Benjamín Cabrera Balcazar

Expediente 592/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
592/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Benjamín Cabrera Balcazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo a su destino. Archivo. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Atento a lo anterior, se precisa que en el presente asunto se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva; por tanto: Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Además, a juicio del suscrito carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 15 del citado Acuerdo.. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro electrónico. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Toda vez que este expediente se tramitó con INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, acuérdese lo relativo a su destino en los cuadernos incidentales. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos originales. Devolución de documentos originales. Toda vez que en autos obran documentos aportados por la parte quejosa, que se ubican dentro de los referidos en el artículo 3, fracción XX del Acuerdo General de que se habla, y en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 20 de la misma legislación; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éstos se deje en autos; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Asimismo, en términos de lo establecido en el artículo 35 del referido ordenamiento, se hace del conocimiento que una vez transcurrido el término de noventa días precisado con antelación, la devolución de documentos originales se realizará, previo acuerdo que recaiga a la petición del solicitante quien deberá acreditar tener derecho a recibirlos. En el entendido de que al presentarse a las instalaciones de este Juzgado de Distrito deberá exhibir identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma), para ser certificada por el secretario (previo cotejo) y agregarse a los autos para debida constancia legal. Se hace del conocimiento que la entrega de los citados documentos se efectuará en un horario de nueve con treinta a catorce con treinta minutos, de lunes a viernes. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintitrés. Comparecencia. Vista la comparecencia de cuenta, se advierte que la parte quejosa expresó y ratificó su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo indirecto. Fundamentación. Artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Acuerdo. Litis constitucional. Sobreseimiento. Causa de sobreseimiento. El artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando el quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. Señala además que, en caso de desistimiento, se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de 3 días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, establece también que cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio. La Enciclopedia Jurídica Mexicana elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, define la figura procesal del desistimiento de la siguiente manera: "Desistimiento (del latín desistere), en términos genéricos, se contrae al acto abdicatorio que lleva a cabo el actor en un juicio y que consiste en el reconocimiento del derecho a demandar con posibilidades de éxito. Acto procesal mediante el cual se manifiesta el propósito de abandonar la instancia o de no continuar con el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado." Doctrinalmente el desistimiento ha sido catalogado como un acto de autocomposición que constituye uno de los modos extraordinarios, diferentes de la sentencia, por el que puede ponerse fin a la pretensión planteada. Al implicar la renuncia de la parte accionante a los actos procesales o a su pretensión litigiosa, el desistimiento puede presentarse en cuatro formas, atendiendo al alcance de sus efectos: 1.- Desistimiento de la acción; 2.- Desistimiento de la instancia; 3.- Desistimiento del derecho; y, 4.- Desistimiento de un acto del procedimiento. En materia de amparo, el desistimiento de la demanda se encuentra catalogado como una causa de sobreseimiento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. El desistimiento en el juicio constitucional se justifica a partir de la existencia de dos principios básicos: el de instancia de parte agraviada y el de agravio, ya sea de manera directa o en virtud de la especial situación del quejoso frente al orden jurídico, por titularidad de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; postulados que se encuentran plasmados en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo vigente prevé el sobreseimiento del juicio, en los casos de desistimiento de la demanda de amparo, salvo la excepción determinada para la materia agraria. El desistimiento de la demanda de amparo implica, entre otras consecuencias, el dar por terminado el juicio y el retrotraer la situación legal al estado en que se encontraban las cosas antes de iniciarse el procedimiento. En efecto, el desistimiento del quejoso da origen al sobreseimiento en el juicio y los efectos de éste consisten en ponerle fin sin hacer una declaración sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, dejando las cosas tal como se encontraban al momento de promoverse la demanda. Ergo, el desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, resultando improcedente un nuevo juicio de amparo contra ellos. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados." Análisis de la causa de sobreseimiento. En la especie, la parte quejosa Benjamín Cabrera Balcazar manifestó y ratificó su voluntad en desistirse de la acción constitucional en la diligencia de seis de junio de dos mil veintitrés, conforme al artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." En tales condiciones, ante el desistimiento manifestado y ratificado por la parte quejosa ante la presencia judicial, procede sobreseer en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las once horas con veinte minutos del nueve de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Oficio El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, informa las gestiones que realizó a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Consecuentemente, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta y se toma conocimiento de lo informado, para ser considerado en el momento procesal oportuno. No obstante, se requiere al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, remita copia certificada de las constancias de notificación de la diligencia de requerimiento de pago señalada para las diez horas del quince de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, se solicita nuevamente informe si ya se hicieron efectivas las multas impuestas a la Secretaría de Gobernación del Gobierno de Puebla por las siguientes cantidades: a) ********************en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós (fojas 74 a 76). b) ******************** en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós (fojas 114 a 115). c) ******************** en auto de siete de diciembre de dos mil veintidós (fojas 123 a 124). d) ******************** en auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés(fojas 123 a 124). Asimismo, deberá informar respecto de las multas impuestas en auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, ello en razón de que fue una medida dictada en razón a la falta de cumplimiento a la Secretaria de Gobernación del Gobierno de Puebla, y en caso de seguir con evasivas en el retardo en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se harán efectivas las multas decretadas en autos a la autoridad responsable.

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