Benito Matamoros Velazquez

Expediente 310/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
310/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/04/2019

Partes del expediente

  • Benito Matamoros Velazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, cinco de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se desechó la demanda de amparo, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Devolución de documentos originales Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Personalmente Ministerio Público Federal Por lista

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Registro Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho; fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 007838/2019 310/2019 24643666 ********** Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios de la parte quejosa a los siguientes profesionistas: Profesionista **********. Dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Por otra parte, se autoriza en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las restantes personas que refiere, para el único efecto de oír y recibir notificaciones. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Domicilio dentro de la jurisdicción En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso inicial, el cual es el inmueble ubicado en: Domicilio ***********. Lo anterior, sin perjuicio de que el quejoso o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda de amparo, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que el referido ocurso es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. a) La orden contenida en el oficio ********** de once de febrero de dos mil diecinueve, para que el quejoso se presente en la Dirección de Unidad de Policía Metropolitana Oriente a la Unidad de Protección Ciudadana Buenavista de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 2. Encargado del Despacho de la Dirección de la Unidad de Policía Metropolitana Oriente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. a) La ejecución y práctica de los actos administrativos derivados del oficio ********** de once de febrero de dos mil diecinueve, para que el quejoso se presente en la Dirección de Unidad de Policía Metropolitana Oriente a la Unidad de Protección Ciudadana Buenavista de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: En primer lugar, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en el referido precepto que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que no se esté ante algunas de las excepciones que el propio legislador previó en esa disposición. Esta causa de improcedencia tiene como sustento constitucional la fracción IV del artículo 107, de tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; Los preceptos constitucional y legal transcritos contemplan el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en su carácter extraordinario que tiene como fin invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que previo a su promoción se debe acudir a las instancias ordinarias que permitan modificar, revocar o nulificar el acto de la autoridad, salvo los casos de excepción previstos constitucional, legal y jurisprudencialmente. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia de esta causal de improcedencia, debe precisarse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y solo en caso de no obtener resolución favorable el juicio de amparo será procedente; de lo contrario el amparo se convertiría en un recurso ordinario más y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juzgador de primera instancia. Tales consideraciones derivan de las tesis aisladas de la quinta y sexta época, con números de registros 338340 y 267633, de rubros: "AMPARO." "RECURSOS ORDINARIOS." Asimismo, cabe destacar que dicha causa de improcedencia se previó desde la anterior Ley de Amparo, en su artículo 73, fracción XV, cuyo contenido era similar al actual; sin embargo, no se establecían algunas de las excepciones que contempla la actual ley. Ahora bien, es importante definir cuáles son los actos que pueden actualizar esa hipótesis de improcedencia, para lo cual debe tenerse en cuenta que el poder reformador de la Constitución estableció con toda claridad el principio de definitividad para los actos y omisiones de autoridad distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, distinguiéndolos cuidadosamente de las normas generales. En efecto, la reforma de seis de junio de dos mil once cambió sustancialmente el contenido del artículo 107, fracción IV, de la Constitución, pues con anterioridad se establecía que el juicio de amparo era procedente contra resoluciones, mientras que en la actualidad de manera expresa se determinó que procedente contra actos u omisiones. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los lineamientos que regulan el principio de definitividad en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y las excepciones a su observancia no operan respecto de normas generales, precisamente porque el artículo 107, fracción IV, de la Constitución es contundente al respecto. En decir, la referida fracción XX no puede interpretarse en el sentido de que el principio de definitividad debe agotarse, indistintamente, respecto de cualquier forma de manifestación del poder (actos, omisiones y normas generales), pues la exigencia de interponer los recursos ordinarios procedentes se limitó constitucionalmente a los actos propiamente dichos o a las omisiones de autoridades distintas de tribunales, excluyendo las disposiciones de observancia general emitidas por esa clase de autoridades. Por tanto, si el legislador no acotó la impugnación de normas generales -independientemente de su jerarquía- a las reglas que rigen el principio de definitividad en el juicio de amparo, se concluye que no es necesario agotar dicho principio cuando se reclamen disposiciones de observancia general emitidas por autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, sin que esto implique que el quejoso esté impedido para promover el medio de defensa que a su interés legal convenga. Dichas consideraciones derivan de la jurisprudencia 2a./J. 91/2017 (10a.), con número de registro 2014976, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTARLO CUANDO SE RECLAMAN DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL EMITIDAS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." Precisado lo anterior, debe señalarse que la regla general que refleja la definitividad en el juicio de amparo de ninguna manera es absoluta, pues existen excepciones que están delimitadas a nivel de la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la jurisprudencia. Por tanto, para que se actualice esa hipótesis de improcedencia el juzgador debe verificar que no se esté ante alguno de los siguientes supuestos: Excepciones previstas constitucional y legalmente: Conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. Con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo. Sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva. Ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Que el acto reclamado carezca de fundamentación. Que en la demanda de amparo se aleguen únicamente violaciones directas a la Constitución. Que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso, para demostrar que se actualiza la causa de improcedencia, se analizará cada uno de los supuestos previsto en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, así como las excepciones ya referidas. Respecto al requisito consistente en que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, pues se reclama: "a) La orden contenida en el oficio ********** de once de febrero de dos mil diecinueve, para que el quejoso se presente en la Dirección de Unidad de Policía Metropolitana Oriente a la Unidad de Protección Ciudadana BUENAVISTA de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en las estrategias del Cuadrante C-1.2.17." Lo cual se atribuye al Subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Por lo que hace a la condición relativa a que contra el acto reclamado proceda algún medio de defensa legal por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, también se actualiza, toda vez que contra el acto reclamado antes citado, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Dicho precepto establece lo siguiente: "3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: . I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las alcaldías dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales". De la interpretación de dicho precepto se desprende que procede el juicio de nulidad contra los actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México dicten, ordenen o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas. En consecuencia, si el quejoso reclama actos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en particular de autoridades dependientes de ésta, relacionados con la emisión del oficio ********** de once de febrero de dos mil diecinueve, para que el quejoso se presente en la Dirección de Unidad de Policía Metropolitana Oriente a la Unidad de Protección Ciudadana Buenavista de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por lo que es indudable que son impugnables a través del juicio contencioso ante el ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Dicho de otra manera, los actos administrativos combatidos pueden ser modificados, anulados o revocados por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, máxime que el medio ordinario cumple con las condiciones constitucionales y legales. En efecto, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México cumple con dichas condiciones, como se explica a continuación: Prevé el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado, tal y como se advierte de los artículos 71 a 78 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Dicha medida cautelar tiene los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, pues el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que atento a la naturaleza del acto reclamado, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible se restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce de su derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; y, por su parte, el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establece que la suspensión tendrá como efecto evitar que se ejecute el acto impugnado o que se continúe con la ejecución ya iniciada. Lo anterior implica que la suspensión en el medio ordinario de defensa constituye una medida cautelar con efectos restitutorios, que incluso tiene por objeto detener la ejecución de algún acto a fin de que la parte interesada siga disfrutando del derecho que estima vulnerado. Además, el artículo 73 de la ley citada prevé que el Magistrado instructor podrá acordar la suspensión del acto impugnado con efectos restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, mientras no se falle en definitiva, y agrega que, cuando los actos impugnados hayan sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, podrán dictarse las medidas cautelares que se estimen pertinentes. Asimismo, el citado artículo establece que en caso que la autoridad se niega a cumplir la suspensión, se le requerirá por una sola ocasión para que lo haga y de no acatar el requerimiento, el Magistrado Instructor comisionará a un Actuario para que restituya al actor en la actividad o acceso de que se trate, siempre que eso sea posible. Lo anterior conlleva que la facultad para otorgar la medida cautelar con efectos provisionales restitutorios no se limita a los supuestos de que el acto ejecutado afecte a los demandantes impidiendo el acceso a su domicilio particular o el ejercicio de su única actividad, pues la primera parte del dispositivo en comento faculta de forma genérica a la autoridad jurisdiccional a conceder la suspensión con efectos restitutorios. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia PC.I.A. J/112 A (10a.), con número de registro 2015177, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y DEL ACTO RECLAMADO. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA LEY DE AMPARO PREVÉN, RESPECTIVAMENTE, LOS MISMOS ALCANCES AL CONCEDERLA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL DE NULIDAD." La medida cautelar contemplada en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. No es un obstáculo que en el artículo 75 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o póliza de fianza, a diferencia de la Ley de Amparo que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Al respecto resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.), con número de registro 160630, de rubro: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL." La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé un plazo equivalente al de la Ley de Amparo, toda vez que el artículo 61 establece que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue turnada, el Magistrado que corresponda concederá o negará la suspensión en caso de haber sido solicitada. Situación que se homologa a lo previsto para el juicio de amparo, pues conforme al artículo 112 de la ley de la materia, el Juez de Distrito cuenta con un plazo de veinticuatro horas para que, de ser el caso, se admita la demanda de amparo y, de haber sido solicitada, se provea sobre la suspensión. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), con número de registro 2008807, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." No es posible determinar por el momento, si los actos reclamados carecen en su totalidad de fundamentación, pues de la lectura del escrito de demanda se advierte que dicho acto fue emitido como consecuencia natural la relación laboral que existe entre el aquí quejoso y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 31/2018 (10a.), con número de registro 2016522, de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO." No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución, en tanto que de la simple lectura de la demanda se advierte que, entre otras cuestiones, el quejoso se duele de la legalidad del oficio ********** de once de febrero de dos mil diecinueve, en el que se ordena su cambio de adscripción laboral. El juicio no está previsto en un reglamento. El medio de defensa ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México está previsto en una ley formal y materialmente y no en un reglamento. Por otra parte, cabe agregar que aun cuando se considerara que el acto reclamado es de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe hacerse hincapié en que actualmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pero que este medio de defensa extraordinario es procedente, una vez que los quejosos han agotado los medios ordinarios de defensa que se establecen en la ley que rige al acto reclamado; es decir, que la irreparabilidad y la definitividad son dos supuestos distintos, independientes entre sí. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), con número de registro 2017117, de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En consecuencia, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. Por tanto, es válido concluir que es necesario agotar el juicio contencioso previsto en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en atención al principio de definitividad. Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el suscrito determina desechar la demanda de amparo. Notificación al Ministerio Público Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2 (dos), acceso 9 (nueve), nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960 (quince mil novecientos sesenta). Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Personalmente Ministerio Público Federal Por lista

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