Benita Martínez Palma

Expediente 799/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
799/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • Magistrada del Tribunal Agrario del Distrito Numero 24, con residencia en Toluca Estado de México
  • Benita Martínez Palma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia de quince de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. Devolución de documentos De la certificación de cuenta, se advierte que en el expediente en que se actúa, no existen documentos originales e importantes pendientes de devolver a las partes. Destino del expediente principal En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ya que se sobreseyó en el juicio; por tanto, carece de relevancia documental, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, por lo que una vez que trascurra el termino de cinco años de archivado el expediente procederá a su destrucción. Destino de los cuadernos incidentales Asimismo, el original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la suspensión provisional y definitiva (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero del citado Acuerdo) y el duplicado del mismo es susceptibles de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Clasificación del asunto Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y como se mencionó una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Archivo físico Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. De igual forma, se puntualiza que los cuadernos incidentales serán remitidos por separado al archivo físico junto con el cuaderno principal, los cuales contendrán copia de la determinación emitida en esta fecha. Notifíquese.

  2. Principal

    quince de junio de dos mil veintiuno. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 799/2020-IV, promovido por Benita Martínez Palma, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veinticuatro y otra; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. El veintinueve de octubre de dos mil veinte, Benita Martínez Palma, presentó su de demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; la cual fue turnada el mismo día a este Juzgado de Distrito. II. Radicación, prevención y admisión de la demanda de amparo. En auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, previo desahogo de la prevención formulada, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló el pedimento correspondiente, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos decretados; se celebró conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que el acto reclamado fue emitido por una autoridad respecto la cual este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio de amparo es: El auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio 1601/2018, por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Veinticuatro, mediante el cual se decretaron diversas medidas precautorias consistentes en la abstención de traspasar, rentar, fraccionar, ceder, enajenar, donar y vender respecto de las parcelas 298, 314, 344 y 345, y de las cuales, la aquí quejosa es posesionaria de las mismas. La inscripción de las medidas precautorias por parte del Registro Agrario Nacional en el Estado de México. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veinticuatro, así como el Jefe de Área de Registro B del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del expediente agrario 1601/2018 (en un tomo), que acompañó el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veinticuatro como prueba a su informe justificado; documentales con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en su segundo numeral. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, consistente en que el acto reclamado fue consentido de manera tácita, como también lo hizo valer la autoridad responsable; para ello es necesario precisar que si bien a la parte quejosa le asiste el carácter de ejidataria dentro del Ejido Santiaguito, Municipio de Almoloya, Estado de México, lo cierto es que no puede presentar el amparo en cualquier tiempo, sino dentro del plazo genérico de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo debido a que los actos impugnados no tienen como finalidad privar o perturbar la posesión o disfrute al núcleo ejidal citado. Para ello, es necesario dividir el estudio de la presente resolución de la siguiente manera: i) Planteamiento jurídico; ii) Derechos en juego; y iii) Decisión. Planteamiento Jurídico A través del planteamiento jurídico, se demuestra que se ha entendido la cuestión fáctica y jurídica, por ello la pregunta genuina en el presente asunto es la siguiente: ¿Cuál es el plazo para promover el juicio de amparo indirecto en el que se impugna una resolución que decretó una medida precautoria respecto de las parcelas 298, 314, 344 y 345, de las cuales la aquí quejosa se ostenta como posesionaria, esto es, si el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, o bien, el plazo de siete años que como excepción establece la fracción III de ese precepto? En este contexto, en principio, conviene transcribir el artículo 17, fracción III de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados.". Como se ve, en el primer párrafo del artículo 17, el legislador estableció como plazo genérico para presentar la demanda de amparo, el de quince días. No obstante, en la fracción III de dicho numeral se estableció, como