Benjamin Alan Tristan Ruiz
Expediente 704/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 704/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Benjamin Alan Tristan Ruiz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de nueve de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda promovida por Benjamín Alán Tristán Ruíz, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, este expediente es susceptible de destrucción. Notifíquese.
- Principal
VISTA LA DEMANDA DE AMPARO SE DESECHA DE PLANO LA MISMA POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. N.P.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO CON FECHA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Vista la demanda de amparo promovida por Benjamín Alán Tristán Ruíz, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Mesa Uno Investigadora adscrita al Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, con cinco copias y tres anexos que acompaña, por una omisión que considera violatoria de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 704/2018-II. En ese sentido, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, el promovente del amparo refiere, bajo protesta de decir verdad, que: a) Que es parte ofendida dentro de los autos de la querella penal por el delito de robo calificado, presentada ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito al Municipio de Villa de Zaragoza, San Luis Potosí, registrándose bajo el número de expediente 135/2013, del índice de dicha autoridad, misma que fue remitida al Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Mesa Uno Investigadora adscrito al Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, quedando registrada con el número 21/2014 de su índice oficial de registros, por la misma autoridad. b) Por otra parte, manifiesta que el cuatro de julio de dos mil dieciocho, por conducto de su hermana Joanna Jacqueline Tristán Ruíz, presentó una promoción ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Mesa Uno Investigadora adscrito al Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, la cual dicha autoridad se negó a recibirla. Lo anterior, explica, sin que a la fecha se hubiese consignado la averiguación de mérito ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. Situación que constituye la omisión que por esta vía se combate. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. En el caso, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional; dispositivos que en lo conducente establecen: Ley de Amparo. Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Del precepto constitucional transcrito se advierte que la víctima u ofendido del delito, carácter que en el caso ostenta el promovente, tiene derecho a impugnar ante el juez de control las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Por su parte, el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, previene: Artículo 109. Derechos de la Víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables. Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Acorde con dichos preceptos legales, se deriva que entre los derechos de las víctimas u ofendidos se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar por parte de dicha institución; por tanto, si como se ha visto, en el caso el acto reclamado consiste precisamente en la omisión por parte del agente del Ministerio Público del Fuero Común, Mesa Uno Investigadora adscrito al Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, de recibir las promociones que el ofendido le presente para dar impulso a la investigación; es claro que tal omisión es susceptible de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de la fracción XXI del transcrito artículo 109, en relación incluso con el diverso ordinal 133, fracción I, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este último reconoce competencia del Juez de control para ejercer las atribuciones que ese código le reconoce, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Ahora, es de resaltarse que en el caso, el acto reclamado no se trata de una resolución de abstención de investigar que decrete el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad o de no ejercicio de la acción penal, de aquellos a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuyos casos procede su impugnación ante el Juez de control; sino, se insiste, en una omisión por parte de la representación social en recibir las promociones del ofendido para integrar la carpeta de investigación respectiva y, como consecuencia, la omisión en consignar los hechos respectivos ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; por lo que, en ese sentido, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en sus facultades de investigación, como en el caso, pueden ser analizadas por el Juez de control, en ejercicio del derecho de la víctima que establece el diverso numeral 109, fracción XXI, de la codificación nacional en cita, en correlación con la propia Constitución. De ahí que, se considera que previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debió hacer valer su derecho de impugnar la omisión de la autoridad responsable, ante el Juez de control, pues al derivar la omisión de que se duele de la etapa de investigación, corresponde su análisis al citado juzgador, quien tiene competencia para realizar sus atribuciones precisamente desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Al respecto se cita, por las razones que la sustentan, la tesis jurisprudencial 27/2018 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 233/2017. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, misma que fue aprobada en sesión privada de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Asimismo, se cita, por las razones que la sustentan, la tesis XVIII.1o.P.A.2 P (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, visible en la página 2141 del libro 42, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de mayo de 2017, con registro 2014279, que dice: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." No pasa desapercibido para este órgano de control constitucional, que el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo contra las omisiones del Ministerio Publico en la investigación de los delitos; empero, conforme al principio de definitividad, se estatuye que el juicio de amparo únicamente será procedente cuando contra el acto reclamado se hayan agotado previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma legislación establece. En ese orden, el juicio de amparo indirecto es igualmente improcedente cuando el acto reclamado puede ser combatido mediante un juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; circunstancia que encuentra su explicación en el hecho de que conforme con los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, mismos que están previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal procedimiento debe procurar siempre el régimen de seguridad jurídica y la preservación de los derechos humanos de la persona. Por tanto, si el impetrante tuvo a su alcance un medio de impugnación eficaz para impugnar la omisión de que se duele, pero no lo agotó previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta instancia constitucional; y, por ende, como se dijo, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las relatadas condiciones, en términos del diverso ordinal 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Notifíquese personalmente este acuerdo al promovente en el domicilio que para tal efecto señala, teniéndose como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rafael Martín Esquivel Garay, quien tiene su cédula 2536237, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Por último, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados.
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