Benito Cleotilde Cabildo Pozo y/o Tlapancal
Expediente 729/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Benito Cleotilde Cabildo Pozo y/o Tlapancal
- Blaca Maribel Cavildo y/o Cabildo Tlatelpa
- María de los Ángeles Cabildo Tlatelpa
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Informa desechamiento de recurso de queja. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; por medio del cual informa que se desechó la demanda de amparo promovida por Benito Cleotilde Cabildo Pozo y/o Benito Cleotilde Cabildo Tlapancal, María de los Ángeles Cabildo Tlatelpa y Blanca M******************** de lo que este Juzgado Federal queda enterado de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veintisiete de junio del presente año, dictado en el juicio de amparo directo 336/2023 de su índice, en el cual informa que requirió al Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, con residencia en San pablo del Monte Tlaxcala, diversas constancias, a fin de estar en condiciones de aceptar o no la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Representante especial formula alegatos y ofrece pruebas Agréguese el escrito signado por el Asesor Jurídico Federal Salvador Cortes Carcaño representante especial de José Martín Carlos Villalba Balderas; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando los alegatos que expresa. Asimismo, se tiene ofreciendo como pruebas las documentales que refiere, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y que serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Pamela Elizabeth Hernández López, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, ocho de junio de dos mil veintitrés. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueven Benito Cleotilde Cabildo Pozo y/o Benito Cleotilde Cabildo Tlapancal, María de los Ángeles Cabildo Tlatelpa y Blanca Maribel Cavildo Tlatelpa y/o ********************, contra actos del Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, San Pablo del Monte, Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 729/2023-III. Acto reclamado Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Desechamiento En consecuencia, en relación al acto reclamado como: "notificación del auto de catorce de abril de dos mil veintitrés" El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. DEFINITIVIDAD Ahora, respecto del acto reclamado precisado consistentes en la "notificación del auto de catorce de abril de dos mil veintitrés"; este órgano de control constitucional de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El precepto legal transcrito establece el principio de definitividad del juicio de amparo, consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, con excepción hecha de los terceros extraños al juicio y los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, de los cuales no se surte ninguno en este caso. Asimismo, tampoco se actualiza la excepción relativa a que cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. En consecuencia, no se actualizan las excepciones que contempla dicho numeral para agotar tal principio, ya que por una parte, ninguno de los actos reclamados encuadra en las hipótesis previstas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que quedaron precisadas con antelación, y por otro lado, del escrito de cuenta, se advierte que los promoventes son parte dentro del expediente de origen y se duele de la notificación del auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 1233/2021, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl. En ese sentido, como ya se indicó con anterioridad, en el presente asunto se actualiza la referida causa de improcedencia, toda vez que si los quejosos estiman que la notificación del auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, fue incorrecta, se encontraba obligada a agotar el medio de defensa ordinario tendente a revocar el acto lesivo. Máxime que tiene la calidad de parte en ese asunto Se estima así, porque el acto combatido, es impugnable a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, el cual dispone: ".Artículo 109.- Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en este capítulo serán nulas; y son aplicables a ellas las reglas siguientes: I.- La parte agraviada podrá promover ante el Juez o Tribunal que conozca del negocio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación hecha indebidamente; II.- Son aplicables a este incidente, lo dispuesto por la fracciones II a V del artículo 41. III.- Si se declara nulo lo actuado, se declarará también que el principal no se encuentra en estado de dictar sentencia; IV.- De igual manera se procederá en caso de omisión o falsedad de las notificaciones; V.- El secretario que hubiere hecho mal u omitido la notificación será civil y penalmente responsable, independientemente de la sanción disciplinaria que le imponga el Juez o Tribunal; VI.- La sentencia que decida el incidente de nulidad de notificaciones no es recurrible cuando sea dictada por el Tribunal Superior; VII.- Contra la sentencia que decida, en primera instancia, sobre la nulidad de notificaciones procede el recurso de queja; pero cuando esa resolución decida también la cuestión principal en una sola sentencia; ésta es apelable y el recurso versará sobre ambas cuestiones." Como se advierte de los numerales en cita, el incidente de nulidad de notificaciones procede en contra de las notificaciones hechas indebidamente u omitidas, cuyo resultado puede ser el de nulificar la notificación que no se haya hecho conforme a la ley de la materia, o en su defecto, ordenarla cuando no se haya realizado. De lo anterior, se concluye que, el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio, satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa; es decir, tiene por objeto anular las actuaciones que agravian los intereses del quejoso, se encuentra establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala y tiene determinado un procedimiento para su resolución, a fin de que la autoridad responsable se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley o aquellas otras que se hubiesen omitido. Por tanto, al no haber promovido el incidente de nulidad en contra de la notificación del acuerdo de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 1233/2021, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, es obvio que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, lo que actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable la tesis aislada II.2o.1 K (10a.), visible en la página 2223, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES Y NO EL RECURSO DE QUEJA, EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA OMISIÓN DE PRACTICARLAS (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). En términos del artículo 68 de la Ley de Amparo, en el incidente de nulidad de notificaciones puede verificarse si éstas se realizaron conforme a la ley; sin embargo, esa disposición no prevé el supuesto en que las partes controviertan la omisión de practicarlas. Ante esta circunstancia, debe recurrirse al artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquella legislación, el cual establece la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones cuando se omita realizar una notificación o se hiciere en forma distinta a la indicada en el propio código. Así, de una interpretación sistemática de ambos preceptos se colige que el incidente de nulidad de notificaciones inicialmente señalado, constituye el medio de defensa idóneo para impugnar la omisión de practicar una notificación en el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la ley de la materia es improcedente para esa finalidad, ya que su materia se ciñe al análisis de la legalidad de las resoluciones dictadas por el Juez de amparo respecto de las cuales, no proceda el recurso de revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, no así en determinar si, efectivamente, existió la omisión de practicar una notificación, aunado a que el efecto de la ejecutoria que eventualmente se llegara a dictar, no podría tener el alcance de ordenar al juzgador de amparo que subsane su falta. Así también resulta aplicable la tesis aislada VI.2o.C. J/309, visible en la página 1775, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, novena época, que dice: "INCIDENTE DE NULIDAD. PROCEDE CONTRA LA FALTA O LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO YA SE HUBIERA DECLARADO EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si se omite o se estima indebida la notificación de la sentencia de primera instancia, debe impugnarse a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 61 del Código de procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, aun cuando ya se hubiere emitido el auto que declara ejecutoriado dicho fallo; en principio, porque el auto que da firmeza a una sentencia no cierra fase procesal alguna, como sí lo hace la sentencia de primer grado, mediante la cual termina la primera instancia, o la de segundo grado, con la que concluye la segunda instancia, ni se trata de la resolución que pone fin a la etapa de ejecución de sentencia, con la que concluye ese periodo, sino que es una mera declaración, por virtud de la cual se hace del conocimiento de las partes que la sentencia respectiva ha quedado firme por no ser susceptible de impugnación o por no haber sido recurrida por alguna de ellas; pero además, porque la indicada incidencia no atenta contra la firmeza de la cosa juzgada, pues ésta no estriba en el auto que declara ejecutoriada una sentencia, sino está en la propia resolución, pues es ésta la que contiene la verdad legal establecida por el juzgador, irrebatible e inmodificable por virtud de un medio de defensa accesorio que no tenga la característica de ser un recurso que la ley expresamente establezca para obtener su revocación o modificación. Por tanto, si el señalado incidente de nulidad sólo tiene por finalidad dejar sin efectos todas las actuaciones a partir de la omitida o indebida notificación, es decir, las efectuadas después de emitida la sentencia de primera instancia y las practicadas con posterioridad, incluida en éstas el señalado auto de ejecutoriedad, para que se realice la notificación omitida o se practique nuevamente esa comunicación procesal, pero conforme a derecho, sin alterar el contenido de ese fallo, es evidente que con él puede impugnarse la omisión o indebida notificación de una sentencia de primer grado, aun cuando se hubiere declarado firme pues, de lo contrario, el afectado no tendría a su alcance algún medio ordinario ni extraordinario para emprender su defensa." Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 26/2005 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, página 430, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo respecto del acto precisado. Se declina competencia a Tribunal Colegiado Ahora bien respecto al acto reclamado consistente en: La resolución de catorce de abril de dos mil veintitrés, por el cual se decreta la caducidad de la instancia dentro del juicio 1233/2021, del índice del Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl En principio, es necesario destacar que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público, por tanto, es de estudio previo al pronunciamiento sobre el fondo de la demanda de amparo. Debe mencionarse que del contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afectan personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, los cuales serán del conocimiento del Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Al respecto, resulta oportuno transcribir el contenido del precepto citado: "Articulo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Sentado lo anterior, se obtiene que el acto reclamado por la promovente, no