado. Es así, en razón de que el quejoso estima como elemento objetivo y, dice, suficiente para que se decrete el sobresemiento de la acción penal en su favor que el diez de enero de dos mil diecisiete se encontraba en Cancún, Quintana Roo, lo que, dijo, se corrobora con el dato de prueba consistente en una acta de comparecencia de diez de enero de dos mil diecisiete, levantada por una Agente del Ministerio Público del Estado de Quintana Roo, en la ciudad de Cancún, casi a las veintiún horas, donde dio aviso judicial de que había extraviado su licencia de conducir y, aduce que si el documento cuestionado fue presentado en Naucalpan de Juárez, Estado de México a las veintiún horas con cincuenta y ocho minutos del mismo diez de enero de dos mil diecisiete, era imposible que estuviera en dos lugares distantes mil kilómetros entre ellos. Sin embargo, correctamente el juez responsable, en la audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, entre los minutos 4.13 y 5.19, precisó que era irrelevante que a la misma hora se encontrara en un lugar diverso a donde se presentó la demanda de amparo, en razón de que el delito que se persigue consiste en la presentación de un dato o documento que pudiera resultar falso, lo cual no incide en que hubiera exhibido físicamente o no, aquel escrito, dijo que hizo suya la demanda en razón de que la firmó. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 11/2012, precisó que la firma se constituye por los signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita, acreditándose con ella la autoría del escrito. Indicó que la firma puesta en la demanda de amparo es el signo manuscrito a través del cual el quejoso expresa su voluntad en el sentido de ejercer la acción de amparo, lo cual es acorde con la premisa esencial de que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada. También, que la firma en el escrito de demanda es un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, pues constituye la expresión de la voluntad del quejoso, en el sentido de promover el juicio de amparo. Sostuvo sus asertos con el contenido de la jurisprudencia con registro 242775 y rubro "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO.". Por lo que, tal como lo dijo el juez responsable si el imputado plasmó su firma en la demanda de amparo donde supuestamente se exhibió un documento que pudiera resultar falso, claramente se advierte su voluntad de hacerlo, sin que obste que lo presentara personalmente o no; por lo que, como atinadamente lo determinó el juez de control es irrelevante que el día de los hechos, prácticamente a la misma hora se encontrara en Cancún, Quintana Roo. Asimismo, de las máximas de la experiencia se obtiene que no necesariamente el quejoso o interesado, presente físicamente los escritos inherentes a un proceso ya sea constitucional, de primera instancia o de cualquier índole. En el mismo contexto, el quejoso considera que no se actualiza la existencia del delito perseguido en virtud de que, si bien reconoce la presentación de una ratificación, más no así la de una certificación. En la audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, entre los minutos 5.20 y 6.04, acertadamente el juez responsable se ocupó al respecto y precisó que el delito perseguido consiste en determinar si se presentó o no un documento apócrifo, con independencia de que se trata de una certificación o de una ratificación, circunstancia esta, que, dijo, se dilucidará en la etapa de investigación complementaria. En tal sentido, se corobora la actuación del juez de control en razón de que el delito reprochado es el previsto en la fracción II, del artícuilo 261, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días:. II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". De su intelección se obtiene sin lugar a dudas que el elemento componente de esa norma radica en que se presenten, en lo particular, documentos falsos. Sin que la norma indique qué tipo de documentos tengan que constituirse a efecto de hacer alguna distinción. Así, es correcta la apreciación del Juez de Control al exponer que realmente no incide que se trate de una certificación o una ratificación, que lo importante es que sea o no falso el documento exhibido. En el mismo sentido, en la diversa audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintidós entre los minutos 37.30 y 42.55, respecto a la que el juez de control ratificó y se remitió a lo ahí determinado, de forma acertada precisó que en lo relativo a las contradicciones en que ha incurrido el Notario Público Número 167 de la ahora Ciudad de México, a pesar de que se advierten errores en esas manifestaciones, hasta ese momento procesal no existe dato contundente expuesto por la defensa para echar abajo el dicho del fedatario. Esto, dijo, ya que la investigación de la defensa no aportaba dato que evidenciara que el documento cuestionado fuera original del contrato de compraventa, entonces, la realidad era que el