Benito Abalos Martinez
Expediente 529/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Juzgado Segundo Especializado En Materia Burocratica, Tuxtla Gutierrez, Chiapas
- Benito Abalos Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las diecisiete horas del tres de noviembre de dos mil veintiuno, el licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, actuario judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con la finalidad de notificar el proveído de veintinueve de octubre del año en curso, emitido en el juicio de amparo número 529/2021, mesa de trámite VII-A, promovido por Benito Abalos Martínez, hago constar que me constituí en el domicilio ubicado en central Norte, número 14, altos interior 3, colonia centro de esta ciudad, para notificar personalmente a la promovente antes indicado, el citado proveído, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto por constar en la nomenclatura y señalamientos de la calle y por así advertirlo en la fachada del inmueble en el cual me encuentro constituido, lugar en el que procedo a tocar en repetidas ocasiones la puerta de acceso al mismo, por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; por lo que, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso al domicilio de la promovente Benito Abalos Martínez, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el presente aviso de notificación, a notificarse del contenido del proveído de veintinueve de octubre del año en curso, apercibido que de no hacerlo se le notificará por medio de lista el proveído antes referido con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la ley de la materia. Doy Fe. Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón. Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de noviembre de dos mil veintiuno, el suscrito actuario judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la promovente Benito Abalos Martínez, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido del proveído de veintinueve de octubre del año en curso, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el tres de noviembre del año en curso, mismo que se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió a mi llamado, por lo que se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica al referido promovente Benito Abalos Martínez, por medio de lista el proveído de veintinueve de octubre del año en curso, pronunciado en el juicio de amparo 529/2021, mesa VII-A del índice de este Juzgado. Doy fe. Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón. Actuario Judicial.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Causa Estado Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la presente fecha ha transcurrido el término legal de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurra el proveído por el que se tuvo por desechada la demanda de amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho acuerdo para todos los efectos legales. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se provee lo siguiente. Juicio de Amparo Destruible Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización y Fe de Coincidencia entre Expedientes. Devolución de Documentos Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el ocurso suscrito por el quejoso Benito Abalos Martínez, mediante el cual desahoga la prevención decretada en auto de diecinueve de octubre del año en curso, y atento a su contenido se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Respecto del acto reclamado que la parte quejosa hizo consistir en: - La orden de embargo ordenada mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el que se acordó enviar exhorto al Juez del Ramo Civil en turno del Distrito Judicial de Tapachula, para efecto de ejecutar el laudo de veintisiete de marzo de dos mil quince, sin que del mismo se desprenda que haya facultado a la autoridad exhortada a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de la misma en términos del artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo. Previo a cualquier otra cuestión, este juzgado procede a examinar de oficio la procedencia del juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El transcrito dispositivo legal autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda cuando exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia. A su vez, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indica lo que debe entenderse por "motivo manifiesto e indudable" en la tesis de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. En esencia, la citada tesis señala que se debe entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal de orden público, de estudio preferente y oficioso, en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En el presente caso, a criterio de este órgano jurisdiccional opera la causal de improcedencia prevista en 61, fracción XIV, de la Ley de amparo, toda vez que la demanda de amparo resulta ser extemporánea. Dicho artículo dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De conformidad con el precepto legal mencionado, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, es decir, en los plazos contenidos en los artículos 17 y 18 de la ley reglamentaria, que prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del último de los preceptos en cita, se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es oportuno destacar, que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente interpuesta, todas ellas con características propias y excluyentes ente sí. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado, como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales, y en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último tuvo conocimiento en determinada fecha del acto reclamado, el cual debe producir la convicción de que el interesado se enteró en forma directa, plena y completa del acto combatido. Finalmente, la tercera hipótesis establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva del quejoso, quien manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Ahora, con motivo de la declaratoria de pandemia derivada del virus COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el referido fenómeno de salud pública, en el que decretó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al diecinueve de abril del año en curso. Así, en su artículo 2º estableció que no correrían plazos y términos procesales, no se celebrarían audiencias ni tampoco se llevarían a cabo sesiones de Plenos de Circuito; excluyendo de lo anterior a los órganos jurisdiccionales que se encontraban de guardia para la atención de asuntos urgentes. Luego, a través del Acuerdo General 8/2020, el referido Pleno decretó la reanudación parcial de labores o actividades en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, mediante el esquema de trabajo ahí establecido para el periodo del seis al treinta y uno de mayo del año en curso, únicamente para el efecto de que se diera trámite y resolución, ya sea de forma física o "mediante juicio en línea", a todos aquellos casos considerados como "urgentes", entre ellos "la calificación de detenciones" y "las vinculaciones a proceso" como se observa en los artículos 1, fracciones I y IV, 3 y 4, los cuales se transcriben para mejor apreciación: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 6 al 31 de mayo de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: [.] "I. Trámite y resolución de casos urgentes. Únicamente se dará trámite a los casos nuevos que se califiquen como "urgentes", ya sea que se promuevan de forma física o mediante "juicio en línea" en uso de la firma electrónica, de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. "Para efectos del presente acuerdo, la "firma electrónica" comprende a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). [.] "IV. Suspensión de plazos y términos para casos restantes. Tratándose de solicitudes, demandas, recursos, juicios y procedimientos en general distintos a los previstos en las fracciones anteriores, así como para la interposición de recursos en contra de las sentencias y resoluciones dictadas conforme a la fracción II, no correrán plazos y términos procesales, no se celebrarán audiencias ni se practicarán diligencias. "Artículo 3. Durante el período definido en el artículo 1, sólo se dará trámite a las solicitudes, demandas, incidentes y recursos nuevos, es decir, no radicados previamente, cuando se trate de casos urgentes, con independencia de que se promuevan física o electrónicamente. "Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: [.] II. En materia penal: [.] f) Las vinculaciones a proceso; [.]". De lo anterior, se colige que en el Acuerdo citado, se decretó la reanudación de labores o actividades en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, mediante el esquema de trabajo ahí establecido, a fin de que se diera trámite y resolución, ya sea de forma física o "mediante juicio en línea", a todos aquellos casos considerados como "urgentes", entre ellos "las vinculaciones a proceso". En adición a lo expuesto, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, inició la vigencia del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en el que por disposición expresa del numeral 2° levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, atendiendo a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. Se hace hincapié que los referidos Acuerdos Generales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, en intranet e internet, por lo que su contenido es de dominio público. En el caso, es un hecho indiscutible que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, ya que así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito aclaratorio, lo que equivale a una confesión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas doscientos noventa y cuatro y doscientos noventa y cinco, Tomo LXXXIX, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Asimismo, es aplicable al caso, por analogía, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno que aparece en la página seiscientos cincuenta y dos, Primera Parte, precedentes, del Apéndice en consulta, que dice: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Bajo ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por su notoria e indudable improcedencia en relación al acto reclamado consistente en la orden de embargo ordenada mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Ahora, respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión y dilación de facultar al actuario ejecutor para el cumplimiento del exhorto encomendado, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, aplicando de manera supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipio de Chiapas, en la especie el desahogo de la diligencia de pago y embargo. Así como la omisión de ejecutar el acuerdo de veintidós de febrero del dos mil veintiuno, en el que se ordenó requerir al tercero interesado H. Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas, la reinstalación del actor Benito Abalos Martínez y al pago de la cantidad de $507, 503.19, en el juicio laboral de origen 3552/2020-II, oficiosamente se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la omisión reclamada aún no irroga un agravio actual y directo a la parte quejosa. Para sustentar dicha aseveración, conviene destacar que la quejosa señaló en el apartado de antecedentes de su demanda de amparo que en el juicio de origen se giró el exhorto 222/2021-E, del cual por cuestión de turnó conoció el Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, en esta localidad, el cual se radicó el ocho se septiembre de dos mil veintiuno y ordenó su diligenciación el siete de octubre del año en curso. Sentado lo antepuesto, se cita el contenido de las disposiciones referidas con antelación, las cuales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". De los preceptos legales transcritos, se desprende uno de los principios que rigen la procedencia del