Benito Hernández Vázquez

Expediente 752/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
752/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Benito Hernández Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta localidad, en el que acusa recibo del oficio donde se informó al titular de ese juzgado que causó ejecutoria la sentencia dictada en este expediente, y se devolvieron siete tomos de copias certificadas deducidas del juicio de amparo 610/2013 de su índice. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada en autos, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. Finalmente, devuélvanse al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, siete tomos de copias certificadas deducidas del juicio de amparo número 610/2013, que remitió en cumplimiento a la solicitud formulada por auto de dieciocho de enero del año en curso, solicitando el acuse recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, en relación a su valoración documental y al advertirse que se negó y concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, en específico el artículo 35 (Orden de archivo), y numeral 18, fracción I, inciso a) (incidentes de suspensión donde se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas), este juzgador determina: a). Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse emitido el acuerdo de archivo (artículo 20, fracción II, inciso a). b). En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservándose la demanda, las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar, el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. c). Terminado el proceso de depuración, deberá remitirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 752/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Benito Hernández Vázquez, por su propio derecho, mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Administrador de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, Administrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1", Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1", Administrador de la Administración Desconcentrada de la Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, Administrador de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, Subadministrador de la Subadministración de Ejecución del Servicio de Administración Tributaria, y del Jefe del Departamento desconcentrado de notificación del Servicio de Administración Tributaria, todos con residencia en la ciudad de Oaxaca, consistentes en: la orden de cobro y notificación de una multa, que estima violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de siete de mayo de dos mil diecinueve, este Juzgado admitió la demanda de amparo, registró el asunto con el número 390/2019, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. TERCERO. Mediante acuerdo de siete de junio de dos mil diecinueve, al advertirse la existencia de diversas multas impuestas al quejoso en distintos expedientes, de oficio se decretó la separación de juicios; correspondiendo conocer de la multa registrada con el número 7574/2018, al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien por auto de catorce de junio del año en curso, se avocó al conocimiento del juicio de amparo bajo el inventario 541/2019. En acuerdo de ocho de agosto de dos mil diecinueve, el titular de ese juzgado tuvo al quejoso ampliando su demanda y señalando como nuevas autoridades responsables y actos reclamados: "A) AL TITULAR DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, le reclamo la falta de notificación de los acuerdos que se enumeran: 1. Acuerdo doce de marzo de dos mil dieciocho, por el que se me hace efectivo al suscrito una multa por la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), así como el proveído de doce de febrero dos mil dieciocho, por el que se decreta la multa de referencia, dictado en el expediente de amparo 610/2013, Mesa V-B, promovido por Etelberto Ríos López, en contra del H. Ayuntamiento de Santa Lucia del Camino, Oaxaca. Acuerdo del que derivó el oficio 7574/2018, dirigido al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca 1, para el cobro de la multa referida". "B) A LA ADMINISTRADORA DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE RECAUDACIÓN DE OAXACA 1 Y DEL SUBADMINISTRADOR DESCONCENTRADO DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, le reclamo los siguientes actos: 1. La orden ilegal de ejecutar la multa 7574/2018, impuesta por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2. La solicitud de inscripción ante el Registrador del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, de las actas por el que se me embarga el bien inmueble de mi propiedad, consistente en el lote número diez, de la manzana sesenta y dos, de la zona cinco, del poblado de San Antonio de la Cal, municipio del mismo nombre, distrito del centro, con las siguientes medidas y colindancias (transcribe). 3. La orden ilegal de rematar el bien inmueble". "C) EL NOTIFICADOR, VERIFICADOR Y EJECUTOR ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE RECAUDACIÓN DE OAXACA 1, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, le reclamo: La ilegal notificación, requerimiento de pago y embargo de bienes de mi propiedad de la multa impuesta por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, actos que son ilegales, porque las multas que se ejecutan son ilegales en sí mismas, toda vez que éstas no me fueron notificadas de manera personal por las autoridades que las impusieron. Ejecución del documento determinante 7574/2018, por la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), impuesta por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, dictado en el expediente de amparo 610/2013, Mesa V-B, mediante el cual se embarga el inmueble de mi propiedad...". "C) DEL ACTUARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, a quien le reclamo la falta de notificación de manera personal de los siguientes acuerdos: 1. Acuerdo de doce de marzo de dos mil dieciocho, por el que se me hace efectivo al suscrito una multa por la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), así como el proveído de doce de febrero de dos mil dieciocho, por el que se decreta la multa de referencia, dictado en el expediente de amparo 610/2013, Mesa V-B, promovido por Etelberto Ríos López, en contra del H. Ayuntamiento de Santa Lucia del Camino, Oaxaca. Acuerdo del que derivó el oficio 7574/2018, dirigido al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca 1, para el cobro de la multa referida". "E) DEL REGISTRADOR DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA. La ilegal inscripción del acta de embargo trabado sobre el inmueble de mi propiedad en su parte alícuota consistente en el lote número diez, de la manzana sesenta y dos, de la zona cinco, del poblado de San