Benjamín Godínez Ariza
Expediente 546/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 546/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Benjamín Godínez Ariza
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el artículo 14 fracción III, una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis del artículo 20, fracción IV. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por ********************, por su propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado bajo el número de expediente 546/2023-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La determinación de siete de junio de dos mil veintitrés, emitida en el juicio agrario ******************** de la estadística del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, con residencia esta ciudad, en el que ordenó al encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guanajuato, adoptara el dominio pleno de las parcelas ******************** el ejido ********************, municipio de ********************, Guanajuato, a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto ******************** del índice de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;." De la transcripción anterior se desprenden dos supuestos de improcedencia en el amparo, a saber: Contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, Tratándose de actos en ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En términos de la primera parte de la transcrita fracción, el juicio de amparo es improcedente cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios de Circuito o de Tribunales Colegiados de Circuito. Es decir, la fracción alude a la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones que se hayan emitido en otro juicio de garantías, englobándose en el supuesto de improcedencia que nos ocupa tanto decretos, como autos y sentencias, ya sea que se hubieren dictado en el cuaderno principal o en el incidente de suspensión, dado que sólo pueden ser atacados a través de los recursos previstos por la Ley de Amparo. Cabe destacar que si bien el artículo 38 del ordenamiento en cita, atribuye a un Juez de Distrito la competencia para conocer de un juicio de amparo en que se reclamen actos de otro de similar categoría, obviamente presupone que éstos se suscitaron a virtud del ejercicio de la función meramente judicial, o sea, dentro de un procedimiento o controversia de carácter federal, no en el juicio de amparo; de ahí que sólo en esa clase de asuntos es factible que el Juez de Distrito pudiese incurrir en alguna transgresión de las garantías individuales o derechos humanos y, por ende, únicamente en relación a ellos será procedente el amparo. La segunda hipótesis planteada para determinar la improcedencia del juicio de amparo -que este juzgador estima se actualiza-, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a la sentencia que deriva del proceso constitucional. Ahora bien, de los antecedentes de la demanda de amparo así como de las constancias que integran el juicio de amparo ******************** del índice de este juzgado, el cual se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de la tesis XXII.J/12,emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, Página 295, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN", se advierte que: Dentro del expediente ******************** el veintiocho de agosto de dos mil nueve, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con residencia en la ciudad Guanajuato, admitió a trámite la demanda, presentada por ********************, todos de apellidos ********************, a través de su apoderado legal ********************, quienes demandaron de ******************** (aquí quejoso) y del Delegado del Registro Agrario Nacional, entre otras prestaciones, el cumplimiento del testamento agrario o lista de sucesión contenido en la escritura pública 4992, pasada ante la fe del notario público 2 de ********************, Guanajuato. Mediante sentencia de veinticinco de mayo de dos mil diez, se condenó a ******************** a: I realizar los trámites ante el Registro Agrario Nacional para que adquiriera la titularidad de los derechos agrarios del de cujus; II hecho lo anterior, solicitara a la asamblea de ejidatarios le autorizaran el dominio pleno de las parcelas referidas; III gestionara ante el Registro Agrario Nacional la obtención de los títulos de propiedad correspondientes. Mediante auto de cinco de octubre de dos mil diez, se declaró que la sentencia causó ejecutoria. Inconforme con la falta de cumplimiento resolución anterior, el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, Martín ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con residencia en la ciudad Guanajuato, registrándola bajo el juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado. El veintidós de febrero de dos mil veintidós, en el referido juicio constitucional se resolvió: "La Justicia de la Unión ampara y protege a Martín ********************, en contra del acto atribuido al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con residencia en Guanajuato, capital (.)"; Los efectos de la sentencia de amparo fueron los siguientes: "[.] El amparo se concede para el efecto de que el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con residencia en Guanajuato, capital, practique las diligencias que estime necesarias; haga los apercibimientos o imponga las medidas de apremio que estime pertinentes y realice las demás diligencias que estime prudentes para que se dé cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio agrario ******************** para lo cual se le otorga un plazo de treinta días hábiles contados a partir de que tenga conocimiento de la resolución que declare la firmeza del presente fallo. [.]" Dicho fallo causó ejecutoria el quince de marzo de dos mil veintidós. Por auto de trece de enero de dos mil veintitrés, se dejó de tener como autoridad responsable al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con residencia en Guanajuato, capital, y se reconoció como autoridad sustituta al Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en esta ciudad. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en esta ciudad, emitió diversas resoluciones tendentes a cumplir con el fallo protector. Finalmente, en cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, en audiencia de siete de junio del año en curso, la ahora responsable ordenó al encargado del Registro Agrario Nacional del Estado de Guanajuato, adoptara el dominio pleno de las parcelas ******************** el ejido ********************, municipio de ********************, Guanajuato. -acto reclamado-. Ahora bien, en la resolución que constituye el acto reclamado, la responsable el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en esta localidad, ordenó el cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente ******************** de su índice, en cumplimiento a la resolución del amparo indirecto ******************** de la estadística de órgano de control constitucional. Por ello, se estima que el acto que en esta vía se cuestiona está vinculado a la ejecutoria de amparo de referencia, ya que lo que se ordenó en juicio de derechos humanos fue que se practicarán las diligencias que estimaran necesarias, haciendo los apercibimientos incluso aplicando las medidas de apremio que estimara pertinentes para que se diera cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio agrario ******************** lo que así ocurrió con la determinación reclamada; de manera el auto que ahora se combate fue emitido para cumplimentar la ejecutoria pronunciada en el referido amparo. De ahí que la causa de improcedencia invocada se actualice, ya que el acto reclamado obedece totalmente al cumplimiento de la referida ejecutoria de amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia regulada por la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en virtud de que obra su cédula profesional número ******************** inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a ********************, por así haberlo solicitado. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo presentada por ********************, por su propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado bajo el número de expediente 546/2023-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La determinación de siete de junio de dos mil veintitrés, emitida en el juicio agrario ******************** de la estadística del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, con residencia esta ciudad, en el que ordenó al encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guanajuato, adoptara el dominio pleno de las parcelas ******************** el ejido ********************, municipio de ********************, Guanajuato, a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto ******************** del índice de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;." De la transcripción anterior se desprenden dos supuestos de improcedencia en el amparo, a saber: Contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, Tratándose de actos en ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En términos de la primera parte de la transcrita fracción, el juicio de amparo es improcedente cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios de Circuito o de Tribunales Colegiados de Circuito. Es decir, la fracción alude a la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones que se hayan emitido en otro juicio de garantías, englobándose en el supuesto de improcedencia que nos ocupa tanto decretos, como autos y sentencias, ya sea que se hubieren dictado en el cuaderno principal o en el incidente de suspensión, dado que sólo pueden ser atacados a través de los recursos previstos por la Ley de Amparo. Cabe destacar que si bien el artículo 38 del ordenamiento en cita, atribuye a un Juez de Distrito la competencia para conocer de un juicio de amparo en que se reclamen actos de otro de similar categoría, obviamente presupone que éstos se suscitaron a virtud del ejercicio de la función meramente judicial, o sea, dentro de un procedimiento o controversia de carácter federal, no en el juicio de amparo; de ahí que sólo en esa clase de asuntos es factible que el Juez de Distrito pudiese incurrir en alguna transgresión de las garantías individuales o derechos humanos y, por ende, únicamente en relación a ellos será procedente el amparo. La segunda hipótesis planteada para determinar la improcedencia del juicio de amparo -que este juzgador estima se actualiza-, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a la sentencia que deriva del proceso constitucional. Ahora bien, de los antecedentes de la demanda de amparo así como de las constancias que integran el juicio de amparo ******************** del índice de este juzgado, el cual se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de