Benjamín Álvarez Álvarez

Expediente 1940/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1940/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • Benjamín Álvarez Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se hace de conocimiento. Visto, hágase del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente sumario se continuará integrando de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía. Causa estado. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el diecisiete de noviembre del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Benjamín Álvarez Álvarez, contra actos de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, y Actuario de su adscripción. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Presidenta de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada del auto emitido el siete de junio de dos mil veintidós, en el juicio 3137/2014 de su estadística, así como las diligencias de notificación practicadas a las partes procesales por el fedatario de su adscripción el nueve y diez de los corrientes. En consecuencia, toda vez que las constancias de cuenta resultan ser parte integrante del informe justificado de la citada responsable, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena integrar a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 119 del citado ordenamiento, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe la responsable en comento, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; las cuales por ser documentos públicos se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, ya que fueron expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, de las citadas constancias y del estado procesal que guardan los autos, se advierte que, atendiendo al principio de celeridad procesal que rige el juicio de amparo, contenido en el artículo 17 constitucional, en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos humanos, nunca se hubiese realizado. En ese contexto, al cesar los efectos de acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. En ese sentido, de un análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado por la parte quejosa esencialmente consiste en lo siguiente: La omisión de la Junta responsable de notificar a la parte actora -aquí quejosa- el auto recaído a los escritos elevados por la misma, el veinte de noviembre de dos mil diecinueve y siete de febrero de dos mil veinte, en el contradictorio 3137/2014 de su índice. Ahora, de las constancias que anexó la junta responsable a su informe justificado y complementario, se advierte que el siete de junio de dos mil veintidós, emitió un acuerdo en la contienda 3137/2014 de su estadística, en el cual tuvo por recibidos los escritos presentados ante esa autoridad el veinte de noviembre de dos mil diecinueve y siete de febrero de dos mil veinte -mediante los cuales la representante legal de la parte actora había solicitado se señalara fecha y hora para el desahogo de la prueba de exhibición de dictamen pericial a cargo del licenciado Juan Carlos García González y solicitaba la liberación de los oficios correspondientes, a fin de requerir al citado profesionista- y determinó no era procedente su petición, en razón de que con anterioridad se había tenido por desierta dicha probanza; determinación que hizo del conocimiento de las partes contendientes el nueve y diez de noviembre anterior. En consecuencia, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional - veintiséis de octubre de dos mil veintidós-, el referido acto reclamado existía; empero, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio éste dejó de surtir sus efectos, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular, y sin dejar huella alguna sobre el inconforme que amerite ser borrada por el otorgamiento del fallo protector. Asimismo, no se soslaya que en el procedimiento laboral de origen pudieran existir otras violaciones procesales; sin embargo, atendiendo al acto reclamado y a los conceptos de Fecha correcta que se advierte de la lectura integral de la demanda, específicamente del concepto de violación vertido por la quejosa (foja 3), así como del informe justificado de la autoridad responsable (foja 18). violación que formuló la parte quejosa, no se advierte que existan motivos para suplir la deficiencia de la queja, tomando en consideración que la figura de la suplencia de la queja, tiene como objetivo suplir la deficiencia de los conceptos de violación en sede constitucional; es decir, en determinadas materias de acuerdo a lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se pueden corregir e incluso suplir los agravios encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado; no obstante, dicha institución no da pauta a que el órgano jurisdiccional varié el acto reclamado, y se pronuncie respecto de cuestiones no controvertidas por el peticionario de garantías, aun cuando estas representen violaciones manifiestas en el proceso de origen, puesto que dichos tópicos, no forman parte de la contienda constitucional. Brinda sustento jurídico por analogía la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 567, tomo III, Mayo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable". En tales condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia clave 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999, Novena Época; materia Común; página 38, voz y texto que dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia clave 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Febrero de 1998; materia Común, página 210; de rubor y contenido que dicen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las diez horas con cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo que se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y comuníquese lo anterior a las partes.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco; ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo cuenta, se provee; téngase por recibido el escrito signado por Juan Manuel Contreras López, autorizado de la parte quejosa Benjamín Álvarez Álvarez, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, proporciona el domicilio actual, correcto y completo de la parte tercero interesada "Elías Moreno Santes; y, Montreal Construcciones, sociedad anónima de capital variable". En consecuencia, se comisiona al actuario adscrito para que se constituya en el domicilio que menciona la parte quejosa en el escrito de cuenta, y emplace legalmente a juicio a la parte tercero interesada en comento por sí o por conducto de quien legalmente los represente, corriéndoles traslado con copia de la demanda, auto admisorio y el presente proveído, haciéndoles saber la fecha y hora fijada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintidós), así como el derecho que tienen de apersonarse a juicio, si a sus intereses conviene. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Presidenta de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, rindiendo su informe justificado. Al efecto, agréguese a estos autos para que obre como en derecho corresponda. Con apoyo en el artículo 119 del citado ordenamiento, se tiene por anunciada las pruebas documentales que exhibe, consistente en copia certificada de los escritos elevados por la representante legal del aquí quejoso en el juicio 3137/2014 de su estadística, mismos que cuentan con sello de recibo de veinte de noviembre de dos mil diecinueve y siete de febrero de dos mil veinte, así como el proveído dictado en el citado procedimiento laboral el siete de junio del año que transcurre, sin perjuicio de que sea tomada en cuenta en la audiencia respectiva. Póngase a la vista de las partes el informe de mérito, para los efectos legales procedentes. Finalmente, cabe mencionar que, aún y cuando la autoridad oficiante, en el informe de cuenta, hace alusión a que dirige su informe al juicio de amparo 1798/2022 de la estadística de este órgano de control constitucional, dicho informe se agrega al juicio en que se actúa, en razón de que los demás datos corresponden a estos autos.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE TERCERA INTERESADA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS LOS AUTOS DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y EL DIVERSO DE 28 DE OCTUBRE DE 2022, QUEDANDO EN ESTA FECHA EMPLADA A JUICIO.

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