Benito Gumzán Vega
Expediente 2768/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2768/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2018
Partes del expediente
- Benito Gumzán Vega
Actuaciones
- Principal
RAZÓN POR CITATORIO INCIDENTE: COMO LO ORDENA EL PROVEÍDO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO AL TERCERO INTERESADO NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN EJIDAL LA PRESENTE RESOLUCIÓN QUE DICE:"V I S T O S, para resolver el incidente de reclamación de daños y perjuicios, que promueven Víctor Castañeda Medina, Iván Noé González Jiménez y Manuel González Jiménez, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal Carreón, Municipio de Villa Purificación, Jalisco, dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1995/2016, promovido por Martha Gómez Pelayo, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Miguel Gómez Aguirre; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Martha Gómez Pelayo, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Miguel Gómez Aguirre, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal Superior Agrario y del Secretario de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, Actuaria Ejecutora adscrita al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, Ingeniero adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, Delegado del Registro Agrario Nacional y Registro Público de la Propiedad y Comercio en Autlán de Navarro, que hizo consistir, en esencia, la orden de ejecución de la sentencia dictada en el juicio agrario 552/97 de su índice y su acatamiento; demanda de la que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. SEGUNDO. Por auto de cinco de agosto de dos mil diecisiete (foja 191 a 193), se admitió a tramite el juicio de amparo y se ordenó la tramitación del incidente de suspensión, se solicitó el informe previo a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento del Nuevo Centro de Población Ejidal El Carreón, Municipio de Villa Purificación, Jalisco, en su carácter de tercero interesado, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia incidental y se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que no se realizaran actos de molestia, de desposesión, no se realizara movimiento registral y demás consecuencias jurídicas respecto a los siguientes predios: La fracción 3 tres del predio rustico denominado EL ATCIHUALT o GANADERIA DEL ATCIHUALT", ubicado dentro del Municipio de Villa Purificación, Jalisco, con una extensión superficial de 14-77-25.58 hectáreas. La fracción "A" del predio denominado "LA CEBADILLA" o el "ATCIHUALT", del municipio de Villa Purificación, Jalisco, con una superficie aproximada de 64-99-31 hectáreas. La fracción "B" del predio denominado "LA CEBADILLA" o el "ATCIHUALT", del municipio de Villa Purificación, Jalisco, con una superficie aproximada de 41-99-20 hectáreas. Lo anterior hasta que se resolviera la suspensión definitiva (fojas 189 a 193). TERCERO. Mediante interlocutoria de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis (foja 242 a 246), por una parte se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados y, por otra, se concedió al quejoso la medida cautelar solicitada, en los mismos términos que en la suspensión provisional, esto es, para el efecto de que no se realizaran actos de molestia, de desposesión, no se realizara movimiento registral y demás consecuencias jurídicas respecto a los predios previamente descritos, estableciéndose, ante la existencia de tercero interesado, una garantía por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de garantizar os posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionarse con motivo de la concesión de la medida suspensional, al no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo. CUARTO. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 304 y 305), dentro del término al que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, Víctor Castañeda Medina, Iván Noé González Jiménez y Manuel González Jiménez, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal Carreón, Municipio de Villa Purificación, Jalisco, en el carácter de tercero interesado promovieron incidente de reclamación de daños y perjuicios, tendente a hacer efectiva la reparación de los daños que, afirman, fueron causados con motivo de la suspensión del acto reclamado concedida al quejoso, dentro del presente incidente de suspensión. Por auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 306), se admitió en sus términos el incidente planteado, se ordenó correr traslado a las partes; en proveído de treinta de octubre de la presente anualidad (foja 313), se fijó data para el desahogo de pruebas y de alegatos, la que se celebró en los términos del acta que antecede, quedando los autos citados para dictar resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de reclamación de daños y perjuicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo y 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de ser