Benito Montoya Mauricio
Expediente 436/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 39 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 436/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Benito Montoya Mauricio
- Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas
- Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
El siete de noviembre de dos mil veintidós, José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del nueve al veinte de mayo de dos mil veintidós; sin que hubiera interpuesto recurso de revisión contra la resolución de sobreseimiento fuera de audiencia, emitida dentro del juicio de derechos en que se actúa. No se tramitó incidente de suspensión en el presente asunto. Sí existe un tomo de pruebas por devolver a la Directora de Regularización de Fraccionamientos Rurales, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, con sede en esta ciudad. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, siete de noviembre de dos mil veintidós. ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el presente asunto fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por último, devuélvanse a la Directora de Regularización de Fraccionamientos Rurales, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, con sede en esta ciudad, un tomo de pruebas (original del Procedimiento Administrativo de Adjudicación Previa Declaración de Vacancia 356/2018), que remitió en cumplimiento al requerimiento de doce de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del ocho de noviembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: El veintisiete de abril de dos mil veintidós, el suscrito José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas CERTIFICO: Que el término de tres días que le fue concedido al quejoso en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara el impedimento que tuvo para realizar la publicación de los edictos a efecto de emplazar a la tercero interesada Eva Montoya Parga, transcurrió del veintiocho al treinta de marzo del año que transcurre, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna. Lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con el folio 8991. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días que le fue concedido al quejoso en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara el impedimento que tuvo para realizar la publicación de los edictos a efecto de emplazar a la tercero interesada Eva Montoya Parga, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado a la parte quejosa en el indicado proveído, y el diverso tres de febrero de dos mil veintidós; por tanto, se continúa con el trámite establecido por el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo y se procede al análisis del juicio de amparo en que se actúa, conforme a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, del estado que guardan los presentes autos advierte que durante la tramitación del presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso a), todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, que permite sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgida con motivo de la Contradicción de Tesis número 26/2002, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De las actuaciones practicadas en el expediente en que se actúa, se destacan las siguientes: 1. En auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento de Eva Montoya Parga, y para tal efecto se giró despacho al juez de Primera instancia y de lo Familiar de Ojocaliente, Zacatecas, en turno. 2. El treinta de octubre del referido año, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el oficio signado por la Juez habilitada del Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, mediante el cual devolvió sin diligenciar el despacho 356/2020, con número de origen 171/2020, por lo que en esa misma fecha, se dio vista al quejoso a efecto de que proporcionara el domicilio actual y correcto de la antes nombrada, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. 3. El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, al haber recibido las constancias relativas al acto reclamado se volvió a ordenar el emplazamiento de Eva Montoya Parga, en el domicilio ubicado en calle veinte de noviembre número ciento seis (106) colonia Sierra de Álica, en esta ciudad; sin embargo, según lo asentado en la razón actuarial realizada por el actuario de la adscripción no fue posible la localización de la antes nombrada en dicho domicilio, por lo que de nueva cuenta se dio vista al quejoso, el cual el veintinueve de septiembre siguiente, se le tuvo por proporcionando como domicilio de la antes nombrada el conocido de la Comunidad de Mesita Redonda, Villa González Ortega, Zacatecas, por lo que en esa misma fecha se giró despacho al juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, mismo que el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, fue devuelto sin diligenciar, por lo que en esa misma fecha de nueva cuenta se dio vista a la parte quejosa, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. 4. En auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se procedió a la investigación del domicilio actual de la antes nombrada y se giraron oficios al Secretario de Seguridad Pública del estado de Zacatecas; Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal; Jefe de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral; Gerente de Teléfonos de México; Director de Catastro y Registro Público en el Estado de Zacatecas; Vocal Secretario del Instituto Nacional Electoral; Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado; Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado; Administrador Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria; Delegada Estatal de la Fiscalía General de la República y Comisión Federal de Electricidad, todas con sede en esta ciudad, a efecto de que informaran a este Tribunal Federal el domicilio que tuvieran registrado en la base de datos de la referida tercero interesada. 4. Posteriormente, en proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvo por agotada la investigación tendiente a localizar el domicilio de la tercero interesada Eva Montoya Parga, sin obtener información propicia al respecto, por lo que se requirió de nueva cuenta a la parte quejosa, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento se ordenaría el emplazamiento de la tercero interesada por medio de edictos a su costa. 5. Atendiendo a que el peticionario del amparo no cumplió con ese requerimiento, y dado que ya se había agotado la investigación respecto del domicilio de la referida tercero interesada, en auto de tres de febrero de dos mil veintidós, se determinó continuar con el trámite que establece el precepto 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, y se ordenó el emplazamiento de la mencionada parte tercero interesada por medio de edictos a costa del quejoso; y se le requirió para que compareciera a fin de hacerle entrega de dichos edictos para que procediera a su publicación; bajo apercibimiento que de no acreditar su publicación en el plazo de veinte días siguientes, se decretaría el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo hubiera hecho. 6. Posteriormente, el diecisiete de marzo del presente año, se requirió de nueva cuenta al promovente del amparo para que manifestara el impedimento que tuvo para realizar la publicación de los edictos a efecto de emplazar a la citada tercero interesada, bajo apercibimiento que de hacer caso omiso, con apoyo en la fracción II, del artículo 63, de la Ley de Amparo se sobreseería el juicio de derechos en que se actúa, sin que hubiera hecho manifestación al respecto. Conforme a los antecedentes narrados en párrafos que anteceden, el suscrito resolutor considera que en la especie cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso a), todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República; habida cuenta este Tribunal Federal agotó la investigación conducente a obtener el domicilio de Eva Montoya Parga, a fin de emplazarla al presente juicio de amparo, sin que se lograra por los motivos precisados en párrafos que anteceden; aunado a la circunstancia de que el quejoso no compareció ante el personal de este Juzgado a recoger los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de la referida parte tercero interesada, y menos aún haya acreditado la publicación de los mismos, lo que genera la paralización del juicio de amparo en que se actúa al arbitrio del propio impetrante, con lo que se contraviene lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece: "Artículo 17 [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, el precepto 14 de la Constitución General de la República, en su párrafo segundo, establece: "ARTICULO 14.-. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Por su parte, el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En tanto que el ordinal 27, fracción III, inciso b), de la citada Ley Reglamentaria, consigna: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: . . . III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . . . b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". El artículo 5°, fracción III, inciso a) del propio ordenamiento legal en consulta, señala: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: . . . . III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; ...". Finalmente, el diverso numeral 63, del cuerpo de leyes invocado, en su fracción II, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . . . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;". Pues bien, en el presente juicio de derechos se tuvo como tercero interesada a Eva Montoya Parga, y no obstante que se requirió al peticionario del amparo, a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto de la antes citada, no se logró su emplazamiento, a pesar de que este Tribunal Federal gestionó ante distintas dependencias su localización, sin obtener resultados positivos, con lo que se cumplió con el procedimiento señalado en la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo, concretamente el relativo a la investigación de su paradero. Por ello, en auto de tres de febrero del año en curso, se ordenó emplazarla por medio de edictos a costa del quejoso, sin que éste haya comparecido ante el personal de este Juzgado a recogerlos para su publicación, así como tampoco demostró su insolvencia económica para cubrir los gastos relativos a la publicación de los mismos; lo que pone de relieve que se ha incumplido con un presupuesto procesal que se erige como la formalidad esencial del procedimiento prevista por el artículo 14 de la Ley Suprema de la Nación; situación que ubica al suscrito resolutor en la imposibilidad de pronunciarse sobre el fondo de la litis constitucional planteada en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, debe concluirse que en el caso concreto se ha concretizado la causal de improcedencia materia de análisis, dado que la apuntada omisión de la promovente del amparo genera la paralización del juicio de derechos en que se actúa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que se obstaculiza la administración de justicia, en la medida en que se retarda de manera injustificada la substanciación y conclusión de este juicio, sin que ello sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la propia quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el precepto constitucional en cita, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que señale la ley, sin que pueda quedar su resolución al arbitrio de una de las partes, como en el caso lo es los propios impetrantes. En este orden de consideraciones, toda vez que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso a), todos de la Ley de Amparo vigente, en concordancia con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción II, de la propia Ley Reglamentaria en consulta, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 64/2002, resultado de la Contradicción de tesis 16/2000-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 211, tomo XVI, Julio de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Finalmente, agréguese sin mayor pronunciamiento a los autos, la promoción de cuenta signada por José Luis Montoya Mercado, quien con el carácter de apoderado legal de la tercero interesada a Eva Montoya Parga, comparece al presente juicio; sin embargo al ser copia simple el poder notarial con el que pretende comparecer, carece de valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, al no encontrarse corroborado con diverso medio de prueba y en ese entendido no ha lugar a tenerle compareciendo con el aludido carácter. Notifíquese; y personalmente al quejoso.
