Benito Gómez V
Expediente 757/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2018
Partes del expediente
- Benito Gómez V
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Vista las razones actuariales de cuenta, se advierte que no fue posible notificar al quejoso *****, el proveído de catorce de junio del año en curso, por las razones que expone el actuario judicial adscrito a este juzgado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a la parte quejosa el citado auto, así como este proveído y las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto subsane su omisión. Notifíquese por lista a la parte quejosa el proveído de catorce de junio del año en curso y este auto.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de junio de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por ***, con el cual promueve demanda de amparo contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de Comisión Federal de Electricidad, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; fórmese cuaderno de antecedentes y regístrese con el número ***, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este Juzgado de Distrito. Ahora bien, una vez analizada la demanda, este juzgador advierte dos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desecharla de plano, ello, porque en primer término, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, 5, fracción II y 108, fracción III de la Ley de Amparo, por los siguientes razonamientos de índole jurídico: El promovente señaló como actos reclamados los Por lo que se advierte que el quejoso tiene contratado con el organismo que señaló como responsable, un contrato de adhesión de prestación de servicio y señala como actos reclamados la orden de cambio de medidor de energía eléctrica, orden de pago injustificado y suspensión de energía eléctrica. I. En efecto, de lo transcrito y del contenido integral de la demanda de amparo, se obtiene, en atención a que la litis que plantea el promovente versa sobre actos derivados de la prestación y contratación de servicios de suministro de energía eléctrica, que en el caso en estudio, queda notoriamente evidenciado, como se dijo, en primer lugar, que se actualiza de manera indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I, 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley en la materiay en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;". El invocado artículo 5 establece el concepto de autoridad para los efectos del amparo, atribuyendo ese carácter al órgano que, con independencia de su naturaleza formal, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, o bien, omite aquellos que de realizarse implicarían esa creación, modificación o extinción. Aunado a lo cual, estatuye que los particulares tendrán aquella calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos indicados, sustentados en una norma legal. En cuanto al concepto de "autoridad", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido varias características a fin de distinguir cuando una tiene tal carácter para los efectos del juicio de amparo, en la jurisprudencia 164/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, página 1089, que dice: Así, en relación con los actos que se reclaman a la autoridad responsable, consistente en la orden de cambio de medidor de energía eléctrica, orden de pago injustificado y suspensión de energía eléctrica, este juzgador aprecia que no pueden considerarse propiamente actos de autoridad. En efecto, atento a las notas distintivas que estableció el Máximo Tribunal de la Federación, en el caso que nos ocupa no se configura una actuación susceptible de someterse al análisis constitucional, en tanto que los actos reclamados carecen de los requisitos señalados en los incisos a) y c) de la jurisprudencia antes citada, virtud a que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial, por lo que está ausente la vinculación de subordinación característica del acto de autoridad, como a continuación se verá. Expuesto lo anterior, conviene precisar que el acto reclamado en esta instancia deriva de controversias suscitadas entre usuarios del servicios de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad, teniendo, es decir, la litis planteada versa sobre consumo, cambio de medidores para medir éste, cobros y corte de servicios de suministro de energía eléctrica, por ello, teniendo que dicha dependencia no puede considerarse autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que el origen de su actuación es un acuerdo de voluntades entre el prestador del servicio -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario, los que adquieren derechos y obligaciones recíprocas, esto es, la relación jurídica entre ellos no corresponde a la de autoridad y gobernado, porque el cobro de suministro de energía eléctrica no genera que la relación de coordinación se transforme de supra a subordinación, sino únicamente implica, en su caso, que la parte afectada deje de prestar el servicio contratado, sin que conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos; por tanto, el cobro del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad. Efectivamente, a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, se creó una nueva figura jurídica, la de empresa productiva del Estado, de carácter empresarial y con un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales. Asimismo, dicha reforma redefinió lo que debe entenderse por servicio público de energía eléctrica, conservando sólo las actividades de transmisión y distribución de energía como actividades estratégicas de Estado. De conformidad con los artículos 2, 3, 7, 118, primero y tercero transitorios de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 2, 4, primer párrafo, 7, 8, párrafo segundo, 45 y transitorio segundo, párrafo segundo de la Ley de la Industria Eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en once de agosto de dos mil catorce, se modificó la naturaleza jurídica de Comisión Federal de Electricidad, la cual dejó de ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, para ser una empresa productiva del estado, a partir del catorce de octubre de dos mil catorce, de conformidad con los artículos 2 y primero, segundo y tercero transitorios de la Ley de la Comisión Federal. Asimismo, se precisó que las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica pasan a ser servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Al respecto, conviene precisar el contenido de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV del Código de Comercio: "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: [...] V.