Benito Juarez Medina
Expediente 31/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/02/2019
Partes del expediente
- Benito Juarez Medina
Actuaciones
- Principal
MESA VII Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de dieciséis de enero del año en curso (fojas 8 a 12), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, primero y segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
MESA VII. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
MESA VII. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA (B.J.M)POR LISTA EL PROVEÍDO DE DIECISEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINIEVE, EMITIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 31/2019-VII, MISMO QUE A LA LETRA DICE: RADICACIÓN Por recibida la demanda de amparo promovida por ****** contra actos del Juez Tercero MERCANTIL DE Primera Instancia de Toluca, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 31/2019-VII. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: - La negativa de tramitar el recurso de apelación, interpuesto contra el auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 963/2017 del índice del Juez Tercero Mercantil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México, por el que decretó la caducidad de la instancia. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". DESECHAMIENTO Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la negativa de tramitar el recurso de apelación. Por tanto, después de analizar el citado acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;.". A su vez, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales y derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: I) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). II) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). III) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. IV) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). V) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, VI) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, en el caso el acto que aquí se reclama, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De igual forma, el acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, ni constituye un acto que afecte la libertad personal del inconforme. Asimismo, de la demanda se advierte que el quejoso es parte en el juicio de origen; por ende, no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, cuando el quejoso es parte formal del juicio de origen, se integró a la relación jurídica procesal, o en su caso, tiene conocimiento de la existencia y los datos de identificación del juicio al que pretende ser llamado. Por tanto, al no existir normas que establezcan excepciones en el sentido de que el quejoso no esté obligado a agotar recursos o medios de defensa cuando se reclame un acto dictado en un juicio jurisdiccional, y si en cambio, existe norma expresa (artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo), relativa a que aun cuando el acto reclamado sea una resolución judicial, el promovente del amparo está obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley que rige el acto reclamado. En ese contexto, como ya se dijo en contra del acto reclamado en la presente instancia se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En efecto, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: I) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; II) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; III) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y IV) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Luego, en el caso el acto que aquí se analiza, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción precisados, por ende, el quejoso no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Lo anterior, se afirma de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso concreto existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, pues tal como se advierte de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, el aquí quejoso es parte formal en el procedimiento de origen, a saber, parte actora, pues así lo refirió al precisar que demandó en la vía ejecutiva mercantil a Virgilio Anzurez Alcántara, la cantidad, como suerte principal, de $89,950.00 (ochenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) y diversas prestaciones; de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el promovente del amparo está obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley que rige el acto reclamado. Luego, contra el acto reclamado procede el recurso de revocación, cuya esencia se encuentra contenida en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición.". "Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso.". Establecido lo anterior, no resulta inadvertido para este órgano jurisdiccional el artículo 1339 de la codificación mercantil, en donde se establece, entre otras prevenciones, que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 (seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 moneda nacional). No obstante, también se considera lo establecido en los artículos 1334 y 1335 del ordenamiento mercantil mencionado, los cuales están comprendidos en el capítulo XXIV de tal legislación, denominado "De la revocación y reposición", que contienen las reglas de procedencia de los recursos de revocación y reposición, de cuyo análisis no se advierte alguna limitante para interponer la revocación en contra de las determinaciones o resoluciones dictadas durante el procedimiento, como en el caso acontece, contra la negativa de tramitar la apelación, interpuesta contra el auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 963/2017 del índice del Juez Tercero Mercantil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México, por el que decretó la caducidad de la instancia. En efecto, el quejoso previo a la interposición del juicio de amparo, debió agotar el recurso de revocación, dado que ese recurso procede contra autos inapelables, como en el caso, al haber sido dictado en un juicio mercantil que por el monto sus determinaciones resultan inapelables, puesto que el promovente refiere que la cantidad señala como suerte principal en el juicio de origen es de $ 89,950.00 (ochenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). En esas condiciones, el impetrante de amparo está obligado a inconformarse contra la negativa de tramitar la apelación interpuesta contra el auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 963/2017 del índice del Juez Tercero Mercantil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México, por el que decretó la caducidad de la instancia, mediante la interposición del recurso de revocación. De tal suerte que al acudir en forma directa al juicio de amparo, sin agotar aquel medio de impugnación por el cual se podría modificar, revocar o confirmar el acto reclamado, debe estimarse que incumplió con el principio de definitividad rector del juicio constitucional; lo anterior, máxime que si no era procedente el recurso de apelación derivado del monto del negocio, el acuerdo por el que se decretó caducidad, era a su vez combatible a través de la revocación, en consecuencia no se agotó debidamente el principio de definitividad, para la admisión del amparo, como medio extraordinario de defensa. Apoya lo anterior, por las razones que la conforman la jurisprudencia 1a./J. 96/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos nueve, del Tomo 2, Materia Civil del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CADUCIDAD EN EL JUICIO MERCANTIL. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA EN LA PRIMERA INSTANCIA, CUANDO POR RAZÓN DE CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. Del artículo 1076, fracción VII, del Código de Comercio, se advierte que tratándose de juicios mercantiles, la resolución que decrete la caducidad es impugnable a través del recurso de apelación, en caso de que el juicio admita la alzada. Al respecto, el artículo 1340 del mismo ordenamiento, condiciona la procedencia del recurso de apelación al monto o cuantía del asunto, por lo que si la resolución que decretó la caducidad en la primera instancia se dicta en un juicio que no admite dicho recurso, puede controvertirse a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del citado código, que procede contra los autos que no son apelables y los decretos. Lo anterior es así, porque la declaratoria de caducidad es un auto definitivo que extingue la instancia pero no la acción; convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y vuelve las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, ya que no decide la controversia de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena como lo exigen los artículos 1077, primer párrafo, 1325, 1326 y 1327 del Código de Comercio, de ahí que se ajuste al supuesto de procedencia del recurso de revocación.". En consecuencia al no haberse agotado por el quejoso previo al juicio de amparo, el recurso de revocación, respecto del acto que reclama, que estima ilegal, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XVIII, del artículo 61 del ordenamiento jurídico invocado. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Benito Juárez Medina, contra actos del Juez Tercero Mercantil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México, por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. En otro punto, en términos del precepto 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados únicamente para los efectos que precisa, a las personas que señala, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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