Benjamín Fernando Hernández Ramírez
Expediente 571/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Benjamín Fernando Hernández Ramírez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de ocho de junio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y como en el proveído de ocho de junio pasado, se desechó de plano la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción IV, del propio acuerdo general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, dado que el inconforme no señaló un domicilio para recibir notificaciones, porque la demanda de amparo carece de la firma autógrafa original, como se estableció en la resolución inicial de desechamiento con fundamento en lo dispuesto por el normativos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo notifíquese por lista esta resolución judicial, así como las determinaciones ulteriores, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto el justiciable señale un domicilio procesal. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintitrés. Ténganse por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 571/2023. Aspectos preliminares. En principio es necesario establecer que de la demanda de amparo se advierte que quien aparece como inconforme ******************** reclama del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca -en su denominación correcta-, y del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de esta entidad federativa las órdenes de aprehensión y de privación de su libertad personal decretadas en su contra, así como la ejecución de esos mandamientos, respectivamente. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda, debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa, esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Precisa destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del escrito inicial se dicta la determinación siguiente: Desechamiento. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada a nombre de ********************, porque en cuanto a los actos reclamados al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca -en su denominación correcta-, y al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de esta entidad federativa, consistentes en las órdenes de aprehensión y de privación de su libertad personal decretadas en su contra, así como la ejecución de esos mandamientos, respectivamente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la ley de la materia, los cuales señalan: Constitución General de la República "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativo o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." El segmento normativo transcrito en segundo orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Carta Magna o de la Ley de Amparo. Del resto de los dispositivos insertos se despende, en lo que interesa, que el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual se traduce en que este medio extraordinario de defensa sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que en su consideración transgrede sus derechos fundamentales reconocidos por el Pacto Federal, o bien, por los instrumentos normativos de fuente internacional. El principio de "instancia de parte agraviada" que rige en el juicio de amparo implica que sólo la parte quejosa directamente afectada por algún acto es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, dado que el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular de la prerrogativa fundamental vulnerada puede ejercerla. La Ley de Amparo regula la legitimación procesal activa para acudir a promover el juicio constitucional, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de lo prescrito por el ordinal 5, fracción I, del ordenamiento que rige a este medio procesal de tutela constitucional, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Además, el último de los preceptos insertos dispone que el quejoso podrá ejercer la acción constitucional por sí, por su representante legal o por su apoderado, o bien, por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia. Lo anterior pone de relieve que los dispositivos 107, fracción I, de la Carta Magna y 6 de la Ley de Amparo prevén el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, porque de su contenido se advierte que ese medio extraordinario de defensa sólo puede promoverlo la persona que con el acto, la omisión o la norma general reclamada haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus bienes jurídicos que la Carta Magna o los instrumentos normativos de fuente internacional tutelan mediante los derechos fundamentales. Es decir, sólo puede promover el juicio de amparo la persona que con el acto impugnado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades, posesiones o derechos, y esa promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o por su apoderado, o bien, por cualquier persona en los casos previstos por la Ley de Amparo. Así, en atención al principio de instancia de parte agraviada el juicio de amparo sólo puede iniciarse cuando el gobernado lo solicita, es decir, cuando la persona que se considera afectada por un acto de autoridad pide o insta a los Tribunales de amparo para que intervengan en su protección, puesto que el juicio de protección de derechos fundamentales es un medio de control constitucional jurisdiccional que se ejerce por vía de acción, de tal manera que las autoridades jurisdiccionales encargadas de conocer de él no pueden actuar oficiosamente sin que haya un interesado legítimo en provocar su actividad tuteladora, aun cuando tengan conocimiento de la existencia de una violación de derechos humanos en perjuicio de una persona determinada. Además, otro aspecto a considerar en relación con dicho principio consiste en que el impulso procesal necesario para provocar la actuación del órgano de control constitucional no es simple, sino calificado, porque es indispensable que la parte agraviada, es decir, la persona que ha sufrido un perjuicio en su esfera jurídica sea quien ejerza la acción de amparo, ya sea por sí o a través de su representante, de su apoderado o de cualquier persona en los casos en que la ley lo autoriza, cuando el afectado se encuentre imposibilitado para hacerlo en forma personal. En esa línea puede afirmarse que el principio de instancia de parte agraviada implica que el juicio de amparo no procede de manera oficiosa, sino exclusivamente a iniciativa del gobernado que se estima afectado por un acto de autoridad, por lo que no existen excepciones a tal principio al ser de aplicación absoluta, ya que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia los Tribunales del Poder Judicial de la Federación pueden de oficio conceder al gobernado la protección de la Justicia Federal, de acuerdo con lo dispuesto por la norma constitucional inserta en los párrafos anteriores. Por otra parte, es necesario traer a contexto el contenido del numeral 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, que dispone: "Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que subscribe. La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción." Del tramo normativo transcrito se obtienen las premisas siguientes: 1. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe. 2. Se entiende por subscripción la colocación al pie del escrito de las palabras que con respecto al destino del mismo sean idóneas para identificar a la persona que rúbrica. 