- Principal
El veintisiete de abril de dos mil veintidós, el suscrito José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas CERTIFICO: Que el término de tres días que le fue concedido al quejoso en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara el impedimento que tuvo para realizar la publicación de los edictos a efecto de emplazar a la tercero interesada Eva Montoya Parga, transcurrió del veintiocho al treinta de marzo del año que transcurre, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna. Lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con el folio 8991. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días que le fue concedido al quejoso en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara el impedimento que tuvo para realizar la publicación de los edictos a efecto de emplazar a la tercero interesada Eva Montoya Parga, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado a la parte quejosa en el indicado proveído, y el diverso tres de febrero de dos mil veintidós; por tanto, se continúa con el trámite establecido por el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo y se procede al análisis del juicio de amparo en que se actúa, conforme a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, del estado que guardan los presentes autos advierte que durante la tramitación del presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso a), todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, que permite sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgida con motivo de la Contradicción de Tesis número 26/2002, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De las actuaciones practicadas en el expediente en que se actúa, se destacan las siguientes: 1. En auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento de Eva Montoya Parga, y para tal efecto se giró despacho al juez de Primera instancia y de lo Familiar de Ojocaliente, Zacatecas, en turno. 2. El treinta de octubre del referido año, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el oficio signado por la Juez habilitada del Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, mediante el cual devolvió sin diligenciar el despacho 356/2020, con número de origen 171/2020, por lo que en esa misma fecha, se dio vista al quejoso a efecto de que proporcionara el domicilio actual y correcto de la antes nombrada, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. 3. El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, al haber recibido las constancias relativas al acto reclamado se volvió a ordenar el emplazamiento de Eva Montoya Parga, en el domicilio ubicado en calle veinte de noviembre número ciento seis (106) colonia Sierra de Álica, en esta ciudad; sin embargo, según lo asentado en la razón actuarial realizada por el actuario de la adscripción no fue posible la localización de la antes nombrada en dicho domicilio, por lo que de nueva cuenta se dio vista al quejoso, el cual el veintinueve de septiembre siguiente, se le tuvo por proporcionando como domicilio de la antes nombrada el conocido de la Comunidad de Mesita Redonda, Villa González Ortega, Zacatecas, por lo que en esa misma fecha se giró despacho al juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, mismo que el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, fue devuelto sin diligenciar, por lo que en esa misma fecha de nueva cuenta se dio vista a la parte quejosa, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. 4. En auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se procedió a la investigación del domicilio actual de la antes nombrada y se giraron oficios al Secretario de Seguridad Pública del estado de Zacatecas; Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal; Jefe de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral; Gerente de Teléfonos de México; Director de Catastro y Registro Público en el Estado de Zacatecas; Vocal Secretario del Instituto Nacional Electoral; Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado; Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado; Administrador Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria; Delegada Estatal de la Fiscalía General de la República y Comisión Federal de Electricidad, todas con sede en esta ciudad, a efecto de que informaran a este Tribunal Federal el domicilio que tuvieran registrado en la base de datos de la referida tercero interesada. 4. Posteriormente, en proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvo por agotada la investigación tendiente a localizar el domicilio de la tercero interesada Eva Montoya Parga, sin obtener información propicia al respecto, por lo que se requirió de nueva cuenta a la parte quejosa, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento se ordenaría el emplazamiento de la tercero interesada por medio de edictos a su costa. 5. Atendiendo a que el peticionario del amparo no cumplió con ese requerimiento, y dado que ya se había agotado la investigación respecto del domicilio de la referida tercero interesada, en auto de tres de febrero de dos mil veintidós, se determinó continuar con el trámite que establece el precepto 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, y se ordenó el emplazamiento de la mencionada parte tercero interesada por medio de edictos a costa del quejoso; y se le requirió para que compareciera a fin de hacerle entrega de dichos edictos para que procediera a su publicación; bajo apercibimiento que de no acreditar su publicación en el plazo de veinte días siguientes, se decretaría el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo hubiera hecho. 6. Posteriormente, el diecisiete de marzo del presente año, se requirió de nueva cuenta al promovente del amparo para que manifestara el impedimento que tuvo para realizar la publicación de los edictos a efecto de emplazar a la citada tercero interesada, bajo apercibimiento que de hacer caso omiso, con apoyo en la fracción II, del artículo 63, de la Ley de Amparo se sobreseería el juicio de derechos en que se actúa, sin que hubiera hecho manifestación al respecto. Conforme a los antecedentes narrados en párrafos que anteceden, el suscrito resolutor considera que en la especie cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso a), todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República; habida cuenta este Tribunal Federal agotó la investigación conducente a obtener el domicilio de Eva Montoya Parga, a fin de emplazarla al presente juicio de amparo, sin que se lograra por los motivos precisados en párrafos que anteceden; aunado a la circunstancia de que el quejoso no compareció ante el personal de este Juzgado a recoger los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de la referida parte tercero interesada, y menos aún haya acreditado la publicación de los mismos, lo que genera la paralización del juicio de amparo en que se actúa al arbitrio del propio impetrante, con lo que se contraviene lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece: "Artículo 17 [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, el precepto 14 de la Constitución General de la República, en su párrafo segundo, establece: "ARTICULO 14.-. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Por su parte, el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En tanto que el ordinal 27, fracción III, inciso b), de la citada Ley Reglamentaria, consigna: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: . . . III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . . . b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". El artículo 5°, fracción III, inciso a) del propio ordenamiento legal en consulta, señala: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: . . . . III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; ...". Finalmente, el diverso numeral 63, del cuerpo de leyes invocado, en su fracción II, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . . . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;". Pues bien, en el presente juicio de derechos se tuvo como tercero interesada a Eva Montoya Parga, y no obstante que se requirió al peticionario del amparo, a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto de la antes citada, no se logró su emplazamiento, a pesar de que este Tribunal Federal gestionó ante distintas dependencias su localización, sin obtener resultados positivos, con lo que se cumplió con el procedimiento señalado en la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo, concretamente el relativo a la investigación de su paradero. Por ello, en auto de tres de febrero del año en curso, se ordenó emplazarla por medio de edictos a costa del quejoso, sin que éste haya comparecido ante el personal de este Juzgado a recogerlos para su publicación, así como tampoco demostró su insolvencia económica para cubrir los gastos relativos a la publicación de los mismos; lo que pone de relieve que se ha incumplido con un presupuesto procesal que se erige como la formalidad esencial del procedimiento prevista por el artículo 14 de la Ley Suprema de la Nación; situación que ubica al suscrito resolutor en la imposibilidad de pronunciarse sobre el fondo de la litis constitucional planteada en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, debe concluirse que en el caso concreto se ha concretizado la causal de improcedencia materia de análisis, dado que la apuntada omisión de la promovente del amparo genera la paralización del juicio de derechos en que se actúa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que se obstaculiza la administración de justicia, en la medida en que se retarda de manera injustificada la substanciación y conclusión de este juicio, sin que ello sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la propia quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el precepto constitucional en cita, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que señale la ley, sin que pueda quedar su resolución al arbitrio de una de las partes, como en el caso lo es los propios impetrantes. En este orden de consideraciones, toda vez que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso a), todos de la Ley de Amparo vigente, en concordancia con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción II, de la propia Ley Reglamentaria en consulta, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 64/2002, resultado de la Contradicción de tesis 16/2000-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 211, tomo XVI, Julio de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Finalmente, agréguese sin mayor pronunciamiento a los autos, la promoción de cuenta signada por José Luis Montoya Mercado, quien con el carácter de apoderado legal de la tercero interesada a Eva Montoya Parga, comparece al presente juicio; sin embargo al ser copia simple el poder notarial con el que pretende comparecer, carece de valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, al no encontrarse corroborado con diverso medio de prueba y en ese entendido no ha lugar a tenerle compareciendo con el aludido carácter. Notifíquese; y personalmente al quejoso. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiocho de abril de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado certifica: Que se encuentran fijadas las diez horas de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Que el término de veinte días concedido a la parte quejosa en auto de tres de febrero del año en curso, a fin de que compareciera ante el personal de este órgano jurisdiccional para recoger los edictos emitidos para emplazar a la tercera interesada Eva Montoya Parga; los entregara para su publicación y acreditara su entrega, transcurrió del catorce de febrero al once de marzo actual, sin que lo haya hecho. Lo que se asienta para los efectos legales. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de veinte días concedido a la parte quejosa en auto de tres de febrero del año en curso, a fin de que compareciera ante el personal de este órgano jurisdiccional para recoger los edictos emitidos para emplazar a la tercera interesada Eva Montoya Parga; los entregara para su publicación y acreditara su entrega, transcurrió del catorce de febrero al once de marzo actual, sin que lo haya hecho. En consecuencia, requiérase al impetrante del amparo para que dentro del plazo de TRES DÍAS hábiles legalmente computados, manifieste el impedimento que tuvo para realizar la publicación de los edictos a efecto de emplazar a la citada tercero interesada, se hace del conocimiento de la parte quejosa que de incumplir con lo aquí ordenado, se hará efectivo el apercibimiento impuesto en acuerdo de tres de febrero de dos mil veintidós, esto es, con apoyo en la fracción II, del artículo 63, de la Ley de Amparo se sobreseerá el juicio de derechos en que se actúa. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
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