Benito Báez Córdoba

Expediente 609/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
609/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
18/01/2021

Partes del expediente

  • Benito Báez Córdoba

Actuaciones

  1. Principal

    ... transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer... se declara que CAUSÓ ESTADO para los efectos legales procedentes... archívese este asunto como concluido...

  2. Principal

    EN DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN ACUERDO DE DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 609/2020 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el promovente antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley; ya que dada su naturaleza extraordinaria, el juicio de amparo solamente procede excepcionalmente contra actos revisados a través de los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos, salvo los casos de excepción expresamente previstos. Cabe destacar que el artículo 173 de la Ley Número 589 de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en relación con el artículo 260 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, disponen lo siguiente: LEY NÚMERO 589 DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE RECURSO DE REVOCACIÓN "Artículo 173. Contra los actos y resoluciones que se dicten en materia de tránsito y transporte procederá el recurso de revocación, en los términos establecidos por el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave." CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ TÍTULO CUARTO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN "Artículo 260. Los interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos de las autoridades, así como por los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, podrán, a su elección, interponer el recurso de revocación previsto en este Código o intentar el juicio contencioso ante el Tribunal. El recurso de revocación tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido." De la interpretación de los artículos invocados, se advierte que el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo procede contra actos que se dicten en materia de tránsito y transporte. Por otra parte, el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, dispone: "Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: I. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, por violaciones cometidas en los mismos o durante el procedimiento administrativo; en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; III. Actos que dicte, ordene, ejecute a trate de ejecutar, de manera unilateral la autoridad, respecto de contratos administrativos u otros acuerdos de voluntad de la misma naturaleza que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad, en términos de este Código; V. Resoluciones dictadas, con motivo de los recursos de revocación a que se refieren la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VI. Resoluciones favorables a los particulares que causen lesión al interés público, cuya nulidad demande la autoridad; VII. Resoluciones definitivas dictadas en el recurso de revocación del presente Código o las previstas en la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VIII. Actos administrativos dictados por la Administración Pública en los supuestos a que se refieren los artículos 1, párrafo primero, y 2, fracciones II y XVI, del presente Código, que afecten derechos de particulares o de autoridades; IX. Actas circunstanciadas que decidan la remoción de los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado; X. Actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; XI. Incumplimiento de contratos administrativos celebrados por la Administración Pública estatal o municipal y los organismos autónomos; y XII. Los demás actos y resoluciones que señale la ley." Asimismo, es preciso destacar lo establecido en el artículo 296 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, el cual establece: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ ARTÍCULO 296 (REFORMADO, G. O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) "Artículo 296. Dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda, se dictará acuerdo sobre su admisión. En el mismo acuerdo se admitirán, desecharán las pruebas ofrecidas y, en su caso, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo. Tratándose de la suspensión deberá resolverse dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda". De lo expuesto y citado se observa que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto reclamado en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, no son mayores que los previstos en la Ley de Amparo. HECHOS Del análisis integral del escrito de demanda y constancias anexas, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: 1. La falta de precisión del lugar en donde fue generada la comisión de la conducta y/o infracción que generaron la nota de infracción número ***, emitida por la Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. 2. La negativa de las autoridades de emitir la orden de liberación del corralón en donde se encuentra el vehículo marca *** línea ***, modelo ***, con número de serie ***, con placas de circulación ***, propiedad de la parte quejosa. 3. La aplicación de los artículos 8, fracción I, 199, 224 y 225, fracción I, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 4. La aplicación de los artículos 1, 10, fracción VI, 16, 87, 132, 134, 162, fracciones I y II, 164, fracción IV, 167 y 170, fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 5. La boleta y/o nota de infracción número *** y el cobro de las multas derivadas de dicha infracción. 6. El monto total a pagar por concepto de corralón desde el día en que fue detenido y trasladado el vehículo marca ***, línea ***, modelo dos mil diez, con número de serie ***, con placas de circulación ***, hasta la fecha de su liberación, lo anterior con motivo de la nota de infracción número ***, emitida por la Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye que este juicio de amparo indirecto es improcedente porque en contra de los actos reclamados el promovente debió agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 173 de la Ley Número 589 de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en relación con el diverso 260 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, o bien el juicio contencioso administrativo, los cuales resultan idóneos para combatir los actos reclamados en este juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2020596 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 126/2019 (10a.) Página: 326 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada." En consecuencia, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** y ***, por contar con sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República; y como autorizado en términos del último párrafo del artículo referido, es decir, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a ***, por no contar con el registro referido. EXPEDIENTE ELECTRONICO Con fundamento en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, así como en los "Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como al expediente electrónico", procede autorizar el acceso al expediente electrónico a la parte quejosa, con nombre de usuario "***", a fin de que consulte el juicio de amparo en que se actúa. Se solicita a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.) que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

  3. Principal

    La tercera interesada... reitera sus autorizados y domicilio... estese a lo acordado en proveído de seis de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se proveyó lo conducente... la tercera interesada solicita copias certificadas... expídasele a su costa copia certificada de las constancias que indica... se hace del conocimiento de la promovente que para recoger las copias solicitadas, deberá tramitar una cita para acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional en el programa "Agenda OJ"... la tercera interesada promueve incidente de falsedad de documento en relación con el escrito inicial de demanda de catorce de octubre de dos mil diecinueve, el cual objeta de falso... resérvese proveer lo conducente, en virtud de que si bien la objeción de la autenticidad de documentos puede realizarse con anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, el Juez de Distrito debe relacionar las documentales de referencia en la misma y hasta ese momento acordar las objeciones relativas...

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