Benita Rosalba Rodriguez Romero

Expediente 1560/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1560/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Benita Rosalba Rodriguez Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; once de octubre de dos mil veintidós. SE RECIBE EXHORTO. Se tiene al secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, devolviendo diligenciado el exhorto 1073/2022, del índice de este órgano federal. Sin que haya lugar a confirmar su recepción, al haberse recibido vía electrónica. Por lo anterior, dese de baja el exhorto de referencia en el libro de gobierno de comunicaciones oficiales enviadas y realícese la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efectos de estadística. QUEJOSA RATIFICA DEMANDA. De la comunicación oficial de cuenta, se advierte la diligencia de siete de octubre del año en curso; por tanto, se tiene a la quejosa *** ratificando la demanda promovida a su favor. INFORME EN RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Por otra parte, se tiene a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPSFEMENIL MORELOS", ubicado en Coatlán del Río, Morelos, informando el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en el presente asunto a favor de la quejosa ***; con lo anterior, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo....M-V

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; seis de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Rosalva Nayeli Vázquez Rodríguez, en representación de Benita Rosalva Rodríguez Romero, contra actos del: ? Director del Centro Federal de Readaptación Social "CPS 16 Morelos", ubicado en Coatlán del Río, Estado de Morelos. ? Titular y/o Coordinador de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social "CPS 16 Morelos", ubicado en Coatlán del Río, Estado de Morelos. REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1560/2022-V, y dese de alta el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en los artículos 15, 109 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables: 1. Utilizando al máximo de los recursos de que disponen para satisfacer el nivel más alto posible el derecho a la salud de Benita Rosalva Rodríguez Romero, realicen las gestiones necesarias e instruyan a quien corresponda a fin de que de manera inmediata se le proporcione la atención médica especializada necesaria, y sea valorada y en su caso se programe para la realización del tratamiento y traslado que llegue a necesitar acorde Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 2 con el padecimiento que refiere presentar en la parte de los senos consistente en un quiste o lóbulo que le produce mucho dolor; asimismo, obtengan la opinión de un especialista en la materia requerida a fin de valorar el estado actual en el que se encuentra; lo cual deberá realizarse dentro de un término no mayor de cuarenta y ocho horas. 2. De igual forma, deberán brindarle la atención médica especializada necesaria y proporcionarle medicamentos, debido a que presenta diarrea y vómito. Consideración que se sustenta en la tesis 1a. XXIII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 626, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD. El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto." Determinación que encuentra apoyo en las siguientes consideraciones: Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 El derecho a la salud está reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 378/2014, en sesión de quince de octubre de dos mil catorce, señaló que el derecho a la salud previsto en el artículo 4º de la Constitución General de la República, puede entenderse como la obligación del Estado, de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, encaminados a la obtención de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica. En esa lógica, se trata de un derecho complejo, que despliega una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado; luego, la protección de la salud y el desarrollo de los correspondientes sistemas sanitarios asistenciales, es una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos contemporáneos y representa una de las claves del Estado del bienestar. Así, acotó la Segunda Sala, la salud es una meta prioritaria en sí misma y, a su vez, es el pilar estratégico para que existan otras prerrogativas, ya que las posibilidades de que sean capaces los individuos para desplegarlas como tales, dependen de los logros en salud, en tanto un estado de bienestar general resulta indispensable para poder ejercer el resto de los derechos humanos que tutela la Constitución Federal, y en consecuencia, para poder llevar una vida digna. De ahí que el derecho a la salud, constituye un presupuesto para el desarrollo y no una mera consecuencia del mismo y, por ende, la realización del derecho humano a la salud aparece crecientemente como una regla esencial para saber si realmente hay progreso en un Estado y, al mismo tiempo, como un medio decisivo para obtenerlo. Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 4 Asimismo, señaló la Segunda Sala, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho humano al disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental, el cual impone obligaciones positivas a los Estados parte, de las que se destacan, las medidas necesarias para la reducción de la mortalidad, el tratamiento de las enfermedades y, especialmente, la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Respecto de la última obligación en comento, el precepto internacional no establece expresamente qué tipo de condiciones de asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad, se encuentran obligados a establecer los Estados contratantes. Empero, precisó la Segunda Sala, un primer acercamiento a la extensión de la obligación de salvaguardar el derecho al disfrute del más alto nivel posible a la salud, en su vertiente de tratamiento de enfermedades y condiciones de asistencia y servicios médicos, puede colegirse del artículo 2 de la propia Convención, de la que se advierte que el Estado Mexicano se encuentra obligado a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos humanos reconocidos en la convención. Asimismo, sobre las obligaciones en comento, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió la "Observación General Número 3", en la que se sostuvo, sustancialmente, que estas se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad, que refleje las realidades del mundo real y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, corresponde a cada Estado parte, una obligación Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 mínima de asegurar por lo menos, la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos contenidos en el pacto. Esto es, las obligaciones convencionales requieren de un estándar mínimo de cumplimiento; pero no se agotan ahí, sino que resulta menester, que al mismo tiempo el Estado se encuentre realizando todas las medidas necesarias para asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud del derecho consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se