encuadra en ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, pues es una resolución que puso fin al expediente 1233/2021, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, toda vez que se decretó la caducidad de instancia; por consiguiente, se considera que el competente legalmente para conocer de la demanda de amparo es el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, respectivo, pues de conformidad con el artículo 37, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dichos órganos jurisdiccionales son los competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra resoluciones que ponen fin al juicio. En efecto, el auto reclamado de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 1233/2021, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, constituye una resolución que pone fin a la vía promovida; de ahí que en su contra es procedente el juicio de amparo directo en términos de los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." (.)" "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes." La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." De conformidad con lo dispuesto en las normas legales antes transcritas, procede el amparo directo, del cual conocerá el Tribunal Colegiado que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y contra las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; entendiéndose por las primeras, aquellas que decidan el juicio en lo principal y, por las segundas, las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, página 466, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCION QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas." Desde esta perspectiva, es evidente que contra la resolución reclamada (de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 1233/2021, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl), es procedente el juicio de amparo en la vía directa, pues da por concluido el juicio 1233/2021, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, independientemente de las violaciones procesales alegadas; consecuentemente, se estima que corresponde conocer de la demanda de amparo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, por ser el órgano que se considera tiene competencia para ese efecto, en términos del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, página 466, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. ES LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y NO LA DE LA VIOLACIÓN PROCESAL ALEGADA, LA QUE DETERMINA SU PROCEDENCIA. Conforme al artículo 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo directo sólo es procedente en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, por lo que si en el caso se reclama en esa vía un acto dictado dentro del juicio o en la fase de ejecución, es inconcuso que no encuadra en alguna de esas hipótesis, al no tratarse de una sentencia que resuelva el juicio en lo principal, o lo dé por concluido, lo que establece la improcedencia del juicio de amparo uniinstancial. No es obstáculo para concluir de ese modo, que el quejoso haga valer una violación procesal prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo, ya que a ese respecto no debe perderse de vista que lo que determina la procedencia del juicio de amparo directo no es la naturaleza de la violación alegada, sino la del acto reclamado, pues acorde con los artículos 44, 46 y 158 de la invocada ley reglamentaria, para la procedencia de ese juicio es menester que se trate de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas; y aunque el numeral 159 aluda a las violaciones procesales que pueden impugnarse en la vía directa, en términos del último párrafo del citado artículo 158, dichas violaciones procesales sólo podrían ser impugnadas en el amparo directo que al respecto se promueva contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio." (Jurisprudencia XIV.C.A. J/22, del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 1253, Tomo XXX, Agosto de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Consecuentemente, bajo la línea argumentativa expuesta se concluye que el acto reclamado por Benito Cleotilde Cabildo Pozo y/o Benito Cleotilde Cabildo Tlapancal, María de los Ángeles Cabildo Tlatelpa y Blanca Maribel Cavildo Tlatelpa y/o ********************, es impugnable en amparo directo, en términos del artículo 170, de la Ley de Amparo, no así en amparo indirecto según el artículo 107, de la ley de la materia; de ahí que en el caso, el suscrito se declara legalmente incompetente para resolver sobre la resolución impugnada. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10ª.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por tanto, una vez que cause ejecutoria la determinación aquí fijada, remítase el original de la demanda de amparo, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para que se pronuncie respecto de si acepta o no el conocimiento del mismo; solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo; debiendo dejar copia certificada en su lugar. Se autorizan las notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza las notificaciones electrónicas a través del usuario "maripiliflocast", en la inteligencia de que el actuario de la adscripción deberá realizar las notificaciones por la vía electrónica. Autorizados Se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Comunicación no procesal Téngase a la parte quejosa proporcionando dos correos electrónicos, a través del cual -de ser el caso- se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Representante común Por otro lado, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de la materia, téngase a ********************, como representante común de la parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Publicación de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Mmp
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