Benito Padilla Ceniceros

Expediente 165/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
165/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • Román Pérez Pérez
  • Benito Padilla Ceniceros
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Amparo en revisión

    Agréguese el oficio 9981/202, firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, según se advierte de la evidencia criptográfica, mediante el cual acusa recibo del similar, por el que se remitió testimonio de la ejecutoria y los autos de origen. Toda vez que en la ejecutoria dictada, se modificó la sentencia recurrida y se sobreseyó el juicio de amparo, archívese el expediente y ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.

  2. Amparo en revisión

    PRIMERO. En la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************* contra los actos que reclamó de Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula 1-3 Zacatecas, Estado de Zacatecas y de la Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente sentencia Notifíquese

  3. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que trascurrió el término legal, sin que se hubiera interpuesto recurso de inconformidad en contra del auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal; en consecuencia se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar y por lo tanto, archívese el expediente y ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.

  4. Amparo en revisión

    Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "CUARTO. Resulta innecesario analizar las consideraciones sustentadas en la sentencia recurrida y los agravios propuestos en su contra, por advertir este tribunal colegiado que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo análisis es oficioso, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En este sentido, se tiene en consideración que tratándose del recurso de revisión en los juicios de amparo, el órgano revisor puede decretar el sobreseimiento si advierte alguna causa de improcedencia no apreciada por el resolutor federal, como se desprende de los artículos 62 y 93, fracción III, de la Ley de Amparo. Tales preceptos establecen las reglas que rigen al momento de estudiar y resolver el juicio de amparo y, en su caso, el recurso de revisión, de cuya interpretación conjunta permite establecer que cuando se trate de este último, si el tribunal colegiado advierte de oficio una causa de improcedencia no estudiada o diversa a la invocada por el juzgador debe proceder a su examen, al ser las causas de improcedencia de estudio preferente y de orden público en toda resolución de amparo, por tratarse de presupuestos de procedencia de la vía indirecta. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia P./J. 122/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.-Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de considerarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desconsiderado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme." Dicho criterio se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, porque si bien interpreta la Ley de Amparo abrogada, lo cierto es que no se contrapone con lo dispuesto en aquélla. En efecto, este Tribunal advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XII, del artículo 61 en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5. Son partes en el juicio de Amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." En efecto, las constancias remitidas para la resolución del recurso de revisión, revelan que Román Pérez Perez, por propio derecho demandó el amparo y protección de la Justicia federal, contra los actos de las autoridades siguientes: De la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula 1-3, Zacatecas, Estado de Zacatecas: "El acuerdo de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/ZAC/ZAC70000559/2020, mediante el cual determinó que al intervenir personal de gobierno como una empresa particular, el asunto debería ser resuelto por el Agente del Ministerio Público del fuero común; por tanto, remitió por incompetencia en razón de la "materia" el original de la carpeta aludida a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, a fin de e que siguiera conociendo de la indagatoria iniciada en contra de Román Pérez Pérez, por suponerlo responsable del delito previsto en el artículo 382, párrafo tercero, del Código Penal Federal. De la Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado: "El acuerdo de cinco de febrero de este año, en el cual, de manera tácita, aceptó la competencia declinada y, por ende, dio cuenta con el contenido de la denuncia interpuesta por parte de Brenda Verónica Madero Ruiz, por el delito de abuso de confianza, cometido en perjuicio de Gobierno del Estado de Zacatecas, en contra de Grupo Corporativo Urbis, sociedad anónima de capital variable, representada por Román Pérez Pérez; ordenó el inicio del legajo de investigación, registrándolo bajo el número 970/2021; y giró instrucciones a la Policía Ministerial del Estado a fin de que se continuara con la investigación de los hechos, así como la práctica de las diligencias necesarias para la identificación del posible autor del hecho punible o partícipe en él, así como las entrevistas pertinentes. La juez Tercero de Distrito a quien tocó conocer del asunto, en sentencia recurrida, sobreseyó en el juicio de amparo respecto del acuerdo de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/ZAC/000559/2020, a través del cual, la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula 1-3 Zacatecas, se declaró incompetente por materia, para conocer de la indagatoria iniciada en contra de Román Pérez Pérez, por suponerlo probable responsable del delito previsto en el artículo 382, párrafo tercero del Código Penal Federal; por considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII (aplicada a contrario sensu), esto es, por no constituir un acto definitivo, pues ello ocurre cuando el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta; lo anterior, con apoyo en la tesis de jurisprudencia que citó de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Por otra parte, concedió la protección constitucional contra el acuerdo de cinco de febrero de dos mil veintiuno, emitido por la Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Dirección de atención temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que aceptó la competencia declinada, por considerar que el acto reclamado (con carácter definitivo) carecía de la debida fundamentación y motivación exigida por el artículo 16 constitucional, en relación con los artículos 68 y 397 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ello, la autoridad de amparo resolvió: "En consecuencia, con fundamento en lo señalado por los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ante lo esencialmente fundado de los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso para que la Fiscal Ministerio Público adscrito a la Dirección de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado, realice lo siguiente: Dicte otro, en el sentido que jurídicamenteestime procedente, sea el mismo o en diverso, pero subsanando las deficiencias apuntadas en esta ejecutoria, esto es, deberá exponer una fundamentación y motivación debida. Esto, en el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte algún otro aspecto que de analizarse pueda darle mayor beneficio al impetrante que el advertido en esta ejecutoria." De los antecedentes relatados se advierte que los actos reclamados a través del juicio de garantías, fueron dictados durante la fase de investigación, la cual en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se define como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria, en las cuales Ministerio se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, lo cual torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos. Por consiguiente, la resolución del Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula 1-3 Zacatecas, mediante la cual se declara legalmente incompetente para conocer de hechos posiblemente constitutivos de delito razón por la cual remite la carpeta de investigación a su homólogo del fuero común, quien a su vez admite la competencia; no son resoluciones que pueden ser reclamables en amparo indirecto, toda vez que fueron emitidas en su fase de investigación, la cual es una facultad exclusiva encomendada por el artículo 21 de la Carta Magna, a la institución del Ministerio Público, por lo que dichas resoluciones de declaración de incompetencia y de competencia respectivamente, no son actos que vulneren la esfera de derechos del gobernado, ni que lesione por tanto su interés jurídico, porque no depende de éste la facultad relativa a decidir si los hechos puestos en conocimiento de la autoridad ministerial investigadora son de su competencia o no, pues aceptar lo contrario equivaldría a violentar el mandato supremo contenido en el precepto constitucional invocado. Orienta el criterio anterior, la tesis aislada definida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región con residencia en Saltillo, Coahuila, que se comparte, consultable en la página 2592, de la Gaceta del Semanario Judicial de la federación, Libro 33, Agosto de 2016, Materia Penal, Décima Época, registro 2012423, de rubro y contenido siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Así como la diversa tesis aislada definida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, que se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Página 2987, Materia Penal, Décima Época registro 2017560, de título y contenido que son: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular. Por consiguiente, atento a lo anterior, se difiere de las consideraciones expuestas por la juez federal, quien sobreseyó en el juicio respecto del acto atribuido al Ministerio público de la Federación Titular de la Célula 1-3 Zacatecas, a través del cual se declaró incompetente para conocer de la carpeta de investigación FED/ZAC/ZAC/0000559/2020, por considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción VIII (a contrario sensu), al no ser el acto reclamado un acto definitivo, pues en el particular, como ya se dijo, la falta de interés jurídico del quejoso deriva de la ausencia de afectación directa de algún derecho subjetivo y la falta de éste, genera la improcedencia del juicio de amparo por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con el artículo 5° fracción I, ambos de la ley de Amparo, cuyo estudio es de orden preferente a la invocada en la sentencia recurrida. En consecuencia procede confirmar el sobreseimiento por dicho acto aunque por una causa distinta a la considerada por la juez federal, y por lo que ve al diverso acto reclamado a la diversa autoridad Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado, procede revocar la sentencia recurrida, que concedió el amparo y protección de la justicia federal, pues el quejoso Román Pérez Pérez, en su calidad de víctima, toda vez que no se encuentra legitimado para acudir al juicio de garantías, al no verse afectado su interés jurídico, pues se insiste, las resoluciones que se reclaman, no se traducen en afectación alguna a su esfera jurídica, en términos de la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo; por lo tanto, como ya se dijo, se tiene por actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa con la causal de improcedencia de cuenta, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se elabore el correspondiente proyecto de resolución. Notifíquese

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