Benjamín Daniel Cruz López o Daniel Cruz López
Expediente 513/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Tribunal Unitario Agrario del distrito XXI, ciudad de Oaxaca
- Benjamín Daniel Cruz López o Daniel Cruz López
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 513/2022 Acuerdo: PRAL.513/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que por acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós se desechó la demanda de amparo promovida por Benjamin Daniel Cruz López o Daniel Cruz López, contra actos del Tribunal Unitario Agrario distrito veintiuno del Estado de Oaxaca; por lo cual, el plazo conferido para hacer valer en su contra el recurso de queja a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del dieciocho al veinticuatro de mayo del año en curso, por haber quedado notificado el dieciséis de mayo último, sin que hubiere interpuesto dicho medio de impugnación. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (destruible). Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (desechamiento de demanda de amparo) y no existe acuerdo por el que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, se considera que este expediente es destruible; así, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción sobre certificación. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que tiene a su cargo el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Devolución de documentos. Como en este expediente la parte quejosa exhibió con su demanda de amparo diversas documentales, consistentes en copia certificada notarialmente de: - Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre del quejoso. - Constancia expedida por el secretario municipal de San Francisco Telixtlahuaca, Oaxaca. - Comprobante de pago de giro inmediato del programa de adultos mayores setenta y más a nombre de la parte quejosa. - Instrumento notarial mil novecientos cuarenta y siete, inscrito en el volumen cuarenta y uno del protocolo del notario público número setenta y tres en el estado de Oaxaca, relacionado con el contrato de compra venta con fusión de un bien inmueble. Se le requiere para que, en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, los mismos serán destruidos junto con el expediente, que es destruible. En el entendido que su comparecencia deberá realizarla en términos de lo previsto en el artículo 3 del referido acuerdo general 21/2020; es decir, previa cita que genere en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.513/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que por acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós se desechó la demanda de amparo promovida por Benjamin Daniel Cruz López o Daniel Cruz López, contra actos del Tribunal Unitario Agrario distrito veintiuno del Estado de Oaxaca; por lo cual, el plazo conferido para hacer valer en su contra el recurso de queja a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del dieciocho al veinticuatro de mayo del año en curso, por haber quedado notificado el dieciséis de mayo último, sin que hubiere interpuesto dicho medio de impugnación. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (destruible). Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (desechamiento de demanda de amparo) y no existe acuerdo por el que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, se considera que este expediente es destruible; así, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción sobre certificación. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que tiene a su cargo el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Devolución de documentos. Como en este expediente la parte quejosa exhibió con su demanda de amparo diversas documentales, consistentes en copia certificada notarialmente de: - Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre del quejoso. - Constancia expedida por el secretario municipal de San Francisco Telixtlahuaca, Oaxaca. - Comprobante de pago de giro inmediato del programa de adultos mayores setenta y más a nombre de la parte quejosa. - Instrumento notarial mil novecientos cuarenta y siete, inscrito en el volumen cuarenta y uno del protocolo del notario público número setenta y tres en el estado de Oaxaca, relacionado con el contrato de compra venta con fusión de un bien inmueble. Se le requiere para que, en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, los mismos serán destruidos junto con el expediente, que es destruible. En el entendido que su comparecencia deberá realizarla en términos de lo previsto en el artículo 3 del referido acuerdo general 21/2020; es decir, previa cita que genere en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.513/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de los magistrados del Tribunal Unitario Agrario distrito veintiuno del Estado de Oaxaca y de otra autoridad, presentada el cuatro de mayo del año en curso, en el buzón judicial de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito y turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número ********************. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo procede analizar la promoción inicial constitucional, en la que: Antecedentes del asunto. El quejoso refiere, bajo protesta de decir verdad, que en el ********************, Oaxaca, se tramitó el juicio civil ********************, con motivo de la acción reivindicatoria que promovió en contra de ******************** y otros. Ese órgano jurisdiccional se declaró incompetente mediante sentencia dictada el ********************, al declarar procedente la excepción planteada por los demandados. Resolución contra la que estuvo inconforme, por lo que interpuso recurso de apelación que conoció ********************, en el toca civil ********************, en la que el ******************** confirmó esa determinación. Ante lo que promovió juicio de amparo********************, desechada por este órgano jurisdiccional, porque el órgano jurisdiccional respectivo no había aceptado conocer de ese asunto remitido por incompetencia. El Tribunal Unitario Agrario del distrito veintiuno, con residencia en la ciudad de Oaxaca, dictó resolución el treinta de marzo de dos mil veintiuno, por el que declara que es competente para conocer del asunto. Inconforme con esa determinación promovió juicio de amparo que tocó conocer a este Juzgado de Distrito, con el número********************, en el que mediante sentencia dictada el ******************** se le concedió la protección constitucional, para efectos. Y el dos de abril de dos mil veintidós se declaró cumplida esa sentencia de amparo, al haberse emitido resolución el ******************** por parte del Tribunal Agrario responsable, contra la que promovió juicio de amparo que tocó conocer a este Juzgado Décimo de Distrito, con el número de expediente********************. Que en ese expediente, que se encuentra en trámite, se requirió a la responsable para que informara si el quejoso había dado cumplimiento o no a la prevención formulada en el juicio agrario ********************, el ********************, en su caso, remitiera copia certificada de la determinación relativa. Al respecto, la responsable señaló que el acuerdo reclamado de ********************, dictado en el juicio agrario ********************, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo indirecto********************, le había sido notificado al quejoso el ********************, sin que hubiere dado cumplimiento a la prevención ahí formulada, por lo que se encontraba transcurriendo el término a que se refiere el artículo 190 de la Ley Agraria. Por lo que reclama: 1º El acuerdo de fecha ******************** dictado en el juicio agrario ********************, por el Tribunal Unitario Agrario del distrito veintiuno, por el que se realiza prevención. 2º La falta de notificación, cita de espera o citatorio y llamamiento a juicio mediante instructivo de prevención de fecha ********************. Primer acto. Respecto del primer acto se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: CONSTITUCION FEDERAL. "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: Fracción III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. . ." LEY DE AMPARO "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: Fracción V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." De conformidad con el principio de procedencia del juicio de amparo establecido por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto únicamente procede cuando los actos, en el juicio, tengan una ejecución de imposible reparación al afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal o tratados internacionales en el que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Así, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia P./J. 24/92 que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. De ahí que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. En el caso, el acuerdo de fecha ******************** dictado en el juicio agrario ********************, por el Tribunal Unitario Agrario del distrito veintiuno, por el que realiza prevención al actor, aquí quejoso, es un acto emitido dentro del juicio agrario que no contiene una ejecución de imposible reparación, ya que la responsable aceptó la competencia declinada y previno al quejoso para que cumpliera con ciertos aspectos en el juicio agrario, sin que se hubiere hecho efectivo apercibimiento alguno, por tanto, por ahora no existe afectación a algún derecho sustantivo como la vida, la integridad personal, la propiedad o la posesión; contrariamente, es un afectación adjetiva que depende de la voluntad del quejoso de cumplirla o no y sólo hasta que se haga efectivo el apercibimiento podrá ser reclamado en la vía de amparo. Acto que no es imposible reparación, que queda corroborado con lo expuesto por el quejoso, al señalar que la autoridad responsable informó en el juicio de amparo******************** que no había dado cumplimiento a la prevención que se le formuló, pero que transcurría el término a que se refiere el artículo 190 de la Ley Agraria, esto es, el relativo a que se declare la caducidad de la instancia. Por lo que, por no tratarse de un acto de imposible reparación, al no afectarse derecho sustantivo al quejoso, se desecha la demanda de amparo respecto de ese acto, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Segundo acto. Por cuanto al segundo acto que se reclama de la actuaria o ejecutora adscrita al Tribunal Unitario Agrario del distrito 21, llevadora del juicio agrario ********************, relativo a lo que el quejoso denomina como falta de notificación del acuerdo de ********************, o falta de emplazamiento, en tanto que de las manifestaciones que realiza en la demanda de amparo, se desprende que no está conforme con la forma en que se llevó a cabo la notificación, cita de espera y emplazamiento o llamamiento a juicio, porque dice que se realizó en un diverso domicilio al que tiene, que la citación cuenta con enmendaduras, y señala los diversos vicios que, dice, contiene la diligencia relativa, se actualiza la causal prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". (. . .)". Ello, porque el juicio constitucional es un juicio extraordinario y su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la reparación de la violación de derechos fundamentales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. De esas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo se encuentra el principio de definitividad, que establece que el juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, contra actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. El