Benita Reyes Guerrero
Expediente 917/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Benita Reyes Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra del acuerdo en donde se sobreseyó en este juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, sin que la parte quejosa haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como se sobreseyó en este juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguense la comunicación y el anexo señalados en la cuenta al expediente en que se actúa, para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase al secretario instructor del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial del Centro, por rendido su informe justificado y por anunciadas las documentales que exhibe, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza en términos de lo señalado por el normativo 119 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Por otra parte, de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable de lo actuado en el expediente laboral 190/2022 y del informe justificado rendido se aprecia que el diecisiete de agosto del año en curso, dio contestación a la parte quejosa a la petición que formuló, a saber, previno a aquí para que exhibiera las constancias de no conciliación de entre los demandados e Infonavit a fin de proveer sobre la admisión de la demanda, determinación que fue notificada a la parte quejosa el veinticinco de agosto siguiente. Dicha consideración se encuentra acreditada con las copias certificadas remitidas con las que la responsable justifica su informe. Lo anterior se corrobora con las documentales que la responsable adjuntó a su informe justificado y las que se acuerdan en este proveído. Medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese contexto, de oficio se desprende que respecto de los actos atribuidos al Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial del Centro, consistente en la omisión de acordar y notificar el auto inicial de la demanda laboral presentada el treinta y uno de mayo del año en curso, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque de las constancias que obran en autos se advierte que han cesado en sus efectos. A efecto de evidenciar lo anterior, se considera oportuno precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en el presente asunto, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del precepto legal y criterio invocado se obtiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca; cuestión que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto impugnado; o, también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica con la cual destruye en forma definitiva la que dio motivo al amparo. En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se requiere lo siguiente: I. La existencia de un acto de autoridad, el cual el impetrante de amparo estime lesivo de sus garantías; y, en razón de ello, se motive la promoción de la demanda de amparo. II. Un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. III. O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma terminante, al acto reclamado, retrotrayendo las cosas al estado que tenían hasta antes de la promoción de la demanda de garantías. La responsable, Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial del Centro, remitió copia certificada del acuerdo dictado el diecisiete de agosto del año en curso, por medio del cual dio contestación al ocurso que constituye el acto reclamado, asimismo, de la notificación de ese acuerdo realizada a la parte quejosa. De ahí que se actualice la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de los efectos, pues al contestar sus escritos dejó de existir el acto reclamado y por ende cesaron sus efectos. Bajo esa óptica, es incuestionable que la conducta omisiva reprochada a la responsable y que motivó la promoción del presente sumario, cesó al haberse pronunciado el acuerdo señalado en el párrafo que antecede y haberse llevado a cabo su notificación, ya que la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tal virtud con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio fuera de audiencia. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la parte promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia, cuyo rubro es SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO Sin que el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, les cause agravio o los prive de defensa, pues, ni aun celebrándose ésta, los impetrantes podrían desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable, por lo que el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia. En consecuencia, queda sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer este asunto, dada la actualización de la causal de improcedencia citada. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que Erick Díaz Méndez, en su carácter de apoderado de Benita Reyes Guerrero, en atención a la prevención contenida en el auto de nueve de los corrientes exhibe el documento con el que acredita su personalidad para ejercer la acción constitucional a nombre de la quejosa. En razón de lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento formulado en el aludido proveído con el ocurso de cuenta y el diverso presentado el once de agosto pasado, por lo que se dicta la determinación que corresponde en cuanto al libelo inicial. Admisión. Con fundamento en lo establecido por los ordinales 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda presentada por Erick Díaz Méndez, en su carácter de apoderado de Benita Reyes Guerrero, personalidad que se reconoce en términos de lo dispuesto por los ordinales 6 y 10 del citado ordenamiento, porque acredita ese presupuesto procesal con el original de la carta poder que exhibe, en contra de los actos reclamados al Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial del Centro del Poder Judicial de Oaxaca. Incidente de suspensión. No se tramita el incidente de suspensión, porque la justiciable no solicitó la medida cautelar en contra de los actos impugnados. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación por escrito dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir sus informe fuera del lapso establecido por el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomado en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlo y en el supuesto de no rendirlo se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario. En el entendido de que deberá exponer las razones y los fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; con apercibimiento que de no hacerlo así se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el ordinal 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe justificado. Igualmente deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra de los actos atacados en este asunto o alguno diverso relacionado con el juicio de origen. Ahora bien, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que en el marco de la pandemia ocasionada por el virus Covid19 representa no solo para el personal de este Juzgado, sino también para la autoridad responsable el llevar a cabo la entrega de oficios de manera impresa en papel en su lugar de residencia; en consecuencia, se autoriza al Actuario(a) de la adscripción para que la solicitud del informe justificado sea entregada al correo electrónico oficial de esa autoridad, el cual deberá ser corroborado por el (la) fedatario(a) vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23 874, así como las constancias respectivas. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo dispuesto por el precepto 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañará las constancias que lo acredite; en el caso de no cumplir con esta obligación se le impondrá la multa a que se refiere el numeral 251 de la ley de la materia. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Con fundamento en lo previsto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las partes en este juicio para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten si es su deseo estar presentes en el desahogo de la audiencia constitucional. Dicho requerimiento se hace con la finalidad de que este órgano jurisdiccional atienda lo establecido por el citado Acuerdo General 21/2020, en su artículo 6, relativo al modelo de atención presencial basado en citas, esto es, que cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Apercíbaseles que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que no es su deseo estar presente físicamente en la misma, sin perjuicio de que puedan presentar sus alegatos o escritos pertinentes. Emplazamiento de la representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita este auto de forma personal corriéndole traslado con copias fotostáticas simples de la demanda de amparo, sus aclaraciones y del instrumento con el que el promovente acreditó su personalidad, entregándole copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Reconocimiento de terceros interesados. De momento este órgano jurisdiccional se reserva proveer lo relativo al reconocimiento de terceros interesados en este juicio de amparo, hasta en tanto obren las constancias del juicio de origen y esté en posibilidad de determinar a quién le reviste esa calidad. Pruebas. Con fundamento en lo estatuido por el ordinal 119 de la Ley de Amparo téngase a la parte quejosa por anunciadas las documentales que exhibe, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, las cuales serán relacionadas, admitidas y desahogadas en la audiencia constitucional conforme a lo previsto por los diversos 123 y 124 de la citada legislación. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el ordinal 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal requiérase a las demás partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos datos serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior, de conformidad con lo establecido por la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notifíquese por la vía electrónica a la parte quejosa, personalmente a la Fiscal Federal adscrita y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Notifíquese por la vía electrónica a la parte quejosa.
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