Benito Pablo Castellanos Juarez
Expediente 1345/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1345/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Benito Pablo Castellanos Juarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el proveído donde se tuvo por no presentada la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
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MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido en proveído de nueve de diciembre del año en curso, sin que la parte promovente cumpliera con la prevención realizada por este Juzgado en el mencionado acuerdo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, origen del presente expediente. Notifíquese personalmente y cúmplase. LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido en proveído de nueve de diciembre del año en curso, sin que la parte promovente cumpliera con la prevención realizada por este Juzgado en el mencionado acuerdo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, origen del presente expediente. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 1185/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, turnada a este Juzgado en la misma fecha, y recibido en este órgano jurisdiccional el tres de noviembre siguiente, INES JIMENEZ CABRERA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades siguientes: III. La autoridad o autoridades responsables: 1.- El Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2.- Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 3.- La Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar con Sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. IV. ACTOS DE AUTORIDAD RECLAMADOS. 1.- Respecto del Delegado Estatal de Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al ser parte demandada en el juicio administrativo es a quien le recae la obligación de cumplir con los efectos de la sentencia definitiva de fecha 20 de febrero de 2020, así como la sentencia interlocutoria de queja por omisión al cumplimiento con fecha de notificación por Boletín Jurisdiccional de 20 de septiembre de 2021, ambas citadas en el juicio contencioso administrativo federal 1886/19-PC3-5. 2.- En relación al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de igual forma recae en esta autoridad la obligación de cumplir con la sentencia definitiva de fecha 20 de febrero de 2020 tomando en cuenta el sentido de la sentencia interlocutoria de queja por omisión al cumplimiento con fecha de notificación 20 de septiembre de 2021, ambas citadas en el juicio contencioso administrativo federal 1886/19-PC3-5. 3.- En cuanto a la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar con Sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se reclama la omisión de vigilar y obligar a la autoridad demandada en el juicio administrativo con el número de expediente 1886/19-PC3-5 al cumplimiento inmediato de la sentencia definitiva e interlocutoria ya que debió de agotar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento definitivo al juicio." Invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió y se registró la demanda de amparo con el número 1185/2021, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Octavo de Distrito y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, publicado en el citado Diario, el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: De la Sala Regional del Sur del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez: - La omisión de realizar las acciones para hacer cumplir la sentencia dictada en el Juicio Contencioso Administrativo 1886/19-PC3-5 con fecha veinte de febrero de dos mil veinte. Del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca y del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. - La omisión de dar cumplimiento a la sentencia emitida por los Integrantes de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, en el Juicio Contencioso Administrativo 1886/19-PC3-5, con fecha veinte de febrero de dos mil veinte. TERCERO. La autoridad responsable, Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su informe justificado niega la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias de autos, concretamente de la sentencia de veinte de febrero de dos mil veinte, dictada en el expediente 1886/19-PC3-5 del registro de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, se aprecia que únicamente se vinculó al cumplimiento de la misma al Titular de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no así al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por tanto, es evidente que el acto que se le atribuye como reclamado resulta inexistente. En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, por lo que hace a dicha responsable. Consecuentemente, no se hará mayor pronunciamiento en relación a la causa de improcedencia citada por la mencionada autoridad señalada como responsable. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, no rindió informe justificado a pesar de haber quedado debidamente notificado de la petición de dicho informe, el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, según se advierte de la constancia de notificación que existe glosada a foja 34; de ahí que se presuma cierta la existencia del acto reclamado que le atribuye la parte quejosa, máxime que del contenido de las constancias remitidas en copia certificada por la Magistrada responsable, se aprecia que aquella autoridad es parte demandada en el citado juicio de nulidad y, por ende, está obligada al cumplimiento de la sentencia condenatoria; sin embargo, hasta la fecha de la presentación de la demanda aquella resolución no ha sido acatada por el referido Delegado. Por tanto, se tiene por cierta la omisión reclamada. Por su parte, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional Sur del Estado de México y Sala Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha manifestación de desvirtúa, pues de las constancias que remitió no se aprecia que en virtud de los actos que llevó a cabo durante la ejecución de la sentencia, a la fecha en que fue presentada la demanda hubiera logrado el cumplimiento del fallo definitivo. De ahí que los actos reclamados, se tienen como ciertos; se reitera, de las constancias que remitió la citada Sala responsable, en copia certificada, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierte que la sentencia no ha sido cumplida por las citadas responsables. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis visible en la página 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". QUINTO. Antecedentes. Para mejor comprensión del asunto, es necesario narrar algunos aspectos que se estiman relevantes para resolver la cuestión efectivamente planteada. De las copias certificadas del juicio contencioso administrativo 1886/19-PC3-5 del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México y Sala Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por remisión expresa del numeral 2º, de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: a) El veinte de febrero de dos mil veinte, los Magistrados que Integran la Sala Regional Sur del Estado de México y Sala Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el en el juicio contencioso administrativo 1886/19-PC3-5, resolvieron lo siguiente: "En consecuencia, procede declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad emita una resolución expresa en la que realice el cálculo de los incrementos a la cuota del accionante conforme a lo establece el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del 5º de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, en virtud de que el aquí actor adquirió el carácter de pensionista a partir del 16 de abril de 1999, por lo que estos incrementos los deberá hacer desde la fecha en que adquirió el carácter de pensionista en actor y hasta el 31 de diciembre de 2001. Mientras que los incrementos posteriores, los deberá realizar en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1º de enero de 2002, lo que se determina en tales términos. siempre y cuando el incremento realizado en estos términos, resulte más benéfico que aquél que legalmente le corresponde al solicitante, esto es, conforme al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, por lo que en caso contrario, deberá ceñirse a este último precepto." b) El veintitrés de agosto dos mil veintiuno, la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, dictó la interlocutoria de queja interpuesta por la parte actora INÉS JIMÉNEZ CABRERA, en el juicio de nulidad 1886/2019-PC3-5; inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y requirió a la autoridad demandada para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación, informe el cumplimiento de la sentencia de veinte de febrero de dos mil veinte. c) En proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, el Magistrado Instructor de la segunda ponencia de la Sala Regional Sur del Estado de México y Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, reiteró el requerimiento a la autoridad demandada Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de dicho acuerdo, comunique el cumplimiento dado a la sentencia interlocutoria de queja de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno y la sentencia definitiva de veinte de febrero de dos mil veinte, previniéndola que en caso de renuencia injustificada se le impondrá una multa en términos del artículo 58, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. Es aplicable la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 58/2010, XXXI, mayo de 2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, visible a página ochocientos treinta, Novena Época, con número de registro No. 164618, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad de la omisión reclamada. Son fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en los cuales plantea que el acto reclamado vulnera en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues hasta el momento no se ha dado cumplimiento a la sentencia definitiva de veinte de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo 1886/19-PC3-5. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.) El citado precepto establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Del artículo transcrito se advierte la obligación de toda autoridad encargada de administrar justicia de cumplir con los tres objetivos esenciales que debe reunir dicha impartición, a saber: Pronta. Se refiere a que las resoluciones que dicten los tribunales, deberán emitirse dentro de los plazos que fijen las leyes. Completa. Significa que antes de emitir la resolución que en derecho proceda, el Tribunal deberá examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos y resolver el caso de manera integral. Imparcial. Se traduce en que los tribunales por naturaleza propia deben dictar sus fallos con equidad y justicia, atentos al principio de igualdad procesal entre las partes; es decir, el juzgado debe tomar en cuenta todos y cada uno de los elementos y pruebas aportadas y resolver a favor de la parte que hubiese aportado elementos de convicción definitivos. Gratuita. Estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Plena ejecución. La cual versa en el sentido de que las resoluciones que constriñan a su acatamiento, tendrán que realizarse en la forma en que se haya fallado dentro de ella misma, es decir, deberá darse cumplimiento a lo resuelto por los órganos jurisdiccionales en los términos y condiciones que se dijeron en la misma, obligación a la que por regla general nadie puede eximirse alegando alguna circunstancia ajena a la litis. Estos atributos concernientes a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala, en la tesis visible en el Apéndice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo VI, común, P.R. SCJN, página 95, registro 922523, del texto siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Por otra parte, los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, concerniente al procedimiento de ejecución de sentencia, establecen: "ARTÍCULO 52. La sentencia definitiva podrá: I. Reconocer la validez de la resolución impugnada. II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. III. (Se deroga) IV. