Benito Juárez Reyes

Expediente 132/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
132/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • Benito Juárez Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 132/2022-II. Puebla, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 132/2022-II. Puebla, Puebla, diez de febrero de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó , por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. , se examinó de manera íntegra la demanda de amparo para detectar que los actos reclamados son los siguientes: ".Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, reclamo: A) La violación de reserva de los actos de investigación a la que está sujeta el imputado, por parte del Ministerio Público dentro de la Carpeta de * B) La omisión de reservar el acceso a la Carpeta de investigación al Imputado dentro de la Carpeta de Investigación C) La violación de reserva de los actos de investigación a la que están sujetas las personas distintas al imputado, por parte del Ministerio Público, dentro de la Carpeta de Investigación D) La omisión de reservar el acceso a la Carpeta de investigación a personas distintas al imputado dentro de la Carpeta de Investigación . E) La negativa por parte del Ministerio Público para con el asesor jurídico, de utilizar medios electrónicos para las actuaciones realizadas en la Carpeta de Investigación, y así dificultar de manera evidente y dolosa su operación, dentro de la Carpeta de Investigación F) La devolución del vehículo que es evidencia física e instrumento del hecho delictivo, toda vez que no se le ha dado oportunidad a esta parte de solicitar y practicar los peritajes necesarios, respecto al mismo, dentro de la Carpeta de Investigación G) El acuerdo por parte del Ministerio Público para efecto de que la se envíe a Medios Alternos de Solución de Conflictos, no obstante obra en autos de la misma un escrito en el cual la víctima hoy quejoso renuncia EXPRESAMENTE a estos, por así permitirlo la fracción I del numeral 4, así como el arábigo 7 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. H) La abierta parcialidad con la que se conduce en la carpeta de investigación , en perjuicio de la víctima, hoy quejoso. Del Fiscal General del Estado de Puebla, reclamo: A) La omisión de instruir y vigilar al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal de la Fiscalía General del Estado, que tiene a su cargo la carpeta de investigación , para que se conduzca dentro del marco legal que establecen los numerales 51; 113; 218; 239 y demás aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 16; 17; 20; 21 y demás relativos aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (sic). Bajo ese escenario, se estima que respecto a los actos reclamados precisados en los incisos A), B), C) y D), se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII3 del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 1°4, fracción I, de la misma ley, y con el precepto 107, fracción I5, constitucional, por las siguientes razones. La fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte el interés jurídico o legítimo del quejoso. Por su parte, el artículo 1º de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos del gobernado y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. En tanto que el precepto Constitucional señalado, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior deriva que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que no exista un derecho fundamental que pueda ser vulnerado con los actos reclamados. Establecido lo anterior, es oportuno señalar que, a criterio de esta autoridad, los actos reclamados precisados en los incisos A), B), C) y D), no se pueden considerar como actos que restrinjan o dañen los derechos fundamentales del quejoso. Lo anterior, toda vez que hasta este momento la indagatoria se encuentra en su fase de integración, por lo que se encuentra bajo resguardo y conducción de la representación social, por ser una facultad exclusiva encomendada por el artículo 21 de la Carta Magna. Por lo que los aludidos actos reclamados, que convergen en el acceso otorgado por la fiscalía al investigado (no imputado, dada la fase procesal de la que se trata) y a terceras personas, a los registros de investigación obrantes en la indagatoria no son actos que vulneren la esfera de derechos del quejoso, ni que lesionen por tanto su interés jurídico, pues incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su fracción VIII, artículo 113, que al imputado y a su defensa les asiste el derecho a tener acceso a los registros de la investigación, por lo que, los reclamos antes mencionados no implican que se lesiona el patrimonio jurídico del particular. Aceptar lo contrario equivaldría a violentar el precepto invocado, pues con ello se violentaría el derecho del investigado a tener acceso a los registros que integran la carpeta de investigación seguida en su contra. Lo mismo ocurre respecto de personas ajenas a los hechos, pues en aras de desarrollar una investigación diligente y eficaz, la representación social puede facilitar los registros de investigación a terceros, como peritos, agentes de investigación, o incluso quien tenga un interés en el hecho. Por tanto, al no existir un agravio personal y directo ocasionado al promovente, tampoco existe interés jurídico del mismo para combatir los aludidos actos a través del juicio de garantías, por lo que se actualiza la causa de improcedencia ya mencionada. Ahora, respecto de los actos reclamados precisados en los incisos E), F) y H), así como el atribuido al Fiscal General del Estado de Puebla, descrito en el inciso A), se advierte que, en realidad, los mismos convergen en omisiones atribuidas a la representación social que han repercutido en la diligente investigación de los hechos a que se refiere la carpeta de investigación En efecto, en el primero de ellos se refiere al retardo de la investigación ocasionado por la representación social, al no utilizar medios electrónicos para realizar actuaciones dentro de la indagatoria. El segundo, hace alusión al obstáculo impuesto para la práctica de dictámenes periciales sobre un vehículo de motor involucrado en el hecho ilícito, pues se pretende que el mismo sea devuelto. Finalmente, el tercero, implica la inobservancia de diversas obligaciones legales impuestas al Agente del Ministerio Público en ejercicio de su facultad investigativa de los delitos. Por tanto, en criterio de quien resuelve, se actualiza la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, prevista por el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, ello, con el carácter de indudable y manifiesta. Precepto que en su literalidad, establece: "Artículo 61. ;." Se afirma, porque los actos reclamados tienen prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar el promovente antes de solicitar el control de legalidad extraordinario -en el juicio de amparo-. Para demostrar lo anterior, se invoca el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice:"Artículo 258. .". Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó una interpretación al citado artículo en las jurisprudencias6 de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. " "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. .". De lo anterior se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones, decisiones, (determinaciones) u omisiones imputables al Ministerio Público encargado de una carpeta de investigación, deben acudir ante un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada que los preceptos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar cualquier decisión u omisión del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que los actos reclamados por Benito Juárez Reyes, precisados en los incisos E), F) y H), así como el atribuido al Fiscal General del Estado de Puebla, descrito en el inciso A), deben llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad, al tratarse de actos que convergen a la investigación o integración de la carpeta de investigación por parte del Agente del Ministerio Público. De hecho, debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra las determinaciones o decisiones combatidas en la demanda de protección, motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar la ministerial, fuera adversa al propósito de investigar o darle efectividad a la indagatoria, o el promovente estimara que el análisis efectuado desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, se afirma en los citados reclamos planteados por , encuentran una causa indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues las actuaciones combatidas en la demanda de protección debe impugnarlas primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene el quejoso en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la abstención del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en su denuncia. Por último, respecto del acto descrito en el inciso G), esta autoridad considera improcedente admitir a trámite la demanda, pues se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación al 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;."."Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada, es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto que nos ocupa, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular, de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, de rubro:"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". Bajo esas consideraciones, en el caso, es inconcuso el posible acuerdo por el que se remita la indagatoria *** a medios alternos de solución de conflictos no afecta el interés jurídico del peticionario de amparo, al no existir agravio alguno, pues incluso, bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes del acto refiere que su asesor jurídico revisó el expediente y se percató de una nota pegada en la carátula que decía "hacer acuerdo para medios alternos", por lo que creyó que era un error, por lo que al conversar con el agente del Ministerio Público, éste le comentó que enviaría la carpeta de investigación a medios alternos. De ahí que suponga que existe un posible acuerdo en ese sentido, y de hecho, con el presente juicio de amparo pretende que ese acuerdo no se materialice. Sin embargo, no existen hechos o razones que permitan inferir que la afectación a sus derechos sea real y actual; es decir, no existen elementos que permitan establecer, por lo menos indiciariamente, que efectivamente la representación social ha emitido un acuerdo donde ordene esa remisión. En el entendido que tal acto, al menos acorde con el planteamiento de la demanda, no puede considerarse futuro e inminente para la procedencia del juicio. Lo anterior es así, porque el Máximo Tribunal de justicia del país determinó que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el agravio que los actos reclamados causen a la parte quejosa debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causarán dicha afectación. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de este sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º de la ley de la materia, condiciona su promoción a que los actos reclamados perjudiquen a la parte quejosa. Por consiguiente, si de la lectura de la demanda no se infiere la inminencia del acuerdo donde se ordena remitir la indagatoria a medios alternos, es evidente que no existe el agravio que refiere el amparista y, por ende, no le causa perjuicio alguno. Sustenta o anterior en lo conducente la tesis de rubro:"ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN." Por tanto, con fundamento en la fracción XII y XX del artículo 61, en relación con el diverso 1, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, constitucional, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por *** Domicilio para recibir notificaciones y autorizados. El promovente solicitó que las notificaciones le sean efectuadas de manera electrónica a través del usuario " ". , se tiene como vía para recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario referido. Por otra parte, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Leobardo Pérez Olvera, porque el promovente le otorgó esas facultades y se encontró registro de la cédula profesional de la nombrada en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Acceso al expediente electrónico. El promovente solicitó se le permita la consulta del expediente electrónico y para tal efecto proporcionó el nombre de usuario " ". se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario. Asimismo, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la consulta electrónica del presente expediente (así como la práctica de notificaciones por dicha vía). Medios de comunicación extraprocesal con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del correo electrónico y número de teléfono proporcionados en la demanda. Notifíquese; de manera personal al quejoso (en línea); y cúmplase.

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