Benjamin del Carmen Casanova Acosta

Expediente 50/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
50/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Benjamin del Carmen Casanova Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    V. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 50/2022-V, promovido por ********************, contra actos de la Jueza Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Umán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El ********************de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se recibió demanda de amparo (fojas 4 a 7) presentada por ********************, contra actos atribuidos a la Jueza Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Umán, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Trámite del juicio. En la propia fecha, por razón de turno, se recibió la demanda en el Juzgado Primero de Distrito de esta entidad; por lo cual, en auto de diecisiete de agosto siguiente, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 1916/2022-IV; se admitió a trámite; se ordenó dar la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, se ordenó el emplazamiento de la representación social adscrita a la autoridad responsable reservando sobre los diversos terceros hasta tener certeza de quien tenga dicho carácter; los que finalmente tuvieron lugar en términos de las constancias de autos. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. En cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en observancia al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con la eventual cumplimentación y archivo definitivo. Así, mediante auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se recibió el juicio amparo 1916/2022-IV del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por lo que se formó expediente 50/2022-V, cuya sentencia constitucional se celebró el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés y, se turnó para dictar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 61, fracción XVIII, inciso d), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ********************de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman resoluciones en materia penal ejecutables dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. [.] Sin embargo, precisó que por disposiciones del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la jueza ********************, fue designada para presidir la audiencia de control de detención deducida de la carpeta administrativa ********************, instruida en contra de ********************, por el delito de abuso sexual, denunciado por ********************, del índice del Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado; de ahí que se tenga probada la existencia del acto reclamado. Además, la certeza se corrobora con las constancias remitidas por la últimas de las autoridades indicadas referentes a la carpeta administrativa ********************, consistentes en documentales, así como un disco compacto que contienen un archivo de audio y video; medios que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de documentos públicos autentificados por una autoridad judicial. Cabe señalar que el disco en formato DVD-R remitido por la responsable, reviste el carácter de prueba documental pública, tal como lo establece la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACEN********************S EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFIC******************** ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Solicitud de control de legalidad de la detención. En audiencia de veintiséis de julio de dos mil veintidós, previa individualización de las partes y abierta la audiencia, la Agente del Ministerio Público solicitó al órgano jurisdiccional se calificara de legal la detención de ********************, ocurrida en flagrancia, por la posible comisión del hecho delictivo, de abuso sexual, denunciado por ********************, por lo que después de agotado el debate de las partes, la juzgadora calificó de legal la detención. Audiencia inicial. En la propia fecha previo debate, el juez de control responsable determinó vincular a proceso al quejoso. QUINTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo legal. Ello, pues se hizo dentro del plazo de ********************días hábiles establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados se notificaron el veintiséis de julio de dos mil veintidós (en la propia audiencia que emitió el acto reclamado); notificación que surtió sus efectos al siguiente veintisiete del citado mes y año, conforme el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que el plazo transcurrió del veintiocho de julio al diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Lo anterior, sin tomar en cuenta los días treinta y treinta y uno de julio, así como el seis, siete, trece y ********************de agosto de dos mil veintidós por ser sábados y domingos, que fueron inhábiles de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo; de ahí que la demanda de amparo se presentó el treceavo día del plazo; esto es, el ********************de agosto de dos mil veintidós, tal como se corrobora en la siguiente gráfica. [...] Destacó que el informe policial informa de las circunstancias a partir del conocimiento e intervención de los aprehensores, que no sustituye el registro nacional de detención pero sí a los momentos que se realizaron durante el señalamiento y detención del q uejoso, además abona a la declaración de la víctima, que los aprehensores observaron la detención del camión, descender el chofer ponerlos del conocimiento de los hechos y al entrevistar a la víctima, suben al autobús quien señala a la persona que iba en el autobús, mismo que previamente se encontraba en movimiento. Así, al no advertir vulneración a derechos del detenido o infringir la Constitución, pues se realizó conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, se le leyeron sus derechos, existe documentación fotográfica del lugar de los hechos y del lugar en donde se hizo el señalamiento de la persona, por tanto, consideró que existen datos suficientes de que la detención fue realizada conforme a derecho. Así, aunque la defensa señaló que había diversas agencias, lo cierto es que en la carretera no hay una agencia concreta y el quehacer de los policías es ubicar aquellas en donde consideran que debe ser atendido, de ahí que ello no implica que no se haya puesto a disposición de la autoridad más cercana. Precisado lo anterior, partiendo de lo establecido en los numerales transcritos, y de las circunstancias de detención expuestas por el Ministerio Público durante la audiencia, se arriba a la conclusión que se estima apegada a derecho la calificación de la juzgadora responsable de haber decretado la legal detención del aquí quejoso, pues de los antecedentes narrados por la representación social, se obtiene que la detención de ******************** se efectuó en flagrancia inmediata, toda vez que fue detenido inmediatamente después de estar cometiendo un hecho que la ley señala como delito ante el señalamiento directo de la víctima. Tal circunstancia, se encuentra apegada al artículo 16 de la Constitución Federal, así como a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el citado amparo en revisión 703/2012 previamente citado, pues aunque el primer supuesto de delito flagrante se configura cuando se está cometiendo actual, este igualmente se actualiza cuando existen elementos objetivos que hacen posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento anterior, se encontraba cometiendo el delito, como aconteció ante el señalamiento directo de la víctima una vez que se hizo del conocimiento de los agentes de policía al arribar al retén en donde ocurrió la detención. Es por ello que como lo determinó la jueza, al momento de la detención no se advierte que se vulneraran los derechos fundamentales del quejoso, pues al suscitarse los hechos dentro de un vehículo en movimiento, es que, resultaba innecesaria la persecución material a la que hace referencia el artículo el artículo ********************6, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no podía materialmente efectuarse una persecución, de ahí que conforme a la narrativa expuesta es que se justifica que una vez que el chofer tuvo conocimiento de lo acontecido, continuara su trayecto al encontrarse en una carretera hasta el retén en donde se informó a los agentes de seguridad pública quienes procedieron a la detención como se expuso previamente, aunado que igualmente se efectuó el registro nacional de la detención momentos después de la detención, pues este se reseñó en el informe policial homologado. Además, como lo sostuvo la autoridad responsable, no se considera que la puesta a disposición ocurrida a las veinte horas ********************minutos -seis horas después- del propio día ******************** ante el ministerio público hubiese una dilación excesiva, pues como se relató en el informe policial homologado, se reseñan las acciones y los momentos en que ocurrieron las diversas actuaciones que precedieron a la puesta a disposición del detenido ante la autoridad ministerial (exámenes certificados médicos de lesiones, lectura de derechos), debiendo considerar igualmente que los hechos ocurrieron en una carretera, de ahí resultaba necesario contemplar los tiempos de traslado respectivos para tal efecto. Se reitera lo anterior, pues sobre el régimen de detenciones la propia Primera Sala ha emitido diversos precedentes -amparos directos en revisión 517/2011, 2470/2011 y 997/2012-, donde determinó que el análisis debe partir de la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas en este punto. Lo anterior es así, pues el Alto Tribunal estableció que se está frente a una dilación indebida cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica; precisando que estos motivos únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos, reales, comprobables y, particularmente, lícitos, es decir deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades, de ahí que los agentes de policía no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público. Tales consideraciones tienen sustento en la tesis 1a. CLXXV/2013 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal de rubro siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOM********************S EN CUENTA POR EL JUZG********************R