Notario Público no había podido dar un informe válido al respecto, lo que no significaba que no le asistiera la razón. Asertos, que correctamente desvirtúan la pretensión del quejoso en sus exposiciones relativas precisamente a las imprecisiones, que dice, ha incurrido el Notario Público, que han derivado en que el Archivo General de Notarios no encuentren documento alguno o que no exista el acta 19,954, del libro 529 y/o 530. Por lo que, estima que la información proporcionada por el fedetario no coincide con la que en verdad obra en su protocolo, También, desestimó que la contradicción de los dos dictámentes, donde, en uno se dijo que no existía un mismo origen gráfico y en otro, supuestamente analizando los mismos documentos, se determinó que eran copias por lo que era imposible emitir opinión verídica, sería hasta el contradictorio que se lleve a cabo en la audiencia de juicio oral donde la perita en grafoscopía explicará el motivo de esas diversas manifestaciones. En ese sentido, se itera de infundado el concepto de violación en análisis ya que, contrario a lo que expone el quejoso, como bien lo estimó el juez de control, no existen elementos objetivos y suficientes para decretar el sobreseimiento en la causa penal de origen, ya que para ello deberá desaparecer la razón que originó se continuara con la investigación al dictarse el auto de vinculación a proceso, lo que en la especie no aconteció. Por los mismos motivos, resulta infundado el motivo de disenso precisado con el inciso d), donde el quejoso presume que en la demanda de amparo que suscribió no se hizo mención específica a un documento del Notario Público y únicamente se refirió a una documental pública consistente en una ratificación ante Notario Público de un contrato de compraventa. Tal determinación derivado de que, como se insiste, el juez del conocimiento de forma correcta manifestó que el delito que se persigue consiste en determinar si se presentó o no un documento falso, con independencia de su naturaleza jurídica, asimismo, que de las testimoniales del Notario Público no se advierte en este momento procesal un informe válido al respecto. Máxime que los anexos que se adjuntan a un escrito de demanda son parte integral de la misma sin necesidad incluso de que se haga mención o referencia al respecto. Sostiene, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 176329, tesis 2a./J. 183/2005, visible en el Tomo XXIII, Enero de 2006, página 778 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es obscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierta alguna irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento.". Asimismo, por su información, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021048, tesis 1a. XCVII/2019 (10a.), consultable en el Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 373 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO. LOS ARTÍCULOS 95, IN FINE Y 117 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE DURANGO, QUE EXIGEN ACOMPAÑAR COPIA DE TRASLADO DE LA DEMANDA O CONTESTACIÓN Y DE SUS DOCUMENTOS ANEXOS, ÚNICAMENTE CUANDO NO EXCEDAN DE 25 FOJAS, VIOLAN LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA ADECUADA. El debido llamamiento a un procedimiento judicial no puede estimarse colmado con el simple aviso de su inicio y de los elementos principales que lo motivan, sino que un efectivo emplazamiento sólo puede tenerse por satisfecho cuando implica poner en pleno conocimiento al demandado tanto del escrito en que se formula la demanda, como de los documentos que sustenten el respectivo reclamo, sean éstos los relativos a la acreditación de la personalidad que ostenta quien insta el juicio, los que sean sustento de la acción y otros que, como medios probatorios, se acompañen al reclamo. En apego a este principio, el artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango establece que a toda demanda o contestación deberán acompañarse necesariamente "copia del escrito y de los documentos para correr traslado al colitigante, pudiendo ser en papel común, fotostática o cualquier otra, siempre que sea legible"; sin embargo, en su parte final dispone que: "Si excedieren los documentos de veinticinco fojas quedarán en la Secretaría para que se instruyan las partes". Por su parte, el artículo 117 del mismo ordenamiento prevé que se entregará copia simple de la demanda, más, "en su caso", copia simple de los demás documentos que el actor haya exhibido con su libelo inicial. Ahora bien, los derechos de audiencia y a una defensa adecuada, sólo pueden garantizarse si quien es llamado a juicio conoce absolutamente las bases de la acusación o reclamo del cual requiere defenderse, por lo que más allá de si deben o no acompañarse copias de traslado como un mecanismo para garantizar un debido emplazamiento, lo que no puede empezar a correr es el plazo de contestación de la demanda en tanto no exista certeza de que dichos documentos fueron puestos en conocimiento del demandado o de que, cuando menos, se le otorgaron garantías para su oportuno acceso y, en su caso, reproducción, sin que ello reduzca la efectividad del plazo otorgado para la respectiva contestación. Consecuentemente, los artículos 95, in fine y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango, violan los derechos de audiencia y de defensa adecuada.". Así, tampoco le asiste la razón al quejoso cuando estima que si un gobernado firma una demanda no decide qué documentación se exhiben adjuntos, sino que son sus abogados los responsables de tal circunstancia, ya que, como quedó establecido esos anexos forman parte integral del escrito de demanda y, si esta es firmada por determinada persona expresando su voluntad, lo que se adjunte se debe considerar como que aquella tenía el elemento volitivo para su exhibición. Asimismo, en razón de lo anteriormente precisado, se declara infundado el diverso concepto de violación donde el quejoso aduce que el juez responsable no tomó en consideración los argumentos expuestos por su defensa, relativos a los datos de pruebas que obran en la carpeta de investigación y que se hicieron valer en su petición de sobreseimiento. Tal aserto, en razón de que, como se relató, el juez de origen dio respuesta a todas las exposiciones realizadas por la defensa relativas a los datos de prueba que estimó conducente exponer a efecto de que se actualizara el sobreseimiento de la causa penal en favor de su representado. En consecuencia, esta juzgadora estima acertado que el juez responsable no decretara el sobreseimiento de la causa penal en favor del quejoso ya que, como bien lo indicó el responsable, no se actualizan los presupuestos establecidos en el artículo 327, del Código Nacional de Procedimientos Penales para tal efecto, relativos a que se encuentre totalmente demostrada la inocencia del imputado y por tanto, se encuentre exento de responsabilidad penal. Aunado a lo anterior, esta juzgadora considera legal la ponderación que realizó el juez de control respecto a las exposiciones que realizó la defensa del quejoso con referencia a los datos de prueba que consideró actualizaban el sobreseimiento solicitado. Orienta al respecto, por su información, el contenido de la jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2022178, tesis 1a./J. 28/2020 (10a.), consultable en el Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 260 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia.". En consecuencia, se reitera que, contrario a lo estimado por el quejoso, sí existen elementos objetivos, por lo menos de forma indiciaria como lo requiere el momento procesal del procedimiento penal de donde deriva el acto reclamado, a efecto de considerar la probable participación del imputado en el delito que se le persigue, por tanto, es correcta la determinación del juez de control al no decretar el sobreseimiento de la causa penal. Ahora, deviene infundada su consideración relativa a que se vulnera en su contra la presunción de inocencia y legalidad contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, debe indicarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, 16, 19, 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén los principios constitucionales de debido proceso legal y el acusatorio, resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, que implica que el gobernado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado. Tales razonamientos se contienen en la tesis P. XXXV/2002, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 186185, consultable en la página 14, tomo XVI, agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar "los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado"; en el artículo 21, al disponer que "la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público"; así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal, correspondiéndole "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos". En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado." En mérito de lo anterior, se colige que el principio de presunción de inocencia en materia penal se constituye por dos exigencias: a) El supuesto fundamental de que el acusado no sea considerado culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria; lo que excluye, desde luego, la presunción inversa de culpabilidad durante el desarrollo del proceso; y, b) La acusación debe lograr el convencimiento del juzgador sobre la realidad de los hechos que afirma como subsumibles en la prevención normativa y la atribución al sujeto, lo que determina necesariamente la prohibición de inversión de la carga de la prueba. Cabe señalar que el primer aspecto representa más que una simple presunción legal a favor del inculpado, pues al guardar relación estrecha con la garantía de audiencia, su respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para garantizar al acusado la oportunidad de defensa previa al acto privativo concreto. Por su