Benito Gabino Jiménez García

Expediente 295/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 36 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
295/2017
Año
2017
Actuaciones
36
Última actuación
06/10/2017

Partes del expediente

  • Benito Gabino Jiménez García
  • Benito Gabino Jiménez García y Otros.
  • Claudia María Mora Castillo
  • LIX Legislatura del Estado de México
  • José Antonio Valdez Reza
  • Heriberto Benito López Aguilar
  • Kerem Mercado Miranda
  • José Ramón Texas Aguado
  • Irving Yunio Vilchis Sáenz
  • Grisel del Carmen López Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    IV.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, contra el auto de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Devuélvase a la autoridad responsable Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. - El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo), pues se concedió la suspensión provisional y definitiva. -El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    se sobresee en el presente juicio, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para la celebración de la audiencia constitucional

  3. Principal

    Toluca, México; cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de veinte días otorgado en proveído de trece de julio de dos mil diecisiete (foja 270) con la finalidad de que el quejoso realizara las gestiones necesarias para emplazar al tercero interesado ******************** por edictos; lo anterior para ser publicados tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República mexicana, y consecuentemente, toda vez que la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 237 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Así pues, si durante el lapso de referencia, el impetrante de amparo no acreditó la publicación de los edictos, el cual, no constituye una afectación desmedida, sino una carga procesal razonable y acorde con la obligación de preservar el respeto al debido proceso legal. De esta manera, al actualizarse la porción normativa prevista en el artículo 63, fracción II de la ley de la materia; se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 27/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27 del Libro 22, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2015, Décima Época, materia común, con número de registro 2009915, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 4/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, Libro 5, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2014, Décima Época, materia constitucional-común, con número de registro 2006232, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." En consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse en esta fecha. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretario Liliana Lozano Mendoza, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    IV.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO HEHO AL QUEJOSO Y SE LE NOTFIOCA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE CUATRO DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE QUE DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de veinte días otorgado en proveído de trece de julio de dos mil diecisiete (foja 270) con la finalidad de que el quejoso realizara las gestiones necesarias para emplazar al tercero interesado ******************** por edictos; lo anterior para ser publicados tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República mexicana, y consecuentemente, toda vez que la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 237 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Así pues, si durante el lapso de referencia, el impetrante de amparo no acreditó la publicación de los edictos, el cual, no constituye una afectación desmedida, sino una carga procesal razonable y acorde con la obligación de preservar el respeto al debido proceso legal. De esta manera, al actualizarse la porción normativa prevista en el artículo 63, fracción II de la ley de la materia; se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 27/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27 del Libro 22, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2015, Décima Época, materia común, con número de registro 2009915, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 4/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, Libro 5, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2014, Décima Época, materia constitucional-común, con número de registro 2006232, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." En consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse en esta fecha. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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