Benjamín Arellano Orozco

Expediente 1254/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1254/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
06/12/2018

Partes del expediente

  • Benjamín Arellano Orozco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Glósese a los autos el oficio signado por la autoridad de mérito, con el cual acusa recibo de la comunicación 47204 a través del que se notificó la ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo en que se actúa y se remitió copia certificada del juicio de nulidad ***********, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Vistas las constancias que integran los autos, de las cuales se advierte que a la fecha de actuación no se ha informado a este órgano jurisdiccional, sobre la determinación que asumió en relación con la competencia declinada por este Juzgado por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por Benjamín Arellano Orozco, por propio derecho, en contra de actos atribuidos al Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades. En ese sentido, de la revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, la cual fue designada con el número de juicio de amparo 1326/2018. En consecuencia, gírese atento oficio vía interconexión al referido Juzgado.

  3. Principal

    ...agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual remite ocho copias del escrito inicial de demanda, mismas que le fueron solicitadas mediante acuerdo de ocho de noviembre del año en curso. Al respecto, acúsese recibo de estilo correspondiente. Ahora, toda vez que en auto de ocho de noviembre del año en curso, se reservó proveer respecto del contenido de la promoción "18871", hasta en tanto el Juzgado oficiante remitiera las copias de traslado que le fueron enviadas con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional, tomando en consideración que ya fueron remitidas las copias solicitadas, se procede a proveer en los siguientes términos: Asimismo, este órgano jurisdiccional en estricto respeto al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el principio de expeditez en la impartición de justicia, no insiste en declinar la competencia propuesta. Cabe precisar que, la determinación asumida en el auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, relativa a remitir la demanda de amparo promovida por Benjamín Arellano Orozco, por su propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades, al Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México; se realizó con base a las reglas de competencia aplicables para el juicio de garantías, por tanto resulta pertinente reiterar los motivos por los cuales se arribó a tal determinación. Del escrito inicial de demanda se advierte que la parte promovente acude a este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado consistente en: De igual modo, de la lectura de la parte relativa del capítulo de "ANTECEDENTES", la parte promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) 4.- Lo es que el día veinticinco de octubre del presente año, mediante oficio No. M00/1795/2018, ordenaron a la Dirección del Instituto Tecnológico de Saltillo, por parte del Director General del Tecnológico de México, que el suscrito debía dejar la Subdirección de Servicios de Administrativos del Instituto Tecnológico de Saltillo. Por lo anterior me originó sorpresa conocer dicha determinación, ya que hasta esa fecha el suscrito desconocía el tener una instrucción para removerme de la función administrativa, pues en ningún momento el Director del Plantel o el Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, emitió una orden u oficio donde ordenara separarme de mi cargo. 5.- Es importante señalar a este Juzgado de Distrito, que el fundamento legal donde se determina el nombramiento de los Subdirectores y Jefes de Departamento, se encuentran establecidos en el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos, así como el Acuerdo que establece normas de la prestación de servicios del personal directivo y funcionarios docentes de los Institutos Tecnológicos dependientes de la Secretaría de Educación Pública. (.) 6.- Tal como se manifiesta, las facultades del Director General del Tecnológico Nacional de México, son inconstitucionales, ya que las mismas son emitidas bajo la aplicación de los artículos 1, 4, fracción I, así como el primer párrafo; artículo 8, fracción VI, del Decreto de creación del Tecnológico Nacional de México; y el Apartado "V", numerales 1 y 6 del Manuel de Organización General del Tecnológico Nacional de México, por lo que las mismas representan violaciones a mis derechos humanos, al ser normas que no definen el objeto, ámbito de aplicación, alcances y competencia que de manera expresa deban señalar en la norma jurídica. Al ser el día veinticinco de octubre del presente año, cuando ordenaron a la Dirección del Instituto Tecnológico de Saltillo, por parte del Director General del Tecnológico Nacional de México, que el suscrito debía dejar la Subdirección de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico de Saltillo, este es el que debe considerar como primer acto de aplicación de las normas tildadas como inconstitucionales en perjuicio del hoy quejoso. (.)" En