parte, el segundo aspecto se traduce en una regla en materia probatoria, conforme a la cual la prueba completa de la responsabilidad penal del inculpado debe ser suministrada por el órgano de acusación, imponiéndose la absolución si ésta no queda suficientemente demostrada, lo que implica, además, que deben respetarse los lineamientos generales que rigen para la prueba en el proceso penal y su correcta justipreciación, pues los elementos de convicción que se consideren para fundar una sentencia de condena, deben tener precisamente el carácter de pruebas y haber sido obtenidos de manera lícita. Como corolario de lo anterior, se tiene que la presunción de inocencia se constituye en el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada plenamente, a través de una actividad probatoria de cargo, obtenida de manera lícita, conforme a las correspondientes reglas procesales y que sea capaz de enervar al propio principio. Bajo esa perspectiva, de la revisión de la resolución reclamada no se advierte que exista potencial repercusión en detrimento del principio de presunción de inocencia, pues el Juez de Control actuó apegado a la normatividad que regula el procedimiento del sobreseimiento de la acción penal, aunado a que, incluso como lo refirió, el hecho de que determinara no procedente la petición del imputado no significa que se le esté señalado como culpable del delito que se persigue. Por tanto, resulta evidente que para efectos de la etapa procesal de que se trata, resulta inaplicable la argumentación relativa al aludido principio de presunción de inocencia, pues éste no se transgrede de forma alguna, al menos no en tal supuesto, en virtud de que como ya se precisó el Juez de Control actuó de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales en lo que respecto a la solicitud de sobreseimiento de la acción penal en favor del imputado; máxime que su presunción de inocencia quedó superada con el dictado del auto de vinculación a proceso, que no contiene el acto reclamado. De ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia II.2o.P. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en el Tomo XXIII, mayo de 2006, página 1512, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., Novena Época, con número de registro 175111, cuyo rubro y texto establecen: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran." Por otro lado, resulta inatendible el alegato del quejoso relativo a que el juez de control responsable no acató los efectos del fallo protector dictados en el juicio de amparo 777/2022 de esta estadística. Esto, en virtud de que, con independencia de que le asistiera o no la razón, tal circunstancia constituye cosa juzgada en razón de que el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se calificó el cumplimiento a la ejecutoria en el amparo indirecto 777/2022 de este índice y, el quejoso no interpuso el recurso de inconformidad que le asistía, por lo tanto, dicha determinación quedó firme por tal motivo. Orienta, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con registro digital 179086, tesis XIX.2o.40 K, visible en el Tomo XXI, Marzo de 2005, página 1090 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES. LO SON AQUELLOS QUE TIENDEN A COMBATIR CUESTIONES RESUELTAS EN UN AMPARO RELACIONADO. Resultan inatendibles aquellos conceptos de violación que tienden a combatir cuestiones resueltas en la misma sesión en un amparo relacionado. Lo anterior se debe a que el tribunal se encuentra impedido para abordar el estudio de esos aspectos, pues ello implicaría atentar contra la inmutabilidad de la cosa juzgada, característica que reviste lo resuelto sobre el o los temas debatidos en la ejecutoria dictada en el diverso amparo relacionado.". Así es, ya que si la resolución que dicta el juzgador adquiere el carácter de definitiva, por no ser recurrible o porque siéndolo no se impugnó, o se impugnó pero se confirmó en su sentido, esa resolución adquiere el carácter de irrecurrible, haciendo indiscutible el hecho sentenciado, es decir, las partes no pueden reabrir nueva discusión, ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse de nueva cuenta tocante a un hecho ya juzgado. Lo anterior, se apoya en la jurisprudencia con número de registro 168959, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis P.J. 85/2008, visible en la página 589, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que versa: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales.". Igualmente inatendible resulta el concepto de violación donde el quejoso expone que en la carpeta de investigación existen transferencias de pago que cubrió al vendedor del inmueble relacionado con la causa penal y, dice, que por ese motivo no tendría sentido que se hubiera exhibido algún documento falso. En ese contexto, no se advierte que con esas exposiciones combata los razonamientos torales en que la autoridad responsable se sustentó. Esto, en virtud de que de una comparación de lo