A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN". Expuesto lo anterior, el quejoso señala en su concepto de violación que no se realizó el registro nacional de la detención pues no existe un dato objetivo del registro inmediato de la detención en la carpeta de investigación, de ahí que al ser parte de procedimiento y no obrare se vulneran los artículos ********************, 16 y 17 de la Constitución Federal, pues tal circunstancia impide analizar si la detención se efectuó a la hora y lugar en donde se plasmó en el informe policial homologado. Señala que no se actualiza la hipótesis de flagrancia prevista en el artículo ********************6, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales pues no hubo una búsqueda o localización que tenga como antecedente la "interrupción", aunado a que la fiscalía invocó un supuesto legal distinto al que obra en la carpeta de investigación de ahí que exista contradicción, sin embargo, tal circunstancia no fue trascendente para la responsable. Precisa que la juzgadora responsable justifica los tiempos en que supuestamente ocurrieron los hechos al señalar que el camión no podía detenerse en medio de la nada, además de que pasaron dos horas después de los hechos que dijo el denunciante hasta que el camión llegó al puesto de control en donde nadie le informó que estaba detenido. Los argumentos resultan infundados. Ello se afirma, pues contrario a lo sostenido, la autoridad responsable sí destacó la existencia del registro nacional de detención e incluso reconoció que una de las obligaciones de los cuerpos de seguridad pública en términos del artículo ********************7 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es realizar el registro de la detención, lo cual aconteció pues sí se hizo referencia de toda la numeración del registro nacional de detención número ********************, y que aunque en el lugar de la detención no pudo realizar al no contar con los medios de tecnología necesarios para realizarlos, la Ley Nacional del Registro de Detenciones dispone que cuando haya ese impedimento en el momento de la detención se hará tan pronto se tenga ello a su alcance, aunado a que no se señaló la existencia de malos tratos o alguna tortura que vulnerara los derechos del detenido al momento de su detención. En ese sentido, se destacó que en el informe policial homologado se precisaron las actuaciones que se suscitaron a partir de la participación de los elementos policiales en el momento de la detención del quejoso ********************, así como los datos relativos a las diligencias partir de dicha detención, la fijación fotográfica de la hora y lugar de la detención así como la existencia de la querella de la víctima, como datos que precisan el momento de la detención. Por otra parte, en cuanto a que no se actualiza la hipótesis de flagrancia prevista en el artículo ********************6, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales pues no hubo una búsqueda o localización que tenga como antecedente la "interrupción", máxime que la fiscalía invocó un supuesto legal distinto al que obra en la carpeta de investigación de ahí que exista contradicción, circunstancia que no fue trascendente para la responsable, igualmente no le asiste la razón al quejoso, pues la responsable destacó que lo relevante es que una vez que el Ministerio Público contaba con los datos necesarios y realizar la verificación en términos del artículo ********************9 de dicho código, es que al momento de la audiencia sí se precisó el fundamento adecuado al supuesto de flagrancia. Circunstancia que este órgano jurisdiccional no estima que vulnere el debido proceso del detenido quejoso, en virtud de que conforme a la naturaleza del proceso penal, en la audiencia conforme al principio de contradicción, las partes pueden contraargumentar las manifestaciones de su contraria a efecto de generar convicción en el juzgador y en su caso desestimar la hipótesis de flagrancia inmediata que sustentó la fiscalía a saber el artículo ********************6, fracción II, inciso b) del código antes referido, sin embargo ello no ocurrió, pues existen datos que justifican la hipótesis que señaló la representación social. Además en cuanto a que no hubo una búsqueda o localización que tenga como antecedente la "interrupción", se advierte que la juzgadora sí expuso que conforme a la mecánica en que acontecieron los hechos, es decir, dentro de un vehículo en movimiento no era posible realizar una búsqueda o localización, de ahí que se justifique que fue en el momento en que se tuvo contacto con los agentes policiales que la detención se efectuó momentos después de ocurrido el hecho, pues incluso destacó que de detenerse para esperar a que llegara la autoridad se corría el riesgo de que la persona buscara sustraerse del sitio lo cual haría más complicada la detención. Tampoco le asiste la razón al señalar que la juzgadora responsable justifica los tiempos en que supuestamente ocurrieron los hechos al señalar que el camión no podía detenerse en medio de la nada, además de que pasaron dos horas después de los hechos que dijo el denunciante hasta que el camión llegó al puesto de control en donde nadie le informó que estaba detenido, pues como se expuso previamente atendiendo a la mecánica en que acontecieron los hechos, es que el conductor una vez que fue informado de lo ocurrido, continuó su trayecto hasta el lugar en donde se pudo dar conocimiento de los agentes policiales de lo ocurrido previamente, lo cual en modo alguno implica que la juzgadora justificara los tiempos como lo sostiene el quejoso. b) Análisis del auto de vinculación a proceso de veintiséis de julio de dos mil veintidós. Precisado lo anterior, previo a calificación de los conceptos de violación expuestos respecto a dicho acto reclamado, es oportuno reproducir el texto del artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se advierte lo siguiente: Ahora, la fuente Constitucional del auto de vinculación a proceso es el artículo 19, primer párrafo, del cual se advierte que para su dictado se deben cumplir con determinados requisitos, los cuales para el adecuado estudio de control constitucional deben dividirse en dos rubros, a saber: a) forma y b) fondo. Los requisitos de forma se circunscriben a que debe dictarse a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa, así como las circunstancias de su ejecución. Por otro lado, los requisitos de fondo son: a) Que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito y, b) Que el imputado puede haberlo cometido o participado en su ejecución. Concordante con lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 316 y 318, establece los elementos legales básicos que deberá contener el auto de vinculación a proceso. Acorde con lo reseñado, para su emisión deben reunirse los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. III. Que se precise el delito que se imputa y se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de su ejecución. IV. Que se dicte únicamente por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el Juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público, pero sin la valoración de aquellos. V. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. VI. Que no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Los requisitos anteriores se robustecen, con los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en el diverso artículo 16 de la Constitución Federal, que de manera imperativa dispone, que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución, de citar los preceptos legales en que se funde para ello, y señalar las circunstancias especiales, razones particulares o inmediatas que haya tenido en consideración, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El citado derecho constitucional de fundamentación y motivación, si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la resolución combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales del mismo, pues los fundamentos y motivos que el Juez de Control plasme en su resolución, constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el artículo 19 Constitucional vigente, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. A continuación, se analizará si el acto reclamado se ajustó o no, a las exigencias para su emisión, a la vez, en el apartado relativo se estudiarán los conceptos de violación. En cuanto al primer requisito, esto es, que se haya formulado la imputación, quedó colmado en los términos que prevé el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, en la audiencia de veintiséis de julio de dos mil veintidós, el Fiscal del Ministerio Público formuló imputación a ********************, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley describe como abuso sexual previsto y sancionado por el artículo 309 del Código Penal del Estado de Yucatán, cometido en agravio de la víctima ********************. Sustancialmente, de lo expresado por la Fiscal, se obtiene que los hechos materia de la imputación son los siguientes: Que aproximadamente entre las diez y once horas del ********************, el querellante ******************** acudió a la central de autobuses ********************, de la ciudad de ********************, para ir a comprar su boleto y viajar a la ciudad de ********************, por ello abordó el autobús número ********************, de ********************, en el asiento cuarenta y tres, que está a un costado de la ventana, y a su lado se sentó el señor de nombre ********************, tiempo después del abordaje y que estando en circulación el camión, es decir, sobre la carretera federal ********************, justo a la salida de ********************, sintió que le rozaron la pierna y brazo derecho y para evitar tal situación se arrimó lo más que pudo a la ventana y se recostó en su asiento haciéndose el dormido, pero el ahora señor ********************, aprovechó tal situación para tocarle y apretarle con su mano izquierda el pene del querellante por encima de su pantalón, fue entonces cuando la víctima lo descubrió y le reclamó dicho acto lascivo sobre su persona, pero sujeto activo solo se puso nervioso, enseguida el querellante se dirige al chofer del autobús para indicarle lo que había sucedido y al llegar al retén del kilómetro ******************** de la carretera federal ********************, se bajaron el conductor del camión y el querellante, para luego subir nuevamente la víctima con los oficiales, siendo en ese momento cuando el querellante señala al señor ********************, como la persona que había ejecutado actos lascivos sobre sus genitales, ante tal señalamiento procedieron los policías a la detención de dicha persona. En la ejecución del hecho con apariencia de delito, probablemente participó ********************, en calidad autores material, directo y singular, en términos del artículo 15, fracción I, del Código Penal del Estado de Yucatán. Con lo anterior, se evidencia que la Ministerio Público informó al aquí quejoso le hecho que le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acosador, por lo que se tiene satisfecho el primer requisito. Respecto al segundo requisito, relativo a que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar; en términos del artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también se cumplió, ya que después de la exposición del fiscal, la Jueza se aseguró que el quejoso entendió el hecho y respecto a este, se reservó el derecho a declarar. Enseguida, la fiscal solicitó oportunidad para vincular a proceso al imputado por su probable intervención en el hecho atribuido, y expuso los datos de prueba siguientes: Querella de ********************, de ********************. Comparecencia de ********************, de veinticuatro de julio de dos mil veintidós, en donde precisa que los hechos ocurrieron dentro del autobús en la carretera ********************, a la salida de ********************, lo que conoce por la aplicación de google maps, exhibiendo impresión de dicha referencia. Comparecencia de ******************** y ********************quienes señalaron el lugar de la detención, pues llegaron a dicho sitio una vez que les informó el querellante de los hechos por vía telefónica de ahí que sepan por parte de este último del ataque sexual que sufrió el sujeto pasivo a manos del activo mientras se encontraba en el asiendo del autobús ********************. Examen médico de integridad física de ******************** del que se aprecia sin huellas de lesiones externas y estado psicológico normal. Informe de la psicóloga de veinticuatro de julio de dos mil veintidós de donde informa que se efectuó una primera sesión señalando que resultan necesarias dos o tres sesiones más ya programadas. Documentación fotográfica de ******************** en el lugar donde se hizo el señalamiento y la detención, es decir en el kilómetro ******************** de la carretera ********************, donde se aprecia el autobús señalamiento de kilometraje, constante de tres imágenes. Reseñó igualmente el informe policial homologado, que cuenta con croquis, el registro de detención registro ********************, la relación sucinta de la detención así las circunstancia que sucedieron desde la detención hasta la puesta a disposición del detenido. Acta de entrevista de testigo de ******************** en donde firma el policía ******************** y el querellante ********************, sobre los hechos que le manifestó al policía. Acta de inspección de personas del imputado ******************** a las ********************horas diez minutos del ******************** firmado por el policía ********************. Notificación de derechos del detenido de la Secretaría de Seguridad Pública a las ********************horas ********************minutos firmado por el imputado ********************. Lectura de derechos y consentimiento informado a las ********************horas dieciocho minutos de ******************** suscrito por el policía ********************. Examen químico del imputado saliendo negativo a sustancias químicas. Con relación al tercer requisito, consistente en que se precise el delito que se imputa y se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de su ejecución, también se encuentra satisfecho. En efecto, al resolver sobre la vinculación a proceso, la Jueza de Control precisó que de la exposición del Ministerio Público, podía identificarse que el hecho con apariencia de delito, ocurrió entre las diez cuarenta y dos y las once cuarenta horas del veintitrés de julio de dos mil veintitrés. Respecto al lugar, destacó que el querellante acudió la central de autobuses ********************, de la ciudad de ********************, para viajar a la ciudad de ********************, por ello abordó el autobús número ******************** y después del abordaje estando en circulación el camión, los hechos ocurrieron sobre la carretera federal ********************, justo a la salida de ********************, mientras se encontraba sentado en el asiento cuarenta y tres a un costado de la ventana y el asiento de al lado, es decir, el cuarenta y cuatro donde se encontraba ********************, quien también viajaba en dicho autobús. En cuanto a las circunstancias de ejecución, refiere que estando en trayecto el autobús justo a la salida de ********************, el sujeto pasivo sintió que le rozaron la pierna y brazo derecho y para evitar tal situación se arrimó lo más que pudo a la ventana recostándose en su asiento haciéndose el dormido, pero el ahora señor ********************, aprovechó tal situación para tocarle y apretarle con su mano izquierda el pene del querellante por encima de su pantalón, fue entonces cuando la víctima lo descubrió y le reclamó dicho acto lascivo sobre su persona, pero el sujeto activo solo se puso nervioso, enseguida el querellante se dirige al chofer del autobús para indicarle lo que había sucedido, al llegar al retén del kilómetro ******************** de la carretera federal ********************, se bajaron el conductor del camión y el querellante, para luego subir nuevamente la víctima con los oficiales, siendo en ese momento cuando el querellante señala al señor ********************, como la persona que había ejecutado actos lascivos sobre sus genitales, ante tal señalamiento procedieron los policías a la detención de dicha persona. La juzgadora destacó que los hechos relatados la fiscalía encuadraban en el ilícito de abuso sexual previsto y sancionado en el artículo 309 del Código Penal del Estado de Yucatán que dispone: "Artículo 309.- A quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, un acto lascivo o la obligue a ejecutarlo para sí o en otra persona, sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá una pena de seis a diez años de prisión y de trescientos a dos mil quinientos días-multa. Si se hiciera uso de la violencia física o psicológica, las penas previstas en este artículo se aumentarán en una mitad. Este delito se perseguirá de oficio. Se entenderá por actos lascivos los tocamientos, manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Por otra parte, en relación al cuarto y quinto elemento del auto de vinculación, se advierte que al resolver sobre la vinculación a proceso, la Jueza de Control se limitó a la información proporcionada por las partes; valoró conjuntamente los datos de prueba y conforme el estándar probatorio exigible hasta ese momento concluyó que ********************, probablemente ejecutó el hecho que la ley señala como abuso sexual previsto y sancionado por el artículo 309 del Código Penal del Estado de Yucatán. En relación con el cumplimiento de estos requisitos, el quejoso sostiene que fue incorrecta de decisión de la Jueza de Control, porque no se concentra en la fracción III del artículo 316 del Código Nacional del Procedimientos Penales, en cuanto a que solo con el dicho de la víctima es suficiente, sin conocer si el camión ******************** venía lleno o no pues eso no se menciona, por ello si la juzgadora establece lo anterior a nada abona los datos de prueba pues la juzgadora no establece si la información que consta fue producto de una deficiencia de la fiscalía, resultando muy fácil vincular a las personas, al suplir la deficiencia de la representación social. Refiere que la juzgadora reconoce que el chofer del autobús ******************** no fue entrevistado así como que los testigos tampoco presenciaron hecho alguno; además que el perito psicólogo no refirió que la víctima tuviera alguna afectación, sin embargo la responsable lo justifica con la buena fe de la víctima. En ese orden de ideas, reitera que la denuncia no es un dato de prueba, en tanto que los demás que pudieran tener relación con los hechos haciendo referencia a los testigos refiere que no hay uno solo presencial de los hechos ya que el dicho del elemento policial es posterior a lo afirmado por el querellante, además que tampoco hay algún testigo que haya sido pasajero que haya visto tales hechos, incluso precisa que al chofer tampoco le constan los hechos, en tanto que las imágenes de google maps, carecen de hora y fecha. Señala que la autoridad responsable se encuentra en un error de apreciación en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales debido a que el dicho del querellante se encuentra aislado de los demás datos al no abonar al hecho, sin embargo, fue vinculado porque no se puede dudar de la víctima, destaca que se requiere por lo menos dos datos de los hechos, pero solo hay uno, el dicho de la víctima, precisando que no hay una sola persona que haya visto los hechos, además, la fiscalía no cuenta con dato objetivo (opinión-dictamen en psicología), de ahí que la aseveración de la víctima se torne dudosa. Refiere que la jueza de control analiza los hechos desde un punto de vista personal pues señala que para solicitar una vinculación simplemente las cuestiones razonables, sin embargo se requiere de un método que justifique como llega a la conclusión, pues aunque no importa el método debe citarlo pero ello no aconteció. Los argumentos expuestos son infundados. Ello se afirma, en razón de que si bien la juzgadora señaló que el testimonio de la víctima es suficiente y que los testigos chofer o policía no presenciaron los hechos de forma directa, así como que se desconoce el número de pasajeros que viajaban en el autobús del ******************** y a los cuales tampoco se entrevistó, ello no implica que la responsable realizara una suplencia en favor de fiscalía. Se sostiene lo anterior, pues aunque en efecto la juzgadora destacó que el testimonio de la víctima en el ilícito materia de la vinculación a proceso era suficiente, lo cierto es que dicho elemento no lo analizó de manera aislada sino en conjunto con los demás indicios que fueron aportados. Lo anterior, ya que con independencia de que el lugar de los acontecimientos fue en un autobús sitio