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 51 de esta Ley, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa. En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento. Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma. V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate. d) Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del Juicio Ordinario o un mes tratándose del Juicio Sumario de conformidad con lo previsto en el artículo 58-14 de la presente Ley, contados a partir de que la sentencia quede firme. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemnización que la Sala que haya conocido del asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 58 de esta Ley. El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental. Cuando para el cumplimiento de la sentencia, sea necesario solicitar información o realizar algún acto de la autoridad administrativa en el extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que se solicite realizar el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione dicha información o se realice el acto. Transcurridos los plazos establecidos en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo. En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. La sentencia se pronunciará sobre la indemnización o pago de costas, solicitados por las partes, cuando se adecue a los supuestos del artículo 6o. de esta Ley." ARTÍCULO 57. Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente: I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: a) Tratándose de la incompetencia, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar lo resuelto por la sentencia, siempre que no hayan caducado sus facultades. Este efecto se producirá aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana. b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de cuatro meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquél en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. Igualmente, cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, tampoco se contará dentro del plazo de cuatro meses el periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, previsto en dicho párrafo, según corresponda. Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada. Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma declare una nulidad lisa y llana. c) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la sentencia le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada. Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de juicios en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos. d) Cuando prospere el desvío de poder, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia. II. En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 52 de esta Ley. Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia". ARTÍCULO 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento." De los citados preceptos se advierte el procedimiento de ejecución de sentencias que fue diseñado para lograr el cumplimiento de las mismas de una forma eficaz, sencilla y rápida; además, que el tribunal fiscal se encuentra constreñido a realizar todas las gestiones administrativas necesarias a fin de lograr el cumplimiento del fallo que, en su caso, hubiere dictado, a través del procedimiento de ejecución. Resulta aplicable la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en el del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 15, febrero de 2015, tomo III, registro 2008521, del texto siguiente: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 57 Y 58 DE LA LEY RELATIVA, ES EFICAZ, SENCILLO Y RÁPIDO, A FIN DE HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES. El artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la independencia y autonomía del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para resolver los litigios y dictar sus fallos con base en su ley orgánica, brindando a los Magistrados que lo integran las condiciones necesarias para que administren justicia de forma independiente, imparcial y eficaz; sin embargo, conviene precisar que la autonomía e independencia del mencionado tribunal, no sólo se hace patente en el dictado de sus fallos, sino también en la ejecución para el cumplimiento de sus propias determinaciones, toda vez que para lograr lo anterior, tiene a su alcance un procedimiento específico para la ejecución de sentencias, previsto en los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En tal virtud, el tribunal fiscal se encuentra constreñido a realizar todas las gestiones necesarias a fin de lograr el cumplimiento del fallo que, en su caso, hubiere dictado, a través del procedimiento de ejecución, consistente en la imposición de una multa a la autoridad demandada y a su superior; dar vista a la contraloría interna correspondiente de los hechos, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario causante del incumplimiento y el seguimiento a ese procedimiento; el que es eficaz, sencillo y rápido, a fin de hacer cumplir sus determinaciones." En el caso, del análisis de las constancias que integran este asunto, se advierte lo siguiente: I. La Sala Regional Sur del Estado de México y Sala Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, el veinte de febrero de dos mil veinte, dictó la sentencia definitiva correspondiente en el expediente 1886/19-PC3-5, en la cual en esencia determinó: II. Que el Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal, dentro del plazo de los CUATRO MESES, debía emitir una resolución en la que otorgara a la quejosa, los incrementos determinados en sentencia. III. Asimismo, se advierte que la Sala Regional Sur del Estado de México y Sala Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, solo realizó dos requerimientos, uno en interlocutoria de veintitrés de agosto y auto de tres de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, al Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que cumpliera con la citada sentencia definitiva de veinte de febrero de dos mil veinte, con los apercibimientos respectivos; sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento a la sentencia. A pesar de ello, la Sala Regional Sur del Estado de México y Sala Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, no ha realizado todos los actos que establece el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para asegurar el pleno cumplimiento de la sentencia. En su defecto lo siguiente: 1. Ante el incumplimiento de la sentencia por parte del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Oaxaca, debió requerir el cumplimiento de ese fallo en el plazo de tres días por medio de su superior jerárquico, siendo el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en la Ciudad de México. 2. Si a pesar de ese requerimiento continuara el incumplimiento de la sentencia, deberá imponer al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en la Ciudad de México, una multa como medio de apremio. 3. En otro apartado, si la Sala Regional Sur del Estado de México y Sala Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, considerara que por la naturaleza de la sentencia y en caso de que así lo permita, podrá comisionar a un funcionario jurisdiccional dentro del organigrama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. 4. Finalmente, la Sala Regional Sur del Estado de México y Sala Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, tiene la facultad de poner en conocimiento de la Contraloría Interna del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado los hechos, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Lo anterior evidencia que las autoridades responsables han violado, en perjuicio de la parte quejosa, el principio de impartición de justicia completa y expedita a que se refiere el artículo 17 constitucional; pues, sin causa justificada, han retardado dar cumplimiento total a la sentencia de treinta de agosto de dos mil diecinueve, que dictó la Sala Regional Sur del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, en el expediente 1886/20-PC3-5. En efecto, porque, como se indicó, los efectos de dicha determinación fueron los siguientes: a). Que el Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de cuatro meses, debía emitir una resolución en la que otorgara a la quejosa, los incrementos determinado en sentencia. b). Debería efectuar el pago a la quejosa de diversas cantidades en una sola exhibición, cuyo cálculo debería atender a diversas prestaciones. Por tanto, la sentencia definitiva de veinte de febrero de dos mil veinte, que dictó la Sala Regional Sur del Estado de México y Sala Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, en el expediente 1886/20-PC3-5, ni distinta en que se resolvió el recurso de quejosa, no se encuentran cumplidas. Así, al no existir constancias que acrediten el cumplimiento total de lo sentenciado en autos del expediente 1886/19-PC3-5, es inconcuso que existe una violación al artículo 17 constitucional, que incide en la esfera jurídica de la particular, de manera irreparable, que no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. En tales condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa INES JIMÉNEZ CABRERA, para que las autoridades responsables realicen lo siguiente: - La Sala Regional Sur del Estado de México y Sala Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca: Agote el procedimiento que establece el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tomando las medidas necesarias para que la sentencia definitiva que emitió en el juicio contencioso administrativo 1886/19-PC3-5, sea cumplida en su totalidad, debiendo incluso adoptar las medidas de apremio correspondientes. Por su parte, el Delegado Estatal de Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus funciones: De inmediato de cumplimiento total a la sentencia de veinte de febrero de dos mil veinte, que dictó la Sala Regional Sur del Estado de México y Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, en el expediente 1886/19-PC3-5, esto es, otorguen los incrementos ya determinados en sentencia y la liquidación de las diferencias que correspondan. Todo lo cual deben acreditar ante este juzgado con las constancias respectivas. NOVENO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75, 77 y 124, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por INES JIMÉNEZ CABRERA, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a INES JIMÉNEZ CABRERA, en términos del considerando séptimo de este fallo. TERCERO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma electrónicamente, Ramiro García Simón, Secretario encargado del despacho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de mayo de 1995, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3967/2021, de esa data, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión citada, ante Demnis Merlin Robles, Secretario de juzgado que autoriza y da fe, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma hasta hoy veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe. LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO.
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