expuesto por la responsable en el acto reclamado y el concepto de violación hecho valer por el quejoso, es evidente que esos argumentos torales no son combatidos con sus motivos de disenso. Así, sus consideraciones combaten circunstancias diversas a la litis planteada en el juicio de amparo, en razón de que, las mismas no las hizo valer ante la autoridad responsable. Orienta, por su contenido jurídico, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, con registro digital 231139, consultable en el Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 185 del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACION INATENDIBLES. Si, en amparo directo, los conceptos de violación se enderezan a impugnar la sentencia de primer grado, vedan al tribunal entrar al estudio de los mismos pues no forma parte de la litis constitucional, porque no atacan las consideraciones legales de la sentencia impugnada, que ya estudió y consideró los fundamentos de la sentencia de primer grado, por lo que resultan inatendibles los motivos de inconformidad hechos valer en dichos conceptos de violación.". Por lo que, se itera, su concepto de violación resumido deviene inatendible, en razón de que no atacan las consideraciones torales en las que la responsable sustentó su determinación, por lo que no forma parte de la litis constitucional alegada en el juicio de amparo indirecto al no haber sido hechas valer ante la responsable. Ahora, se torna inatendible el criterio jurisprudencial expuesto por el quejoso, de rubro "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN", referido anteriormente, en virtud de que, si bien fue emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no abona en favor de sus pretensiones ni mucho menos desvirtúa la determinación que reclama en el sumario constitucional. En las relatadas condiciones, ante lo inatendible e infundado de los conceptos de violación, y al no existir materia sobre la cual suplir la queja deficiente de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado en contra del acto reclamado. En lo relativo a los alegatos expuesto por el tercero interesado y al pedimento ministerial del fiscal federal adscrito, esta juzgadora no se encuentra obligada a realizar pronunciamiento al respecto, en virtud de que tales manifestaciones no forman parte de la Litis. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205449, tesis P./J. 27/94, consultable en el Núm. 80, Agosto de 1994, página 14 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que informa: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Conviene precisar que algunos de los criterios citados fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo abrogada, empero al caso resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de acuerdo con su transitorio sexto. Sostiene lo anterior, por su contenido jurídico, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 190663, tesis P./J. 145/2000, consultable en el Tomo XII, Diciembre de 2000, página 16 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, al sentar jurisprudencia, no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación; sin embargo, esta "conformación o integración judicial" no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta, fundándose para ello, no en el arbitrio del Juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales, que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional; tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley, y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es inconcuso que, al aplicarse, no viola el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 constitucional.". Asimismo, la diversa jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2010982, tesis 2a./J. 10/2016 (10a.), visible en el Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 705 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 78, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Benjamín Navarro Asperó, por conducto de su apoderado legal Pablo Andrei Zamudio Díaz, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, en términos de lo expuesto en el considerando último del fallo constitucional. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Eduardo López Reyes, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy treinta de marzo de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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OFICIO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio proveniente del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, por medio en cumplimiento a la solicitud de treinta de enero del año en curso, se informa que se vinculó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós emitida en la causa penal ******************** de su índice; de lo que se toma del conocimiento, en atención a que el treinta y uno de enero pasado se acordó lo conducente. Notifíquese como legalmente corresponda.
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