donde probablemente había más pasajeros, lo cierto es que la falta de entrevista a los mismos no implica que por ese hecho se demerite el valor del testimonio de la víctima, persona quien resintió directamente los movimientos eróticos en su persona, pues como se dijo existen más indicios sobre los cuales no se observa que les reste credibilidad. Ello, pues la juzgadora destacó que la víctima hizo del conocimiento de los hechos conductor, además que los policías precisaron que mientras se encontraban en su retén observaron que se detuvo el camión y que de este bajó el conductor y el denunciante, para hacer del conocimiento del hecho acontecido dentro del camión al agente ********************, quien entrevista a la persona afectada y quien a pesar de que señalara si fue un tocamiento o dos, si se levantó en una o dos ocasiones siempre fue uniforme en su dicho de que resintió en su persona los tocamientos y que llegaron a su zona genital al punto de apretarlo como lo señaló, lo cual es el punto toral, al manifestar dicha circunstancia, ello con independencia de que los testigos no fueron presenciales del hecho. Así, conforme a las circunstancias en que se desarrollaron los hechos se podía dar luz del hecho, pues se reitera que los agentes policiales sí observaron que se detuvo el autobús, que efectuó entrevistas, así como observaron el momento en el denunciante señaló al imputado. Por su parte, los testigos ********************y ********************, corroboran la reacción del denunciante de que cuando se levanta toma su teléfono celular y su cargador y que se fue hacia el chofer que realiza llamadas para poner en conocimiento de alguna persona lo que acababa de acontecer, circunstancia que robustece la verdad del dicho de la víctima. Además, la juzgadora destacó que en cuanto a la ubicación de la realización de los hechos se aprecia una segunda comparecencia de la víctima quien realiza una impresión de la aplicación de google maps, en donde se puede observar que fue a la salida de ********************; no se desatiende que la quejosa señale que la impresión de dicha aplicación no se señala fecha y hora, sin embargo, tal indicio igualmente no se encuentra aislado, al existir diversos elementos que podía determinar la ubicación del hecho, como el informe policial, así como las documentaciones fotográficas del sitio de la detención. Incluso se destacó el dictamen en psicología que se practicó a la víctima por parte de la Fiscalía quien mencionó que para dar un reporte concreto necesitaba más sesiones con la víctima, pero ello no implicaba que no haya alguna afectación en la persona querellante. En ese sentido es que no le asiste la razón al quejoso en cuanto a que el testimonio del denunciante se encontraba aislado, que no constituye un dato de prueba o que se requiere por lo menos dos datos de los hechos, pues como se indicó, existen más indicios que hacen que el testimonio de la víctima constituya una prueba fundamental, el cual incluso se relaciona con más indicios, en tanto que no se aprecia alguno que le reste credibilidad atento a los parámetros de la lógica. Apoya lo anterior el criterio XXVII.3o.28 P (10a.) de rubro y texto siguiente: "DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.", publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una "prueba fundamental sobre el hecho". De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación". Es por ello, que no se aprecia un error de apreciación por parte de la juzgadora al valorar los datos de prueba en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, que los analizara desde un punto de vista personal, cuando se requiere de un método que justifique como llega a la conclusión. Lo anterior se sostiene pues contrario a lo expuesto por el quejoso, la juzgadora no analizó los datos conforme a un punto de vista personal, pues aunque les asignó un valor libre, ello deriva que el precepto antes indicado así lo permite, sin embargo, la autoridad sí justifica los motivos del valor otorgado a cada uno de ellos, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de los elementos probatorios que fueron aportados. En otra parte de sus argumentos, la quejosa señala que no es el momento de analizar la duda, pues esto solo surge cuando hay un cúmulo de pruebas y se valoran en sentencia y no en la vinculación en donde solo se requieren indicios razonables, aunado a que tampoco se requiere que se agoten todas las líneas de investigación para solicitar una vinculación. Sostiene que aunque la juzgadora señala que analiza los datos conforme al artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello no ocurrió así, pues sí es factible acudir a la duda razonable pues es una herramienta interpretativa vinculada a la presunción de inocencia. Refiere que la responsable señaló que no se necesitan agotar todas las líneas de investigación, sin embargo, formular imputación en su contra sin agotar sus líneas de investigación va en contra de los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, legalidad, respeto a los derechos humanos y honradez pues los derechos humanos están en riesgo. Señala que si la jueza habló de líneas de investigación, entonces no hay teoría del caso sólida y hay duda, pero ya no puede variar las líneas porque la fiscalía ya imputó, entonces se debe resolver en lo que más beneficie al imputado y no a la víctima porque los actos de investigación no se pueden usar en contra del imputado porque se trate de hechos de índole sexual, pues debe haber armonía en los datos de ahí que si no cumplen con esa condición deben ser excluidos del conjunto de datos de la fiscalía. Los argumentos son igualmente infundados. En efecto, la juzgadora en la resolución precisó que la "duda" se actualiza al momento de analizar las pruebas y no en la vinculación a proceso, en donde solo se requiere la existencia de indicios razonables que permitan suponer, en tanto que no es necesario que se agoten todas las líneas de investigación antes de solicitar una vinculación a proceso, pues para ello se contempla la investigación complementaria, sino solamente las cuestiones razonables que aquellas que atañen a la lógica. Al respecto es pertinente señalar que como lo sostuvo la juzgadora en el dictado de un auto de vinculación basta con que la jueza encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, con la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho señalado por la ley como delito. Lo anterior, implica solamente que el juez verifique que la conducta encuadra en la norma penal, y así, estar en posibilidad de identificar el tipo penal aplicable, entendiéndose que "obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito", cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, como lo establece la fracción III, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUT******************** COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Ahora bien, sobre el análisis de la duda razonable y la presunción de inocencia la Primera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 2/2017 (10a.) precisó que la forma en que puede analizarse dicha figura, es cuando en un proceso penal coexisten tanto pruebas de cargo como de descargo, pues solo así es cuando las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable en tanto cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo, como en el supuesto en que la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa esté corroborada por esos elementos exculpatorios. En ese orden de ideas, en términos del artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo los casos de excepción como el procedimiento abreviado, en el sistema penal acusatorio la valoración de las pruebas se efectúa por parte del Tribunal de Enjuiciamiento en la etapa de juicio oral, y no así en la vinculación a proceso -donde se analiza la existencia de indicios razonables-, el momento procesal oportuno en donde del análisis de las pruebas de cargo y descargo podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable, motivos por los que no le asiste la razón a la quejosa. Por su parte, en cuanto a las manifestaciones de la quejosa relativas a que deben agotarse todas las líneas de investigación, pues el no hacerlo se atenta contra de los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, legalidad, respeto a los derechos humanos y honradez pues los derechos humanos están en riesgo, o bien, que por ello deba resolver lo que más beneficie al imputado en razón de que los actos de investigación no se pueden usar en contra del imputado al tratarse de hechos de índole sexual igualmente, no le asiste la razón. Ello es así, pues con independencia de que el Ministerio Público cuente con diversas líneas de investigación, lo cierto es que ello no implica vulneración a los derechos fundamentales del imputado, pues como lo sostuvo la responsable es en la etapa de investigación complementaria en donde la fiscalía debe concluir su investigación, lo cual tiene sustento en términos del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, asevera que de las propias circunstancias de las que habla el denunciante, se aprecian tres momentos en que supuestamente se comete el delito, el primero cuando señala que el imputado está estirando brazos y piernas y tenía duda de sus intenciones, la segunda cuando el denunciante se acomoda y pone su gorra sobre su cara de manera que puede ver debajo de su cuerpo, le agarra la pierna y roza sobre el pantalón su pene y el tercero cuando aprieta sobre el pantalón su pene, lo que molesta a la persona y se levanta para reclamarle, a partir de ello, existe duda pues debió reaccionar, quizá no en la primera vez donde tenía duda, pero sí en la segunda, sin embargo no reaccionó pues fue hasta el tercer momento en que reaccionó, circunstancia que no valoró la autoridad responsable. El concepto de violación es infundado, en razón de que con independencia del momento en el que la víctima reaccionó ante la conducta delictiva, ello no desvirtúa que la existencia del hecho delictivo no se hubiera realizado, ni la posibilidad de que el el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es por los argumentos expuestos que ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra los actos reclamados a la Jueza Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Umán, por las razones expuestas en el considerandos séptimo de esta resolución. Notifiquese personalmente. [...]

  2. Principal

    Se notifica por lista de estrados a la parte tercero interesada **, la determinación de 24 de abril de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, mismo que refiere: V. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 50/2022-V, promovido por ********************, contra actos de la Jueza Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Umán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El ********************de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se recibió demanda de amparo (fojas 4 a 7) presentada por ********************, contra actos atribuidos a la Jueza Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Umán, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Trámite del juicio. En la propia fecha, por razón de turno, se recibió la demanda en el Juzgado Primero de Distrito de esta entidad; por lo cual, en auto de diecisiete de agosto siguiente, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 1916/2022-IV; se admitió a trámite; se ordenó dar la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, se ordenó el emplazamiento de la representación social adscrita a la autoridad responsable reservando sobre los diversos terceros hasta tener certeza de quien tenga dicho carácter; los que finalmente tuvieron lugar en términos de las constancias de autos. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. En cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en observancia al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con la eventual cumplimentación y archivo definitivo. Así, mediante auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se recibió el juicio amparo 1916/2022-IV del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por lo que se formó expediente 50/2022-V, cuya sentencia constitucional se celebró el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés y, se turnó para dictar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 61, fracción XVIII, inciso d), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ********************de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman resoluciones en materia penal ejecutables dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. [.] Sin embargo, precisó que por disposiciones del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la jueza ********************, fue designada para presidir la audiencia de control de detención deducida de la carpeta administrativa ********************, instruida en contra de ********************, por el delito de abuso sexual, denunciado por ********************, del índice del Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado; de ahí que se tenga probada la existencia del acto reclamado. Además, la certeza se corrobora con las constancias remitidas por la últimas de las autoridades indicadas referentes a la carpeta administrativa ********************, consistentes en documentales, así como un disco compacto que contienen un archivo de audio y video; medios que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de documentos públicos autentificados por una autoridad judicial. Cabe señalar que el disco en formato DVD-R remitido por la responsable, reviste el carácter de prueba documental pública, tal como lo establece la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACEN********************S EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFIC******************** ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Solicitud de control de legalidad de la detención. En audiencia de veintiséis de julio de dos mil veintidós, previa individualización de las partes y abierta la audiencia, la Agente del Ministerio Público solicitó al órgano jurisdiccional se calificara de legal la detención de ********************, ocurrida en flagrancia, por la posible comisión del hecho delictivo, de abuso sexual, denunciado por ********************, por lo que después de agotado el debate de las partes, la juzgadora calificó de legal la detención. Audiencia inicial. En la propia fecha previo debate, el juez de control responsable determinó vincular a proceso al quejoso. QUINTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo legal. Ello, pues se hizo dentro del plazo de ********************días hábiles establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados se notificaron el veintiséis de julio de dos mil veintidós (en la propia audiencia que emitió el acto reclamado); notificación que surtió sus efectos al siguiente veintisiete del citado mes y año, conforme el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que el plazo transcurrió del veintiocho de julio al diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Lo anterior, sin tomar en cuenta los días treinta y treinta y uno de julio, así como el seis, siete, trece y ********************de agosto de dos mil veintidós por ser sábados y domingos, que fueron inhábiles de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo; de ahí que la demanda de amparo se presentó el treceavo día del plazo; esto es, el ********************de agosto de dos mil veintidós, tal como se corrobora en la siguiente gráfica. [...] Destacó que el informe policial informa de las circunstancias a partir del conocimiento e intervención de los aprehensores, que no sustituye el registro nacional de detención pero sí a los momentos que se realizaron durante el señalamiento y detención del q uejoso, además abona a la declaración de la víctima, que los aprehensores observaron la detención del camión, descender el chofer ponerlos del conocimiento de los hechos y al entrevistar a la víctima, suben al autobús quien señala a la persona que iba en el autobús, mismo que previamente se encontraba en movimiento. Así, al no advertir vulneración a derechos del detenido o infringir la Constitución, pues se realizó conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, se le leyeron sus derechos, existe documentación fotográfica del lugar de los hechos y del lugar en donde se hizo el señalamiento de la persona, por tanto, consideró que existen datos suficientes de que la detención fue realizada conforme a derecho. Así, aunque la defensa señaló que había diversas agencias, lo cierto es que en la carretera no hay una agencia concreta y el quehacer de los policías es ubicar aquellas en donde consideran que debe ser atendido, de ahí que ello no implica que no se haya puesto a disposición de la autoridad más cercana. Precisado lo anterior, partiendo de lo establecido en los numerales transcritos, y de las circunstancias de detención expuestas por el Ministerio Público durante la audiencia, se arriba a la conclusión que se estima apegada a derecho la calificación de la juzgadora responsable de haber decretado la legal detención del aquí quejoso, pues de los antecedentes narrados por la representación social, se obtiene que la detención de ******************** se efectuó en flagrancia inmediata, toda vez que fue detenido inmediatamente después de estar cometiendo un hecho que la ley señala como delito ante el señalamiento directo de la víctima. Tal circunstancia, se encuentra apegada al artículo 16 de la Constitución Federal, así como a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el citado amparo en revisión 703/2012 previamente citado, pues aunque el primer supuesto de delito flagrante se configura cuando se está cometiendo actual, este igualmente se actualiza cuando existen elementos objetivos que hacen posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento anterior, se encontraba cometiendo el delito, como aconteció ante el señalamiento directo de la víctima una vez que se hizo del conocimiento de los agentes de policía al arribar al retén en donde ocurrió la detención. Es por ello que como lo determinó la jueza, al momento de la detención no se advierte que se vulneraran los derechos fundamentales del quejoso, pues al suscitarse los hechos dentro de un vehículo en movimiento, es que, resultaba innecesaria la persecución material a la que hace referencia el artículo el artículo ********************6, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no podía materialmente efectuarse una persecución, de ahí que conforme a la narrativa expuesta es que se justifica que una vez que el chofer tuvo conocimiento de lo acontecido, continuara su trayecto al encontrarse en una carretera hasta el retén en donde se informó a los agentes de seguridad pública quienes procedieron a la detención como se expuso previamente, aunado que igualmente se efectuó el registro nacional de la detención momentos después de la detención, pues este se reseñó en el informe policial homologado. Además, como lo sostuvo la autoridad responsable, no se considera que la puesta a disposición ocurrida a las veinte horas ********************minutos -seis horas después- del propio día ******************** ante el ministerio público hubiese una dilación excesiva, pues como se relató en el informe policial homologado, se reseñan las acciones y los momentos en que ocurrieron las diversas actuaciones que precedieron a la puesta a disposición del detenido ante la autoridad ministerial (exámenes certificados médicos de lesiones, lectura de derechos), debiendo considerar igualmente que los hechos ocurrieron en una carretera, de ahí resultaba necesario contemplar los tiempos de traslado respectivos para tal efecto. Se reitera lo anterior, pues sobre el régimen de detenciones la propia Primera Sala ha emitido diversos precedentes -amparos directos en revisión 517/2011, 2470/2011 y 997/2012-, donde determinó que el análisis debe partir de la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas en este punto. Lo anterior es así, pues el Alto Tribunal estableció que se está frente a una dilación indebida cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica; precisando que estos motivos únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos, reales, comprobables y, particularmente, lícitos, es decir deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades, de ahí que los agentes de policía no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público. Tales consideraciones tienen sustento en la tesis 1a. CLXXV/2013 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal de rubro siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOM********************S EN CUENTA POR EL JUZG********************R A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN". Expuesto lo anterior, el quejoso señala en su concepto de violación que no se realizó el registro nacional de la detención pues no existe un dato objetivo del registro inmediato de la detención en la carpeta de investigación, de ahí que al ser parte de procedimiento y no obrare se vulneran los artículos ********************, 16 y 17 de la Constitución Federal, pues