Benjamín Carlos González Linares
Expediente 1064/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1064/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Benjamín Carlos González Linares
Actuaciones
- Incidental
Acapulco, Guerrero, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. I. Apertura del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha en el cuaderno principal del juicio de amparo promovido por Benjamín Carlos González Linares, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Agencia Especializada en Violencia y Delitos Sexuales, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, en acuerdo de esta misma fecha; con fundamento en el artículo 128 en relación con el 3°, ambos de la Ley de Amparo, y lo dispuesto en los numerales 264 y 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado mediante el Acuerdo TERCERO del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se apertura por separado y duplicado el presente incidente de suspensión, en el entendido de que, un cuaderno se forma físicamente y el duplicado corresponde al expediente electrónico. II. Requerimiento de informe previo. Con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, por separado del informe justificado que, en su caso, formulen en el cuaderno principal, enviándoles al efecto copia simple de la demanda. Dígase a las responsables que deberán rendir su informe en los siguientes términos: a) Precisando si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, pudiendo expresar las razones que estime pertinentes respecto de la procedencia o improcedencia de la suspensión; y b) Deberán proporcionar los datos que tenga a su alcance que permita al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe previo en los términos antes señalados, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), así como lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien determinó que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), misma que entró en vigor a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo previsto en los artículos 237 fracción I, 245 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5° de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. III. Audiencia incidental Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, para la audiencia incidental se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. IV. Fijación de la litis incidental. Realizado un cabal estudio del libelo actio de amparo, se advierte que la PARTE quejosa reclama del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Agencia Especializada en Violencia y Delitos Sexuales, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, la orden de aprehensión, así como su ejecución,. V. Procedencia y efectos de la suspensión. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, así como su ejecución, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que no se prive de la libertad al quejoso, toda vez que se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 139 y 163, en relación con el 166, fracción II, párrafo tercero en relación con el diverso precepto 128 de la ley de la materia, en virtud de que el impetrante de garantías solicita expresamente la suspensión del acto reclamado; además, con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con la ejecución del acto se causaría al promovente daños y perjuicios de difícil reparación, quedando a disposición de este juzgado únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, sin perjuicio de la práctica de diligencias en averiguación de delitos, lo que es de orden público y por tanto insuspendible, hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. El efecto de dicha medida es para que el quejoso Benjamín Carlos González Linares, no sea privado de su libertad personal, con motivo de la orden de aprehensión, que afirma emitió en su contra la autoridad responsable ordenadora, siempre y cuando el delito por el cual se le giró la misma no sea de los de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional; lo anterior, hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente. En caso contrario, esto es, de ser un delito que implique prisión preventiva oficiosa, el efecto de la presente medida será únicamente para que la quejosa quede a disposición de este Juzgado de Distrito una vez recluido en el Centro de Reinserción Social de la jurisdicción del Juez responsable ordenador, únicamente por cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición de éste por lo que hace a la continuación del procedimiento penal que hubiere en su contra. Medida suspensional que surte efectos desde luego, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que se impongan a fin de impedir que el peticionario se sustraiga de la acción de la justicia. Ahora bien, el artículo 168 de la Ley de Amparo, textualmente dice: "Artículo 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas de aseguramiento que estime convenientes. Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute; II. Las características personales y situación económica del quejoso; y III. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. No se exigirá garantía cuando la suspensión únicamente tenga los efectos a que se refiere el artículo 163 de esta ley." De la anterior trascripción, se desprenden los requisitos que deberá tomar en consideración el Juez de Distrito al fijar el monto de la garantía para otorgar la suspensión de actos privativos de libertad; sin embargo, si bien el hecho de que la impetrante solicite amparo, es un indicio de que no pretende sustraerse de la acción de la justicia, en este estado procesal no se tiene la certeza de cuál es la naturaleza, modalidades y características del delito que se le imputa; por ende, se carece de elementos suficientes en términos del referido ordinal para fijar con precisión la cuantía de la caución para que aquél obtenga la medida cautelar. Por tanto, como ya se indicó, con fundamento en lo que disponen los artículos 168 y 136 de la Ley de Amparo, como medida de aseguramiento de la quejosa, este órgano jurisdiccional le impone de manera discrecional como obligación otorgar garantía a disposición de este órgano jurisdiccional, por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) en billete de depósito o en cualquier otra de las formas establecidas por la ley, la cual deberá exhibir dentro del plazo de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo. Resulta aplicable la Jurisprudencia P./J. 43/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro número 189848, visible en la página 268, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA. De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 125, 130 y 139 de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, y a la garantía que el quejoso debe otorgar en los casos en que aquéllas sean procedentes, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, y atendiendo a la naturaleza, objeto, requisitos de procedencia y efectividad de la medida cautelar de que se trata, así como al principio general de derecho que se refiere a que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, se arriba a la conclusión de que respecto a la suspensión provisional que se puede decretar con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, tomando el Juez de Distrito las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero, y a virtud de la cual se ordena mantener las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, surte sus efectos, al igual que ésta, inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la garantía fijada, porque de lo contrario no se cumpliría con su finalidad, que es la de evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación. Además, debe tomarse en cuenta que ante el reciente conocimiento de los actos reclamados, el quejoso está menos prevenido que cuando se trata de la suspensión definitiva, y si ésta surte sus efectos desde luego, aun cuando no se exhiba la garantía exigida, lo mismo debe considerarse, por mayoría de razón, tratándose de la suspensión provisional, sin que ello implique que de no exhibirse garantía deje de surtir efectos dicha suspensión." Si el solicitante de tutela constitucional opta por póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; deberá señalar el agente autorizado y domicilio en esta ciudad capital, para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. Si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión provisional dejará de surtir efectos sin necesidad de previo acuerdo. Igualmente, tal y como lo prevé la fracción II del artículo 166 de la Ley de Amparo, el quejoso queda obligado a comparecer ante las propias responsables cuantas veces fuera requerido y resulte necesario, acreditándolo ante este Juzgado con las constancias relativas, dentro de los tres días a efecto de que no se impida la continuación del proceso penal instaurado en su contra. Pero dicha medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió; lo cual ocurrirá cuando las autoridades señaladas como responsables rindan su informe previo, dentro del término de cuarenta y ocho horas, y precisen, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye. Cobra aplicación al caso concreto la jurisprudencia 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgida de la contradicción de tesis 79/2007, correspondiente a la Novena Época, tomo XVII, Enero de dos mil ocho, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." Apercibida que de incumplir con las obligaciones impuestas como requisitos de efectividad y aseguramiento, dejará de surtir efectos la medida cautelar obsequiada y quedarán expeditas las facultades de las autoridades responsables para ejecutar el acto reclamado. En la inteligencia, de que la concesión de esta medida cautelar no implica impedimento para la continuación del procedimiento en el asunto que motivó los actos reclamados, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo para el caso concreto, la tesis 1a./J.94/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26, del tomo XIV, diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro señala: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 140, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA". La medida precautoria concedida no protege a la quejosa en caso de que se le pretenda privar de la libertad personal en la comisión de flagrante delito, si infringe el Bando de Policía y Gobierno, o en cumplimiento de una orden de aprehensión librada en su contra por diversa autoridad. VI. Autorizados y domicilio. Se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el que refiere en su demanda; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Alejandro Arzate Calvillo, Sara Beatriz Pablo Clemente, José Antonio Treviño Meza, Jorge Ernesto Vega Gallegos y Luis Ángel Vega Gallegos, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. VII. Del juicio en línea Asimismo, conforme a la fracción I del artículo 22 del Acuerdo en comento, se exhorta a las partes que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, transiten al esquema de actuación "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea. VIII. De la expedición de copias Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las actuaciones que integran este sumario, sin que tenga que mediar petición, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservadas o confidenciales. Asimismo, atendiendo a los medios tecnológicos con los que actualmente se cuenta y en correlación a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de queja 3/2022, también se autoriza la expedición de copias certificadas de forma electrónica mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como su envío por correo electrónico, previo escrito en el que lo hagan de conocimiento; con la restricción ya anotada, siempre y cuando las constancias estén integradas al expediente electrónico. En cualquiera de los supuestos, se deberá dejar razón de recibido para debida constancia legal. IX. Uso de medios electrónicos. Tal y como lo determinó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la circular 12/2009, infórmese a las partes que al momento de consultar el expediente en que se actúa, pueden hacer uso de aparatos electrónicos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. X. De la notificación de las partes. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. XI. Protección de datos personales. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio. Asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. XII. Trasparencia y acceso a la información Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido de que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. XIII. Nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales. Tomando en consideración el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que realicen lo siguiente: 1. Deberán proporcionar los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea. 2. Deberán obtener su firma electrónica FIREL. 3. Asimismo, registrarse como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. 4. Solicitar a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica. 5. En la medida de lo posible realizar todas sus promociones por esa vía. En el caso de la autoridad responsable: 1. Se les requiere para que proporcionen a este Juzgado una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales. 2. Dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional de este Juzgado (3jdo21cto@correo.cjf.gob.mx), debiendo confirmarlos al teléfono 744 435 1900, extensión 1151; lo que de ningún modo sustituye la facultad de este Juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. XIV. Digitalización de promociones y documentos presentados por las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial, la digitalización diaria de todas las promociones y documentos presentados por las partes; los acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan y toda la información relacionada con los expedientes que deban ser ingresadas en el sistema respectivo. En cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente, las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren. Debiendo el secretario, a su vez, cerciorarse de lo señalado con anterioridad. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. I. Tramitación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Benjamín Carlos González Linares, por su propio derecho, en contra del acto atribuido al Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Agencia Especializada en Violencia y Delitos Sexuales, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en el transitorio tercero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese el expediente impreso y electrónico; háganse anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 1064/2023-IV. II. Admisión de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la demanda de amparo. III. Del incidente de suspensión. De conformidad con en el artículo 128 en relación con el 3°, ambos de la Ley de Amparo, y lo dispuesto en los numerales 264 y 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado mediante el Acuerdo TERCERO del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, tramítese por separado el incidente de suspensión, en el entendido de que, un cuaderno se formará físicamente y el duplicado corresponderá al expediente electrónico. IV. Fijación de fecha y hora para la audiencia constitucional. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las once horas con cincuenta minutos del veintidós de noviembre del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · 9,409 expedientes
- Benito Pano de León325/2021
- Benito Saguilan Zavaleta303/2016
- Benito Tanislado Maldonado829/2017
- Benjamín Bustos Fernandez412/2020
- Benjamín Bustos Fernandez411/2020
- Benjamín Bustos Fernández144/2018
- Benjamín Eduardo Cruz Gatica789/2018
- Benjamín Iván Fuentes Hoyos503/2021
- Benjamín Mendoza Chávez160/2018
- Benjamín Olea Suárez548/2021
- Benjamín Oropeza Canto95/2022
- Benjamin Oropeza Canto224/2015