Benjamín Hermosillo González
Expediente 1867/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1867/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/11/2023
Partes del expediente
- Benjamín Hermosillo González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el oficio y anexos remitidos por el Coordinador Jurídico H, Encargado del Despacho de la Dirección General Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador del Estado de Jalisco, se le tiene informando que requirió al Secretario de la Hacienda Pública de la citada entidad federativa, a fin de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente sumario; ello, en atención a lo requerido en proveído de diez de noviembre del año en curso. Se concede prórroga. Finalmente, se tiene por recibido el oficio que firma la Directora de Amparos de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco y atento a su contenido, se concede la prórroga que solicita de diez días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente acuerdo, a fin de que de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Delegados y domicilio. Asimismo, como se solicita, con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, téngase como delegados a las personas que se indica y como domicilio procesal el que señala.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinte de septiembre del año en curso, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Efectos. En el fallo protector se determinó que se debe realizar lo siguiente: " a. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación que impone el inciso h), de la fracción I, del numeral 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés y, por ende, que no se le aplique en el presente y lo futuro, mientras tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución. A este respecto, resulta Ilustrativa la jurisprudencia de registro siguiente: "Registro digital: 192846 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 112/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999, página 19 Tipo: Jurisprudencia AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro.". b. En lo atinente a la porción normativa consistente en el inciso h), de la fracción I, del numeral 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, cabe señalar que la concesión del amparo no implica liberar al quejoso del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, por lo que deberá ubicar a la parte quejosa en la cantidad mínima fija a pagar, en relación con el trámite pagado en el recibo oficial número A 3419866, y devolverle el excedente que en su caso resulte, en relación con lo ya pagado, a través de un cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente. Concesión que se contrae a los efectos expuestos, ya que no se podría desincorporar totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría eximir a la parte quejosa de cumplir con su obligación de contribuir al gasto público, en términos del artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, de forma proporcional y equitativa. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 83, Febrero de 2021, Tomo II, página 1230, registro 2022718, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES DE TESTIMONIOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019 [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 29/2012 (10a.)]. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto de la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, y ambos otorgaron la protección constitucional solicitada, aunque con efectos diferentes, pues mientras uno determinó que el artículo reclamado se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa, sin aplicarle la cuota mínima del pago de derechos, el otro estimó que no se le aplicaran las porciones normativas reclamadas en el presente y en lo futuro, mientras subsistiera el vicio de inconstitucionalidad. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito establece que los efectos del fallo protector en ese supuesto, no tienen el alcance de relevar a la parte quejosa de contribuir al gasto público en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, sino únicamente para que se le desaplique la norma declarada inconstitucional, pero con el cobro de la cantidad fija mínima que contempla la fracción I, inciso a), del artículo 16 de la Ley de Ingresos aplicable. Justificación: Las normas generales en análisis, declaradas inconstitucionales, encuadran dentro de un sistema tributario complejo, en donde se adicionan elementos variables distintos a los esenciales y que son de considerarse al momento de realizarse su cálculo, como es el pago de derechos por concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas. Bajo ese contexto, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los efectos del otorgamiento de la protección constitucional no pueden relevar a la parte quejosa de su carga ineludible de contribuir al gasto público, ya que tal aspecto es un deber solidario y de interés para la sociedad; de ahí que, si la fracción I, inciso h, de la norma estudiada resulta inconstitucional y, por ende, la obligada consecuencia es desincorporarla de su esfera jurídica, pero sin relevarla de la carga de contribuir al gasto público, entonces la tarifa que deberá pagar deberá ser la diversa cuota mínima contenida en la fracción I, inciso a), del artículo 16 del ordenamiento aplicable, lo que se traduce en que todas las personas que pretenden registrar documentos provenientes tanto del Estado de Jalisco, como de otras entidades de la República, se encuentran en el mismo supuesto de causación del pago de derechos en cuestión. Consecuentemente, con el objetivo de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, los efectos del fallo protector deberán ser para que la autoridad responsable: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del inciso h) de tales artículo y fracción; 2. Respecto de los derechos por servicios a pagar, se deberá aplicar únicamente la cuota fija mínima que establece la norma por el pago de derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco prevista en el inciso a) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, en el entendido de que si ya se enteró esa cuota mínima, ya no se deberá hacer el cobro por tratarse del mismo derecho; y 3. Devolver la diferencia que resulte entre la cantidad que ampare el recibo de pago de derechos por concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas, y la que corresponde a la cuota fija mínima; lo anterior, en el entendido de que esos importes deberán devolverse actualizados aplicando en lo conducente, los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco.". En el entendido que, para el debido cumplimiento de la presente sentencia de amparo, la citada autoridad deberá acreditar que devolvió la contribución a través de un cheque nominativo para abono en cuenta de los contribuyentes. Además, que la devolución deberá actualizarse, de acuerdo con el artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; teniendo como parámetro la cantidad materia de devolución -porque ésta fue pagada indebidamente-. Finalmente, es menester precisar que no obsta a lo anterior, la circunstancia de que se haya sobreseído en el juicio por lo que ve al Jefe de la Oficina Recaudadora Foránea Número 75, San Miguel El Alto, Jalisco, pues lo cierto es que, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz acatamiento. Se requiere cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase al Secretario de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente auto, dé cumplimiento a la sentencia dictada por este Juzgado Federal y remita copias certificadas de las constancias que lo acrediten. Tomando en consideración que dicha autoridad no figura como responsable en el presente juicio, remítasele copia certificada electrónicamente de la sentencia dictada en autos. Sin que en el presente caso sea necesario requerir a las autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Jalisco, por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en virtud de que los efectos de la concesión de dicho fallo, no alcanza a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron la norma reclamada, ni las obliga a dejar insubsistentes sus actos, pues la misma no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. Lo anterior se sustenta en la tesis P. CXXXVII/96 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 135, registro 200006, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN.". Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Requerimiento al superior jerárquico de la autoridad responsable. En virtud de lo anterior y de acuerdo al procedimiento de ejecución que prevé el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se ordena requerir al superior jerárquico de la citada autoridad responsable del cumplimiento, esto es, al Gobernador del Estado de Jalisco, para que en el lapso de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le practique la notificación del presente proveído, por su conducto, requiera al citado Secretario de la Hacienda Pública, para que cumpla con la ejecutoria de amparo. Bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo; además, de conformidad con el numeral 192 de la ley de la materia, incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad obligada directamente al cumplimiento, lo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1867/2023, promovido por ****, contra la omisión que reclama del Congreso, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Jefe de la Oficina Recaudadora Foránea Número 75, San Miguel El Alto, Jalisco y Encargado de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; y (...) PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, contra los actos que reclama de la Jefe de la Oficina Recaudadora Foránea Número 75, San Miguel El Alto, Jalisco y Encargado de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra la norma reclamada al Congreso y al Gobernador, ambos del Estado de Jalisco, precisada en el considerando segundo, por los motivos y expuestos en el considerando sexto del presente fallo.
- Principal
Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Directora de Amparos de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, rindiendo informe justificado, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Delegados y domicilio. Asimismo, como se solicita, con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, téngase como delegados a las personas que se indica y como domicilio procesal el que señala. Comunicaciones no procesales. Se le tiene proporcionando el correo electrónico que indica, como medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, de conformidad a lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Causal de improcedencia. Además, se les tiene invocando la causal de improcedencia que refieren, lo cual será considerado en el momento procesal oportuno. Pruebas. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y presuncional en sus dos aspectos, lo que será considerado en el momento procesal oportuno; con lo anterior, dese vista a las demás partes para el uso de su derecho.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,820 expedientes
- Benjamin Becerra de la O895/2022
- Benjamín Cárdenas Torres93/2021
- Benjamín Figueroa Villagrán1465/2023
- Benjamín García Castro1199/2020
- Benjamín Gutiérrez Espindola578/2022
- Benjamín Gutiérrez Larios563/2017
- Benjamín Humberto Burgos Faces364/2019
- Benjamín Humberto Burgos Faces1853/2019
- Benjamín Iñiguez Amezquita2125/2019
- Benjamin Larios Farías775/2018
- Benjamin Larios Farias105/2018
- Benjamín Martin Jimenez2174/2019