Benito Martín Soto Navarro
Expediente 1291/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1291/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Benito Martín Soto Navarro
Actuaciones
- Principal
AGRÉGUESE A LOS PRESENTES AUTOS EL OFICIO SIGNADO POR EL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, RESIDENTE EN ESTA CIUDAD, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE ACEPTÓ LA COMPETENCIA DECLINADA A SU FAVOR EN PROVEÍDO DE NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. SE DETERMINA DESTRUIR EL PRESENTE CUADERNO DE ANTECEDENTES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE GUARDA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL PROVEÍDO DE 09 DE OCTUBRE DE 2017, QUE REZA; Parte quejosa. Juana Navarro Ramos en representación de su menor hijo Benito Martín Soto Navarro. II. Autoridades responsables. Jueces de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. III. Registro en libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 1291/2017-V. IV. Se declara incompetencia. Previo a la admisión de la demanda de amparo, por ser la competencia un presupuesto procesal de orden público, resulta necesario considerar, si en el caso, la presentada por Juana Navarro Ramos en representación de su menor hijo Benito Martín Soto Navarro, da motivo para que este órgano de control constitucional se avoque a su conocimiento, ello a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues de no hacerlo así, es incuestionable que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Lo anterior, con apoyo en la tesis número 1a. II/92, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, visible en la foja 94, correspondiente a la Octava Época, sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Ahora bien, del análisis integral de la misma se advierte que el promovente señala como autoridades responsables a los Jueces Tercero y Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; por tanto, al haber sido señalada esta juzgadora como autoridad responsable, se concluye que no puede ser juez y parte en el mismo procedimiento constitucional, por lo que carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo, al actualizarse la hipótesis que establece el artículo 38 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el invocado numeral 38, así como en el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, en razón de haber sido señalado como autoridad responsable ordenadora. En virtud de lo anterior, una vez notificado el presente acuerdo, remítase el expediente original, así como las copias de la demanda de amparo a la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, para que sea turnada, para su conocimiento, ya sea al Juzgado Cuarto o Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, ambos con sede en esta ciudad, a quienes se estiman competentes para conocer de la demanda que promueve Juana Navarro Ramos en representación de su menor hijo Benito Martín Soto Navarro, solicitándole que en su oportunidad se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. V. No ha lugar a proveer respecto a la suspensión de plano por lo que hace a los diversos actos que señala. Sin que este juzgado se pronuncie respecto de la medida suspensiva solicitada en relación a los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión, detención y/o comparecencia, atento a las siguientes consideraciones: Al respecto, el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 48 (párrafo primero). Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Por su parte, el artículo 15 del mismo ordenamiento legal estatuye: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas." Atento a lo que consagran las disposiciones citadas, se establece que, conforme al artículo 37 de la Ley de amparo, en los casos de notoria incompetencia el juez está facultado para proveer respecto a la suspensión provisional o de oficio, pero sólo cuando se trate de actos de los mencionados en el artículo 15 de ese mismo cuerpo normativo. En razón de lo expuesto, no ha lugar a proveer respecto a la suspensión provisional de los actos reclamados, toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que no se trata de alguno de los actos mencionados en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo de cuenta y de la papeleta de turno de demanda de amparo. VI. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda; y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jessica Aguirre Alatorre, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral a Fabiola Maldonado Alcaraz y María Valentina Ramos Hernández por no encontrarse en dicho supuesto. VII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).
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