Benito Gómez Jaramillo
Expediente 301/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Benito Gómez Jaramillo
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio número 3581/2021, firmado en forma electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado 12201/2021, por el que se remitió las constancias de notificación realizada al quejoso ******************** y los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, para la substanciación del recurso de queja hecho valer por el citado quejoso, contra el proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el cual fue radicado y admitido como recurso de queja 114/2021, de su índice, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. En otro orden de ideas, en atención a la solicitud planteada por la Superioridad a efecto de que se ponga a su disposición el expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo a efecto de que éste pueda ser vinculado al recurso de queja 114/2021, de su índice, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta y vinculación del expediente electrónico por el plazo de cinco días, contado a partir de que se notifique el presente acuerdo, ello para los efectos legales a que haya lugar en los autos del recurso de queja 114/2021, del índice del Órgano Colegiado solicitante. Por lo tanto, instrúyase al analista jurídico SISE, adscrito a éste órgano jurisdiccional a efecto de que habilite los permisos correspondientes respecto del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa y una vez concluido dicho plazo deberá deshabilitarlo sin ulterior acuerdo. DEVUELVE DESPACHO. Por otro lado, con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 1743-AQ, a través del cual el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, devuelve DEBIDAMENTE DILIGENCIADO el despacho 1174/2021 orden 2017/2021, enviado a efecto de notificar al quejoso ********************, el proveído dictado dentro del presente juicio de amparo el diez de junio de dos mil veintiuno. SE ORDENA DAR DE BAJA. Ahora, bien, para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno, la comunicación oficial de mérito. Lo anterior, sin que sea necesario realizar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la misma fue recibida de manera electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de junio de dos mil veintiuno. DEVUELVE DESPACHO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 1501-AQ, a través del cual el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, devuelve DEBIDAMENTE DILIGENCIADO el despacho 1079/2021 orden 1845/2021, enviado a efecto de notificar al quejoso Benito Gómez Jaramillo, el contenido del proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. SE ORDENA DAR DE BAJA. Ahora, bien, para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno, la comunicación oficial de mérito. Lo anterior, sin que sea necesario realizar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la misma fue recibida de manera electrónica. RECURSO DE QUEJA. Por otro lado, vista la cédula de notificación remitida por la autoridad oficiante, de la que se advierte que el dos de junio de dos mil veintiuno, al momento de la práctica de la citada diligencia la parte quejosa Benito Gómez Jaramillo, en la parte que interesa manifestó interponer recurso de queja, en contra del proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, por el que fue desechada la presente demanda de amparo. En ese contexto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja hecho valer en contra del proveído de veintiocho de mayo pasado, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, en el que se determinó desechar la demanda, por los motivos ahí expuestos. Por lo anterior, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja; sin que sea necesario requerir a las partes a fin de que señalen constancias que deberán remitirse al Tribunal, en virtud de que se envía el original del juicio en que se actúa, previa formación del cuaderno de antecedentes. Remítanse al Tribunal Colegiado que corresponda, impresión por duplicado de la comunicación oficial recibida de manera electrónica, por la cual el quejoso interpuso el recurso de queja que nos ocupa. NOTIFICACION AL QUEJOSO. En ese contexto, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS MICHOACÁN", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, vía correo electrónico, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, notifique al peticionario de amparo Benito Gómez Jaramillo, el presente proveído. CÚMPLASE y NOTIFÍQUESE MEDIANTE DESPACHO AL QUEJOSO.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Téngase por recibido el oficio 8004, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, al que se acompaña el juicio de amparo II-382/2021-2, de su estadística formado con la demanda de amparo promovida por Benito Gómez Jaramillo, contra actos de la Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Lo anterior, toda vez que mediante proveído de siete de los actuales, el Titular de dicho órgano jurisdiccional, declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio de garantías en cuestión, por los motivos que expone. De conformidad con el primer párrafo del artículo 37 y segundo párrafo del artículo 48, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta el conocimiento del asunto en el estado procesal en que se encuentra. Comuníquese esta determinación al Juzgado de Distrito remitente, para los efectos legales conducentes. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 301/2021-I, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo que nos ocupa, se obtiene que la parte quejosa se duele de: "Reclamo a las autoridades señaladas como ordenadoras y ejecutoras la ilegalidad del traslado del cual fui víctima.". ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En el caso concreto, esta Juzgadora Federal determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo X, Septiembre de 1999, visible en la página 730, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, el referido precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior..." De acuerdo con lo anterior, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario agotar los medios de defensa previstos en la ley; asimismo, vía jurisprudencia se ha sustentado que para los efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar dicho acto. Luego, la suscrita Juzgadora considera necesario sentar que el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que los Jueces de Distrito podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Esto es, como ya se precisó en líneas que anteceden, el Juzgador debe atender a la causa de pedir, es decir, a lo que la parte quejosa quiso decir y no a lo que aparentemente dijo, ya que la interpretación de la demanda no puede confundirse de ninguna manera con la suplencia de la deficiente queja, sino apreciar la demanda en su conjunto, como un todo, en atención a que solo de esta manera se puede lograr una recta impartición de justicia. Resulta aplicable la Jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 227, Tomo VIII, de agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En ese sentido, del estudio indicado se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: "Reclamo a las autoridades señaladas como ordenadoras y ejecutoras la ilegalidad del traslado del cual fui víctima.". Acto respecto del cual la suscrita estima existe un medio ordinario de defensa que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad. Así es, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: I. Régimen de internamiento: en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. II. Régimen disciplinario: en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. III. Traslados de las personas detenidas: en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Asimismo, el mismo ordenamiento legal distingue tres tipos de traslados, a saber: 1. Traslados voluntarios: son los que solicita el propio interno ante el Juez y éste lo autoriza. 