Benito Bracamonte Gálvez

Expediente 1610/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1610/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Benito Bracamonte Gálvez
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, nueve de enero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. Del estado de autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que éste ha causado estado. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán desglosados y correrá la suerte del presente expediente. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tiene por ofrecida la documental que anexa dicha autoridad, a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de la cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." En efecto, en el caso sobreviene la causa de inejercitibilidad prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Esta causal de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos de los actos reclamados se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si los actos no hubiesen irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no hayan dejado huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos de los actos reclamados, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En esas consideraciones, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por las autoridades responsables, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Así, es factible considerar que la cesación de efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto (revocación( se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de este, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto (sustitución( se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso a estudio, respecto al acto reclamado, se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: El acuerdo de uno de noviembre de dos mil veintidós dictado por la Junta responsable en el juicio laboral ***, en el que se señaló fecha lejana para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Al rendir su informe justificado, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, aceptó la existencia del reclamo constitucional, sin embargo, el aludido presidente, manifestó que desde el quince de diciembre de dos mil veintidós dictó un auto, en el que se señaló nueva fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que se duele el quejoso, a saber, para las once horas del catorce de febrero de dos mil veintitrés, con lo que reemplazó dicha irregularidad; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (treinta de noviembre de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Por ende, se dejó insubsistente la data fijada para la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el citado auto reclamado de uno de noviembre de dos mil veintidós. Cuestión que se corrobora del apéndice que acompaña el informe de cuenta. Sentado lo anterior, se concluye que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que la fecha determinada en el auto reclamado de uno de noviembre de dos mil veintidós, fue sustituida por el acuerdo de quince de diciembre del mismo año, en el que se señaló distinto día y hora para el desahogo de audiencia en comento. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de señalar fecha y hora para llevar a cabo la multicitada audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo establecido en el arábigo 873 de la ley obrera, data que fue sustituida, como se plasmó con anterioridad, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable, sin prejuzgar sobre el acatamiento a lo dispuesto en dicho numeral, en relación con los plazos establecidos en la ley obrera, y que debe atender la Junta una vez recibida la demanda, lo cierto es que se sustituyó la actuación reclamada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. Por lo tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -diez horas con veintiún minutos del seis de enero de dos mil veintitrés-. También, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajusten a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos de los cuales se advierte, que a la fecha se encuentra en la caja de seguridad de este juzgado la póliza de fianza 2092237, expedida por Chubb Fianza Monterrey Asegurada de Caución, sociedad anónima, por la cantidad de $10,000.000 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), y toda vez que se encuentra concluido; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5 fracción V y 49 de la Ley de Tesorería de la Federación, se ordena la cancelación de dicha póliza; por tanto, se ordena devolución En esa virtud, gírese oficio a la citada institución aseguradora a fin de que proceda a la cancelación de la citada póliza y, hecho lo anterior, lo informe a este juzgado de Distrito. Notifíquese; por oficio a la institución de seguros, y personalmente a la secretaria encargada del control de pólizas de fianza y garantías diversas. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano