Benito Raúl Méndez Espinosa

Expediente 1644/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1644/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Benito Raúl Méndez Espinosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    ...De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, ..fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, intégrese el cuaderno incidental respectivo y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción...

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación secretarial de cuenta se advierte que a la fecha han transcurrido los cinco días que se le otorgaron a la parte quejosa para que exhibiera la garantía que se le fijó en la resolución interlocutoria de once de octubre de dos mil veintitrés, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, deja de surtir sus efectos la medida de suspensión decretada en la resolución interlocutoria antes mencionada; por consiguiente, hágase del conocimiento lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Décima Época Registro digital: 2008029 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Materias(s): Común Tesis: I.3o.C.47 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV Tipo: Aislada Página: 3040 SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER EX OFFICIO DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. La autoridad de amparo (trátese de Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito), como perito en derecho y rector del procedimiento, tiene el deber ex officio de estar al pendiente del debido cumplimiento de los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo, en relación con la suspensión para, en caso de que el quejoso incumpla el requisito de efectividad consistente en exhibir la garantía fijada, informar a la autoridad responsable, inmediatamente fenecido el plazo de gracia que estableció el legislador (cinco días), que está en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Deber que se justifica, por lo que atañe al amparo judicial civil, en el respeto a la cosa juzgada; el derecho a ejecutar la sentencia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, integrante de la tutela judicial efectiva que tiene la parte vencedora y la protección a su efecto útil, para evitar que la justicia se torne ilusoria, pues sin interés del condenado para suspender la ejecución, ni garantía de los posibles daños y perjuicios que llegaren a producirse si no obtiene un fallo favorable, no existe una razón válida para el mantenimiento de esa situación de hecho. Una interpretación contraria desnaturalizaría el noble propósito que tuvo el legislador al establecer la medida cautelar en mención, puesto que por simple inacción de la autoridad responsable, que como parte del juicio también debe estar al pendiente del procedimiento, la suspensión surtiría sus efectos de facto, esto es, sin ningún requisito legal de por medio, lo que es jurídicamente insostenible". De igual forma, tiene aplicación la tesis siguiente: "Novena Época Registro digital: 170577 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Materias(s): Común Tesis: I.15o.A.31 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Tipo: Aislada Página: 1823 SUSPENSIÓN. EL DERECHO DE EXHIBIR LA GARANTÍA EXIGIDA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS NO SE PIERDE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS FIJADO EN EL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO. Este precepto legal previene que la determinación que concede la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el agraviado no cubre dentro del plazo de cinco días los requisitos que se hayan exigido para suspender el acto reclamado, esto es, los conocidos como de efectividad a que se refieren los artículos 125, 135 y 136 de la Ley de Amparo, que dependen de la naturaleza del acto reclamado y se constituyen por aquellas condiciones que el quejoso debe cumplir para que surta efectos la suspensión, es decir, para que opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias; requisitos que, a diferencia de los de procedencia, se refieren a la generación de los efectos de dicha medida. En esos términos, es posible que se conceda la suspensión por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse cumplido los señalados en la ley para su efectividad; de ahí que no tiene el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues en el primer caso, deja de tener vigencia y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse acatado la condición que se impuso. Por consiguiente, tratándose de la garantía que se requiere para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, si la parte quejosa deja de exhibirla dentro del mencionado plazo, esto no significa que la medida cautelar quede anulada o revocada, sino sólo que no puede surtir sus efectos y que se encuentran expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado. Sobre tales premisas, no debe entenderse que la parte quejosa pierde el derecho de otorgar la garantía requerida una vez transcurridos los cinco días que contempla el artículo 139 de la Ley de Amparo, sino que la medida sólo dejará de surtir efectos y los recobrará cuando se cubra ese requisito exigido para su efectividad". Notifíquese. Así lo resolvió y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio del Juez Décimo Primero Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual remite copia certificada de lo siguiente: Auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, en el que ordenó dejar sin efectos el aseguramiento e inmovilización sobre la camioneta marca ********************, tipo ********************, doble cabina, modelo ********************, placas ******************** con número de serie ********************, y ordenó girar oficio al Subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, a fin de notificarle tal determinación. Oficio SPF-SI-CGENyASF-DI-SCV5180/2023, de diez de julio de dos mil veintitrés, en el que el Subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, informa al Juez responsable que levantó el aseguramiento del vehículo con número de placa ********************, y número de serie ********************. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con las constancias de cuenta, por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la autoridad responsable; se apercibe a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido vía electrónica el oficio y anexo de cuenta, con evidencia criptográfica de la Jueza Primero de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, Especializada en Juicios Orales, por el que comunica el auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio oral mercantil ********************, del índice del juzgado a su cargo. En ese contexto, del estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose de las constancias que constituyen el informe justificado y el contenido del auto de trece de octubre de dos mil veintitrés dictado en el juicio oral mercantil ******************** -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, que en esa propia data -trece de octubre de dos mil veintitrés- la Jueza Primera de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, Especializada en Juicios Orales, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, y en acatamiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo directo D- ********************, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, dejó insubsistente la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, así como todo lo actuado en el aludido expediente, a partir de la etapa relativa a la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, con excepción de la determinación que resolvió lo inherente a la excepción de incompetencia por declinatoria resuelta por el entonces Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, en el expediente identificado como "incompetencia por declinatoria 3/2022" de su índice. En razón de lo anterior y en atención a la ejecutoria de amparo, ordenó la reposición del procedimiento en el expediente natural con la finalidad de enmendar la infracción adjetiva que se advirtió por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y señaló como hora y fecha para la celebración de la audiencia preliminar en ese procedimiento, las catorce horas del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, la cual tendrá verificativo mediante el uso de videoconferencia a través de la aplicación Cisco Webex Meetings; asimismo, ordenó girar oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla, a fin de que deje sin efectos el embargo decretado sobre el bien consistente en: "********************, con folio real inmobiliario número ********************" a nombre del demandado ********************." -aquí quejoso-. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de demanda, se advierte que ********************, reclama del Juez Primero de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla el auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés dictado en el juicio oral mercantil ******************** por medio del cual ordenó girar despacho al Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla a efecto de que comisione al Diligenciario de su adscripción para que junto con la parte tercera interesada se constituya en el domicilio ubicado en ******************** y proceda requerir al aquí quejoso o en su caso a los ocupantes, para que dentro de tres días hábiles realice la entrega material del citado inmueble a la adjudicataria ********************. En esas condiciones, como se adelantó, del contenido del auto de trece de octubre de dos mil veintitrés dictado en el juicio oral mercantil ********************, se advierte que la Jueza Primera de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, Especializada en Juicios Orales, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, y en acatamiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo directo D- ********************, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, dejó insubsistente la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, así como todo lo actuado en el aludido expediente, a partir de la etapa relativa a la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, con excepción de la determinación que resolvió lo inherente a la excepción de incompetencia por declinatoria resuelta por el entonces Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, en el expediente identificado como "incompetencia por declinatoria 3/2022" de su índice. En razón de lo anterior y en atención a la ejecutoria de amparo, ordenó la reposición del procedimiento en el expediente natural con la finalidad de enmendar la infracción adjetiva que se advirtió por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y señaló como hora y fecha para la celebración de la audiencia preliminar en ese procedimiento, las catorce horas del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, la cual tendrá verificativo mediante el uso de videoconferencia a través de la aplicación Cisco Webex Meetings; asimismo, ordenó girar oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla, a fin de que deje sin efectos el embargo decretado sobre el bien consistente en: "********************, con folio real inmobiliario número ********************" a nombre del demandado ********************." -aquí quejoso-. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]." Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no surtir efectos. Es de suma importancia advertir que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación y; b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. En ese sentido, del contenido del auto de trece de octubre de dos mil veintitrés dictado en el juicio oral mercantil ********************, se advierte que la Jueza Primera de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, Especializada en Juicios Orales, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, y en acatamiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo directo D- ********************, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, dejó insubsistente la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, así como todo lo actuado en el aludido expediente, a partir de la etapa relativa a la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, con excepción de la determinación que resolvió lo inherente a la excepción de incompetencia por declinatoria resuelta por el entonces Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, en el expediente identificado como "incompetencia por declinatoria 3/2022" de su índice; asimismo, ordenó la reposición del procedimiento en el expediente natural, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar en ese procedimiento, y ordenó girar oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla, a fin de que deje sin efectos el embargo decretado sobre el bien consistente en: "********************, con folio real inmobiliario número ********************" a nombre del demandado ********************." -aquí quejoso-. En este sentido, se actualiza la causal de improcedencia antes precisada, en el supuesto de sustitución procesal, ya que de lo antes reseñado, se advierte que el auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés dictado en el juicio oral mercantil ******************** por medio del cual la Jueza Primera de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, Especializada en Juicios Orales ordenó girar despacho al Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla a efecto de que comisione al Diligenciario de su adscripción para que junto con la parte tercera interesada se constituya en el domicilio ubicado en ******************** y proceda requerir al aquí quejoso o en su caso a los ocupantes, para que dentro de tres días hábiles realice la entrega material del citado inmueble a la adjudicataria ********************, y que constituye el acto reclamado en análisis, fue sustituido por el auto de trece de octubre de dos mil veintitrés dictado en el referido juicio oral mercantil, que dejó insubsistente la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, así como todo lo actuado en el aludido expediente, a partir de la etapa relativa a la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, con excepción de la determinación que resolvió lo inherente a la excepción de incompetencia por declinatoria resuelta por el entonces Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, en el expediente identificado como "incompetencia por declinatoria 3/2022" de su índice, y ordenó la reposición del procedimiento en el expediente natural, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia preliminar en ese procedimiento y ordenó girar oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla, a fin de que deje sin efectos el embargo decretado sobre el bien consistente en: "********************, con folio real inmobiliario número ********************" a nombre del demandado ********************." -aquí quejoso-. De ahí, que al haber cesado los efectos del acto reclamado, por sustitución procesal, resulta ocioso examinar su constitucionalidad; toda vez que ya no está surtiendo sus efectos, al ser el auto de trece de octubre de dos mil veintitrés dictado en el juicio oral mercantil ********************, el que rige la situación jurídica de la parte quejosa. Cobra aplicación el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que con el número I.3º.C.92 K, aparece publicado en la página 1491, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165870, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Igualmente aplicable resulta el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que con el número III.3o.C.23 K, aparece publicado en la página 410, del Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 199560, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente." En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, se tiene por recibido vía electrónica el escrito de cuenta de ********************, sociedad anónima, institución de banca múltiple,********************, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas ********************, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, al tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, por medio del cual se apersona al presente juicio de amparo en su carácter de parte tercera interesada. Atento a lo anterior, con fundamento en el inciso b, fracción III, del artículo 5º, de la Ley de Amparo, se tiene a ********************, sociedad anónima, institución de banca múltiple,********************, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas ******************** por apersonada en el presente asunto en su carácter de parte tercera interesada, y por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito electrónico de mérito. De igual forma, se tienen por autorizados en términos de lo dispuesto por el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo a ********************y ********************, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; y, por autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos en términos del segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y ********************, por no encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el referido Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que, una vez que éstos últimos registren sus cédulas profesionales, se tendrán por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada con número de registro 175204, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1188, Tomo XXII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA." Por otro lado, con apoyo en los artículos 35, 36, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se otorgan los permisos necesarios a la parte tercera interesada para el acceso al expediente electrónico dado que el usuario "********************", se encuentra registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y para que se notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales del presente juicio de amparo al usuario antes mencionado, por haberlo solicitado así expresamente la aludida parte tercera interesada. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la parte promovente haya señalado domicilio físico para recibir notificaciones, dado que en el escrito que se provee solicitó de manera expresa la autorización para que las notificaciones del presente juicio de amparo se realicen de forma electrónica al usuario proporcionado. No obstante, este juzgado de Distrito se da por enterado del domicilio físico mencionado. Se comisiona a la Oficial Judicial "A" para realizar las gestiones necesarias a efecto de que el mencionado usuario esté en posibilidad de acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente dentro del presente juicio de amparo. Por otro lado, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se tiene a la parte tercera interesada señalando como correo electrónico el que refiere en el escrito de cuenta, para que se establezcan comunicaciones no procesales y no para que se le notifique por dicho medio. De igual forma, se autoriza a la parte tercera interesada para imponerse de los autos del presente juicio de amparo mediante uso de cámaras, grabadoras, escáneres, lectores ópticos o cualquier otro tipo de naturaleza análogos. Por tanto, el expediente queda a disposición en la secretaría de este juzgado federal para que -en su caso- obtenga una reproducción electrónica de los autos que integran este juicio de amparo, observando en todo momento los lineamientos y medidas señaladas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, concretamente al proceso para la consulta de expedientes y comparecencias. Además de que se deberá asentar razón para que obre en autos. Sirve de apoyo a lo que precede, la tesis I.1o.A.23 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, cuyo rubro es: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Ahora, por cuanto hace a la solicitud de la parte tercera interesada en el sentido de que se continúe el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que no es posible tramitarlo bajo dicha modalidad; esto es así, ya que la tramitación de los juicios en línea continuará con independencia de que la o las otras partes en un expediente continúen actuando en el esquema tradicional. Es decir, conforme a la entrada en vigor de dicho acuerdo los asuntos que se tramitaron bajo el esquema de juicio en línea seguirán de esta forma. Además con apoyo en los artículos 6, 9, 14 y 16 del diverso Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Dichos preceptos, en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 6. Las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de Firma Electrónica, en los términos precisados en este Acuerdo General." "Artículo 9. En los órganos jurisdiccionales a cargo del CJF, la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del PJF, conforme a las disposiciones del presente Acuerdo General y atendiendo a la normatividad aplicable en cada materia." "Artículo 14. [.] Adicionalmente, en el Portal se establecerán los vínculos necesarios para que las personas justiciables tramiten su FIREL y tengan acceso a la normativa que rige el sistema. También se podrá acceder al listado de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados, en términos del artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013." "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. [.]" De los preceptos transcritos, se advierte que las partes en el juicio podrán seguir el trámite del expediente de manera electrónica, empero se necesita la tramitación y obtención de la denominada firma electrónica, para que se pueda realizar la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes, promociones así como la consulta del expediente y la práctica de notificaciones. Es decir, para acceder a los servicios del portal en línea es necesario que los justiciables y las demás partes (quejoso, autoridades responsables y terceros interesados en su caso) cuenten con la firma electrónica reconocida por el Poder Judicial de la Federación, en la cual deberá proporcionar diversos datos como nombre, correo electrónico, CURP y crear un usuario con la respectiva contraseña. Amén de que para que se acrediten los supuestos del citado "juicio el línea" es necesario que todas la partes en el juicio de amparo hayan hecho la solicitud de que se realicen las notificaciones vía electrónica y proporcionen el usuario debidamente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; y en el caso, las restantes partes con excepción del Fiscal Ejecutivo Asistente adscrito a este juzgado no lo han hecho. De ahí que no es posible acceder a la petición de que la prosecución del presente juicio de amparo sea en línea. De manera que de una interpretación armónica de los artículos anteriormente citados, el juicio que desde su inicio se tramitó en "línea" seguirá tramitándose bajo dicha particularidad. En cambio, si un juicio se promovió en la forma tradicional este no puede transformarse, salvo, que todas las partes lo soliciten -previo cumplimiento de los requisitos-, y será en este caso cuando el juicio cambie de la modalidad tradicional a "juicio en línea". Notifíquese; y, personalmente al quejoso y vía electrónica a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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