Benjamín Dario Ponce de León Vázquez

Expediente 1012/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1012/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
16/05/2018

Partes del expediente

  • Benjamín Dario Ponce de León Vázquez
  • Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa y tercero interesado en proveído de dieciséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 250 a 252), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud que por una parte SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo vigésimo primero, párrafo último, del referido Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Asimismo, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente documento aportado por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento podrá ser destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Con base en lo anterior, y en atención a que la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de dos de abril de dos mil dieciocho, dictado en el expediente C.D.T. 557/2013-9 de su índice, documentales a las que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. De las mismas se aprecia que, en cumplimiento al fallo protector, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente todo lo actuado dentro del expediente C.D.T. 557/2013-9, a partir del emplazamiento realizado al quejoso Benjamín Darío Ponce de León Vázquez, así como el laudo de fecha doce de marzo del año dos mil quince y su ejecución, únicamente por cuanto hace a dicho quejoso, por tanto, se señalaron las ocho horas con treinta minutos del día veintitrés de abril de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por lo que se ordenó al actuario adscrito a dicha autoridad, emplazar a juicio al demandado Benjamín Darío Ponce de León Vázquez; en consecuencia es evidente que la autoridad responsable acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de las partes quejosa y tercero interesada la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.

  3. Principal

    Agréguense a los autos el oficio de cuenta y anexo que lo acompaña, mediante el cual el Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, y para tal efecto remite copia certificada del proveído de dos de abril de dos mil dieciocho, en el expediente C.D.T. 557/2013-9 de su índice. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el diario oficial de la federación el dos de abril de dos mil trece, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días computados legalmente para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del informe rendido por la autoridad responsable, debiendo correrle traslado con el oficio y anexo por el que ésta manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que por oficio SEADS/365/2018, de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó el acuerdo de la misma fecha del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó la readscripción del Juez Carlos Alberto Ávila Muñoz, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en sustitución del ahora Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, con efecto a partir del uno de abril de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimiento Civiles, hágase del conocimiento de las partes el cambio de titular, por el termino de tres días, a fin de que estén en aptitud de manifestar lo que a su interés convenga.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada el uno de marzo de dos mil dieciocho, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso, por tanto con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, es procedente requerir el cumplimiento de la ejecutoria de mérito para lo cual conviene transcribir el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." Así, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral transcrito, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, comunique a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la aludida ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacerlo -sin causa justificada- dentro del plazo concedido, se le impondrá desde luego una multa, y además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito para la continuación del trámite de la inejecución, el que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Cabe precisar que es improcedente requerir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala por conducto de su superior jerárquico, en términos del numeral 192, tercer párrafo, de la ley de la materia, pues dicha autoridad no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede intervenir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tiene superior inmediato a quién requerirle que la conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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