tal circunstancia impide analizar si la detención se efectuó a la hora y lugar en donde se plasmó en el informe policial homologado. Señala que no se actualiza la hipótesis de flagrancia prevista en el artículo ********************6, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales pues no hubo una búsqueda o localización que tenga como antecedente la "interrupción", aunado a que la fiscalía invocó un supuesto legal distinto al que obra en la carpeta de investigación de ahí que exista contradicción, sin embargo, tal circunstancia no fue trascendente para la responsable. Precisa que la juzgadora responsable justifica los tiempos en que supuestamente ocurrieron los hechos al señalar que el camión no podía detenerse en medio de la nada, además de que pasaron dos horas después de los hechos que dijo el denunciante hasta que el camión llegó al puesto de control en donde nadie le informó que estaba detenido. Los argumentos resultan infundados. Ello se afirma, pues contrario a lo sostenido, la autoridad responsable sí destacó la existencia del registro nacional de detención e incluso reconoció que una de las obligaciones de los cuerpos de seguridad pública en términos del artículo ********************7 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es realizar el registro de la detención, lo cual aconteció pues sí se hizo referencia de toda la numeración del registro nacional de detención número ********************, y que aunque en el lugar de la detención no pudo realizar al no contar con los medios de tecnología necesarios para realizarlos, la Ley Nacional del Registro de Detenciones dispone que cuando haya ese impedimento en el momento de la detención se hará tan pronto se tenga ello a su alcance, aunado a que no se señaló la existencia de malos tratos o alguna tortura que vulnerara los derechos del detenido al momento de su detención. En ese sentido, se destacó que en el informe policial homologado se precisaron las actuaciones que se suscitaron a partir de la participación de los elementos policiales en el momento de la detención del quejoso ********************, así como los datos relativos a las diligencias partir de dicha detención, la fijación fotográfica de la hora y lugar de la detención así como la existencia de la querella de la víctima, como datos que precisan el momento de la detención. Por otra parte, en cuanto a que no se actualiza la hipótesis de flagrancia prevista en el artículo ********************6, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales pues no hubo una búsqueda o localización que tenga como antecedente la "interrupción", máxime que la fiscalía invocó un supuesto legal distinto al que obra en la carpeta de investigación de ahí que exista contradicción, circunstancia que no fue trascendente para la responsable, igualmente no le asiste la razón al quejoso, pues la responsable destacó que lo relevante es que una vez que el Ministerio Público contaba con los datos necesarios y realizar la verificación en términos del artículo ********************9 de dicho código, es que al momento de la audiencia sí se precisó el fundamento adecuado al supuesto de flagrancia. Circunstancia que este órgano jurisdiccional no estima que vulnere el debido proceso del detenido quejoso, en virtud de que conforme a la naturaleza del proceso penal, en la audiencia conforme al principio de contradicción, las partes pueden contraargumentar las manifestaciones de su contraria a efecto de generar convicción en el juzgador y en su caso desestimar la hipótesis de flagrancia inmediata que sustentó la fiscalía a saber el artículo ********************6, fracción II, inciso b) del código antes referido, sin embargo ello no ocurrió, pues existen datos que justifican la hipótesis que señaló la representación social. Además en cuanto a que no hubo una búsqueda o localización que tenga como antecedente la "interrupción", se advierte que la juzgadora sí expuso que conforme a la mecánica en que acontecieron los hechos, es decir, dentro de un vehículo en movimiento no era posible realizar una búsqueda o localización, de ahí que se justifique que fue en el momento en que se tuvo contacto con los agentes policiales que la detención se efectuó momentos después de ocurrido el hecho, pues incluso destacó que de detenerse para esperar a que llegara la autoridad se corría el riesgo de que la persona buscara sustraerse del sitio lo cual haría más complicada la detención. Tampoco le asiste la razón al señalar que la juzgadora responsable justifica los tiempos en que supuestamente ocurrieron los hechos al señalar que el camión no podía detenerse en medio de la nada, además de que pasaron dos horas después de los hechos que dijo el denunciante hasta que el camión llegó al puesto de control en donde nadie le informó que estaba detenido, pues como se expuso previamente atendiendo a la mecánica en que acontecieron los hechos, es que el conductor una vez que fue informado de lo ocurrido, continuó su trayecto hasta el lugar en donde se pudo dar conocimiento de los agentes policiales de lo ocurrido previamente, lo cual en modo alguno implica que la juzgadora justificara los tiempos como lo sostiene el quejoso. b) Análisis del auto de vinculación a proceso de veintiséis de julio de dos mil veintidós. Precisado lo anterior, previo a calificación de los conceptos de violación expuestos respecto a dicho acto reclamado, es oportuno reproducir el texto del artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se advierte lo siguiente: Ahora, la fuente Constitucional del auto de vinculación a proceso es el artículo 19, primer párrafo, del cual se advierte que para su dictado se deben cumplir con determinados requisitos, los cuales para el adecuado estudio de control constitucional deben dividirse en dos rubros, a saber: a) forma y b) fondo. Los requisitos de forma se circunscriben a que debe dictarse a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa, así como las circunstancias de su ejecución. Por otro lado, los requisitos de fondo son: a) Que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito y, b) Que el imputado puede haberlo cometido o participado en su ejecución. Concordante con lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 316 y 318, establece los elementos legales básicos que deberá contener el auto de vinculación a proceso. Acorde con lo reseñado, para su emisión deben reunirse los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. III. Que se precise el delito que se imputa y se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de su ejecución. IV. Que se dicte únicamente por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el Juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público, pero sin la valoración de aquellos. V. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. VI. Que no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Los requisitos anteriores se robustecen, con los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en el diverso artículo 16 de la Constitución Federal, que de manera imperativa dispone, que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución, de citar los preceptos legales en que se funde para ello, y señalar las circunstancias especiales, razones particulares o inmediatas que haya tenido en consideración, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El citado derecho constitucional de fundamentación y motivación, si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la resolución combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales del mismo, pues los fundamentos y motivos que el Juez de Control plasme en su resolución, constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el artículo 19 Constitucional vigente, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. A continuación, se analizará si el acto reclamado se ajustó o no, a las exigencias para su emisión, a la vez, en el apartado relativo se estudiarán los conceptos de violación. En cuanto al primer requisito, esto es, que se haya formulado la imputación, quedó colmado en los términos que prevé el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, en la audiencia de veintiséis de julio de dos mil veintidós, el Fiscal del Ministerio Público formuló imputación a ********************, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley describe como abuso sexual previsto y sancionado por el artículo 309 del Código Penal del Estado de Yucatán, cometido en agravio de la víctima ********************. Sustancialmente, de lo expresado por la Fiscal, se obtiene que los hechos materia de la imputación son los siguientes: Que aproximadamente entre las diez y once horas del ********************, el querellante ******************** acudió a la central de autobuses ********************, de la ciudad de ********************, para ir a comprar su boleto y viajar a la ciudad de ********************, por ello abordó el autobús número ********************, de ********************, en el asiento cuarenta y tres, que está a un costado de la ventana, y a su lado se sentó el señor de nombre ********************, tiempo después del abordaje y que estando en circulación el camión, es decir, sobre la carretera federal ********************, justo a la salida de ********************, sintió que le rozaron la pierna y brazo derecho y para evitar tal situación se arrimó lo más que pudo a la ventana y se recostó en su asiento haciéndose el dormido, pero el ahora señor ********************, aprovechó tal situación para tocarle y apretarle con su mano izquierda el pene del querellante por encima de su pantalón, fue entonces cuando la víctima lo descubrió y le reclamó dicho acto lascivo sobre su persona, pero sujeto activo solo se puso nervioso, enseguida el querellante se dirige al chofer del autobús para indicarle lo que había sucedido y al llegar al retén del kilómetro ******************** de la carretera federal ********************, se bajaron el conductor del camión y el querellante, para luego subir nuevamente la víctima con los oficiales, siendo en ese momento cuando el querellante señala al señor ********************, como la persona que había ejecutado actos lascivos sobre sus genitales, ante tal señalamiento procedieron los policías a la detención de dicha persona. En la ejecución del hecho con apariencia de delito, probablemente participó ********************, en calidad autores material, directo y singular, en términos del artículo 15, fracción I, del Código Penal del Estado de Yucatán. Con lo anterior, se evidencia que la Ministerio Público informó al aquí quejoso le hecho que le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acosador, por lo que se tiene satisfecho el primer requisito. Respecto al segundo requisito, relativo a