ese sentido, de las transcripciones que anteceden, interpretadas en concordancia, este órgano jurisdiccional estima que los actos que por la presente vía reclama la parte quejosa, inciden sobre cuestiones de naturaleza netamente laboral, toda vez que la quejosa se duele del oficio M00/1795/2018 de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, por medio del cual a su dicho se le instruyó a la Dirección del Instituto Tecnológico de Saltillo por parte del Director General del Tecnológico Nacional de México, que debía dejar el cargo que dice ocupar como Titular de la Subdirección de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico de Saltillo, circunstancias que tienen naturaleza netamente laboral. Por lo anterior, este juzgado estima que en el presente caso la emisión del oficio que por esta vía reclama, no se rige por normas administrativas, de tal suerte que no podría analizarse los actos reclamados que ahora se combaten bajo la óptica de un asunto de tal carácter, sino que para analizar su constitucionalidad el juzgador del conocimiento requiere necesariamente verificar el cumplimiento de esas normas de índole netamente laboral basada en el puesto como "Subdirector de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico de Saltillo"; máxime que ésta Juzgadora considera que la relación que guarda la quejosa con las autoridades responsables, son como ya se dijo de naturaleza laboral, y por ende, las controversias que se susciten entre éstas, deben ser dirimidas por autoridades en materia laboral. Determinación a la que se arribó tomando en consideración la prelación relativa a la competencia, prevista en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, a saber, competencia por materia y posteriormente competencia por territorio, por lo que, a efecto de no retrasar el procedimiento, se provee en los siguientes términos: Así, conforme a la reclamación planteada mediante la presente vía constitucional, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza el primer párrafo de la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que al efecto establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo que se colige, que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado los actos reclamados, de tal manera que si la ejecución de los actos tildados de inconstitucionales; tuvieron ejecución material en el Estado de Coahuila, por ser en esa demarcación territorial donde se ejecutó el oficio ***, a través del cual dicho del quejoso, se instruyó a la Dirección del Instituto Tecnológico de Saltillo, por parte del Director General del Tecnológico de México, que debía dejar el cargo que dice ocupar como titular de la Subdirección de Servicios de Administrativos del Instituto Tecnológico de Saltillo, ubicado en el Estado de Coahuila; de ahí que este Juzgado Federal carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda de garantías. Es aplicable al caso, por el criterio que sostiene, la tesis visible en la página 90, Tomo 205-216, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA. ARTÍCULO 36, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Con la reforma al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo por decreto de 30 de diciembre de 1983, vigente a partir del 16 de marzo de 1984, se establece que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; que si éste ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, y que, cuando la resolución reclamada no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la hubiera emitido. El texto vigente del mencionado precepto legal no concibe ya la hipótesis de la resolución que con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse, por lo que aun en ese caso resulta aplicable el párrafo primero del numeral en comento.". En efecto, de admitir la demanda de garantías de que se trata, se considera que se estaría en contra de lo dispuesto por el sistema de reglas de competencia previsto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que ante todo, involucra a la facilidad que el legislador le otorga al justiciable para que tenga acceso a la justicia precisamente en el lugar donde tuvo ejecución el acto reclamado. Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda de garantías. En consecuencia, remítase al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en turno, el original de los autos 1254/2018 y ocho copias de traslado de la demanda. Asimismo, se solicita al Juzgado en mención, acuse recibo de la demanda mérito, y que de no tener inconveniente legal alguno haga del conocimiento de este juzgado la determinación que asuma sobre el particular. Lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente la presente determinación a la parte promovente, en atención a la Jurisprudencia 12/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: "... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado.". Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, en unión de la Secretaria Guadalupe Carmen Bonilla García, que autoriza y da fe. Doy fe. Jueza Secretaria

  4. Principal

    (141) Remítase la copia al perito señalado. Se concede el término que se indica,

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