Benjamín Castillo Ortíz
Expediente 1917/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1917/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Benjamín Castillo Ortíz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil quince. Visto el estado de los autos de los que se advierte que la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, no ha dado cumplimiento a la sentencia ejecutoria. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo del se advierte que es un hecho notorio que en el diverso juicio de amparo 132/2015-IV, del índice de este Órgano Jurisdiccional, se advierte que fungen como Presidenta Municipal (OLGA CASTILLO MONTESINOS), calidad que acreditó con copia de la constancia de mayoría de cuatro de julio de dos mil doce y Tesorera Municipal (DANIRA SANTANA BARRERA), ambas del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos; en consecuencia, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, además, en la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 103/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172215 6 de 18 SEGUNDA SALA Tomo XXV, Junio de 2007 Pág. 285 Jurisprudencia(Común) "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Atento a lo anterior se acuerda: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Actualización Ahora bien, toda vez que las autoridades responsables aún no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en relación a la cantidad de ********************, recibida por la Tesorería Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, dicha actualización se realizara de acuerdo a la fecha del pago (7 de julio de 2014) y a la fecha del presente requerimiento (17 de noviembre de 2015) de conformidad con el artículo 31, párrafo primero, del Código Fiscal del Estado de Morelos, al tenor siguiente: Mes más reciente (Tomando en cuenta la presente fecha) Entre Mes anterior (De acuerdo a la fecha de pago 7/07/2014) Factor de actualización noviembre -2015 117.410? / junio-2013 ?112.722 ? ? 1.041589042068097 Cantidad cobrada Por Factor de actualización Cantidad total a pagar $6,525.00 * 1.041589042068097 $ 6,796.36 Así las cosas, tomando en cuenta la cantidad pagada originalmente por la parte quejosa que fue de $16,575.00 (dieciséis mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), más la actualización correspondiente ($271.36) da como resultado la cantidad a pagar por la responsable de $6,796.36 (seis mil setecientos noventa y seis pesos 36/100 moneda nacional). REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere al DANIRA SANTANA BARRERA, quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos que hayan realizado para ese efecto, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen COPIA CERTIFICADA DEL CHEQUE CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE ACTUALIZADO. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En el entendido de que el efecto del amparo es para lo siguiente: ".En este orden de ideas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************para los efectos siguientes: a) No se le apliquen los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; b) Se devuelva al impetrante, con su actualización, la cantidad que ampara el recibo de pago folio ******************** expedido por la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de Emiliano Zapata; únicamente respecto al monto erogado por concepto del impuesto adicional al de adquisición de bienes inmuebles; c) No se le aplique el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda de esa entidad federativa; y, d) Se devuelvan al quejoso, con su actualización, las cantidades que ampara el recibo de pago folio ********************expedido por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de esa entidad federativa.." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. IV. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (OLGA CASTILLO MONTESINOS) y al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, IGNACIO CASPETA HERNÁNDEZ y Regidores FELIPE DE SANTA CRUZ GÓMEZ, STEPHANY BECERRIL GÓMEZ, GUILLERMO CRUZ COY, ALEJANDRA ORIHUELA FIGUEROA, MARCIA BORUNDA MUÑOZ, ALEJO RODRIGUEZ ROSAS Y VALENTÍN GÓMEZ GALARCE), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. En el entendido que dicha orden debe ser lo suficientemente eficaz para lograr el cumplimiento de la sentencia. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Visto el acuse de recibo que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surtan sus efectos conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario FRANCISCO RENÉ MARMOLEJO VÁZQUEZ, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de noviembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de cuatro de septiembre de dos mil quince, se dio vista a las partes, con el oficio signado por la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia del Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y Subsecretario de Ingresos de dicha Secretaría, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de nueve de marzo de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Adrián Cabrera Tavarez, para los siguientes efectos: a) No se le apliquen los artículos 94 bis a 94 bis-12 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Se le devuelvan, con su actualización, las cantidades que ampara el recibo de pago folio 22833, de veintisiete de diciembre de dos mil diez, emitido por la Tesorería del Municipio de Cuernavaca, Morelos, en que se le aplicaron aquellos preceptos relativos al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, así como el impuesto adicional; lo anterior, en virtud que al ordenarse la devolución de lo pagado por la citada contribución, no existe base legal para el cobro del impuesto adicional mencionado. c) No se le apliquen los artículos 59 a 64 y 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; y, d) Se le devuelvan, con su actualización, las cantidades que amparan los recibos de pago 3458163 y 3457779, expedidos por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas (ahora Secretaría de Hacienda) de esa entidad, en que se le aplicaron aquellos preceptos correspondientes al pago de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y su impuesto adicional; en la inteligencia de que, de entre las sumas establecidas en el último de los recibos citados, únicamente deberá resolverse la correspondiente al impuesto adicional. Por auto de ocho de abril de dos mil quince, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a las referidas autoridades, el cumplimiento de la sentencia constitucional En acatamiento a lo anterior, la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia del Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y Subsecretario de Ingresos de dicha Secretaría, por oficio manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0051205 fechado el tres de agosto de dos mil quince, por la cantidad de $1,810.99 (un mil ochocientos diez pesos 99/100 M.N.), que se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería General de Estado por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; monto que se deduce, de la cantidad que se señaló en la sentencia de amparo, tarifa a la cual se deduce un salario mínimo, previsto en el referido artículo, en acatamiento a la sentencia de amparo. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancia de la que se advierta que la parte quejosa recibió el cheque correspondiente por concepto del pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, en virtud de que la autoridad responsable ya puso a su disposición los títulos de crédito por dicho concepto, además dicha situación le fue notificada a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000, Página 243 con número de registro 192174 : Se precisa mencionar, que por auto de veintiocho de agosto de dos mil quince, se tuvo por cumplida por cuanto al Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de octubre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento de veintiuno de octubre de dos mil quince, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada del cheque 0000505 por la cantidad de $15,591.00 (quince mil quinientos noventa y un pesos M. N. 00/100); en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dése vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, Morelos, por medio del cual informa que la multa impuesta por este Juzgado al Tesorero, Presidente Municipal, Síndico y Regidores del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, quedó controlada en dicha administración con el crédito H-426302, H-426303, H-426304, H-426305, H-426306, H-426307, H-426308, H-426309, H-426311, H-426312, H-426313 y H-426314; agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Finalmente, vistos los acuses de recibo que anteceden y la notificación personal, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda y surtan sus efectos conducentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de octubre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de diecisiete de septiembre de dos mil quince, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por licencia médica del Titular, autorizada mediante oficio 7039/2015, por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el quince de octubre de dos mil quince, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez que autoriza da fe. Jfcc
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