Benito Salinas Santamaría

Expediente 283/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
283/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
18/04/2023

Partes del expediente

  • Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
  • Benito Salinas Santamaría y Otros.
  • Benito Salinas Santamaría

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en función de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que mediante oficio sin número de cuatro de abril de dos mil veintitrés, el Presidente Municipal, Síndica Procuradora y Representante Legal, Director de Seguridad Pública, Primer Comandante y Jefe de Grupo, todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero (autoridades responsables), remitieron el acuse de recibo del oficio número PAGP/030/2023 de tres de abril de dos mil veintitrés, por el que atendieron la solicitud presentada por el quejoso Benito Salinas Santamaría, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, relativa a la expedición de los resultados del examen de control y confianza, motivo de reclamo en la presente vía constitucional. Luego, mediante proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. El proveído de referencia, se notificó personalmente a la parte quejosa el diez de abril de dos mil veintitrés; sin haber hecho alguna manifestación, por lo que este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a Benito Salinas Santamaría, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. I. Ejecutoria. Mediante ejecutoria de dos de marzo de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, confirmó la sentencia de amparo emitida por este órgano jurisdiccional mediante la cual se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto que las autoridades responsables [1] Ayuntamiento (representado por la Síndica), [2] Presidente, [3] Síndica Procuradora, [4] Director de Seguridad Pública, [5] Primer Comandante y [6] Jefe de Grupo, todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, realizaran lo siguiente: Dentro sus facultades legalmente conferidas, con plenitud de jurisdicción pero de manera fundada y motivada (en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales), emitieran una determinación en donde, atendieran la petición (oficio 01) que les fue presentada por Benito Salinas Santamaría, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, relativa a la expedición de los resultados del examen de control de confianza. Notificaran tal determinación a Benito Salinas Santamaría, y remitieran a este órgano jurisdiccional las constancias con las que demostraran el cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. Una vez que por auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia amparadora, se requirió su cumplimiento al [1] Ayuntamiento (representado por la Síndica), [2] Presidente, [3] Síndica Procuradora, [4] Director de Seguridad Pública, [5] Primer Comandante y [6] Jefe de Grupo, todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. II. Trámite de la autoridad responsable. A fin de dar cumplimiento, el [1] Ayuntamiento (representado por la Síndica), [2] Presidente, [3] Síndica Procuradora, [4] Director de Seguridad Pública, [5] Primer Comandante y [6] Jefe de Grupo, todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, mediante oficio sin número de cuatro de abril de dos mil veintitrés, remitieron el acuse de recibo del oficio número PAGP/030/2023 de tres de abril de dos mil veintitrés, por el que atendieron la solicitud presentada por el quejoso Benito Salinas Santamaría, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, relativa a la expedición de los resultados del examen de control y confianza, motivo de reclamo en la presente vía constitucional. III. Verificativo de cumplimiento. De lo expuesto, se aprecia que las autoridades responsables sí cumplieron con los efectos de la ejecutoria de amparo, dado que como se justificó mediante oficio número PAGP/030/2023 de tres de abril de dos mil veintitrés, se notificó la respuesta a la solicitud presentada por el quejoso Benito Salinas Santamaría, el dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, relativa a la expedición de los resultados del examen de control y confianza; razones por las que se estima que la responsable se apegó a los lineamientos del fallo federal. IV. Conclusión. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria federal en su totalidad sin exceso ni defecto, pues la autoridad efectuó exactamente lo que le fue ordenado. V. Archivo. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto; En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, incisos a) y b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DEPURABLE, en su totalidad, porque se concedió la protección constitucional. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante la Secretaria Viridiana López González, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos de cuenta signado respectivamente por el Presidente Municipal, Síndica Procuradora y Representante Legal, Director de Seguridad Pública, Primer Comandante y Jefe de Grupo, todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero (autoridades responsables), mediante el cual en cumplimiento de la sentencia de amparo, remiten el acuse de recibo del oficio número PAGP/030/2023 de tres de abril de dos mil veintitrés, por el que atendieron la solicitud presentada por el quejoso Benito Salinas Santamaría, el dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, relativa a la expedición de los resultados del examen de control y confianza, motivo de reclamo en la presente vía constitucional. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copias del oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. En el entendido que, la vista otorgada únicamente a la parte quejosa y no a la tercera interesada, no constituye un impedimento para pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos, toda vez que el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorga facultad discrecional al órgano jurisdiccional para dar vista con dicho cumplimiento a la parte que pudiera inconformarse. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante la Secretaria Viridiana López González, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo ********************; asimismo, envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el Amparo en Revisión Administrativa ********************. Acúsese el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Registro de Expedientes (SISE). Ahora y apareciendo que la Superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "[.] PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por propio derecho, en lo concerniente al acto reclamado a las potestades aquí relacionadas como [1], [2], [3], [4], [5] y [6]; en virtud de lo argumentado en el considerando QUINTO y para los efectos precisados en el diverso considerando SEXTO de la sentencia impugnada." En consecuencia, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión interpuesto; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables [1] Ayuntamiento (representado por la Síndica), [2] Presidente, [3] Síndica Procuradora, [4] Director de Seguridad Pública, [5] Primer Comandante y [6] Jefe de Grupo, todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de ********************, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumplan con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que las obliga a: Dentro sus facultades legalmente conferidas, con plenitud de jurisdicción pero de manera fundada y motivada (en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales), emitir una determinación en donde, atiendan la petición (oficio 01) que les fue presentada por ********************, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, relativa a la expedición de los resultados del examen de control de confianza. Notificar tal determinación a ********************, y remitir a este órgano jurisdiccional las constancias con las que demuestre el cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercíbase al [1] Ayuntamiento (representado por la Síndica), [2] Presidente, [3] Síndica Procuradora, [4] Director de Seguridad Pública, [5] Primer Comandante y [6] Jefe de Grupo, todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de ********************, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria a quien incumpla se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diez de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio enviado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Acapulco Guerrero mediante el informa que dicho órgano jurisdiccional admitió el recurso de revisión registrándolo bajo el número de amparo en revisión administrativa ****; por tanto glósese a los autos del cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo *****. Notifíquese.

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