la tesis XXII.J/12,emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, Página 295, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN", se advierte que: Dentro del expediente ******************** el veintiocho de agosto de dos mil nueve, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con residencia en la ciudad Guanajuato, admitió a trámite la demanda, presentada por ********************, todos de apellidos ********************, a través de su apoderado legal ********************, quienes demandaron de ******************** (aquí quejoso) y del Delegado del Registro Agrario Nacional, entre otras prestaciones, el cumplimiento del testamento agrario o lista de sucesión contenido en la escritura pública 4992, pasada ante la fe del notario público 2 de ********************, Guanajuato. Mediante sentencia de veinticinco de mayo de dos mil diez, se condenó a ******************** a: I realizar los trámites ante el Registro Agrario Nacional para que adquiriera la titularidad de los derechos agrarios del de cujus; II hecho lo anterior, solicitara a la asamblea de ejidatarios le autorizaran el dominio pleno de las parcelas referidas; III gestionara ante el Registro Agrario Nacional la obtención de los títulos de propiedad correspondientes. Mediante auto de cinco de octubre de dos mil diez, se declaró que la sentencia causó ejecutoria. Inconforme con la falta de cumplimiento resolución anterior, el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, Martín ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con residencia en la ciudad Guanajuato, registrándola bajo el juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado. El veintidós de febrero de dos mil veintidós, en el referido juicio constitucional se resolvió: "La Justicia de la Unión ampara y protege a Martín ********************, en contra del acto atribuido al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con residencia en Guanajuato, capital (.)"; Los efectos de la sentencia de amparo fueron los siguientes: "[.] El amparo se concede para el efecto de que el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con residencia en Guanajuato, capital, practique las diligencias que estime necesarias; haga los apercibimientos o imponga las medidas de apremio que estime pertinentes y realice las demás diligencias que estime prudentes para que se dé cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio agrario ******************** para lo cual se le otorga un plazo de treinta días hábiles contados a partir de que tenga conocimiento de la resolución que declare la firmeza del presente fallo. [.]" Dicho fallo causó ejecutoria el quince de marzo de dos mil veintidós. Por auto de trece de enero de dos mil veintitrés, se dejó de tener como autoridad responsable al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con residencia en Guanajuato, capital, y se reconoció como autoridad sustituta al Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en esta ciudad. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en esta ciudad, emitió diversas resoluciones tendentes a cumplir con el fallo protector. Finalmente, en cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, en audiencia de siete de junio del año en curso, la ahora responsable ordenó al encargado del Registro Agrario Nacional del Estado de Guanajuato, adoptara el dominio pleno de las parcelas ******************** el ejido ********************, municipio de ********************, Guanajuato. -acto reclamado-. Ahora bien, en la resolución que constituye el acto reclamado, la responsable el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en esta localidad, ordenó el cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente ******************** de su índice, en cumplimiento a la resolución del amparo indirecto ******************** de la estadística de órgano de control constitucional. Por ello, se estima que el acto que en esta vía se cuestiona está vinculado a la ejecutoria de amparo de referencia, ya que lo que se ordenó en juicio de derechos humanos fue que se practicarán las diligencias que estimaran necesarias, haciendo los apercibimientos incluso aplicando las medidas de apremio que estimara pertinentes para que se diera cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio agrario ******************** lo que así ocurrió con la determinación reclamada; de manera el auto que ahora se combate fue emitido para cumplimentar la ejecutoria pronunciada en el referido amparo. De ahí que la causa de improcedencia invocada se actualice, ya que el acto reclamado obedece totalmente al cumplimiento de la referida ejecutoria de amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia regulada por la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en virtud de que obra su cédula profesional número ******************** inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a ********************, por así haberlo solicitado. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Benito Mata Bonilla369/2015
- Benito Ortega Rivas1090/2016
- Benito Reyes Ortiz723/2021
- Benito Reyes Ortiz455/2021
- Benjamín Cárdenas Carreño529/2019
- Benjamín Espinoza García1049/2019
- Benjamín Gutiérrez Martínez938/2022
- Benjamín Pérez Mariscal y Otros.365/2021
- Benjamín Reyes García1105/2015
- Benjamín Téllez Arroyo230/2015
- Benjamín Valencia Torres27/2022
- Benjamín Vargas Arroyo556/2017