Benjamín García Mejía

Expediente 925/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
925/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/12/2021

Partes del expediente

  • Benjamín García Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, contra el auto dictado el trece de diciembre del dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Por otra parte, ya que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar; y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, de que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; en consecuencia se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por Carlos Alberto Zárate Montes, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágasele la devolución de los documentos que menciona, autorizando a las personas designadas para ello, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. Cúmplase.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, trece de diciembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Benjamín García Mejía, Ramiro Aguayo Martínez, Raúl Aguayo Martínez, María de Jesús Aguilar Rodarte, Erasmo Alvarado Romero, Carlos Alberto Arenas Gómez, Ramón Belmontes Gómez, Juan Manuel Cabrera Márquez, Rubén Cabrera Márquez, Hilario Cabrera Sánchez, Ángel Campos Dávila, Jaime Carlos García, Librada Cerros Márquez, María Elena Chávez Torres, Leonardo de Loera Reveles, Felipe de Jesús Díaz Hernández, Araceli Escareño Rosales, Ángel Esquivel Solano, Mario Flores Montalvo, Alba García Gálvez, Jesús Armando García Rodríguez, Beatriz González Bermúdez, Javier González Ramírez, Karina González Villegas, Gustavo Granados Calvillo, Aide Gutiérrez Rodríguez, Mario Roberto Hernández Hernández, Juan Luis Ibarra Escareño, Arcelia Leaños Carrera, Margarita Leaños Mayorga, Jesús López Alfaro, Cruz Alonso López Hernández, Jorge Luis López Valle, Mario Lozano Huerta, Fabiola Luna Carrillo, Juan Antonio Luna Rubio, Anita Márquez de Ávila, José Cruz Márquez García, Cruz Gerardo Martínez Rivas, Engracia Mejía Miranda, Ma. Del Refugio Mejía Miranda, Juan Manuel Montalvo Rivas, Manuel Morales Carlos, Lorenzo Morales Carlos, Pedro Muñoz Soriano, Salvador Núñez de la Cruz, Flavio Núñez Rosas, José Luis Ortega Mancillas, José Antonio Ortega Muñoz, Martha Ortega Ruíz, Elvira Pacheco Villalobos, María del Refugio Padilla de Santiago, María Elena Pérez Huerta, Martha Puente Gómez, María del Rosario Puentes Rodríguez, Ana Lilia Quiroz Ríos, Luz María Ramírez Hernández, Arturo Ramírez Reveles, Luís Martín René Raygoza Sánchez, Juan Raygoza Sandoval, Francis Dianne Rentería Rodríguez, Fernando Reveles Robles, María del Socorro Reveles Robles, Elisa Rodríguez Méndez, Yolanda Robles Reveles, Samuel Robles Salamanca, Martín Rojas Núñez, Ana Margarita Rodríguez Muro, Santiago Ernesto Rodríguez Pacheco, María Lourdes Rodríguez Pérez, Jesús Manuel Rojas Vázquez, Ana Luz Sánchez González, Ma. Guadalupe Sánchez González, Ricardo Sánchez Montalvo, Samuel Sánchez Villagrana, Carlos Augusto Soriano Álvarez, Juan Antonio Soriano González, Manuel Soto Sánchez, Luis Miguel Torres Carrillo, Zaida Elizabeth Torres Flores, Ramón Vargas Frausto, Gonzalo Vera Romero, David Alejandro Villagrán Inguanzo, Dante Villalobos Flores, María Concepción Villegas de Santiago, Armando Viramontes Sandoval, Maurilia Calvillo Gutiérrez, Nicolás Cerros de Lara, Antonio Cevallos Guardado, Ma. Cruz Flores Rodríguez, Ma. Del Carmen González Gallegos, Patrocinio Granados García, Pedro Muñoz Ramírez, Martín Puentes Robles, Bonifacio Quiroz de Ávila, Isidro Ramírez Valdez, Ma. Dolores Ramos Rodríguez, Bernardino Rodríguez Montalvo, Manuel Torres Rosales, Paula Vázquez Márquez, María Patrocinio Villegas Rodela y Juana María González Gallegos, todos por propio derecho, y el primero de estos, además en calidad de Delegado Municipal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipio y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP) contra actos del Ayuntamiento Municipal de Villanueva, Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, se acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 925/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES.- Como autoridades responsables, se señalan las siguientes: Ordenadoras: Ayuntamiento Municipal de Villanueva, Zacatecas. Presidente Municipal de Villanueva, Zacatecas. Ejecutoras: Tesorero Municipal de Villanueva, Zacatecas. ACTOS RECLAMADOS. Señalamos como actos reclamados los siguientes: La orden administrativa, ejecutiva y/o decreto dado por el Presidente Municipal de Villanueva, Zacatecas y por el H. Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, en el sentido de retener y dejar de pagar a los suscritos como agremiados al trabajadores del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas agremiados al SINDICADO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO, MUNICIPIO Y ORGANISMOS PARAESTATALES (SUTSEMOP), la prestación mencionada en nuestras "listas de raya" por concepto de "Otras Prestaciones", y a las que nos referimos en líneas más adelante. La acción por otra de la Tesorería Municipal de Villanueva, Zacatecas, en el sentido de retener y/o dejar de pagar a los suscritos como agremiados al trabajadores del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, agremiados al SINDICADO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MUNICIPIO Y ORGANISMOS PARAESTATALES (SUTSEMOP), la prestación mencionada en nuestra "lista de raya" por concepto de "Otras Prestaciones", y a las que nos referimos en líneas más adelante." De lo anterior se advierte que el acto reclamado se traduce en la orden administrativa o decreto dado por el Presidente Municipal de Villanueva, Zacatecas y por el H. Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, para dejar de pagar a los quejosos como trabajadores del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas y agremiados al SINDICADO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO, MUNICIPIO Y ORGANISMOS PARAESTATALES (SUTSEMOP), la prestación mencionada en las "listas de raya" por concepto de "Otras Prestaciones". Es así, dado que como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad, en esencia, que: Que con la entrada de la Administración Municipal 2021-2024, encabezada por el Presidente Municipal, Lic. Rogelio González Álvarez, éste se ha dado a la tarea a informarnos, amenazarnos, quizá sea la palabra correcta-, diciéndonos que va a dejar de cubrirnos el concepto denominado como "Otras prestaciones", llegando a presentarse a nuestra asamblea del Sindicado Único de Trabajadores al Servicios del Estado, Municipio y Organismo Paraestatal, Delegación Villanueva, Sesión Ordinaria No. 2, de fecha 25 de noviembre de 2021, celebrada en la Ciudad de Villanueva, Zacatecas, acompañado de ".la Síndico Municipal, una Regidora Municipal y otras personas de apoyo que actualmente laboran en su administración Es decir, en la referida asamblea sindical, a la que asistió el Presidente Municipal de Villanueva, Zacatecas, éste informó al gremio, que la Administración Municipal que él representaba, eliminaría la prestación que se nos ha venido concediendo conocida como "Otras prestaciones", llegando a señalar que, ello sería a partir de la quince correspondiente al 30 de Noviembre de 2021, sin embargo, pasada dicha fecha no aconteció el que dejara de pagársenos tal prestación, razón por la cual el primero de los suscritos, BENJAMÍN GARCÍA MEJÍA, en mi calidad de Delegado Municipal del referido Sindicato, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en fecha 02 de diciembre de 2021, logré entrevistarme con el Presidente Municipal, Lic. Rogelio González Álvarez, ello una plática informal en las Oficinas de la Presidencia Municipal, y al cuestionarlo al respecto, me dijo que en efecto dicho descuento no se había aplicado en la quincena del 30 de Noviembre de 2021 por cuestiones administrativas, pero que sería aplicado a partir de la primera quincena de Diciembre (15 de Diciembre de 2021), ya que tenían la intención por parte de su Administración, que dicho descuento se aplicara para el pago del "Aguinaldo" de los trabajadores sindicalizados, a lo que, el primero de los suscritos le cuestioné, si para hacer dicho descuento se emitiría algún oficio, decreto, o documento alguno en el que se fundara su determinación, a lo que el Presidente Municipal me dijo, que ello no era necesario, que el Departamento de Tesorería Municipal ya tenía la instrucción de retener el pago de la prestación conocida como "Otras Prestaciones", y que no requería de ningún otro oficio o documento de por medio, ya que se trataba de una instrucción Administrativa que él había dado al Departamento de Tesorería y que no requería de ningún documento de por medio. Sexto.- Por lo que, con lo hasta aquí dicho, es evidente que estamos ante una inminente afectación a nuestros interés legítimo, pues el hecho de que el Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, elimine la prestación que se nos ha venido concediendo conocida como "Otras Prestaciones", se traduce, en una disminución real en nuestros ingresos que como trabajadores de dicho Ayuntamiento, percibimos, y por lo que nos vemos ahora en la necesidad de acudir ante ese H. Juzgado de Distrito solicitando el amparo y protección de la justicia federal." Siendo que el acto reclamado, como se ha dicho, se hace consistir en la orden administrativa emitida por el Presidente Municipal de Villanueva, Zacatecas y por el Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, para dejar de pagar a los quejosos como trabajadores del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas y agremiados al SINDICADO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO, MUNICIPIO Y ORGANISMOS PARAESTATALES (SUTSEMOP), la prestación mencionada en las "listas de raya" por concepto de "Otras Prestaciones". Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII, 1, 5, fracción I y 6, por su orden, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita Como se puede advertir, de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al poder público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de actos u omisiones de autoridad. Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico (o legítimo en los casos que así proceda) del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, las formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. En ese sentido, conforme al contenido del artículo 6 de la ley de la materia, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o jurídica que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Por consiguiente, el agravio futuro, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda interponer el amparo, y si se promueve, en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia en comento. A efecto de verificar la procedencia de esta instancia constitucional, los quejosos deben probar de manera indiciaria que el acto de autoridad que reclaman afecta de forma real y actual su esfera jurídica, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione sus derechos fundamentales, o bienes, en modo alguno constituye una afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni los faculta para incoar el juicio de amparo en defensa de sus intereses, pues ese derecho nace a partir de la fecha en que efectivamente se tiene conocimiento de la existencia de un acto de autoridad que vulnera su esfera de derechos y que objetivamente le cause agravios, no únicamente de una suposición, o de un cometido de una persona; pues ello no actualiza la presunción de su existencia o la posibilidad de que surja en un futuro. En el caso concreto, de las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda se advierte que la parte quejosa solo refiere actos que no se han materializados, pues únicamente señala como acto reclamado la orden administrativa emitida por el Presidente Municipal de Villanueva, Zacatecas y/o por el H. Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, para dejar de pagar a los quejosos como trabajadores del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas y agremiados al SINDICADO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO, MUNICIPIO Y ORGANISMOS PARAESTATALES (SUTSEMOP), la prestación mencionada en las "listas de raya" por concepto de Otras Prestaciones. Sin embargo, debe señalarse que se trata de actos futuros, de realización incierta, pues los mismos quejosos refieren que el Presidente Municipal de Villanueva, Zacatecas, informó al gremio del Sindicado Único de Trabajadores al Servicios del Estado, Municipio y Organismo Paraestatal, Delegación Villanueva, en la sesión ordinaria número dos, de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, celebrada en la Ciudad de Villanueva, Zacatecas, que la Administración Municipal que él representaba, eliminaría la prestación que se les ha dado como "Otras prestaciones", que les informó que sería a partir de la quincena correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintiuno, sin embargo, pasada dicha fecha no aconteció el que dejara de pagárseles tal prestación; por lo que, Benjamín García Mejía, en su calidad de Delegado Municipal del referido Sindicato, se entrevistó con el Presidente Municipal, y en una plática informal en las Oficinas de la Presidencia Municipal, al cuestionarlo al respecto, le dijo que dicho descuento no se había aplicado en la quincena del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, por cuestiones administrativas, pero que sería aplicado a partir de la primera quincena de diciembre del mismo año, ya que tenían la intención que dicho descuento se aplicara para el pago del "Aguinaldo" de los trabajadores sindicalizados; de ahí que no exista certeza de que tales actos llegarán a verificarse; es decir, en el presente caso no se acredita que se trate de actos de realización inminente. Lo anterior, evidencia una "suposición subjetiva; y apreciación personal", evento en el que los solicitantes del amparo sustentan su reclamo, en la posible afectación de sus intereses por futuros actos de autoridad. En ese tenor, resulta claro que los actos que por esta vía intentan combatir, no existen en el orden jurídico real y actual, por tanto, no pueden afirmar le irrogue algún perjuicio a su esfera de derechos; máxime, que no tienen elementos que le permitan presumir que en realidad los actos que combaten les irrogarán algún perjuicio personal y directo; lo cual evidencia que lo que los quejosos intentan, es prevenir actos futuros de realización incierta, en contra de los cuales deviene improcedente el juicio de amparo. Por tanto, es válido concluir que los peticionarios del amparo no han sufrido algún perjuicio real y actual en su esfera jurídica con motivo de los actos que se examinan, lo cual hace improcedente la presente instancia constitucional, en virtud de que el juicio de amparo tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales del gobernado y sus efectos son restituir al agraviado en el goce éstos, lo que se colige de la interpretación de los artículos 1 y 73 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio irrogado a los quejosos de manera real y actual, ya que, como se adelantó, este constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, supuesto que evidentemente, no se acredita en la especie. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya a los solicitantes de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la hipótesis de que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Por tanto, como ya quedó establecido que el acto reclamado no causa de momento un perjuicio a la parte impetrante del amparo, pues su constitución resulta futura e incierta, se torna indudable y notoria la improcedencia del juicio de derechos humanos que promueven ante este juzgado de Distrito Benjamín García Mejía, Ramiro Aguayo Martínez, Raúl Aguayo Martínez, María de Jesús Aguilar Rodarte, Erasmo Alvarado Romero, Carlos Alberto Arenas Gómez, Ramón Belmontes Gómez, Juan Manuel Cabrera Márquez, Rubén Cabrera Márquez, Hilario Cabrera Sánchez, Ángel Campos Dávila, Jaime Carlos García, Librada Cerros Márquez, María Elena Chávez Torres, Leonardo de Loera Reveles, Felipe de Jesús Díaz Hernández, Araceli Escareño Rosales, Ángel Esquivel Solano, Mario Flores Montalvo, Alba García Gálvez, Jesús Armando García Rodríguez, Beatriz González Bermúdez, Javier González Ramírez, Karina González Villegas, Gustavo Granados Calvillo, Aide Gutiérrez Rodríguez, Mario Roberto Hernández Hernández, Juan Luis Ibarra Escareño, Arcelia Leaños Carrera, Margarita Leaños Mayorga, Jesús López Alfaro, Cruz Alonso López Hernández, Jorge Luis López Valle, Mario Lozano Huerta, Fabiola Luna Carrillo, Juan Antonio Luna Rubio, Anita Márquez de Ávila, José Cruz Márquez García, Cruz Gerardo Martínez Rivas, Engracia Mejía Miranda, Ma. Del Refugio Mejía Miranda, Juan Manuel Montalvo Rivas, Manuel Morales Carlos, Lorenzo Morales Carlos, Pedro Muñoz Soriano, Salvador Núñez de la Cruz, Flavio Núñez Rosas, José Luis Ortega Mancillas, José Antonio Ortega Muñoz, Martha Ortega Ruíz, Elvira Pacheco Villalobos, María del Refugio Padilla de Santiago, María Elena Pérez Huerta, Martha Puente Gómez, María del Rosario Puentes Rodríguez, Ana Lilia Quiroz Ríos, Luz María Ramírez Hernández, Arturo Ramírez Reveles, Luís Martín René Raygoza Sánchez, Juan Raygoza Sandoval, Francis Dianne Rentería Rodríguez, Fernando Reveles Robles, María del Socorro Reveles Robles, Elisa Rodríguez Méndez, Yolanda Robles Reveles, Samuel Robles Salamanca, Martín Rojas Núñez, Ana Margarita Rodríguez Muro, Santiago Ernesto Rodríguez Pacheco, María Lourdes Rodríguez Pérez, Jesús Manuel Rojas Vázquez, Ana Luz Sánchez González, Ma. Guadalupe Sánchez González, Ricardo Sánchez Montalvo, Samuel Sánchez Villagrana, Carlos Augusto Soriano Álvarez, Juan Antonio Soriano González, Manuel Soto Sánchez, Luis Miguel Torres Carrillo, Zaida Elizabeth Torres Flores, Ramón Vargas Frausto, Gonzalo Vera Romero, David Alejandro Villagrán Inguanzo, Dante Villalobos Flores, María Concepción Villegas de Santiago, Armando Viramontes Sandoval, Maurilia Calvillo Gutiérrez, Nicolás Cerros de Lara, Antonio Cevallos Guardado, Ma. Cruz Flores Rodríguez, Ma. Del Carmen González Gallegos, Patrocinio Granados García, Pedro Muñoz Ramírez, Martín Puentes Robles, Bonifacio Quiroz de Ávila, Isidro Ramírez Valdez, Ma. Dolores Ramos Rodríguez, Bernardino Rodríguez Montalvo, Manuel Torres Rosales, Paula Vázquez Márquez, María Patrocinio Villegas Rodela y Juana María González Gallegos, todos por propio derecho, y el primero de estos, además en calidad de Delegado Municipal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipio y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1°, 5°, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el diverso arábigo 113 de la invocada Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. No obsta a la anterior determinación la copia certificada del acta de sesión ordinaria número dos de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, celebrada por el Sindicado Único de Trabajadores al Servicio del Estado Municipios y Organismos Paraestatales celebrada en la Ciudad de Villanueva, Zacatecas, en la que tuvo intervención el Presidente Municipal de Villanueva, Zacatecas, Rogelio González Álvarez, pues de la misma se advierte que se discutió el tema del Impuesto Sobre Renta respecto de los trabajadores sindicalizados; sin embargo, a la fecha de la presentación de la demanda, como ya se dijo, el acto reclamado no ha causado perjuicio a la parte impetrante del amparo, pues su constitución resulta futura e incierta. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS.Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Carlos Alberto Zárate Montes, Hugo Ernesto Guardado Martínez, José Ángel Vargas de León; a Jorge Alberto Zarate Carlos y/o Yolanda Verónica Zarate Montes, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlo solicitado. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 1° y 2° Constitución de 1917, número ciento uno (101), interior once (11) Colonia Lomas de la Soledad, en Zacatecas, Zacatecas. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. REPRESENTANTE COMÚN. Finalmente como lo solicita téngase como representante común de los quejosos a Benjamín García Mejía, por así haberlo solicitado.

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