Benito Cabrera Cervantes

Expediente 1203/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1203/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2019

Partes del expediente

  • Benito Cabrera Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. Agréguese a estos autos al oficio signado por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 35835/2019. De lo que se toma conocimiento para los fines legales a que haya lugar.

  2. Principal

    MESA I. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el diecinueve de octubre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que desecho por notoriamente improcedente la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se desechó la demandad de amparo, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, este debe ser DESTRUIDO; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número SECJ/STB/1223/2018, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Incidental

    MESA I. Téngase por recibido el oficio 7122, signado por la Secretaria de Acuerdos Interina del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el expediente del juicio de amparo directo 594/2018, del índice de ese cuerpo colegiado promovido por Benito Cabrera Cervantes, y un anexo. Asimismo, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la Superioridad acompañó a su oficio de cuenta, consistente en el expediente original 487/2014, relativo a diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos, del índice del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán; con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar con los referidos documentos, el cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado. Ahora, toda vez que dicho cuerpo colegiado, informa que mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, causó estado el auto dictado el dos de octubre del año en curso, en el que declaró que ese Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata; en tal virtud, con fundamento en los artículos 107, fracción IV, 47 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se admite la competencia para conocer de la demanda de amparo de referencia; comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los fines conducentes. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por BENITO CABRERA CERVANTES, contra actos que reclama del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, lo procedente en este caso, es DESECHAR, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que el peticionario de amparo reclama del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, lo constituye la resolución dictada el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, en el expediente relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos 487/2014, en el que se decretó una pensión alimenticia a favor de las menores de edad M.F.C.A. y J.M.C.A. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, la resolución dictada el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, en el expediente relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos 487/2014, en el que se decretó una pensión alimenticia a favor de las menores de edad M.F.C.A. y J.M.C.A. En este orden de ideas, se desprende que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, la parte agraviada debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ciertamente, los elementos que integran la causal de improcedencia invocada, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo, algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso concreto, el justiciable reclama la resolución dictada por el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en el expediente relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria 487/2014. Establecido lo anterior, tenemos que los artículos 851 y 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, disponen: "Artículo 851. Las providencias que se dicten en los negocios de jurisdicción voluntaria, serán apelables, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa.". "Artículo 369. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución inferior.". De lo anterior se concluye que, en la especie, el amparista estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de apelación en contra del acto reclamado, porque precisamente es parte del procedimiento natural y existe la certeza de tal medio de impugnación, según quedó demostrado del numeral transcrito, del que se desprende la procedencia del recurso de apelación contra la determinación impugnada por esta vía; además de que dicho auto no se encuentra previsto en los casos de excepción a los que se ha hecho referencia. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia; y que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P/J-11/2018 (10a.) visible en la página 8, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". En los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones de las jurisprudencias invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, por lo que resulta ineludible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, del citado ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del epígrafe y contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que nos es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En esas condiciones, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por la parte quejosa BENITO CABRERA CERVANTES, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia invocada a lo largo de la presente determinación. Asimismo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el predio número quinientos cuarenta y cuatro, de la calle sesenta y dos, entre cuarenta y cinco y cuarenta y siete, centro, de esta ciudad de Mérida, Yucatán; y como sus autorizados a Alejandra Esquivel Orozco, Daniel Alfredo Yah Chan y Didier Roberto Durán Uicab, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, tal y como solicita el quejoso. Regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3765/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA I. Téngase por recibido el oficio 7122, signado por la Secretaria de Acuerdos Interina del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el expediente del juicio de amparo directo 594/2018, del índice de ese cuerpo colegiado promovido por Benito Cabrera Cervantes, y un anexo. Asimismo, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la Superioridad acompañó a su oficio de cuenta, consistente en el expediente original 487/2014, relativo a diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos, del índice del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán; con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar con los referidos documentos, el cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado. Ahora, toda vez que dicho cuerpo colegiado, informa que mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, causó estado el auto dictado el dos de octubre del año en curso, en el que declaró que ese Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata; en tal virtud, con fundamento en los artículos 107, fracción IV, 47 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se admite la competencia para conocer de la demanda de amparo de referencia; comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los fines conducentes. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por BENITO CABRERA CERVANTES, contra actos que reclama del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, lo procedente en este caso, es DESECHAR, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que el peticionario de amparo reclama del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, lo constituye la resolución dictada el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, en el expediente relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos 487/2014, en el que se decretó una pensión alimenticia a favor de las menores de edad M.F.C.A. y J.M.C.A. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, la resolución dictada el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, en el expediente relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos 487/2014, en el que se decretó una pensión alimenticia a favor de las menores de edad M.F.C.A. y J.M.C.A. En este orden de ideas, se desprende que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, la parte agraviada debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ciertamente, los elementos que integran la causal de improcedencia invocada, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo, algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso concreto, el justiciable reclama la resolución dictada por el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en el expediente relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria 487/2014. Establecido lo anterior, tenemos que los artículos 851 y 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, disponen: "Artículo 851. Las providencias que se dicten en los negocios de jurisdicción voluntaria, serán apelables, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa.". "Artículo 369. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución inferior.". De lo anterior se concluye que, en la especie, el amparista estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de apelación en contra del acto reclamado, porque precisamente es parte del procedimiento natural y existe la certeza de tal medio de impugnación, según quedó demostrado del numeral transcrito, del que se desprende la procedencia del recurso de apelación contra la determinación impugnada por esta vía; además de que dicho auto no se encuentra previsto en los casos de excepción a los que se ha hecho referencia. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia; y que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P/J-11/2018 (10a.) visible en la página 8, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". En los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones de las jurisprudencias invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, por lo que resulta ineludible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, del citado ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del epígrafe y contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que nos es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En esas condiciones, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por la parte quejosa BENITO CABRERA CERVANTES, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia invocada a lo largo de la presente determinación. Asimismo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el predio número quinientos cuarenta y cuatro, de la calle sesenta y dos, entre cuarenta y cinco y cuarenta y siete, centro, de esta ciudad de Mérida, Yucatán; y como sus autorizados a Alejandra Esquivel Orozco, Daniel Alfredo Yah Chan y Didier Roberto Durán Uicab, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, tal y como solicita el quejoso. Regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. ...

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