3. La subscripción hace fe plena de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en el instrumento, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción. 4. La firma autógrafa puesta con puño y letra en un documento privado permite identificar a su autor. 5. La firma autógrafa es el signo mediante el cual las personas manifiestan su voluntad en los actos que realizan en forma escrita, por lo que no puede considerarse externada la voluntad de alguna persona si no obra en dicho ocurso la rúbrica original, lo cual implica que se desconoce quién es el autor del instrumento. Con base en el marco referencial anterior, es factible sostener que en la especie quien aparece como solicitante de la protección constitucional no observó el principio de instancia de parte agraviada rector en este medio extraordinario de defensa al no externar su voluntad de acudir al juicio de amparo, dado que no calzó su firma autógrafa original en la demanda de amparo. En efecto, el escrito inicial carece de la rúbrica autógrafa original de quien aparece como quejoso ********************, puesto que solo se indican los nombres y los apellidos del que se señala como promovente, pero no contiene la firma original del justiciable, dado que no existe algún signo gráfico puesto con el puño y la letra del quejoso en las hojas de tal ocurso para identificar a su autor en términos de lo estatuido por el precepto 204 del código adjetivo civil federal citado. En este punto, no debe perderse de vista que la subscripción hace fe plena de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él. En tal sentido, la ausencia de la firma autógrafa original de quien aparece como inconforme impide identificar a éste como su autor y esa circunstancia da pauta a sostener que en el libelo de cuenta quien aparece como promovente no exteriorizó su voluntad para ejercer la acción constitucional, por lo que se desatendió el principio rector de instancia de parte agraviada que rige a este medio extraordinario de defensa. Lo expuesto en cuanto a la ausencia de rúbrica original en la demanda de amparo se corrobora con lo establecido en la boleta de turno y en la primera hoja del escrito inicial, en los que el personal de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca y el Oficial de Partes de este Juzgado Federal, respectivamente, al recibir dicho ocurso asentaron que no tenía firma; incluso, el último de los citados funcionarios asentó lo siguiente: "Carece de firma autógrafa al calce del escrito"; en ese contexto, es factible sostener que el libelo indicado carece de eficacia para evidenciar que se acató el mencionado principio rector en el juicio constitucional al no contener la firma autógrafa originales de quien se indica como quejoso. En esa línea, la ausencia de firma autógrafa original en la demanda de amparo implica que no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca de la controversia constitucional planteada, porque un escrito sin rúbrica autógrafa original es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad de un sujeto determinado para presentarlo, por lo que esa deficiencia no puede ser corregida con motivo de una prevención, dado que no está asociada con alguna deficiencia, irregularidad u omisión establecida por el normativo 114 de la ley de la materia y tampoco se trata de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el diverso 108 del propio ordenamiento. En ese contexto, dada la falta de la firma autógrafa original en la demanda de amparo se concluye que la persona que aparece en ella como promovente en realidad no expresó su voluntad de acudir al juicio de protección de los derechos fundamentales, esto es, no manifestó su intención de ejercer la acción constitucional, a pesar de que los actos reclamados pudieran ser adversos y, por ende, afecten su interés jurídico, lo cual se traduce en la inobservancia del principio de instancia de parte agraviada que debe satisfacerse para promover el juicio de amparo, ya que ese principio rector de este medio extraordinario de defensa tiene que acatarse al constituir una exigencia inexcusable regulada por los dispositivos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo. Las consideraciones expuestas evidencian que en el caso se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 de la propia legislación y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no observarse el principio rector de instancia de parte agraviada, lo que conduce a este Juzgado Federal a desechar de plano la demanda de amparo presentada a nombre de ******************** en contra de los actos reclamados al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca -en su denominación correcta-, y al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de esta entidad federativa, consistentes en las órdenes de aprehensión y de privación de su libertad personal decretadas en su contra, así como la ejecución de esos mandamientos, respectivamente, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Al respecto, orienta el criterio de este órgano jurisdiccional la tesis VI.1o.151 K emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que informa: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." También respalda lo anterior, la tesis VI. 2o. 692 K sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes." Igualmente, fortalece lo expuesto la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Instrucción para notificar esta determinación. A fin de no dejar en estado de indefensión a quien aparece como promovente y pueda tener conocimiento del contenido de esta determinación se provee lo siguiente: Dado que en el escrito inicial se indicó los estrados para recibir notificaciones, sin que esa vía de comunicación procesal esté prevista legalmente, por única ocasión se instruye a un Actuario Judicial de la adscripción para que notifique este auto en términos de lo establecido por el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia, es decir, deberá notificar por lista la presente resolución judicial, sin que esa situación implique reconocimiento alguno del lugar indicado en tal ocurso como domicilio para oír y recibir notificaciones, porque ese señalamiento es un derecho que corresponde de manera exclusiva a las partes en sentido formal o material y en el caso la ausencia de firma en la demanda de amparo implica que quien se indica como promovente no expresó su voluntad para acudir a este juicio constitucional ni puede considerarse que tenga la calidad de parte agraviada de modo que se esté en aptitud de considerar que esta última indicó algún sitio en el que deberán realizarse las comunicaciones procesales en el presente asunto. Aunado a lo anterior, la ausencia de voluntad en el ocurso de cuenta derivada de la falta de rúbrica autógrafa original genera un impedimento jurídico para emitir un pronunciamiento en cuanto a la autorización para la consulta del expediente electrónico y el reconocimiento de las personas que se designan como autorizados de quien se indica como inconforme, porque el ejercicio de esas prerrogativas corresponden de manera exclusiva a las partes en sentido formal o material y en el caso la ausencia de firma autógrafa original en la demanda de amparo implica el inejercicio de los derechos asociados con tales tópicos. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese.
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