juicio de control constitucional, relativo a la existencia de un agravio actual y directo, entendido como la lesión o afectación de los derechos de una persona, mediante una resolución judicial o cualquier acto de autoridad, es decir, se trata del perjuicio o afectación de un derecho. En efecto, el juicio de amparo, como medio de control constitucional, es procedente contra actos que producen una afectación actual y cierta respecto de la esfera jurídica de las personas. En torno de las características del agravio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Asimismo, la Suprema Corte ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado y no por quien solo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona pues, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio constitucional, tal como se advierte de las siguientes tesis. "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará.". "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo.". Conforme a los criterios transcritos, el agravio que da pauta a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. Así, se tiene que el agravio es presente cuando sus efectos operan al promoverse el amparo, mientras que se considera que éste es pasado cuando sus efectos ya han concluido, e inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En el caso concreto, el promovente reclama esencialmente que dicha respuesta deviene en una dilación procesal, pues su pretensión es impulsar el expediente laboral de la quejosa, así como los actos subsecuentes hasta su total conclusión en el juicio laboral de origen 3552/2020-II. Ahora, con la finalidad de corroborar que la omisión reclamada no actualiza la existencia de un agravio actual y directo, es necesario precisar que al resolver la contradicción de tesis 294/2018 en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la procedencia de la demanda de amparo indirecto contra dilaciones en el dictado de proveídos y laudos está sujeta a que hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. La determinación anterior se sustentó en que el legislador dispuso en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo que el periodo máximo en que el juicio laboral podía permanecer inmóvil era precisamente esos cuarenta y cinco días. De dicha contradicción de criterios derivó la jurisprudencia de contenido siguiente. "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Por tanto, si la parte quejosa reclama la omisión y dilación destacadas en el exhorto 222/2021-E, que deriva del juicio laboral 3553/2020-II, del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, resulta evidente que no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales a que se refiere el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, es manifiesta la improcedencia del juicio de amparo, aunado a que la existencia de los actos reclamados en el juicio constitucional debe analizarse en relación con la fecha en que se presentó la demanda que fue el quince de octubre de dos mil veintiuno y la radicación del exhorto en comento fue el ocho de septiembre de esta anualidad, por lo tanto, resulta evidente que no han mediado los citados cuarenta y cinco días. Encuentra sustento lo anterior en la siguiente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado.". Consecuentemente, siguiendo la lógica argumentativa de la Suprema Corte, en el caso, no se considera que se está ante una abierta dilación por parte de la autoridad señalada como responsable, pues si bien existe un derecho legítimamente tutelado a favor del promovente, lo cierto es que no ha transcurrido el periodo de cuarenta y cinco días naturales a que se ha hecho referencia, que configure la procedencia del juicio de amparo; máxime que de los antecedentes relatados por el propio promovente de amparo, refirió que el exhorto girado se radicó el ocho de septiembre y el actuario se constituyó ante la demandada el siete de octubre de la anualidad que transcurre, circunstancia que confirma que, hasta este momento no se actualice la existencia de un agravio actual y directo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª/J 48/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente. "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". De ahí que respecto del acto reclamado destacado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de la referida ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Gaspar Daniel Reyes Macías, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las once horas con diez minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa Benito Abalos Martínez, la resolución de diecinueve octubre de dos mil veintiuno, emitido en el Juicio de Amparo número 529/2021, promovido por la parte quejosa de mérito, hago constar, que me constituí en el domicilio ubicado en avenida central Norte, número 14, altos interior 3, de esta ciudad, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto porque así lo advierto de la nomenclatura de la calle y del número con el que se encuentra marcado el inmueble, en donde procedo a tocar la puerta de acceso por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, a notificarse del contenido de dichas determinaciones, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad con el dispositivo legal invocado. Doy Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el veinticinco de octubre dos mil veintiuno, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la parte quejosa, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido de la resolución de diecinueve de octubre del año en curso, dictado en el juicio de amparo número 529/2021, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el veinte de octubre del presente año, mismo que se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió al llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación. Doy fe. Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial.
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