impone al Estado Mexicano, por una parte, una obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho al nivel más alto posible de salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio hasta el máximo de los recursos que disponga. Así, de conformidad con el documento denominado "Evaluación de la Obligación de Adoptar Medidas hasta el 'Máximo de los Recursos de que Disponga' de Conformidad con un Protocolo Facultativo del Pacto", elaborado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando el Estado contratante, aduciendo una falta de recursos, incumpla con la plena realización del derecho al nivel más alto posible de salud, o bien, no asegure los niveles esenciales del mismo, corresponderá a este no solo comprobar dicha situación, sino además debe acreditar que ha realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que están a su disposición, habida cuenta que en el uso de su arbitrio para el desarrollo de las políticas públicas, y para las decisiones atinentes a la distribución o redistribución de recursos, debe tomar en cuenta a los grupos vulnerables, así como a las situaciones de riesgo, en el entendido que se encuentra proscrito que incurra en decisiones que resulten arbitrarias o discriminatorias. Por tanto, concluyó, el derecho al Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 6 nivel más alto posible de salud, debe entenderse como: un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar un estado de bienestar general, que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. En el entendido que existen elementos esenciales que informan el desarrollo del derecho humano a la salud, a saber, la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Ello implica, entre otras cuestiones, que el Estado Mexicano: I. Cuente con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, cuya naturaleza dependerá particularmente de su nivel de desarrollo; II. Que tales establecimientos estén al alcance de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, y; III. Que además de resultar aceptables, desde el punto de vista cultural deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Así, la "lucha contra las enfermedades" tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, en tanto que "la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad", no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 discapacidades. Por ello, la obligación de "cumplir", requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho a la salud. Reiterándose que si el Estado Mexicano aduce que la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento de las obligaciones que ha contraído en virtud del pacto, tendrá que justificar no sólo ese hecho, sino que ha realizado todo lo posible por utilizar al máximo los recursos de que dispone para satisfacer el derecho a la salud. Las anteriores consideraciones dieron origen a las tesis aisladas 2a. CIX/2014 (10a.) y 2a. CVIII/2014 (10a.), visibles en las páginas 1190 y 1192, respectivamente, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. CUANDO EL ESTADO ADUCE QUE EXISTE UNA CARENCIA PRESUPUESTARIA PARA SU REALIZACIÓN, DEBE ACREDITARLO. El contenido normativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, permite concluir que la obligación estatal de proteger, respetar y promover los derechos contenidos en ese instrumento no puede desconocer la situación particular que enfrente cada país, por lo que no existirá una violación a los derechos en él tutelados, a pesar de que se acredite que un determinado derecho no ha sido realizado o alcanzado un nivel óptimo de eficacia, siempre y cuando el Estado haya demostrado que ha utilizado todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer las obligaciones establecidas en la propia convención. De ahí que no basta la simple afirmación del Estado Mexicano de que existe limitación presupuestaria para que se tenga por acreditado que ha adoptado todas las medidas "hasta el máximo de los recursos" de que disponga, para lograr la realización de los derechos consagrados en el referido Pacto, sino que para ello deberá aportar el material probatorio en que sustente su dicho. Por tal motivo, en todo asunto en el que se impugne la violación a los derechos constitucionales de la materia, los juzgadores nacionales deben distinguir entre la incapacidad Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 8 real para cumplir con las obligaciones que el Estado ha contraído en materia de derechos humanos, frente a la renuencia a cumplirlas, pues es esa situación la que permitirá determinar las acciones u omisiones que constituyan una violación a tales derechos humanos." "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado." De ahí que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud de la parte quejosa, resulta procedente conceder la medida cautelar solicitada; además, con el otorgamiento de la misma no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Al respecto se invoca la tesis I.7o.A.316 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1880, de rubro y texto: Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE PREVIAMENTE SE SUMINISTRABA AL QUEJOSO. El derecho a la salud, consagrado por el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la tesis P. XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Por tanto, si el peticionario de garantías señala como acto reclamado la orden de dejar de proporcionar medicamentos y servicio médico, necesarios para el tratamiento de una enfermedad, que recibía con anterioridad a la presentación de la demanda, debe concederse la suspensión solicitada, al reunirse los requisitos contemplados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del agraviado; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público." Asimismo, la tesis P. XIX/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 112, que establece: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 10 consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos." En el entendido de que la presente medida vincula a cualquier autoridad que, aunque no haya sido designada como responsable, por razón de sus funciones pueda cumplir con dicha medida. REQUERIMIENTO A LAS RESPONSABLES. Las autoridades responsables dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que reciban el oficio en que se les notifique este proveído, deberán informar sobre el cumplimiento de esta medida suspensional, apercibidas que, de no hacerlo así, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 En el entendido que el informe solicitado podrá ser remitido a la cuenta del correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional 1jdo29cto@correo.cjf.gob.mx. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 15, 109 y 126 de la Ley de Amparo, se requiere a Benita Rosalva Rodríguez Romero para que en la diligencia de notificación manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor. INCOMPETENCIA LEGAL. Por otra parte, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se estima que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo carece de competencia legal, porque los actos reclamados no tienen ejecución material en el territorio en el que ejerce jurisdicción este, con base en lo establecido en el diverso 37 del ordenamiento legal citado; preceptos legales que señalan: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." [.] "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 12 Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Del análisis del primer precepto en cita se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que son: I. La primera hipótesis que se encuentra contenida en el primer numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; II. La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; III. En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Conviene precisar que, para fijar la competencia de un juez de amparo para conocer de un juicio constitucional, es preciso atender a la naturaleza del acto reclamado; es decir, si éste es meramente declarativo, o si requiere de ejecución material, para luego de ello, seguir las reglas que establece el artículo 37 de la ley reglamentaria invocada. Con base en lo expuesto, se advierte que en el caso no se surte la competencia a favor de este órgano jurisdiccional. En el caso, la directa quejosa reclama como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables de brindarle la atención médica necesaria a sus padecimientos, actos que, por su naturaleza, requieren ejecución material, además de que no es susceptible de ejecutarse de forma parcial. Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 14 Sin embargo, la suscrita estima que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el numeral 37 de la Ley de Amparo; en específico, no está demostrado que en el territorio en el que ejerce control constitucional este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado; aunado a que la promovente del amparo se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS 16 Morelos", ubicado en Coatlán del Río, Estado de Morelos. Aunado, la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 343/2019, determinó que la omisión de proporcionar atención médica a las personas recluidas en un establecimiento penitenciario, por parte de las autoridades encargadas del mismo, constituye un acto que posee consecuencias positivas en un plano fáctico, es decir, tiene ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer del Estado, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo de la salud de las personas privadas de la libertad, dado que éstas se encuentran bajo el resguardo y tutela de las aludidas autoridades en el centro de reinserción correspondiente. Consecuentemente, la Sala concluyó que, cuando una persona privada de su libertad reclame vía juicio de amparo la omisión de proporcionar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro de reclusión en el que se encuentre privada de su libertad, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. De la contradicción citada, derivó la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 Judicial de la Federación, página 254, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Décima Época, registro digital 2021191, cuyos rubro y texto son: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." En ese contexto, al tenor de lo establecido por el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda de que se trata. Ahora bien, de conformidad con los artículos 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 16 territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es competente para conocer del presente asunto el Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en turno. Por lo expuesto, se declina dicha competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en turno, que corresponda, por lo que de inmediato remítase el expediente en que se actúa a ese órgano jurisdiccional, con el propósito de que decida si acepta la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las constancias necesarias deducidas de este expediente. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. Toda vez que la directa quejosa Benita Rosalva Rodríguez Romero, se encuentran recluida en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS 16 Morelos", ubicado en Coatlán del Río, Estado de Morelos; es decir fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, de los Tribunales Colegiados Unitarios y Juzgados de Distrito, envíese atento exhorto urgente vía electrónica al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario de su adscripción para que de inmediato se constituya en dicho centro penitenciario, a fin de buscar a la directa quejosa y notificarle personalmente este proveído. Asimismo, para que requiera a Benita Rosalva Rodríguez Romero en la propia diligencia, a fin de que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor. Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 De igual forma, para que se sirva entregar los oficios ordenados en este acuerdo a las autoridades señaladas como responsables con residencia en aquella demarcación territorial, en los que se notifica la suspensión de plano decretada a favor de la directa quejosa. Hágase del conocimiento del juez que le corresponda desahogar las diligencias antes mencionadas que se le faculta para que, en caso de ser necesario, habilite al actuario de su adscripción para que en días y horas inhábiles lleve a cabo lo encomendado; lo anterior, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. CONSULTA AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA. Con fundamento en los preceptos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico para su consulta y notificación de los proveídos y resoluciones que se dicten, a través del nombre de usuario Jose13. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Alfonso Pérez Tagle (cédula profesional 2630546) y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Gregorio Guadalupe Escalante Ruiz dado que no acreditaron que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados; además, no se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO. También, se le tiene proporcionando a la citada parte procesal las cuentas de correo electrónico pereztaglea@gmail.com y foxf5878@gmail.com y los números telefónicos 775 108 3119 y 775 756 4476 para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituye el lugar para Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 18 recibir notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el juicio mercantil en que se actúa y que las notificaciones se le Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 20 personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y d) solicitud de copias. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. Conviene hacer la aclaración de que la expedición de las copias autorizadas depende de la disponibilidad del servicio de fotocopias, en los días y horarios en que se encuentre brindando atención, mismo que constituye un área independiente de este Juzgado de Distrito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario...M-V

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