Benito Castro López
Expediente 223/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 40 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 13/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- BENITO CASTRO LÓPEZ y Otros.
- Benito Castro López
- Abad Odon Buenrostro Cadeza, Elia Buen Rostro, San Juan Duran Alfonso, Abel Arguelles Ochoa, Maria Barradas Muñiz, Isauro Luna Fernandez, Maria de la Luz Perez Alvarado, Soledad Ortiz de Barragan, Irma Perez Bendito, Annie Quevedo de Castellanos, Alfon
- Josefina Isabel Rubio Lira
- JOSEFINA ISABEL RUBIO LIRA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de tres días de vista concedido a las partes en el proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria emitida en el presente expediente, la cual no fue desahogada por ninguna de las partes. En consecuencia, se provee al respecto, habida cuenta que conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo, no es posible que se archive ningún expediente sino hasta que esté cabalmente cumplida la sentencia que concede el amparo; por lo que, el suscrito se pronuncia sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 223/2020-I, promovido por 2. Josefina Isabel Rubio Lira, 5. Alfonso San Juan Durán, 6. Abel Arguelles Ochoa, 7. María Barradas Muñiz, 10. Soledad Ortiz de Barragán, 13. Alfonso Hernández León, 14. Prócoro Castillo Arano, 17. Ricardo Ochoa Sisniega, 18. Elizabeth Venancio Aguilar, 20. Haydeé Trápaga viuda de N., 21. Celerino Espinoza Sarmiento y 22. Zoyla Susunaga Núñez; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de abril de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, 1. Benito Castro López, 2. Josefina Isabel Rubio Lira, 3. Abad Odón Buenrostro Cadeza, 4. Elia Buenrostro Morales, 5. Alfonso San Juan Durán, 6. Abel Arguelles Ochoa, 7. María Barradas Muñiz, 8. Isauro Luna Fernández, 9. María de la Luz Pérez Alvarado, 10. Soledad Ortiz de Barragán, 11. Irma Pérez Bendito, 12. Annie Quevedo de Castellanos, 13. Alfonso Hernández León, 14. Prócoro Castillo Arano, 15. Josefina Isabel Rubio Lara, 16. Daniel Silva Beltrán, 17. Ricardo Ochoa Sisniega, 18. Elizabeth Venancio Aguilar, 19. Juana Hernández González, 20. Haydeé Trápaga viuda de N., 21. Celerino Espinoza Sarmiento, 22. Zoyla Susunaga Núñez, 23. Rosa María Cortés Mauleón, 24. Remigio Palma Ortega y 25. Víctor Manuel Corro Sandría, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del 1. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, residente en Xalapa, y otras autoridades, mismo que fue precisado en la sentencia amparadora, de la siguiente manera: La omisión de restablecer el servicio de agua potable en los domicilios de los quejosos, ubicados en diversos sectores de Tierra Blanca, Veracruz. El cobro del consumo de agua potable, accesorios y saneamiento, así como, del Impuesto Adicional y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por parte del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca, Veracruz. Mediante proveído quince de abril de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo con el número 223/2020-I y se desechó parcialmente por lo que respecta a los promoventes 3. Abad Odón Buenrostro Cadeza, 4. Elia Buenrostro Morales, 8. Isauro Luna Fernández, 9. María de la Luz Pérez Alvarado, 11. Irma Pérez Bendito, 12. Annie Quevedo de Castellanos, 16. Daniel Silva Beltrán y 19. Juana Hernández González, por haber soslayado firmar la demanda de amparo; asimismo, se previno a los quejosos 1. Benito Castro López, 15. Josefina Isabel Rubio Lara, 23. Rosa María Cortés Mauleón, 24. Remigio Palma Ortega y 25. Víctor Manuel Corro Sandría, la cual no fue desahogada, y se tuvo por no presentada por dichos promoventes, admitiendo dicha demanda únicamente por los quejosos 2. Josefina Isabel Rubio Lira, 5. Alfonso San Juan Durán, 6. Abel Arguelles Ochoa, 7. María Barradas Muñiz, 10. Soledad Ortiz de Barragán, 13. Alfonso Hernández León, 14. Prócoro Castillo Arano, 17. Ricardo Ochoa Sisniega, 18. Elizabeth Venancio Aguilar, 20. Haydeé Trápaga viuda de N., 21. Celerino Espinoza Sarmiento y 22. Zoyla Susunaga Núñez. SEGUNDO. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional y el treinta y uno de mayo siguiente, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que por un parte se sobreseyó, y por otra, se concedió el amparo solicitado. TERCERO. Determinación que fue recurrida por la autoridad responsable Director del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado, residente en Tierra Blanca, Veracruz; recurso que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, residente en Boca del Río, Veracruz, el cual, mediante resolución de veinte de octubre de dos mil veintidós, confirmó la sentencia en su parte recurrida. Mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable 2. Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca, Veracruz, a efecto de que diera cumplimiento a la sentencia amparadora en sus términos; lo anterior, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 192 de la Ley de Amparo. CUARTO. Por auto de quince de noviembre de la presente anualidad, se recibió el informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora y constancias anexas, mismas que tienen plena eficacia convictiva, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones; por lo que, se dio vista a las partes; por tanto, se está en condiciones de pronunciarse al respecto, habida cuenta que conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo, no es posible que se archive ningún expediente sino hasta que esté cabalmente cumplida la sentencia que concede el amparo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; dado que, el estado de autos lo permite, al obrar el informe de la responsable respecto del cumplimiento requerido y haberse otorgado vista a las partes por el plazo legal previsto para tal efecto, la cual no fue desahogada por ninguna de las partes. SEGUNDO. En la ejecutoria emitida en el presente juicio, se concedió el amparo solicitado, para efecto de que la autoridad responsable efectuara lo siguiente: Restablezca de forma inmediata el servicio de agua potable para uso personal y doméstico en el domicilio de los quejosos, de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible. De encontrase en una imposibilidad material para ello (posible desabasto del vital líquido), deberá emitir un oficio en el que ordene se otorgue sin excusa ni pretexto el servicio de agua potable para uso personal y doméstico en el domicilio de los quejosos, de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, implementando medidas alternas, como por ejemplo, seguir realizando el abastecimiento por medio de pipas, por lo menos de cincuenta litros diarios por cada habitante de la vivienda. En atención a lo anterior, el Director General del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca, Veracruz, mediante oficio sin número, recibido en oficialía de partes de este juzgado el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en acatamiento a los lineamientos dictados en la sentencia de amparo, anexó copia certificada de las inspecciones realizadas a 2. Josefina Isabel Rubio Lira, 5. Alfonso San Juan Durán, 6. Abel Arguelles Ochoa, 7. María Barradas Muñiz, 10. Soledad Ortiz de Barragán, 13. Alfonso Hernández León, 14. Prócoro Castillo Arano, 17. Ricardo Ochoa Sisniega, 18. Elizabeth Venancio Aguilar, 20. Haydeé Trápaga viuda de N., 21. Celerino Espinoza Sarmiento y 22. Zoyla Susunaga Núñez, en sus respectivos domicilios domésticos en los que se advierten que restablecieron el servicio de agua potable en cada uno de ellos, de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sin que se pase desapercibido que los quejosos 10. Soledad Ortiz de Barragán, 14. Prócoro Castillo Arano y 20. Haydeé Trápaga viuda de N, al momento de efectuar dicha visita no se encontraban en sus respectivos domicilios particulares, sin embargo, vistas la constancias que obran en el presente sumario, en específico las que obran a fojas 878, 926 y 927, dichos quejoso manifestaron que el suministro de agua potable había sido restablecido de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible. Con lo anterior, este juzgado estima que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, dado que así se advierte de las constancias que remitió la autoridad responsable obligada al cumplimiento, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto y con apoyo en el artículo 196, párrafos primero y segundo, y 214 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo 223/2020-I, promovido por 2. Josefina Isabel Rubio Lira, 5. Alfonso San Juan Durán, 6. Abel Arguelles Ochoa, 7. María Barradas Muñiz, 10. Soledad Ortiz de Barragán, 13. Alfonso Hernández León, 14. Prócoro Castillo Arano, 17. Ricardo Ochoa Sisniega, 18. Elizabeth Venancio Aguilar, 20. Haydeé Trápaga viuda de N., 21. Celerino Espinoza Sarmiento y 22. Zoyla Susunaga Núñez se encuentra cumplida; sin que se advierta exceso ni defecto en su cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7 relativo al 7.1 Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo concerniente al Punto 1, derivado del 7.1.1 En los Juzgados de Distrito del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el por una parte, se sobreseyó, y por otra, se concedió la protección constitucional. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin a este asunto, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en dichos cuadernos. Al advertirse que la autoridad responsable remitió como anexo copias certificadas las cuales obran en cinco tomos de pruebas de su índice; en consecuencia, devuélvase dicha documentales a la citada autoridad responsable al resultar innecesaria su conservación. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DIAS, contado a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que exhibió en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo en el plazo establecido serán destruidos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y mediante lista a las restantes partes.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, archívese el presente incidente como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente incidente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7, relativo al 7.1. Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a) de dicho acuerdo, pues se negó y concedió la suspensión definitiva; por tanto, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o violación en su caso, y los demás documentos que se consideren necesarios, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin embargo, toda vez que el presente incidente de suspensión, se formó por duplicado y separado en términos de lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.1 Expedientes que el órgano jurisdiccional debe destruir una vez que cuente con más de seis meses de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, punto 2, inciso a) del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; debe considerarse DESTRUIBLE y una vez que transcurran seis meses a esta fecha de archivo como asunto concluido en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse el duplicado de expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA A LA QUE SE LE DEJO AVISO, LA RESOLUCION QUE EN LO CONDCUENTE DICE: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo 223/2020-I, promovido por 2. Josefina Isabel Rubio Lira, 5. Alfonso San Juan Durán, 6. Abel Arguelles Ochoa, 7. María Barradas Muñiz, 10. Soledad Ortiz de Barragán, 13. Alfonso Hernández León, 14. Prócoro Castillo Arano, 17. Ricardo Ochoa Sisniega, 18. Elizabeth Venancio Aguilar, 20. Haydeé Trápaga viuda de N., 21. Celerino Espinoza Sarmiento y 22. Zoyla Susunaga Núñez se encuentra cumplida; sin que se advierta exceso ni defecto en su cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7 relativo al 7.1 Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo concerniente al Punto 1, derivado del 7.1.1 En los Juzgados de Distrito del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el por una parte, se sobreseyó, y por otra, se concedió la protección constitucional. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin a este asunto, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en dichos cuadernos. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DIAS, contado a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que exhibió en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo en el plazo establecido serán destruidos.
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