Benjamín González Loyola

Expediente 1763/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1763/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • Benjamín González Loyola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta y de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y no obra el acuse del oficio 45240/2021 por el que se le hizo de conocimiento a la responsable Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla tal determinación. Por tanto, para evitar mayores dilaciones, se ordena reexpedir tal oficio para que se notifique a la autoridad referida. ....

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta del Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada Junta rindiendo el informe justificado correspondiente, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Asimismo, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo se le tiene señalando delegados a las persona que indica en el oficio de cuenta. Ahora, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que por oficio SMT/STVC/DIV/DRUS/051-20 de diez de enero de dos mil veinte se dio respuesta al escrito presentando por la parte quejosa el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el cual se le notificó el trece de enero de dos mil veinte a dicha quejosa . Por tanto, los actos reclamados por la parte quejosa de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla consistentes en la omisión de emitir el acuerdo respectivo en relación al escrito presentando el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve y notificarle la respuesta respectiva, devienen inexistentes como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia, conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo, un acto es inexistente entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, el diez de enero de de dos mil veinte, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla dio respuesta al escrito presentado por la quejosa el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve por medio del cual solicitó requerir y sancionar a las unidades de la ruta 61 Apara obligarlos a prestar el servicio conforme sus concesiones; tal respuesta se le notificó al quejoso el trece de enero siguiente; y, la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales el ocho de noviembre de dos mil veintiuno; esto es, después de que la autoridad responsable se pronunció al respecto en el sentido de que el dos de diciembre de dos mil diecinueve, personal adscrito a tal dependencia llevó la supervisión en la ruta 61 y las detenciones correspondientes; ,y notificó al quejoso de manera personal advirtiéndose nombre, fecha y rúbrica ilegible al costado de la parte final del oficio. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, de rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA." Asimismo, se comparte el criterio contenido en la tesis II. 1o. C. T. 217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 313 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, del rubro es: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO." La determinación que aquí se adopta se justifica porque, la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que el diez de enero de dos mil veinte la responsable dio respuesta al escrito en cita, mismo que se notificó el trece de enero siguiente, es inconcuso que devienen inexistentes las omisiones reclamadas. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente el acto reclamado de la autoridad responsable en los términos antes apuntados, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA DE HOY. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta del Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada Junta rindiendo el informe justificado correspondiente, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Asimismo, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo se le tiene señalando delegados a las persona que indica en el oficio de cuenta. Ahora, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que por oficio SMT/STVC/DIV/DRUS/051-20 de diez de enero de dos mil veinte se dio respuesta al escrito presentando por la parte quejosa el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el cual se le notificó el trece de enero de dos mil veinte a dicha quejosa . Por tanto, los actos reclamados por la parte quejosa de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla consistentes en la omisión de emitir el acuerdo respectivo en relación al escrito presentando el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve y notificarle la respuesta respectiva, devienen inexistentes como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia, conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo, un acto es inexistente entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, el diez de enero de de dos mil veinte, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla dio respuesta al escrito presentado por la quejosa el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve por medio del cual solicitó requerir y sancionar a las unidades de la ruta 61 Apara obligarlos a prestar el servicio conforme sus concesiones; tal respuesta se le notificó al quejoso el trece de enero siguiente; y, la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales el ocho de noviembre de dos mil veintiuno; esto es, después de que la autoridad responsable se pronunció al respecto en el sentido de que el dos de diciembre de dos mil diecinueve, personal adscrito a tal dependencia llevó la supervisión en la ruta 61 y las detenciones correspondientes; ,y notificó al quejoso de manera personal advirtiéndose nombre, fecha y rúbrica ilegible al costado de la parte final del oficio. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, de rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA." Asimismo, se comparte el criterio contenido en la tesis II. 1o. C. T. 217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 313 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, del rubro es: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO." La determinación que aquí se adopta se justifica porque, la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que el diez de enero de dos mil veinte la responsable dio respuesta al escrito en cita, mismo que se notificó el trece de enero siguiente, es inconcuso que devienen inexistentes las omisiones reclamadas. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente el acto reclamado de la autoridad responsable en los términos antes apuntados, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA DE HOY. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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