Antonio de la Cal, municipio del mismo nombre, distrito del centro, con las siguientes medidas y colindancias (transcribe). " Motivo por el cual pidió su informe justificado. CUARTO. Posteriormente, la juzgadora federal por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, declinó competencia a este juzgado de Distrito al advertir la actualización de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos Jurisdiccionales -conocimiento previo-. QUINTO. Por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional al compartir el criterio de la juez declinante, se avocó al conocimiento del juicio de amparo; por lo que se ordenó continuar con el trámite de la demanda de garantías; anotándose su ingreso en el libro de gobierno de este tribunal bajo el número 752/2019. SEXTO. El diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional, y por resolución engrosada el veintinueve del mismo mes y año, se sobreseyó en el juicio. SÉPTIMO. Inconforme con tal determinación, el quejoso promovió recurso de revisión, que por cuestión de turno correspondió su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, y por ejecutoria pronunciada el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el amparo en revisión 6/2020, revocó la sentencia recurrida, ordenado la reposición del procedimiento, a fin de que este órgano jurisdiccional solicitara del juez responsable, las constancias relativas de las que emanan los actos reclamados. OCTAVO. Por proveído de primero de diciembre de dos mil veinte, en acato a la ejecutoria, se solicitó al juez natural, las constancias conducentes, señalándose las trece horas con cuarenta y cinco minutos veintitrés de ese mes y año, para la celebración de la audiencia de fondo, misma que no se verificó, en virtud de la suspensión de labores decretada del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en sesión extraordinaria de veinte de diciembre pasado, por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, e informada mediante la circular CAP/3/2020. NOVENO. Mediante auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se prosiguió con el trámite del presente asunto en la etapa procesal en que se encontraba, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Se puntualiza que la jurisprudencia que se cite en esta sentencia, aun cuando haya sido integrada bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, seguirá siendo aplicable para resolver este asunto, pues ello lo permite el artículo sexto transitorio de la Ley de la materia publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, siempre y cuando no contravenga tal ordenamiento jurídico. TERCERO. La Administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca, Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Oaxaca 1, y de la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Oaxaca; el Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1, así como el Jefe de Departamento de Recaudación, adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca 1, al contestar el oficio dirigido al Jefe del Departamento desconcentrado de Notificación del Servicio de Administración Tributaria, Subadministrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca 1, al responder el oficio del Subadministrador de la Subadministración de Ejecución del Servicio de Administración Tributaria, todos con residencia en la ciudad de Oaxaca, y la Registradora del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les atribuyen consistentes en la orden de notificación de diversas multas y su notificación; sin que la parte quejosa haya aportado prueba para desvirtuarla, ni de las constancias de autos se aprecie su existencia; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, por lo que se refiere a dichas autoridades y actos impugnados. CUARTO. En cambio, la juez Octavo de Distrito en el Estado, la Administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1, de Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca 1, y el Notificador, Verificador y Ejecutor adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca 1, del Servicio de Administración Tributaria, al rendir su informe justificado, convinieron en la existencia del acto reclamado que a cada una se les atribuye, lo que se constata con las constancias que al efecto remitieron, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por su parte, el actuario adscrito al juzgado federal no rindió su informe justificado a pesar de encontrarse notificado, por lo que con fundamento en el numeral 117, párrafo cuarto, de la ley de la materia, se presume cierto el acto reclamado. QUINTO. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Juzgado Federal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano judicial estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" Efectivamente, de las copias certificadas enviadas por la juez Octavo de Distrito en el Estado, deducidas del juicio de amparo número 610/2013 de su índice, mismas que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, por tratarse de documentos públicos, se advierten los siguientes antecedentes del caso: El tres de septiembre de dos mil trece, en el referido juicio de amparo se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa, para el efecto siguiente: "El ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, una vez que cause ejecutoria la presente determinación, de inmediato proceda a cumplir en sus términos el laudo dictado el trece de junio de dos mil once, en el expediente laboral 49/2009 y realice el trámite correspondiente, para aprobar en su respectivo presupuesto de egresos una partida especial para cubrir los conceptos a los que también fue condenado, o en su caso, solicite a la Legislatura del Estado la expedición de un decreto especial que autorice la erogación correspondiente, conforme a los artículos 43 de la Ley Orgánica Municipal y sexto de la Ley de Bienes pertenecientes al Estado de Oaxaca". Determinación que causó ejecutoria por auto de veintiocho de septiembre de ese año. En proveído de doce de marzo de dos mil dieciocho, se requirió al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, del cual el aquí quejoso Benito Hernández Vázquez, ostentaba el cargo de Regidor de Desarrollo Económico, el cumplimiento total de la sentencia, con apercibimiento que de no hacerlo, se les impondría multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos moneda nacional). Al incumplir las responsables con tal requerimiento, mediante proveído de diecisiete de abril del año pasado, la juez Octavo de Distrito en el Estado, hizo efectivo el apercibimiento e impuso a cada uno de los integrante del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, dentro de ellos el aquí quejoso Benito Hernández Vázquez como Regidor de Desarrollo Económico, la multa equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), girando el oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", para que hiciera efectiva la multa. De lo narrado se arriba a la conclusión que la multa reclamada proviene de una determinación pronunciada en el juicio de amparo 610/2013, por la juez Octavo de Distrito en el Estado, dentro de la etapa de ejecución de la sentencia de amparo, esto es, se trata de una actuación emanada dentro de un juicio de amparo, la cual no es jurídicamente admisible de ser analizada en la presente instancia constitucional, pues al provenir el acto reclamado de un órgano de control constitucional, tiene la presunción de apego a la legalidad, y por ende constitucional. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 507, Tomo III, Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo." Lo anterior no implica que las determinaciones dictadas en los juicios de amparo sean inatacables, definitivas o firmes, por el contrario, lo que prevé la causa de improcedencia en estudio, es evitar que las actuaciones dictadas en un juicio de amparo puedan ser analizadas a través de otro medio de control constitucional, ya que de ser así, se ejercería un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que implica un contrasentido. Por el contrario, la Ley de Amparo prevé diversos recursos (revisión, queja, reclamación, inconformidad), para impugnar las determinaciones dictadas en los juicios de amparo. Así, el recurso de inconformidad es el medio idóneo para impugnar la multa impuesta al hoy quejoso, por la Juez Octavo de Distrito en el Estado, durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo indirecto, ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, atendiendo a la materia del asunto, en términos de lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, en el cual, se analizará la legalidad de la misma. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 288, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente tenor: "RECURSO DE INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LAS MULTAS QUE SE LE IMPUSIERON DURANTE EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) (*), estableció que si en amparo indirecto el cumplimiento de una sentencia protectora no satisface al órgano de amparo, sin que advierta además una actitud evasiva o que se hayan efectuado procedimientos ilegales para retrasar deliberadamente su ejecución, solamente deberá requerir de nueva cuenta a la responsable especificando cómo debe actuar, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente para la apertura del incidente de inejecución, pues esto último sólo procederá cuando detecte actos evasivos o el propósito de demorar injustificadamente el cumplimiento. Asimismo, determinó que cuando la autoridad judicial de amparo advierta que existe exceso o defecto en el cumplimiento que impida tener por cumplida la ejecutoria, ello tampoco da lugar a que se abra el incidente de inejecución respectivo, el cual eventualmente podría concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que en lugar de pretender que se sancione deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. Como complemento de lo anterior, también dispuso en la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) (**) que aun dentro del propio incidente de inejecución es legalmente factible revocar las multas impuestas por el cumplimiento extemporáneo, cuando existan causas justificadas por las que el cumplimiento no se haya realizado dentro de los plazos legales correspondientes, concluyendo en la diversa jurisprudencia P./J. 56/2014 (10a.) (***), que: "Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo". Ahora bien, a partir de este último principio rector del procedimiento de ejecución de sentencias, esta Segunda Sala determina que si el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de un amparo directo impone una multa a la autoridad responsable por un cumplimiento excesivo o defectuoso y, posteriormente, al repararse esas deficiencias por la autoridad obligada, el órgano de amparo declara acatado el fallo protector, la responsable puede promover recurso de inconformidad contra esta última determinación para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la multa impuesta durante el procedimiento de ejecución porque, si no fuera así, carecería de un medio de defensa sencillo, rápido y efectivo para demostrar que no había razón para sancionarla, pues si bien la vocación natural de dicho recurso sólo es la de verificar la observancia de la protección constitucional, lo cierto es que con la declaración de que el fallo fue acatado en sus términos, habiendo conformidad de las partes, lo único que seguiría es el archivo del juicio de amparo en forma definitiva, dejándosele en absoluto estado de indefensión respecto de la sanción impuesta, no obstante que bien podría acontecer que no hubiese incurrido en los vicios que se le atribuyeron y, por tanto, que tampoco su conducta hubiese encuadrado en el supuesto jurídico que permitía la legal imposición de un medio de apremio de carácter económico." Recurso y criterio jurisprudencial que resultan aplicables al amparo indirecto, pues así lo precisó la referida Sala de nuestro máximo Tribunal del País, en la contradicción de tesis 102/2016, en los siguientes términos: "44. No pasa inadvertido que esta Sala ya definió que el recurso de inconformidad es el medio idóneo para impugnar las multas impuestas durante el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo directo, al impugnar el auto del Tribunal Colegiado de Circuito que la tuvo por cumplida, criterio que se estima igualmente aplicable en amparo indirecto. Es decir, las autoridades responsables pueden interponer inconformidad ante el Tribunal Colegiado de Circuito en contra del auto de cumplimiento dictado por el Juez de Distrito, para que se analice la legalidad de las multas." En ese sentido, al actualizarse la citada causa de improcedencia, se impone sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al procedimiento de ejecución de la multa reclamada, por parte de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, ya que el mismo constituye una consecuencia necesaria de la determinación dictada por la juez responsable por ende, no puede analizarse de manera aislada en el presente asunto, pues la forma en la cual se resuelva el recurso de inconformidad, de hacerlo valer el quejoso, repercutirá en dicho procedimiento. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso Benito Hernández Vázquez, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma el licenciado Amado Chiñas Fuentes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa con el licenciado José Alberto García Torres, secretario que autoriza y da fe. JOSÉ ALBERTO

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano