Benito Peña Vázquez
Expediente 962/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 962/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Benito Peña Vázquez
- Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobresee en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Devolución de documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/5024/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 962/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. Mediante escrito recibido el catorce de octubre del presente año, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, Benito Peña Vázquez, por conducto de sus apoderados, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 8, 13, 14, 16, 17 y 123 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de quince de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda, registrándola bajo el número 962/2021, por lo que ordenó el emplazamiento de las autoridades responsables. Previo los trámites de ley, en esta propia fecha, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Del Presidente y Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, ambos con residencia en esta ciudad: La omisión de acordar y señalar fecha dentro del término legal para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente ordinario 1A-1195/2020; y La omisión de notificar a las partes el acuerdo que en su caso hubiera recaído al ofrecimiento de pruebas. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Presidente y Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, negaron la existencia de los actos reclamados, sin embargo su existencia se corrobora del contenido de las constancias que adjuntaron al mismo, y de las que remitieron con posterioridad a solicitud de este órgano jurisdiccional, que consisten en copias certificadas del juicio ordinario laboral 1A-1195/2020. Constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de este último ordenamiento. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. No obstante la existencia de los actos reclamados, este Juzgado Federal, estima que en cuanto la omisión de acordar y señalar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, así como de notificar el acuerdo que hubiera recaído en relación con su ofrecimiento, dentro del expediente ordinario 1A-1195/2020, sobrevino la causa de improcedencia del juicio prevista de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo transcrito, se infiere que el legislador estableció como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto reclamado; es decir, la improcedencia opera cuando ocurre un acto de autoridad a través del cual los efectos del citado acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso, a manera de preámbulo cabe decir que de las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad responsable se advierte que el diecinueve de mayo del presente año se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro de los autos del juicio laboral 1A-1195/2020, en donde la parte actora y una de las demandadas ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes, y en ese mismo auto la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado reservó acordar respecto de su admisión o desechamiento, señalando que una vez emitido dicho acuerdo lo notificaría a las partes. Posteriormente el veintisiete de octubre siguiente se dictó auto de admisión respecto de la totalidad de las pruebas ofrecidas en los escritos correspondientes por las partes actora y demandada antes referidas; asimismo se comisionó al actuario de la adscripción para que notificar a las partes actora y demandada, así como a la perito designada por la parte actora para desahogar la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía que ofreció. La notificaciones de dicho acuerdo se practicaron el veintisiete de octubre y tres de noviembre de la presente anualidad, como se advierte de las constancias de notificación remitidas por las responsables. Ahora, se estima que se surte la citada causal de improcedencia, considerando que la Junta responsable el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, dictó auto de admisión respecto de la totalidad de las pruebas ofrecidas en los escritos correspondientes por las partes actora y demandada; mismo que fue notificado a las partes. En esa tesitura, es incuestionable que con posterioridad a la presentación de la demanda -catorce de octubre de dos mil veintiuno- la Junta responsable el veintisiete de octubre del año actual, dentro del expediente ordinario 1A-1195/2020, emitió el acuerdo en que admitió las pruebas ofrecidas y practicó su notificación. Lo que hace evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados toda vez que los actos de los que se pretendía el análisis constitucional, han dejado de interferir en la esfera jurídica del quejoso, puesto que las consecuencias que derivaban de los mismos y que, en su caso, le causaban agravio, ya no se materializarán. Por tanto, con dicha actuación se restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de unos actos que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable la Jurisprudencia de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que sea posible a través de este amparo verificar la violación a los derechos fundamentales del quejoso en que hubiera incurrido la responsable en el acuerdo en que señaló fecha y hora para el desahogo de los medios de prueba ofertados por las partes, dado que, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se reclaman violaciones a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el alcance de la protección constitucional debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. Por lo que, se insiste, ha cesado el acto reclamado a la autoridad responsable, ya que la trasgresión al derecho de administrar justicia en los plazos legales, que derivó de la omisión de acordar en cuanto a las pruebas ofrecidas por las partes, cesó con el pronunciamiento relativo. Atento a lo antes expuesto, es que se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXI, y por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por último, no se soslaya que la fiscal adscrita a este órgano jurisdiccional formulara los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Benito Peña Vázquez, por los actos precisados y las consideraciones expuestas en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Autoridad responsable cumple requerimiento y remite constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a los requerimientos que le fueron formulados en proveídos de tres y diez de noviembre del presente año, y al efecto remite copia certificada de la totalidad de las constancias relativas al ofrecimiento de pruebas, dentro del expediente ordinario laboral número ******************** de su índice, que le fueron solicitadas. Sin soslayar que la responsable indique dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, se reitera que el presente juicio se encuentra en trámite. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Pretende cumplir requerimiento. Téngase por recibido el oficio de cuenta y anexos, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de tres de noviembre del año en curso, remite copia certificada de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, así como las constancias de notificación realizadas a la parte actora y demandada, y a la perito designada por la parte actora, dentro del expediente laboral 1A-1195/2020. En atención a su contenido, sin que haya lugar a tener a la citada autoridad cumpliendo con lo requerido en el proveído antes señalado, toda vez que el requerimiento que se le formuló fue para que remitiera copia legible y certificada de la totalidad de las constancias relativas al ofrecimiento de pruebas, así como de la notificación a las partes del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente ordinario laboral número 1A-1195/2020 de su índice, ya que resultan necesarias para resolver el presente asunto. Sin soslayar que la responsable indique dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, el presente juicio se encuentra en trámite, por lo que las constancias requeridas son necesarias para el estudio del acto reclamado. Requerimiento. En consecuencia, requiérase nuevamente a la autoridad responsable para que cumpla con lo ordenado en el párrafo que antecede y remitan copia certificada de la totalidad de constancias requeridas, incluyendo el escrito de ofrecimiento de pruebas, lo anterior a efecto de estar en condiciones de determinar si todas las pruebas ofrecidas fueron acordadas y admitidas, para los efectos legales conducentes. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 260, fracción IV de la Ley de Amparo. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
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