- Las empresas de abastecimientos y suministros; [...] XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. [...]". En ese tenor, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por Comisión Federal de Electricidad a los particulares, de acuerdo al nuevo marco jurídico vigente son de naturaleza comercial, por lo cual se rigen por el Código de Comercio y, de modo supletorio por las disposiciones del Código Civil Federal. Ahora, el artículo 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: [...] II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado; [...]". En consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil. Así las cosas, no se puede sostener válidamente que los actos reclamados por el impetrante de amparo revistan las características de un acto de autoridad para los efectos del numeral 103 constitucional, en virtud de que los actos que ejecutan las responsables, en relación con la quejosa, son de naturaleza comercial. Por tanto, las diferencias que surjan entre éstos están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales de la Federación, acorde al contenido del artículo 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se tratan de actos que se generaron por la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado, dentro del procedimiento de comercialización de la energía eléctrica, la cual dejó de ser una actividad exclusiva del Estado, por disposición constitucional, de ahí que el quejoso esté en aptitud de hacer valer sus derechos ante la autoridad correspondiente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 30/2018, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, abril de 2018, registro electrónico 2016656, que dice: Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis XLII/2015, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 19, tomo I, junio de 2015, página 1071, registro electrónico 2009410, que reza: Igualmente es aplicable, la jurisprudencia J/4 K, emitida por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, fecha de publicación diez de octubre de dos mil catorce, libro 11, octubre de 2014, página 1338, registro electrónico 2007624, que señala: Bien, cabe señalar que no es inadvertido para este juzgador, la existencia del control difuso de convencionalidad, en relación con la existencia de los derechos humanos previstos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; sin embargo, tales cuestiones no implican soslayar cuestiones de procedencia del juicio de amparo, cuenta habida que el análisis de la interpretación de la norma bajo los principios citados sólo opera respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues no es factible determinar que todo acto reclamado que tenga o pudiera tener relación con un derecho humano, tenga que aceptarse su precedencia, inobservando el numeral 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable a este caso, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 909, registro electrónico 2007621, que prescribe: Asimismo, se invoca en apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 22/2014, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 21 de marzo de dos mil once en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, registro electrónico 2005917, II. A mayor abundamiento, debe señalarse, que con independencia del carácter de particular de Comisión Federal de Electricidad, en el caso se actualiza de manera indudable, la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, primer párrafo, y 18, todos del ordenamiento legal en cita, por las siguientes consideraciones. En efecto, los preceptos antes citados por su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con los preceptos legales antes transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; al en que haya tenido conocimiento del mismo o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Del último de los preceptos reseñados se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: a). A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que se reclame; b). A partir del día siguiente al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; ó, c). A partir del día siguiente al en que la parte quejosa haya ostentado sabedor de los referidos actos. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Bajo ese contexto, debe señalarse que de la propia demanda de amparo, se advierte, en primer lugar, que en el caso justiciable, no aconteció ningún cobro o corte por el organismo multicitado, y que el quejoso no se encuentra de acuerdo con el hecho de que le vayan a cambiar el medidor de luz y expresa que se enteró que llegaron a su domicilio empleados de Comisión Federal de Electricidad, con la intención de retirarle su medidor tradicional de luz, para instalarle uno digital, a lo cual aduce se opuso. Hechos, los cuales expresa que son los antecedentes de sus actos reclamados, y de los que, basa su causa de pedir. En ese tenor, si el cambio de medidor que impugna en esta vía y el posible cobro alto que estima el promovente se va a dar por el uso de tal aparato, tuvo lugar, según el quejoso, el día veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (fecha en la que suscribió la demanda de amparo); es a partir de esa data cuando debe empezarse a computarse el término de quince días a que hace alusión el artículo 17 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se estima que la demanda de amparo, materia de análisis en esta instancia, fue presentada en forma extemporánea, esto es, fuera del plazo de quince días, establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo; pues existe confesión expresa del quejoso que se enteró del acto reclamado el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, fecha en la que aparece firmada la demanda promovida, la cual fue presentada hasta el veintitrés de marzo del año en curso. Entonces, si el quejoso se enteró de los actos reclamados el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho; y, la demanda de amparo, de acuerdo al proveído de cinco de abril del año en curso dictado en el cuaderno de varios ****, se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés de marzo de esta anualidad. Resulta evidente que la demanda fue presentada en forma extemporánea, dado que del propio escrito, se dilucida que desde el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el promovente tuvo conocimiento de los actos reclamados; por tanto, es innegable que el plazo de quince días, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, comenzó a computarse a partir del día hábil siguiente, esto es el veintidós de febrero de este año y el término feneció el catorce de marzo de dos mil dieciocho, sin contar los días veinticuatro y veinticinco de febrero, tres, cuatro, diez y once de marzo del año en curso, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, por lo que, al haberse recibido el escrito de demanda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, debe considerarse extemporánea en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues indudablemente ha transcurrido en exceso más de quince días en el que tuvo conocimiento de dichos actos, sin que lo haya impugnado dentro del término legal correspondiente, lo que indica que se está en presencia de actos consentidos tácitamente como lo señala la fracción XIV, del artículo 61, de la ley en cita. En ese tenor, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XIV y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II; por lo que con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *****, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, que establece: Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. DOMICILIO PARA OÍR NOTIFICACIONES Tomando en consideración que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***; en consecuencia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que se constituya al domicilio en cita y notifique este proveído al quejoso ****. Asimismo, le requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya que de no hacerlo las que surjan dentro del procedimiento se le harán por lista de acuerdos, aún las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet *** o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es **** respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes
- Benajamín Pérez José, cond Gabriel Alfonso Armenta Gómez133/2021
- Benigno Domínguez Quirao435/2019
- Benito Gómez Camacho330/2019
- Benito Gómez Méndez1437/2018
- Benito Gómez Méndez790/2017
- Benito Gómez Méndez312/2021
- Benito Rene Escobar Barrera1052/2018
- Benito Rodríguez Toledo310/2017
- Benjamín Alfredo Gallegos Penagos1326/2022
- Benjamín del Carmen León Ramos1039/2016
- Benjamín Gómez Cruz708/2022
- Benjamín Gómez Cruz389/2021