el órgano jurisdiccional que conoció y resolvió el juicio de amparo 1995/2016, de donde deriva el presente incidente. SEGUNDO. El incidente se presentó dentro de los seis meses a los que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo, toda vez que en proveído de diecisiete de septiembre actual (foja 728 del juicio de amparo), se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio principal del cual deriva la presente incidencia, en la que sobreseyó en el juicio; auto que fue notificado por lista de acuerdos a las partes, el dieciocho de septiembre siguiente (foja 779 del juicio de amparo), notificación que surtió efectos el diecinueve de ese mes y año, y el tercero interesado presentó el incidente el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, como se observa del sello que presenta de la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional (folios 304 y 305 del incidente de suspensión). TERCERO. Víctor Castañeda Medina, Iván Noé González Jiménez y Manuel González Jiménez, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal Carreón, Municipio de Villa Purificación, Jalisco, están legitimados para promover el presente incidente de daños y perjuicios, en virtud de que comparecieron con el carácter de representantes del núcleo agrario tercero, el cual les fue reconocido en proveído de nueve de enero de dos mil diecisiete (foja 444 del juicio de amparo). CUARTO. La parte incidentista reclama el pago de daños y perjuicios derivados del otorgamiento de la suspensión definitiva del acto reclamado en la substanciación del juicio de amparo del que emana este cuaderno, argumentando lo siguiente: "(.) PRIMERO.- QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, ÉSTA PARTE TERCERO INTERESADA, SOLICITA LE SEA ENTREGADA LA CANTIDAD FIJADA COMO GARANTÍA A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE LA SUSPENCIÓN (sic) QUE SE LE CONCEDIÓ CAUSÓ DAÑO Y PERJUICIO AL TERCERO, A FIN DE REPARAR EL DAÑO E INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS QUE SE NOS CAUSARON, TODA VEZ QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, SUSPENDIERON LA ENTREGA DE LAS TIERRAS DOTADAS A ESTE EJIDO MEDIANTE SENTENCIA DE FECHA 8 DE MAYO DEL 2007, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, A TRAVÉS DE LA BRIGADA DE EJECUCIÓN, POR CONDUCTO DE LA C. LIC. ALBA EDITH VALDES TORRES, ACTUARIA EJECUTORA DEPENDIENTE DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO NÚMERO 38 DE COLIMA, COLIMA, Y EL C. ING. WILBER SÁNCHEZ ROJAS, PERITO TOPOGRAFO ADSCRITO AL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, RAZÓN POR LA CUAL LOS CAMPESINOS BENEFICIADOS POR LA SENTENCIA DEJARON DE CULTIVAR LAS TIERRAS DOTADAS, CAUSANDONOS UN PERJUICIO AL NO PODER CULTIVAR LAS TIERRAS, Y DEJAR DE PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS EN BENEFICIOS DE LAS FAMILIAS DE LOS CAMPESINOS BENEFICIADOS." Sin embargo, en la especie, el actor incidentista no acreditó los extremos de su pretensión. Cierto con el objeto de evidenciar la procedencia en la condena de daños y perjuicios, el tercero interesado ofreció como pruebas, las actuaciones que integran el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, así como el juicio agrario de origen. Ahora bien, los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo textualmente señalan: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos Cuando con la suspensión pueda afectarse derechos del tercero perjudicado, que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía". "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." De los preceptos legales se advierten, como requisitos de procedibilidad del incidente de daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del acto reclamado, los siguientes: 1. Que se haya otorgado la suspensión del acto reclamado; 2. Que se haya exhibido garantía para asegurar el eventual pago de daños y perjuicios al tercero interesado; 3. Que en el juicio principal se haya sobreseído o negado el amparo; 4. Que se haya presentado la reclamación dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo. 5. Acreditar los daños y perjuicios reclamados.. El primero de los requisitos se encuentra colmado con las constancias que obran en autos, de las que se advierte que por acuerdo de cinco de agosto de dos mil dieciséis (fojas 189 a 193), se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados, asimismo, mediante interlocutoria de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 242 a 246), le fue concedida en definitiva dicha medida cautelar, ". respecto a la suspensión definitiva respecto a la ejecución de la sentencia 552/1997, emitida por el Tribunal Superior Agrario, es decir, para que no se realicen actos de molestia, no se desposea, no se haga movimiento registral y demás consecuencias jurídicas respecto a los siguientes predios: La fracción 3 tres del predio rustico denominado EL ATCIHUALT o GANADERIA DEL ATCIHUALT", ubicado dentro del Municipio de Villa Purificación, Jalisco, con una extensión superficial de 14-77-25.58 hectáreas. La fracción "A" del predio denominado "LA CEBADILLA" o el "ATCIHUALT", del municipio de Villa Purificación, Jalisco, con una superficie aproximada de 64-99-31 hectáreas. La fracción "B" del predio denominado "LA CEBADILLA" o el "ATCIHUALT", del municipio de Villa Purificación, Jalisco, con una superficie aproximada de 41-99-20 hectáreas." El segundo requisito también se acredita, toda vez que tanto en el proveído de cinco de agosto de dos mil dieciséis, como en la interlocutoria de veintitrés de septiembre de la citada anualidad, se concedió la suspensión a la parte quejosa, fijándose como garantía la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al tercero interesado con la concesión de la medida cautelar. Por cuanto hace al tercero de los requisitos, en el juicio de amparo del que emana este incidente, el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (fojas 761 a 768), se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio, resolución que mediante auto de diecisiete de septiembre del año en curso (foja 728), se declaró que causó ejecutoria, por lo que se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. El cuarto de los requisitos se satisface toda vez que, como se advierte de lo expuesto con antelación, la reclamación fue presentada dentro de los seis meses siguientes al día en que surtió efectos la notificación del auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se hizo del conocimiento de las partes el acuerdo que declaró firme la sentencia definitiva dictada en autos. En relación con el último de los requisitos, se tiene que los daños y perjuicios deben ser una consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de derechos fundamentales, como se desprende de la interpretación del artículo 156 de la Ley de Amparo; pueden ser reclamados por la parte tercera interesada cuando se ha negado el amparo o se ha decretado el sobreseimiento en el juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo texto es: "DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA SUSPENSION, PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE. Los daños y perjuicios deben ser demostrados como una consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en un juicio de garantías, atenta la interpretación del artículo 129 de la Ley de Amparo y pueden ser reclamados por la parte tercera perjudicada cuando se ha negado el amparo o se ha decretado el sobreseimiento en la controversia constitucional. Sin embargo, no debe pasar inadvertido que si bien el impedimento de uso de un inmueble por el tercero perjudicado, por haber estado surtiendo sus efectos la suspensión concedida al quejoso, le pudo causar daños y perjuicios, en el incidente, no es suficiente que únicamente se acredite esa probabilidad, sino que se hace indispensable la prueba concreta de que efectivamente se han ocasionado al tercero perjudicado. Para tal efecto resulta intranscendente que el incidentista manifieste que pudo haber percibido intereses con motivo de la probable venta del inmueble controvertido, ya que ello no constituye una situación concreta y actualizada, en tanto que no se demostró la realización o concertación de una operación de compraventa con terceras personas, y menos aún que existiera un interesado en la adquisición de ese bien y que hubiera propuesto la calidad que adujo la incidentista al formular su pretensión, de ahí que sea inocuo que ante el juez de Distrito se exhiban avalúos del bien y se hagan operaciones aritméticas de probables ganancias que resultaron futuras e inciertas, no basadas en hechos concretos". Precisado lo anterior, en la especie el tercero interesado, actor incidentista, aduce que con motivo de la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa en el juicio de amparo 1995/2016 del cual emana la presente incidencia "(...) LOS CAMPESINOS BENEFICIADOS POR LA SENTENCIA DEJARON DE CULTIVAR LAS TIERRAS DOTADAS, CAUSANDONOS UN PERJUICIO AL NO PODER CULTIVAR LAS TIERRAS, Y DEJAR DE PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS EN BENEFICIOS DE LAS FAMILIAS DE LOS CAMPESINOS BENEFICIADOS (...)". Sin embargo, opuesto a la pretensión del tercero interesado, aquí actor incidentista, en el mejor de los casos se colman los primeros cuatro requisitos exigidos para la procedencia del incidente de daños y no así el último, por los motivos siguientes: En el asunto justiciable, el actor incidentista no ofreció prueba fehaciente para acreditar los extremos de su pretensión; ello, pues con los elementos de prueba que obran en el presente incidente y que fueron reseñados con anterioridad, se concluye que no se satisface el quinto de los requisitos de la acción incidental intentada. Ello, con independencia del valor otorgado a las pruebas ofrecidas por el incidentista, debe decirse, que en el caso deben acreditarse debidamente los daños y perjuicios que se originaron en el lapso comprendido desde la fecha en que se concedió la suspensión definitiva, hasta que se declaró firme la resolución definitiva pronunciada en el presente juicio de amparo y, según el sentido de la misma; sin que se haya acreditado tal situación, ya que como se estableció, la parte tercera interesada, aquí incidentista, sólo se concretó hacer una reseña de lo sucedido en el juicio de garantías sin que hubiera justificado los daños sufridos, así como su consecuencia en perjuicios con la pruebas aportadas. En otras palabras, el tercero interesado soslaya que los daños y perjuicios alegados deben, quedar plenamente probados, es decir, deben ser reales y tangibles, y no meramente hipotéticos, toda vez que no basta la probabilidad de haberlos sufrido, sino que es indispensable la prueba concreta de que efectivamente se ha ocasionado a la parte tercera interesada, hoy actora incidentista, tal menoscabo patrimonial, y no sólo estimarse o inferirse con base en su propio dicho. De acuerdo con el Código Civil Federal daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Asimismo, conforme a esa legislación, perjuicio debe entenderse como la privación de cualquiera ganancia lícita, que debería haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Luego, es evidente que el menoscabo o pérdida sufrido en el patrimonio del tercero interesado, al no haberse logrado la ejecución del laudo emitido en el procedimiento de origen, como resultado directo de la suspensión del acto reclamado debió quedar probado fehacientemente, al constituir ello los elementos de carácter esencial en la incidencia que se resuelve. En efecto, la carga de la prueba para acreditar su pretensión corresponde al actor incidentista, en términos, inclusive, del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTICULO 81.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones." De ahí, que en el caso, el actor no evidencia con prueba fehaciente los daños (pérdida o menoscabo) y perjuicios (privación de ganancia lícita) que dice le fueron causados con motivo de la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa, pero primordialmente, como quedó evidenciado, no es factible inferir que éstos hayan sido originados como consecuencia inmediata y directa de la medida cautelar concedida. De tal manera, como se anticipó resulta infundado el incidente de que se trata. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.80/2011, emitida por la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 67 y 156 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Es infundado el incidente de daños y perjuicios promovido por el tercero interesado Nuevo Centro de Población Ejidal Carreón, Municipio de Villa Purificación, Jalisco, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente."
- Principal
AVISO PRINCIPAL.- POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA AL PERITO DE LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECIUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO MISMO QUE EN SINTESIS DICE.-Zapopan, Jalisco, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: téngase por recibido el escrito que suscriben Víctor Castañeda Medina, Iván Noé González Jiménez y Manuel González Urzúa, en su carácter de presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal Carreón, Municipio de Villa Purificación, Jalisco, terceros interesados, mediante el cual realizan diversas manifestaciones a manera de alegatos, los cuales, de ser procedentes, serán tomados en consideración en su momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídanseles copias certificadas de lo que solicitan, siempre y cuando así obren en autos, previo recibo y razón que de ello se otorgue en autos; lo anterior en la inteligencia que es a su cargo el costo que dichas copias generen, autorizando para recibirlas a la persona que mencionan. En otro contexto, no ha lugar a proveer de conformidad respecto a lo que solicitan en el sentido de que se requiera al Director General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, para que remita las constancia que señalan, lo anterior toda vez que no acreditan haber cumplido con los extremos que prevé el numeral 121 de la Ley de Amparo. Ahora bien, se tiene por recibido el escrito que signa Fernando Nava Barragán, diestro designado por la parte quejosa para el desahogo de la prueba pericial admitida en autos, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno al dictamen pericial que le fue encomendado y solicita se le otorgue una prórroga a efecto de rendir el mismo; en consecuencia, con fundamento en la fracción I del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se le concede una prórroga de diez días hábiles para que rinda y ratifique ante esta presencia judicial su dictamen pericial correspondiente. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme dispone el arábigo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción Notifíquese; y, personalmente al perito de la parte quejosa.
- Principal
Notifíquese personalmente a las partes.
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