fundamento constitucional del principio de referencia está contenido en el artículo 107 de la Carta Magna, fracción III, inciso b), que señala textualmente: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.)". b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan ." Así, la regla general que establece este principio consiste en que cuando un acto autoritario viola derechos fundamentales, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. Ahora, el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, en términos del numeral 2º, dice: "Artículo 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. Entonces, contra la notificación que se realizó del acuerdo reclamado, que el quejoso considera no cumplió con los requisitos legales, debió agotar el principio de definitividad, a fin de que la responsable estableciera si es nula o no esa notificación, máxime que el quejoso es parte procesal y aún no se dicta resolución definitiva en ese juicio agrario. Sin que esa notificación que se realizó al quejoso se encuentre en el caso de excepción para que sea procedente el juicio de amparo, toda vez que no se trata de: a) Aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Persona extraña al procedimiento. d) Auto de vinculación a proceso. En tanto que el medio de defensa se encuentra previsto en una ley. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, conlleva, con fundamento en el precepto 113 del ordenamiento invocado, a desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, respecto de ese segundo acto. Se invoca en apoyo la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 189290 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 28/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Julio de 2001, página 467 Tipo: Jurisprudencia NOTIFICACIONES EN JUICIOS AGRARIOS. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL INCIDENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA, PERO ACATANDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 192 DE ESTA LEY. Si bien es cierto que la Ley Agraria no establece de manera específica un mecanismo para impugnar las notificaciones omitidas o las que se hayan hecho indebidamente, también lo es que en sus artículos 170 a 177 regula la figura jurídica de las notificaciones, aunque no en todos los aspectos, ya que sólo contiene una serie de disposiciones atinentes a las formalidades que deben cumplirse para efectuar, entre otras, las notificaciones personales, los emplazamientos, la primera cita al procedimiento y las citaciones a los peritos, testigos y terceros, y con relación a los aspectos no regulados permite, en su artículo 167, la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles para normar las notificaciones que no deben ser personales, el momento en que deben hacerse las notificaciones, citaciones y emplazamientos, de aquel en que deben surtir efectos tales notificaciones, etcétera, de manera que la aplicación de dicho código adjetivo, además de regular diversos aspectos que no se establecen en la Ley Agraria en cuanto a la materia de notificaciones, es indispensable para complementar sus disposiciones. Ahora bien, si en los aspectos no consignados expresamente en la ley últimamente citada, debe recurrirse al invocado código procesal, es inconcuso que de igual manera puede aplicarse lo relativo a la posibilidad de impugnar tales notificaciones a través del incidente previsto en su artículo 319, máxime si se considera que las cuestiones incidentales no son ajenas a los procedimientos agrarios, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la ley que los regula es posible que surjan ese tipo de cuestiones, las que únicamente se encuentran constreñidas a resolverse en los términos en que este propio dispositivo señala, es decir, deben decidirse de plano, conjuntamente con el negocio principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso resolverlas antes o que se refieran a la ejecución de la sentencia y sin sustanciar artículo de previo y especial pronunciamiento". 4° Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda. Y con apoyo en el artículo 24 de la referida ley se tiene por autorizados únicamente para recibir notificaciones a 1)********************, 2)********************, 3) ********************y 4) ********************, ya que al realizarse consulta en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático ciber.cjf.gob.mx/regprof, no se localizó registro alguno a su nombre, en tanto que al realizar búsqueda en el Registro Nacional de Profesiones no se encontró el número de cédula profesional ******************** que se proporcionó en la demanda de amparo como de********************. 5° Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con fundamento en los artículos 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su vigencia por el diverso 25/2020), se insta a la parte quejosa para que, independientemente del sentido de esta resolución, si conviene a sus intereses, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Comunes (OPC), que se habilitó en el edificio sede. 6º Comunicación vía telefónica y correo electrónico. Se requiere a la parte quejosa proporcione un número telefónico, únicamente para que sea utilizado como un canal de comunicación y así establecer el contacto respectivo por parte del (la) actuario (a) de la adscripción, en los casos en que se estime necesario, como lo establece el párrafo segundo de la fracción I del artículo 23 del acuerdo general 21/2020 invocado, que podrá realizar en cualquier momento. 7° Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8° Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 9° Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. 10° Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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