Benito Escalona Yepez
Expediente 897/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Benito Escalona Yepez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que el auto en que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal por la parte promovente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental y tampoco se ubica en los supuestos de los considerandos como conservables, acorde a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por lo que a criterio de este juzgado se considera que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Otumba, Estado de México, y otra autoridad. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo ***/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Desechamiento Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Después de analizar el acto reclamado, este órgano jurisdiccional considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 la Ley de Amparo, pues se estima que antes de acudir a la acción constitucional el quejoso debió agotar el medio de defensa ordinario que tenía a su alcance. Tal precepto determina lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: --- XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. --- Se exceptúa de lo anterior: --- a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; --- b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; --- c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. --- d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. --- Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". El artículo 61, en su fracción XVIII, contempla el principio de definitividad, según el cual el quejoso tiene la carga procesal de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. Dicho principio descansa en la consideración que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En conclusión, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a promover el juicio de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. En el caso a estudio, el titular de la acción de amparo reclama: La resolución de veintiocho de junio de dos mil veintidós, dictada en el incidente de liquidación de pensiones vencidas promovido dentro del expediente 290/2016 del índice del juzgado responsable. Por tanto, es indudable que dicho acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de apelación en términos del artículo 1.366 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que señala: "1.366. La apelación tiene por objeto que el Tribunal de Alzada, revoque o modifique la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, los que de no prosperar motivarán su confirmación.". Ese orden, de acuerdo a lo que establece el artículo en comento, la parte promovente debe seguir las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, e interponer con sus requisitos y formalidades el recurso de apelación, el cual resulta procedente respecto del acto reclamado en la presente demanda de amparo. De ahí, que el hoy solicitante del amparo debió agotar el recurso de apelación, ya que con la imposición de ese medio de defensa puede obtener la modificación o confirmación del acto reclamado, y al no haber agotado ese medio de defensa, antes de acudir al juicio de garantías, se concluye que el acto reclamado carece de definitividad, actualizándose, por tanto la causa de improcedencia previa en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de ilustración la jurisprudencia 259, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1624, Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la bligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitibilidad de la acción de amparo.". Por otra parte, se indica que no se está en alguna de las hipótesis de excepción del principio de definitividad, a saber, peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; tampoco es una orden de aprehensión o reaprehensión, providencia precautoria, medida cautelar restrictiva de la libertad, auto que niegue la libertad provisional bajo caución, entre otros, máxime, que el acto reclamado no afecta la libertad personal, y menos aún es seguido fuera de procedimiento. Además, la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional o bien el fundamento legal no es suficiente para determinarla, que es en el caso en que la parte quejosa quedara en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo, por tal motivo, es evidente que el acto que se combate no se exceptúa de acatar el principio de definitividad. En consonancia con lo anterior, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que, en su caso, procedan Resulta ilustrativa, la tesis 1a. CCXII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, registro digital 2018738, página 358, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL 6 DE MARZO DE 2010). De los artículos 1.192, 1.362, 1.366, 1.375, 1.378, 2.137 y 2.139, estos dos últimos vigentes hasta el 6 de marzo de 2010, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, deriva que las resoluciones que tienen el carácter de autos provisionales sólo serán apelables cuando expresamente lo disponga ese código, de lo que se infiere que en todos aquellos casos en los que no se establezca dicha circunstancia, procederá el recurso de revocación ante el Juez que dicta el auto. Por lo tanto, los autos a través de los cuales el juzgador fija la pensión alimentaria provisional son revocables, toda vez que el código procesal sólo señala que serán apelables las "sentencias que concedan alimentos", lo que se traduce, necesariamente, en una resolución que deriva de la tramitación de un incidente (interlocutoria) o de la que decida la controversia en el fondo (definitiva), en términos de la clasificación que el propio ordenamiento hace de los tipos de resolución judicial, pero no contra autos provisionales relativos al otorgamiento de alimentos, en tanto no prevé, específicamente, que sean apelables.". Por tanto, si el impetrante no agotó el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de apelación, es evidente que inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conduce a que se actualice por esa circunstancia la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, procede desechar de plano la demanda. Apoya lo expuesto, la tesis II.4o.C.8 C (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, registro digital 2001228, página 1603, que establece: "ALIMENTOS PROVISIONALES. SUPUESTOS EN QUE PUEDEN CONTROVERTIRSE LAS DETERMINACIONES RELATIVAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PREVIO AL AGOTAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 2.110 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO). En términos de los artículos 2.107 al 2.110 y 5.40 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la admisión de la demanda implica que las acciones, elementos o sujetos materia de admisión, formen parte del proceso litigioso y la orden de emplazamiento del demandado. En cambio, conforme a los diversos preceptos 5.43 al 5.45, ante la solicitud alimentaria del acreedor el Juez puede emitir por lo menos dos determinaciones cautelares que habrán de regir hasta el dictado de la sentencia que, en su caso, fije el monto definitivo de la pensión respectiva: Una indiscutible, que es la que establece que el deudor debe cubrir alimentos provisionales, y otra cuestionable, relativa al monto de la pensión provisional; una tercera, la improcedencia de la solicitud de alimentos. Estas tres determinaciones son independientes del auto que admite la demanda, pues la procedencia o improcedencia de la pensión alimentaria provisional depende de los requisitos previstos en los artículos 4.126 al 4.144, 4.403 y 4.404 (concubinato) del Código Civil del Estado de México; razones por las cuales, el artículo 2.110 del invocado código procesal no es aplicable a esas determinaciones, pues sólo refiere que el auto que admite la demanda no es recurrible. En ese contexto, tanto el acreedor como el deudor alimentario pueden controvertir dichas resoluciones en juicio de amparo indirecto por tratarse de un acto que afecta derechos sustantivos, previo agotamiento del recurso de revocación, en los supuestos siguientes: En términos del artículo 5.74 del código primeramente citado, las resoluciones dictadas fuera de la audiencia inicial y el auto que negó la procedencia de la pensión alimenticia provisional son revocables, pues dicho precepto establece que los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables acorde con las reglas generales y las medidas cautelares dictadas en la audiencia inicial conforme al artículo 5.75, fracción IV, del mismo ordenamiento, también son impugnables en revocación.". Domicilio para oír y recibir notificaciones Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado Federal, por así haberlo solicitado. Por otra parte, se tiene por autorizados en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, con todas las facultades que el mismo confiere, a los profesionistas que se mencionan siempre y cuando se encuentre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las diversas personas que se indica, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos. Habilitación para practicar notificaciones y uso de medios electrónicos Con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto.
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