2. Traslados involuntarios: los que impone la autoridad con previa autorización judicial. 3. Traslados urgentes (o excepcionales): impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. Por cuanto al primero de los referidos traslados, el numeral 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, refiere que inicia con una petición del propio interno, elevada ante el Juez de Ejecución, quien celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Ahora bien, respecto a los traslados involuntarios, de conformidad con el 51 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. Finalmente, debe decirse que los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En este supuesto, en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se advierte como regla general la autorización judicial previa del traslado, aunque de manera excepcional se autorizará posterior a su ejecución, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley de Ejecución en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas; esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley de Ejecución Penal. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Ahora, la parte quejosa expuso en la demanda que señala como acto reclamado, el ilegal traslado del Centro de Reinserción Social en el Estado de Tamaulipas, con sede en Victoria al Centro Federal de Readaptación Social, número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, en donde actualmente se encuentra recluido, así como a otras autoridades, y de ello se puede advertir que posiblemente se haya iniciado el procedimiento que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto al traslado involuntario previsto por el citado artículo 51 de la Ley de Ejecución Penal. En ese sentido, se estima que la parte quejosa previo acudir al amparo, debió agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley de Ejecución Penal, pues al tener noticia de que iba a ser trasladado del lugar en donde se encontraba recluido al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, tenía la posibilidad de recurrir ante el Juez de Ejecución o Control según se trate, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentaran la acción de amparo. Además, dicho mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido e incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. De donde se sigue que la suspensión establecida en dicho ordenamiento legal tiene los mismos efectos que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos ni plazos que los que ésta consigna para conceder la suspensión provisional. Resulta aplicable por su contenido, la tesis I.7o.P.122 P (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 5293, del Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019987, del rubro siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA". Sin que lo hasta aquí expuesto se contraponga con los criterios resueltos por el Alto Tribunal del País, de rubros siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA". "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA". "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL." "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO". Ello porque de su análisis se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó como base la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de junio de dos mil once, en la cual se quitaron facultades a las autoridades administrativas para decidir las controversias que se susciten en reclusión, para otorgárselos a la autoridad judicial. Los referidos criterios surgieron en la época de transición cuando las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades legales para ello y sin autorización judicial, cuando la legislación ordinaria y las autoridades administrativas penitenciarias, aún no se ajustaban a los principios constitucionales. Panorama que cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues creó un procedimiento judicial que regula los traslados, mismos que por regla general, su autorización judicial es previa, y excepcionalmente en casos urgentes, la autorización judicial es posterior, en cuyo caso la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa, además de que también se previó la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la Ley de Ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, la cual posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, y al ocurrir todo ello en el contexto de un procedimiento establecido en la ley, se tratan de actos dentro de juicio, a diferencia de lo analizado por el alto tribunal que alude a supuestos donde los actos fueron emitidos fuera de juicio, de allí que al caso a estudio sea diferente y no resulten aplicables esos criterios. Además, el Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, resolvió en los mismos términos el recurso de queja 176/2019 de su índice, y por su parte el Cuarto Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, también lo hizo en las quejas 160/2019 y 162/2019 de su estadística. Asimismo, no pasa inadvertido que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al resolver las quejas 66/2019 y 65/2019, en sesión celebrada el once de julio y quince de agosto, ambos del año en curso, respectivamente, interpuestas en los diversos juicios de amparo 278/2019 y 314/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, en las que se analizaron como actos reclamados la orden de orden de traslado, hayan sido declaradas fundadas; sin embargo, dicha circunstancia no riñe en el presente asunto, al haberse planteado argumentos diversos a los aquí analizados. En consecuencia, por los motivos anteriormente expuestos, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113 en relación con el 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para los impetrantes de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Del contenido del ocurso de cuenta se desprende que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán"; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, vía correo electrónico, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya en el referido centro de reclusión y realice lo siguiente: Le notifique al citado quejoso el contenido íntegro del presente auto y haga entrega del mismo, del cual se adjunta copia simple. Se precisa a la autoridad despachada, que en el acta de la diligencia correspondiente, el Actuario de su adscripción deberá especificar que se notifica en el presente auto, así como la entrega de la copia del mismo. Por otra parte, se previene al Juez despachado, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada, y en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remitan las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad, que de hacer caso omiso al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. ASISTENCIA DE ABOGADO. Considerando que el quejoso se encuentra privado de su libertad e instó el juicio por su propio derecho y no cuenta con persona autorizada en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, ni tampoco con un defensor que lo asista; como lo gestiona el promovente, requiérase al Delegado del Instituto de la Defensoría Pública Federal, con sede en Morelia, Michoacán, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que reciba el oficio de notificación del presente proveído (al que deberá adjuntarse copia simple de la demanda de amparo), designe un Defensor Público Federal, en favor del citado promovente. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen las labores presenciales en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo; y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este asunto en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; mediante oficio al juez declinante.
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