Benito Ramírez Corona

Expediente 217/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
217/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • Benito Ramírez Corona

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y en atención al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte peticionaria del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, a través del que se desechó la demanda. Por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Orden de archivo. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Devolución de constancias. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención de las constancias que remitió como complemento a su informe justificado la autoridad responsable Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, devuélvasele y se solicita se sirva acusar recibo, previo glose de la portada del anexo correspondiente que se formó. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio que remite el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y anexos que al mismo acompaña, consistente en el juicio de amparo...en razón de que mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, declaró carecer de competencia legal, por territorio, para conocer del referido asunto; declinando dicha competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, atento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, el acto reclamado en el escrito inicial de demanda se hizo consistir en la resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el toca de apelación ...en la que la autoridad responsable confirmó el auto de...dictado en el expediente ********************, por el cual el Juez Mixto de Primera Instancia residente en Tancanhuitz, San Luis Potosí, admitió a trámite la demanda que dio origen a tal juicio ordinario civil reivindicatorio, en el que el aquí quejoso es parte demandada. En tal virtud, al coincidir con el juez declinante que el aludido acto reclamado tiene ejecución en el municipio de Tancanhuitz, San Luis Potosí, el cual se encuentra dentro de la jurisdicción de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, se acepta la competencia planteada en virtud del límite territorial a que se refiere el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por lo que este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de que se trata. Regístrese su ingreso en el libro de control electrónico respectivo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 217/2023-I-D Identificación de promovente. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de San Luís Potosí. Integración del expediente físico y electrónico. Se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio biinstancial tiene la potestad para desechar de plano la demanda, siempre que exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, es decir, que sea evidente y que no pueda ponerse en duda su actualización, al grado que, aun de admitirla a trámite, en la sentencia definitiva se llegaría a la misma conclusión y generaría el sobreseimiento en el juicio. Así, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y, en su caso, a los anexos que se acompañen, para así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aún en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni puedan desvirtuar su contenido. Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, establecen... De la interpretación sistemática de las porciones normativas citadas se arriba a la conclusión de que el juicio indirecto será improcedente, entre otros casos, contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, esto es, cuando no afecten materialmente algún derecho sustantivo tutelado a favor del gobernado, en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la seguridad jurídica y la propiedad. Como se aprecia de dicha transcripción, el referido numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece expresamente lo que debe entenderse por actos de imposible reparación -aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte- sin quedar comprendido en ellos los actos de carácter meramente procesal que causen un gravamen en grado predominante o superior; a diferencia del numeral 114, fracción IV, la legislación de Amparo abrogada, que únicamente establecía que el juicio de amparo era improcedente contra actos en el juicio que tuvieran sobre las personas o las cosas una ejecución que fuera de imposible reparación, sin precisar lo que debía concebirse por esto. En ese contexto, para que un acto pueda ser considerado como de imposible reparación sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Cabe precisar que, en concepto de este juzgado federal la aludida afectación material a derechos sustantivos debe ser inmediata y directa, es decir, que los efectos y consecuencias perniciosos se materialicen de inmediato en tales derechos y no queden pospuestos al resultado de otros actos posteriores como la sentencia definitiva que se emita en el juicio respectivo. Lo determinado anteriormente... Bajo tal panorama normativo, es evidente que en el caso que nos ocupa no se actualizan los supuestos establecidos por la Suprema Corte para considerar al acto aquí reclamado como de imposible reparación, pues se considera que aquél no afecta de manera directa, inmediata y actual alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, cuya afectación o sus efectos no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio natural, por haberse consumado de manera irreversible la violación de derecho alguno. En efecto, del análisis íntegro de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado es la resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el toca de apelación ********************, en la que la autoridad responsable confirmó el auto de ********************, dictado en el expediente ********************, por el cual el Juez Mixto de Primera Instancia residente en Tancanhuitz, San Luis Potosí, admitió a trámite la demanda que dio origen al juicio ordinario civil reivindicatorio, en el que el aquí quejoso es parte demandada, y que a su decir debió haberse requerido para que acreditará diversas cuestiones de procedibilidad antes de admitirla. Por ende, en concepto de esta juzgadora, el aludido acto reclamado (relacionado con un medio de impugnación hecho valer contra el auto de admisión de un juicio ordinario civil) no constituye un acto de ejecución irreparable porque no afecta materialmente, ni de manera inmediata y directa, derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados tanto en la Ley Suprema, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como pudieran ser la libertad, la vida, la integridad física, sus posesiones o derechos, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación del derecho fundamental respectivo, sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales que no necesariamente van a ocasionar que la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen sea desfavorable a sus intereses, pues bien pudiera ocurrir que dicho fallo sea propicio a sus reclamos extinguiéndose así la violación procedimental reclamada, sin dejar huella en su esfera jurídica. Máxime que, según se desprende de las constancias adjuntas al informe con justificación, en el citado proveído apelado, por el que se admitió a trámite el juicio ordinario civil, no se decretó algún tipo de medida o providencia precautoria que, en su caso, pudiera afectar algún derecho sustantivo de la parte solicitante del amparo, sino que la autoridad jurisdiccional de primer grado únicamente se limitó a admitir el controvertido de origen. Incluso, en caso de que el fallo sea desfavorable a los intereses de la parte aquí quejosa, aún se encuentra en aptitud de hacerlo valer como violación en el amparo directo que en su caso se promueva, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por tanto, como se adelantó, de lo expuesto se concluye que en relación con el aludido acto reclamado, se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, dado que aquél no constituye un acto de imposible reparación, y por ende, no es reclamable en vía de amparo indirecto. En esa tesitura, al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia que se ha estudiado, establecida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Autorizados. En otro contexto, téngase como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a los profesionistas señalados en la demanda, por contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Acceso a expediente electrónico y notificación electrónica. Como lo solicita la parte quejosa, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico, así como para recibir notificaciones del juicio que nos ocupa a través del usuario "********************", de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la Oficial Judicial "A" para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que el quejoso se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que puedan consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. En el entendido que de conformidad con el último párrafo del artículo 60 del citado Acuerdo General, la notificación se tendrá por hecha a partir de que la persona autorizada consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente constancia de notificación ante la falta la consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el numeral 62 de ese mismo acuerdo. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el expediente en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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