Benito Estrada Diaz
Expediente 735/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Benito Estrada Diaz
Actuaciones
- Principal
III. Advirtiendo del estado procesal que guardan los presentes autos que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual este Juzgado DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Benito Estrada Díaz; se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los cinco años siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que no se considera de relevancia documental, carece de valor jurídico, no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes.
- Principal
II. Con esta fecha se notifica a la parte promovente, el auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por el quejoso contra actos que reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, con sede en esta ciudad; en tal virtud, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno. Es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las causas de improcedencia establecidas proceda a desechar de plano la demanda de amparo y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente a la parte quejosa, al cual se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. En ese sentido, conviene precisar que de la lectura integral del escrito inicial de demanda de amparo y su anexo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado lo siguiente: El acta de audiencia de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio agrario TUA 44-340/2019, en la que no se llevó a cabo la audiencia de ley y se difirió la misma, fijándose como nueva fecha las once horas del dos de octubre de dos mil diecinueve. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista. Luego, conforme a la interpretación a contrario sensu de la norma legal últimamente transcrita, se determina en forma manifiesta que el juicio de amparo es improcedente contra actos en el juicio agrario, cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria aprobada en sesión de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia del Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, estableció que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Aunado a lo anterior, estableció que, de acuerdo a lo sustentado por el Alto tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento. Lo anterior porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". En el caso, la parte quejosa reclama el acta de audiencia de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio agrario número 340/2019, mediante la cual se difiere la audiencia de ley por no encontrarse presente la parte demandada en el juicio de origen, fijando como nueva fecha para tener verificativo las once horas del dos de octubre de dos mil diecinueve. De lo anterior, se advierte con meridiana claridad, que la determinación reclamada por esta vía, es un acto emitido dentro de un juicio agrario, el cual no decide el punto jurídico debatido, pues aún falta por pronunciar la resolución que ponga fin al juicio en cuanto al fondo, lo que se destaca, pues no es un acto de imposible reparación, ya que sólo constituye una infracción de índole procesal que no trastoca de manera cierta e inmediata los derechos sustantivos protegidos por los derechos humanos de la parte quejosa, de modo tal, que la afectación que reclama no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el controvertido de mérito, por haberse consumado irreparablemente en el disfrute del derecho fundamental de que se trate, teniendo en cuenta que la determinación reclamada únicamente produce efectos intraprocesales o meramente formales, que sólo inciden en la posición que van tomando las partes en el juicio con miras a obtener un fallo favorable en él, ya que fundamentalmente el acto reclamado es que no se llevó a cabo la audiencia de ley en el juicio agrario de origen y la misma se difirió por la incomparecencia de la parte demandada. En efecto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que traten sobre la tramitación del juicio, pues son actos tendientes a integrar el expediente de origen, y sólo tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como justamente acontece con el acta de audiencia de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio agrario número 340/2019, del índice de la autoridad responsable, mediante la cual se determinó que no se llevaría a cabo la audiencia de ley y que la misma se diferiría por la incomparecencia de la parte demandada, fijando como nueva fecha para que tenga verificativo la diligencia, las once horas del dos de octubre de dos mil diecinueve; pues sólo constituye una infracción de índole intraprocesal, que no trastoca de manera cierta e inmediata los derechos sustantivos protegidos por los derechos fundamentales de la parte amparista, de modo tal, que la afectación que reclama no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente en el disfrute del derecho humano de que se trate, teniendo en cuenta que el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales o meramente formales (es decir, sólo se afectan derechos de naturaleza adjetiva o procesal), que únicamente inciden en la posición que van tomando las partes en el proceso con miras a obtener resolución favorable en él, por lo que de ser así, la infracción cuestionada desaparece sin dejar alguna huella en la esfera jurídica de la parte quejosa; aspecto en que descansa la calificativa de que no se está en presencia de actos que tengan una ejecución irreparable; de ahí que el diferimiento de la audiencia de ley en el juicio agrario de origen, en este momento procesal, no le causa algún perjuicio irreparable. Asimismo, debe decirse que la infracción procesal de mérito será combatible al promoverse, en su caso, el juicio de amparo directo en contra de la sentencia con que culmine el juicio agrario de origen, en la hipótesis de que éste sea adversa a los intereses de la parte promovente del amparo, por afectar sus defensas al trascender al resultado del fallo, acorde a lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, que estatuye que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por Tribunales Judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de derechos humanos cometidos en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. De tal manera, que el acto no amerita ser analizado de inmediato mediante el juicio de amparo indirecto, sin que ello deje en estado de indefensión a la parte amparista; de ahí que en el particular, se sostenga la improcedencia del juicio, dado que el controvertido de origen aún se encuentra en trámite y la determinación reclamada no constituye la resolución definitiva. En tales condiciones, el juicio constitucional que promovió Benito Estrada Díaz, deviene improcedente, al actualizarse la invocada causal prevista y por ende, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto del acto analizado en párrafos precedentes. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios a quienes menciona, en tanto que en términos restringidos a los restantes que indica. Se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales.
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