Benito Juárez Reyes

Expediente 1022/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1022/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/12/2022

Partes del expediente

  • Benito Juárez Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, siete de diciembre de dos mil veintidós. TESTIMONIO DEL RECURSO DE QUEJA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta III-612/2022 de la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja 155/2022 de su índice, de lo cual se advierte que el tribunal de alzada resolvió declarar infundado el recurso de queja. Acúsese recibo a la superioridad. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. Intégrese a los autos el expedientillo que se ordenó formar con motivo de la sustanciación del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior, a fin de hacer práctico el manejo del presente asunto. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General1 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: ? Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 152 del acuerdo general citado. ? ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, y no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años3 a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIÓN EN CARATULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de 1 Que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales 2 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. 3 Computados a partir del siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación de este proveído conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la determinación dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. RECURSO DE QUEJA Agréguese a los presentes autos el escrito de agravios del quejoso Benito Juárez Reyes, con tres copias simples del mismo; visto su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós; en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley en cita, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que el suscrito determinó en el auto que se impugna desechar la demanda de amparo promovida por el quejoso Benito Juárez Reyes, contra actos de **********, JUEZ DE CONTROL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA. Ahora bien, en virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no es necesario hacer requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes, como lo prevé el numeral 101 de la ley de la materia; en consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en Turno, el informe justificado sobre la materia de la queja, al cual deberán anexarse el recurso, copia del mismo y los autos originales del presente expediente de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de ***********, JUEZ DE CONTROL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA; fórmese el expediente correspondiente registrándose con el número 1022/2022. DEMANDA IMPROCEDENTE Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama: "La resolución dictada mediante el autos de fecha del día 23 de agosto del año de e 2022 (dos mil veintidós), dentro del Expedientillo. Relativo al Control Judicial Previo Número: 544/2022/CJP/PUEBLA. El que a la letra dice:." Así mismo, en su demanda de amparo, el propio promovente, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesta haber sido notificado vía electrónica del acto que reclama, el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, lo cual constituye una confesión que hace prueba plena en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, en conformidad con su artículo 2°, pues constituye un hecho propio aseverado en el escrito de demanda. De lo anterior, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo cuyo texto es el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Así, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. El artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 del mismo ordenamiento legal, es decir, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es el genérico de quince días, contados a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) Al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de una recta interpretación de artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando como base la hipótesis indicada en el inciso 1) anterior y dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, esto es, quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se tiene que la demanda de amparo que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Lo anterior, conforme a lo previsto en los artículos 82, fracción I, inciso b), y 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 82. Formas de notificación I. Personalmente podrán ser: . b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal. Artículo 87. Forma especial de notificación La notificación realizada por medios electrónicos surtirá efecto el mismo día a aquél en que por sistema se confirme que recibo el archivo electrónico correspondiente. Tales preceptos prevén la forma de notificación por medios electrónicos, la cual surtirá efecto el mismo día a aquél en que por sistema se confirme que recibo el archivo electrónico correspondiente. Entonces, como se dijo con antelación, el promovente reclama: la resolución dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dentro del expedientillo relativo al control judicial previo número 544/2022/CJP/PUEBLA; sin embargo, de lo manifestado por éste, bajo protesta de decir verdad, refiere que fue notificado de tal determinación ese mismo día -veintitrés de agosto de dos mil veintidós-. Bajo ese contexto, la demanda motivo de este expediente resulta extemporánea, tomando en consideración que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio constitucional transcurrió en exceso, en virtud de que a la fecha de presentación de la demanda -en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla- que dio origen al expediente en que se actúa (diecinueve de septiembre de dos mil veintidós), excede el término señalado por el artículo 17 de la ley citada, para la promoción del juicio de amparo, por haber transcurrido entre una fecha y otra, más de quince días hábiles, pues el quejoso refiere que fue notificado del acto reclamado el veintitrés de agosto del año en curso; por tanto, a partir del día siguiente empezó a correr el término respectivo, esto es, a partir del veinticuatro de agosto del mismo año, feneciendo el trece de septiembre de dos mil veintidós, sin contar el veintisiete y veintiocho de agosto; tres, cuatro, diez y once de septiembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, y 113, todos de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. FORMA DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZADOS Téngasele por señaladas las listas de publicación de este juzgado federal para oír y recibir sus notificaciones; en tales condiciones, notifíquese por medio de lista el presente proveído y los subsecuentes autos, aun los de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Como lo solicita, téngase por autorizadas a las personas que indica en su demanda de manera restringida, esto es, únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones, de conformidad con lo establecido en la parte final del segundo párrafo del diverso 12 de la ley en comento. AUTORIZACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Se tiene a la parte quejosa señalando correo electrónico, previo cercioramiento que de su recepción realice el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, pues no es un medio de comunicación procesal, porque para eso se necesita que solicite la notificación a través del juicio en línea. Cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; lo anterior, con fundamento en el ordinal 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese por lista.

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