que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar; en términos del artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también se cumplió, ya que después de la exposición del fiscal, la Jueza se aseguró que el quejoso entendió el hecho y respecto a este, se reservó el derecho a declarar. Enseguida, la fiscal solicitó oportunidad para vincular a proceso al imputado por su probable intervención en el hecho atribuido, y expuso los datos de prueba siguientes: Querella de ********************, de ********************. Comparecencia de ********************, de veinticuatro de julio de dos mil veintidós, en donde precisa que los hechos ocurrieron dentro del autobús en la carretera ********************, a la salida de ********************, lo que conoce por la aplicación de google maps, exhibiendo impresión de dicha referencia. Comparecencia de ******************** y ********************quienes señalaron el lugar de la detención, pues llegaron a dicho sitio una vez que les informó el querellante de los hechos por vía telefónica de ahí que sepan por parte de este último del ataque sexual que sufrió el sujeto pasivo a manos del activo mientras se encontraba en el asiendo del autobús ********************. Examen médico de integridad física de ******************** del que se aprecia sin huellas de lesiones externas y estado psicológico normal. Informe de la psicóloga de veinticuatro de julio de dos mil veintidós de donde informa que se efectuó una primera sesión señalando que resultan necesarias dos o tres sesiones más ya programadas. Documentación fotográfica de ******************** en el lugar donde se hizo el señalamiento y la detención, es decir en el kilómetro ******************** de la carretera ********************, donde se aprecia el autobús señalamiento de kilometraje, constante de tres imágenes. Reseñó igualmente el informe policial homologado, que cuenta con croquis, el registro de detención registro ********************, la relación sucinta de la detención así las circunstancia que sucedieron desde la detención hasta la puesta a disposición del detenido. Acta de entrevista de testigo de ******************** en donde firma el policía ******************** y el querellante ********************, sobre los hechos que le manifestó al policía. Acta de inspección de personas del imputado ******************** a las ********************horas diez minutos del ******************** firmado por el policía ********************. Notificación de derechos del detenido de la Secretaría de Seguridad Pública a las ********************horas ********************minutos firmado por el imputado ********************. Lectura de derechos y consentimiento informado a las ********************horas dieciocho minutos de ******************** suscrito por el policía ********************. Examen químico del imputado saliendo negativo a sustancias químicas. Con relación al tercer requisito, consistente en que se precise el delito que se imputa y se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de su ejecución, también se encuentra satisfecho. En efecto, al resolver sobre la vinculación a proceso, la Jueza de Control precisó que de la exposición del Ministerio Público, podía identificarse que el hecho con apariencia de delito, ocurrió entre las diez cuarenta y dos y las once cuarenta horas del veintitrés de julio de dos mil veintitrés. Respecto al lugar, destacó que el querellante acudió la central de autobuses ********************, de la ciudad de ********************, para viajar a la ciudad de ********************, por ello abordó el autobús número ******************** y después del abordaje estando en circulación el camión, los hechos ocurrieron sobre la carretera federal ********************, justo a la salida de ********************, mientras se encontraba sentado en el asiento cuarenta y tres a un costado de la ventana y el asiento de al lado, es decir, el cuarenta y cuatro donde se encontraba ********************, quien también viajaba en dicho autobús. En cuanto a las circunstancias de ejecución, refiere que estando en trayecto el autobús justo a la salida de ********************, el sujeto pasivo sintió que le rozaron la pierna y brazo derecho y para evitar tal situación se arrimó lo más que pudo a la ventana recostándose en su asiento haciéndose el dormido, pero el ahora señor ********************, aprovechó tal situación para tocarle y apretarle con su mano izquierda el pene del querellante por encima de su pantalón, fue entonces cuando la víctima lo descubrió y le reclamó dicho acto lascivo sobre su persona, pero el sujeto activo solo se puso nervioso, enseguida el querellante se dirige al chofer del autobús para indicarle lo que había sucedido, al llegar al retén del kilómetro ******************** de la carretera federal ********************, se bajaron el conductor del camión y el querellante, para luego subir nuevamente la víctima con los oficiales, siendo en ese momento cuando el querellante señala al señor ********************, como la persona que había ejecutado actos lascivos sobre sus genitales, ante tal señalamiento procedieron los policías a la detención de dicha persona. La juzgadora destacó que los hechos relatados la fiscalía encuadraban en el ilícito de abuso sexual previsto y sancionado en el artículo 309 del Código Penal del Estado de Yucatán que dispone: "Artículo 309.- A quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, un acto lascivo o la obligue a ejecutarlo para sí o en otra persona, sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá una pena de seis a diez años de prisión y de trescientos a dos mil quinientos días-multa. Si se hiciera uso de la violencia física o psicológica, las penas previstas en este artículo se aumentarán en una mitad. Este delito se perseguirá de oficio. Se entenderá por actos lascivos los tocamientos, manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Por otra parte, en relación al cuarto y quinto elemento del auto de vinculación, se advierte que al resolver sobre la vinculación a proceso, la Jueza de Control se limitó a la información proporcionada por las partes; valoró conjuntamente los datos de prueba y conforme el estándar probatorio exigible hasta ese momento concluyó que ********************, probablemente ejecutó el hecho que la ley señala como abuso sexual previsto y sancionado por el artículo 309 del Código Penal del Estado de Yucatán. En relación con el cumplimiento de estos requisitos, el quejoso sostiene que fue incorrecta de decisión de la Jueza de Control, porque no se concentra en la fracción III del artículo 316 del Código Nacional del Procedimientos Penales, en cuanto a que solo con el dicho de la víctima es suficiente, sin conocer si el camión ******************** venía lleno o no pues eso no se menciona, por ello si la juzgadora establece lo anterior a nada abona los datos de prueba pues la juzgadora no establece si la información que consta fue producto de una deficiencia de la fiscalía, resultando muy fácil vincular a las personas, al suplir la deficiencia de la representación social. Refiere que la juzgadora reconoce que el chofer del autobús ******************** no fue entrevistado así como que los testigos tampoco presenciaron hecho alguno; además que el perito psicólogo no refirió que la víctima tuviera alguna afectación, sin embargo la responsable lo justifica con la buena fe de la víctima. En ese orden de ideas, reitera que la denuncia no es un dato de prueba, en tanto que los demás que pudieran tener relación con los hechos haciendo referencia a los testigos refiere que no hay uno solo presencial de los hechos ya que el dicho del elemento policial es posterior a lo afirmado por el querellante, además que tampoco hay algún testigo que haya sido pasajero que haya visto tales hechos, incluso precisa que al chofer tampoco le constan los hechos, en tanto que las imágenes de google maps, carecen de hora y fecha. Señala que la autoridad responsable se encuentra en un error de apreciación en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales debido a que el dicho del querellante se encuentra aislado de los demás datos al no abonar al hecho, sin embargo, fue vinculado porque no se puede dudar de la víctima, destaca que se requiere por lo menos dos datos de los hechos, pero solo hay uno, el dicho de la víctima, precisando que no hay una sola persona que haya visto los hechos, además, la fiscalía no cuenta con dato objetivo (opinión-dictamen en psicología), de ahí que la aseveración de la víctima se torne dudosa. Refiere que la jueza de control analiza los hechos desde un punto de vista personal pues señala que para solicitar una vinculación simplemente las cuestiones razonables, sin embargo se requiere de un método que justifique como llega a la conclusión, pues aunque no importa el método debe citarlo pero ello no aconteció. Los argumentos expuestos son infundados. Ello se afirma, en razón de que si bien la juzgadora señaló que el testimonio de la víctima es suficiente y que los testigos chofer o policía no presenciaron los hechos de forma directa, así como que se desconoce el número de pasajeros que viajaban en el autobús del ******************** y a los cuales tampoco se entrevistó, ello no implica que la responsable realizara una suplencia en favor de fiscalía. Se sostiene lo anterior, pues aunque en efecto la juzgadora destacó que el testimonio de la víctima en el ilícito materia de la vinculación a proceso era suficiente, lo cierto es que dicho elemento no lo analizó de manera aislada sino en conjunto con los demás indicios que fueron aportados. Lo anterior, ya que con independencia de que el lugar de los acontecimientos fue en un autobús sitio donde probablemente había más pasajeros, lo cierto es que la falta de entrevista a los mismos no implica que por ese hecho se demerite el valor del testimonio de la víctima, persona quien resintió directamente los movimientos eróticos en su persona, pues como se dijo existen más indicios sobre los cuales no se observa que les reste credibilidad. Ello, pues la juzgadora destacó que la víctima hizo del conocimiento de los hechos conductor, además que los policías precisaron que mientras se encontraban en su retén observaron que se detuvo el camión y que de este bajó el conductor y el denunciante, para hacer del conocimiento del hecho acontecido dentro del camión al agente ********************, quien entrevista a la persona afectada y quien a pesar de que señalara si fue un tocamiento o dos, si se levantó en una o dos ocasiones siempre fue uniforme en su dicho de que resintió en su persona los tocamientos y que llegaron a su zona genital al punto de apretarlo como lo señaló, lo cual es el punto toral, al manifestar dicha circunstancia, ello con independencia de que los testigos no fueron