Benjamín Castillo Vilchis
Expediente 217/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 20/05/2019
Partes del expediente
- Benjamín Castillo Vilchis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
I.- Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra el auto dictado el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Devuélvase al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez Estado de México, tres discos en formato dvd los cuales acompañó como complemento a su informe justificado. Por tanto, requiérase a la citada responsable para que dentro del plazo de tres días contados legalmente, acuse el recibo correspondiente; apercibido que de ser omiso, se hará acreedor a una multa que podrá ser de cincuenta y hasta mil días de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En ese sentido, intégrese copia autógrafa del presente auto al duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales conducentes. 3. Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada. 4. Se glosa sólo el cuaderno original del incidente, toda vez que el duplicado es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, resguárdese en el archivo de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto se proceda a su destrucción material. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
III.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil quince (foja 213), se ordenó el archivo del presente asunto, y se precisó de manera incorrecta lo relativo al destino final del expediente en que se actúa; por tanto, en términos de lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se aclara que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de nueve de septiembre de dos mil quince (fojas 51 a 55), se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III).
- Principal
I.- Visto el oficio de cuenta por el cual el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, en cumplimiento al requerimiento realizado por auto de veinticuatro de abril del año en curso, informa que el toca de apelación 124/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso Benjamín Castillo Vilchis, en contra del auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se admitió a trámite el quince de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar; se tiene por cumplido el requerimiento y se deja sin efectos la multa con la cual se le conminó. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el sumario, se advierte que el quejoso Benjamín Castillo Vilchis, se duele del auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el juez responsable en la que fueron revisadas las medidas cautelares y le fueron impuestas al quejoso la garantía económica por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional). En ese tenor y tomado en consideración que la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, debe examinarse lo aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rigen la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, con número de registro 394770, cuyo rubro y texto disponen: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este Juzgador de oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Dicha causa de improcedencia, se estima fundada, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia, por las razones que se expondrán. En el caso a estudio la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: El auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la carpeta administrativa 760/2018 en contra del quejoso Benjamín Castillo Vilchis. Del análisis de las constancias del procedimiento administrativo, se advierte que en lo que interesa, los antecedentes que constituyen los actos reclamados son los siguientes: a) En la causa de control número 760/2018 radicada ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en contra del ahora quejoso por su probable responsabilidad en el hecho delictuoso de uso de objeto o documento falso o alterado, en agravio de la fe pública se llevó a cabo la audiencia de ocho de febrero de dos mil diecinueve, en la que fueron revisadas las medidas cautelares y le fueron impuestas al quejoso la garantía económica por la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), así como la presentación periódica ante esta autoridad. b) En audiencia inicial para formulación de imputación sin detenido, realizada a las doce horas del veintiséis de noviembre del dos mil dieciocho, el representante social formuló imputación en contra del quejoso, por el hecho delictuoso de uso de objeto o documento falso o alterado, en agravio de la fe pública; el imputado manifestó ser su deseo rendir su declaración, y previa solicitud de vinculación a proceso por parte del agente del Ministerio Público, peticionó que su situación jurídica fuera resuelta en la duplicidad del plazo constitucional, fijando las catorce horas del veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, para audiencia de prórroga del plazo constitucional o continuación de audiencia inicial; sin que se fijara medida cautelar derivado de la suspensión concedida en diverso juicio de amparo. c) En audiencia de prórroga del plazo constitucional o continuación de audiencia inicial, realizada el veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, se desahogaron diversos datos de prueba y se fijó nueva fecha para la continuación de la audiencia en comento. d) El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se realizó audiencia de prórroga del plazo constitucional o continuación de audiencia inicial, en la que previo desahogo de diversos datos de prueba, el juez responsable dictó auto de vinculación a proceso, en contra del aquí quejoso, por su probable intervención en el hecho delictuoso de uso de objeto o documento falso o alterado, ilícito previsto y sancionado por el artículo 173 párrafo primero, en relación con los artículos 6, 7, 8 fracciones I y III, II fracción I, inciso c) del Código Penal del Estado de México, en agravio de la fe pública. e) Por auto del seis de diciembre del año dos mil dieciocho, se tuvo por presentado el recurso de apelación hecho valer por el quejoso, en contra del auto de vinculación a proceso del treinta de noviembre de dos mil dieciocho, ordenándose el emplazamiento de las partes, y hecho que fue, se remitieron las constancias correspondientes al Tribunal de Alzada en Materia Penal en turno, para la sustanciación del medio de impugnación hecho valer, correspondiéndole conocer del mismo al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México, quien determinó confirmar el auto de vinculación a proceso en cita. f) Previa vista dada a la representación social, mediante promoción número 1243/2019 de fecha veintiocho de enero del año en curso, solicitó audiencia para imposición de medida cautelar, fijándose mediante proveído del veintinueve de enero de dos mil diecinueve, las trece horas del ocho de febrero de dos mil diecinueve, para la realización de la audiencia en comento; en la que previo debate entre las partes, le fijó al quejoso las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, así como la exhibición de una garantía económica por el monto de $30,000.00. g) El quince de febrero del año en curso, el quejoso Benjamín Castillo Vilchis, presentó recurso de apelación en contra de la resolución del ocho de febrero del año en curso, en la que se le fijaron las medidas cautelares señaladas en el párrafo que antecede; por lo que, mediante proveído de la misma data se ordenó emplazar a las demás partes, y hecho que fue se remitieron las constancias al Tribunal de Alzada en Materia Penal en Turno de Toluca, México, para el pronunciamiento respectivo; correspondiéndole conocer por razón de turno al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México. h) El ocho de marzo de dos mil diecinueve, se radicó ante el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México, bajo el número de toca 124/2019, con motivo del recurso de apelación instando por el aquí quejoso, el cual se admitió el quince de marzo de dos mil diecinueve, turnándose los autos para su estudio, sin que hasta el momento se haya dictado resolución. Por lo que, como ya se dijo, en la especie, se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XIX, ambos de la Ley de Amparo. Se estima actualizada dicha improcedencia, dado que como se precisó en los antecedentes narrados en párrafos precedentes, el ahora quejoso hizo valer recurso de apelación; luego entonces, al existir en trámite un recurso ordinario o medio de defensa legal (apelación), promovido por la justiciable ante la autoridad administrativa, el cual se encuentra pendiente de resolver, debe tomarse en consideración que una vez que dicho medio de defensa puede tener como efecto modificar, revocar o anular los actos reclamados, y siendo ese recurso ordinario la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal de los actos que en el caso se reclaman; como ya se estableció, se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción V, en relación al artículo 61, fracción XIX, ambos de la Ley Normativa del juicio de amparo. Brinda apoyo a la anterior determinación, la Jurisprudencia P,/J. 144/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Diciembre de 2000, de la Novena Época, visible en la página 15, cuyos rubro y texto establece: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo.". No es óbice a lo anterior que la resolución del toca 124/2019 se haya extraído del turno hasta en tanto se resuelva el presente juicio, toda vez que resulta evidente que se debe privilegiar la resolución del recurso ordinario interpuesto por el quejoso Benajmín Castillo Vilchis, pues estimar lo contrario se estaría privando al impetrante del recurso ordinario idóneo.
- Principal
I.- El estado procesal de autos y la certificación de cuenta evidencian que la audiencia constitucional está señalada para celebrarse hoy; sin embargo, se advierte que en proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se requirió al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México, para el efecto de que informe el estado procesal del toca de apelación 124/2019 a fin de proveer lo conducente en el presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, a fin de que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y, en su lugar, se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diez de mayo de dos mil diecinueve. Sin que sea necesario realizar gestiones para requerir a la citada autoridad, toda vez que no ha transcurrido un término prudente para tal fin.
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