Benito Ibarra Alvarado
Expediente 1412/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1412/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Benito Ibarra Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la mencionada ley, se declara que la sentencia terminada de engrosar el treinta de octubre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ******, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Control adscrito al Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, para que, en términos de la sentencia dictada en autos, deberá: 1] Dejar sin efectos la determinación emitida respecto a la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, emitida en audiencia de dos de agosto de dos mil veintitrés, en la causa penal *********; 2] Emitir otra en la que cite a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la revisión solicitada; y, 3] Una vez escuchadas las partes en el debate respectivo, siguiendo los lineamientos expuestos en la presente sentencia, y atendiendo a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, deberá analizar en primer término si el delito por el que se sigue la causa de origen amerita o no prisión preventiva oficiosa, determinado lo anterior, deberá considerar que la misma es inconvencional, por lo que deberá dar uso de la voz a la fiscalía para que con base en los elementos objetivos que deriven de la investigación, exponga si existe necesidad de cautela a algún riesgo procesal probado que determine la imposición de una medida distinta, hecho lo anterior, resolverá lo conducente pudiendo imponer incluso la propia medida pero a partir de razones distintas a la mera oficiosidad. En el caso de que determine que se trata de un delito que no amerita prisión oficiosa, deberá proceder en iguales términos de intervención a la fiscalía para resolver lo conducente. Con apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; lo anterior, con apoyo en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. De igual forma, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se informa a la autoridad responsable que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. En el entendido que la responsabilidad a que se hace referencia en líneas precedentes, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se comunica a la autoridad responsable que no obstante llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución del fallo protector, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2007918 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19 PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** SEGUNDO. En cumplimiento a este fallo, la Jueza Penal de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en el Estado en el Cuarto Circuito Judicial, con sede en Ixmiquilpan, Hidalgo, deberá: 1] Dejar sin efectos la determinación emitida respecto a la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, emitida en audiencia de dos de agosto de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************; 2] Emitir otra en la que cite a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la revisión solicitada; y, 3] Una vez escuchadas las partes en el debate respectivo, siguiendo los lineamientos expuestos en la presente sentencia, y atendiendo a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, deberá analizar en primer término si el delito por el que se sigue la causa de origen amerita o no prisión preventiva oficiosa, determinado lo anterior, deberá considerar que la misma es inconvencional, por lo que deberá dar uso de la voz a la fiscalía para que con base en los elementos objetivos que deriven de la investigación, exponga si existe necesidad de cautela a algún riesgo procesal probado que determine la imposición de una medida distinta, hecho lo anterior, resolverá lo conducente pudiendo imponer incluso la propia medida pero a partir de razones distintas a la mera oficiosidad.
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(2) Vista la certificación y estado que guardan los autos, se desprende que se encuentra señalado este día para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, ésta no se llevará a cabo, en virtud que se encuentra transcurriendo la vista de ocho días establecida en el segundo párrafo, del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y en su lugar se fijan las diez horas con doce minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés.
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(2) Agréguese a los autos la promoción y anexos de cuenta, y, visto su contenido, téngase a la Jueza de Control adscrita al Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, perteneciente al Segundo Circuito Judicial en el Estado, rindiendo informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes, para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase por ofrecida la documental de cuenta, y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, toda vez que el contenido de los discos versátiles digitales (DVD´S) que se anexan (03), adquieren la naturaleza jurídica de prueba documental pública, se tiene por desahogada sin necesidad de una audiencia especial. Es aplicable a lo anterior, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1081, del Tomo XIII, Abril de 2011, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente establece: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las pares con las referidas constancias". Asimismo, con fundamento en el artículo 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con los documentos de cuenta, fórmese un anexo de pruebas, que quedará a disposición de las partes para su consulta en la secretaría, sin que el mismo sea integrado al expediente electrónico debido a la imposibilidad material para ello en atención a su voluminosidad, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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