presenciales del hecho. Así, conforme a las circunstancias en que se desarrollaron los hechos se podía dar luz del hecho, pues se reitera que los agentes policiales sí observaron que se detuvo el autobús, que efectuó entrevistas, así como observaron el momento en el denunciante señaló al imputado. Por su parte, los testigos ********************y ********************, corroboran la reacción del denunciante de que cuando se levanta toma su teléfono celular y su cargador y que se fue hacia el chofer que realiza llamadas para poner en conocimiento de alguna persona lo que acababa de acontecer, circunstancia que robustece la verdad del dicho de la víctima. Además, la juzgadora destacó que en cuanto a la ubicación de la realización de los hechos se aprecia una segunda comparecencia de la víctima quien realiza una impresión de la aplicación de google maps, en donde se puede observar que fue a la salida de ********************; no se desatiende que la quejosa señale que la impresión de dicha aplicación no se señala fecha y hora, sin embargo, tal indicio igualmente no se encuentra aislado, al existir diversos elementos que podía determinar la ubicación del hecho, como el informe policial, así como las documentaciones fotográficas del sitio de la detención. Incluso se destacó el dictamen en psicología que se practicó a la víctima por parte de la Fiscalía quien mencionó que para dar un reporte concreto necesitaba más sesiones con la víctima, pero ello no implicaba que no haya alguna afectación en la persona querellante. En ese sentido es que no le asiste la razón al quejoso en cuanto a que el testimonio del denunciante se encontraba aislado, que no constituye un dato de prueba o que se requiere por lo menos dos datos de los hechos, pues como se indicó, existen más indicios que hacen que el testimonio de la víctima constituya una prueba fundamental, el cual incluso se relaciona con más indicios, en tanto que no se aprecia alguno que le reste credibilidad atento a los parámetros de la lógica. Apoya lo anterior el criterio XXVII.3o.28 P (10a.) de rubro y texto siguiente: "DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.", publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una "prueba fundamental sobre el hecho". De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación". Es por ello, que no se aprecia un error de apreciación por parte de la juzgadora al valorar los datos de prueba en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, que los analizara desde un punto de vista personal, cuando se requiere de un método que justifique como llega a la conclusión. Lo anterior se sostiene pues contrario a lo expuesto por el quejoso, la juzgadora no analizó los datos conforme a un punto de vista personal, pues aunque les asignó un valor libre, ello deriva que el precepto antes indicado así lo permite, sin embargo, la autoridad sí justifica los motivos del valor otorgado a cada uno de ellos, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de los elementos probatorios que fueron aportados. En otra parte de sus argumentos, la quejosa señala que no es el momento de analizar la duda, pues esto solo surge cuando hay un cúmulo de pruebas y se valoran en sentencia y no en la vinculación en donde solo se requieren indicios razonables, aunado a que tampoco se requiere que se agoten todas las líneas de investigación para solicitar una vinculación. Sostiene que aunque la juzgadora señala que analiza los datos conforme al artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello no ocurrió así, pues sí es factible acudir a la duda razonable pues es una herramienta interpretativa vinculada a la presunción de inocencia. Refiere que la responsable señaló que no se necesitan agotar todas las líneas de investigación, sin embargo, formular imputación en su contra sin agotar sus líneas de investigación va en contra de los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, legalidad, respeto a los derechos humanos y honradez pues los derechos humanos están en riesgo. Señala que si la jueza habló de líneas de investigación, entonces no hay teoría del caso sólida y hay duda, pero ya no puede variar las líneas porque la fiscalía ya imputó, entonces se debe resolver en lo que más beneficie al imputado y no a la víctima porque los actos de investigación no se pueden usar en contra del imputado porque se trate de hechos de índole sexual, pues debe haber armonía en los datos de ahí que si no cumplen con esa condición deben ser excluidos del conjunto de datos de la fiscalía. Los argumentos son igualmente infundados. En efecto, la juzgadora en la resolución precisó que la "duda" se actualiza al momento de analizar las pruebas y no en la vinculación a proceso, en donde solo se requiere la existencia de indicios razonables que permitan suponer, en tanto que no es necesario que se agoten todas las líneas de investigación antes de solicitar una vinculación a proceso, pues para ello se contempla la investigación complementaria, sino solamente las cuestiones razonables que aquellas que atañen a la lógica. Al respecto es pertinente señalar que como lo sostuvo la juzgadora en el dictado de un auto de vinculación basta con que la jueza encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, con la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho señalado por la ley como delito. Lo anterior, implica solamente que el juez verifique que la conducta encuadra en la norma penal, y así, estar en posibilidad de identificar el tipo penal aplicable, entendiéndose que "obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito", cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, como lo establece la fracción III, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUT******************** COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Ahora bien, sobre el análisis de la duda razonable y la presunción de inocencia la Primera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 2/2017 (10a.) precisó que la forma en que puede analizarse dicha figura, es cuando en un proceso penal coexisten tanto pruebas de cargo como de descargo, pues solo así es cuando las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable en tanto cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo, como en el supuesto en que la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa esté corroborada por esos elementos exculpatorios. En ese orden de ideas, en términos del artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo los casos de excepción como el procedimiento abreviado, en el sistema penal acusatorio la valoración de las pruebas se efectúa por parte del Tribunal de Enjuiciamiento en la etapa de juicio oral, y no así en la vinculación a proceso -donde se analiza la existencia de indicios razonables-, el momento procesal oportuno en donde del análisis de las pruebas de cargo y descargo podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable, motivos por los que no le asiste la razón a la quejosa. Por su parte, en cuanto a las manifestaciones de la quejosa relativas a que deben agotarse todas las líneas de investigación, pues el no hacerlo se atenta contra de los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, legalidad, respeto a los derechos humanos y honradez pues los derechos humanos están en riesgo, o bien, que por ello deba resolver lo que más beneficie al imputado en razón de que los actos de investigación no se pueden usar en contra del imputado al tratarse de hechos de índole sexual igualmente, no le asiste la razón. Ello es así, pues con independencia de que el Ministerio Público cuente con diversas líneas de investigación, lo cierto es que ello no implica vulneración a los derechos fundamentales del imputado, pues como lo sostuvo la responsable es en la etapa de investigación complementaria en donde la fiscalía debe concluir su investigación, lo cual tiene sustento en términos del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, asevera que de las propias circunstancias de las que habla el denunciante, se aprecian tres momentos en que supuestamente se comete el delito, el primero cuando señala que el imputado está estirando brazos y piernas y tenía duda de sus intenciones, la segunda cuando el denunciante se acomoda y pone su gorra sobre su cara de manera que puede ver debajo de su cuerpo, le agarra la pierna y roza sobre el pantalón su pene y el tercero cuando aprieta sobre el pantalón su pene, lo que molesta a la persona y se levanta para reclamarle, a partir de ello, existe duda pues debió reaccionar, quizá no en la primera vez donde tenía duda, pero sí en la segunda, sin embargo no reaccionó pues fue hasta el tercer momento en que reaccionó, circunstancia que no valoró la autoridad responsable. El concepto de violación es infundado, en razón de que con independencia del momento en el que la víctima reaccionó ante la conducta delictiva, ello no desvirtúa que la existencia del hecho delictivo no se hubiera realizado, ni la posibilidad de que el el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es por los argumentos expuestos que ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra los actos reclamados a la Jueza Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Umán, por las razones expuestas en el considerandos séptimo de esta resolución. Notifiquese personalmente. [...]

  3. Principal

    V. Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede de la que se advierte que en el presente juicio de amparo se encuentra pendiente dictar la resolución, ya que la audiencia constitucional se llevó a cabo a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Por tanto, procédase abrir el expedientillo correspondiente y agréguense a estos autos el escrito presentado electrónicamente a nombre del quejoso Benjamín del Carmen Casanova Acosta, mediante el cual, señala autorizados y solicita el acceso al expediente electrónico y notificaciones a través del usuario que proporciona. Ahora bien, debe decirse que la evidencia criptográfica que se advierte al final de la promoción que se acuerda, no corresponde a la firma del quejoso, por lo cual no es posible acordar sus peticiones de manera favorable. Notifíquese. [...]

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el alegato ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se niegue el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, y en su caso, se sobresea en el presente juicio; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, como lo solicita el aludido Agente del Ministerio Público de la Federación, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, entréguesele copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio, en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.

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