excepción a ese plazo, el de siete años para aquellos casos en que se impugnen "actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal", contados a partir de que la responsable notifique el acto de manera indubitable a los grupos agrarios mencionados. Debe señalarse que al ser de carácter excepcional el plazo de siete años, los casos en que el legislador permite que opere son de aplicación estricta, de tal manera que no se prestan a interpretaciones extensivas. Así, es menester entender a qué quiso referirse el legislador por "...actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal...", respecto de los cuales deba presentarse la demanda en el plazo de siete años. Del proceso legislativo que, dio origen a la actual redacción del artículo 17, fracción III, el legislador no solamente resaltó la importancia de acabar con el abuso del juicio de amparo en materia agraria, fijar un plazo para su promoción y dar certeza jurídica a los sujetos agrarios sobre la tenencia de sus tierras; sino también consideró la diversidad de actos de despojo que los núcleos de población han sufrido a lo largo de la historia en nuestro país y el riesgo de que aquéllos pudieran subsistir ante la reducción del plazo para promover amparo en su contra. Esto es, al reducir el plazo de siete años para promover el juicio de amparo en materia agraria, el legislador lo relacionó con la existencia de actos de despojo, los cuales sólo pueden recaer sobre tierras, aguas, pastos y montes de los que se ha dotado a los ejidos y comunidades. Así, se puede afirmar que el plazo previsto en el artículo 17, fracción III, de la Ley de Amparo, está referido únicamente al reclamo de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de los bienes agrarios, esto es, las tierras, aguas, pastos y montes de los núcleos de población ejidal o comunal. Lo anterior, incluso, guarda congruencia con lo establecido en el sexto párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] II. ...Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.". Todo lo antes expuesto, permite considerar que el artículo 17, fracción III, de la Ley de Amparo, al establecer "... Cuando el amparo se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal", se está refiriendo al reclamo de actos que priven de la propiedad, posesión o disfrute de los bienes agrarios de los que se dotó a tales núcleos, no así a algún otro tipo de actos relacionados con el régimen jurídico agrario en su más amplio sentido. Esto es, el precepto en comento acotó el plazo de impugnación de siete años para aquellos actos que afecten bienes agrarios, entendidos como las tierras, aguas, pastos y montes con las que se dota a los núcleos de población, sin abarcar actos diversos que lleguen a estimarse violatorios de algún otro derecho comprendido dentro del régimen jurídico de los citados núcleos. Derechos en juego. Establecido lo anterior, ahora corresponde realizar algunas precisiones en torno al procedimiento 1601/2018 en el cual se dictó el acto reclamado consistente en: el auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, relativo a las medidas precautorias respecto de las parcelas 298, 314, 344 y 345 del Ejido Santiaguito, Municipio de Almoloya, Estado de México. Dicho juicio fue iniciado mediante escrito de siete de noviembre de dos mil dieciocho, presentado por la actora María de la Luz Hernández Sánchez (tercera interesada en el presente asunto), en el cual demandó, entre otras prestaciones, la nulidad de los certificados parcelarios 296, 298, 314, 344 y 345, otorgados el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, por el Ejido de Santiaguito, Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México a Benita Martínez Palma y otros. En auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve dictado en el juicio agrario 1601/2018, (acto reclamado en este juicio), previo desahogo de prevención formulado a la parte actora María de la Luz Hernández Sánchez, aquí tercera interesada, se admitió a trámite la demanda en materia agraria, se señaló fecha de desahogo de la audiencia de ley prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, se ordenó el emplazamiento de la quejosa Benita Martínez Palma, entre otros, y, se dictó como medida precautoria que las cosas se mantuvieran en el estado que se encuentran, respecto de las parcelas 154, 171, 296, 298, 314, 337, 344 y 345 del Ejido de Santiaguito, Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, con la finalidad de que los demandados (incluida la aquí quejosa), se abstuvieran de traspasar, rentar, fraccionar, ceder, enajenar, donar o vender las parcelas señaladas. Medida que se hizo extensiva al Delegado del Registro Agrario Nacional y al Comisariado Ejidal, para que evitaran realizar la inscripción de acto jurídico alguno que implicara la transmisión de los derechos de esas parcelas hasta en tanto se resolviera el juicio agrario 1601/2018. Asimismo, el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve se tuvo por emplazada a la quejosa Benita Martínez Palma. De la narración anterior, tenemos que el juicio que dio origen al expediente 1601/2018, versa sobre la nulidad de los certificados de derechos parcelarios otorgados por la asamblea general de ejidatarios de veintinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, en otras palabras, son conflictos individuales entre ejidatarios, cuya finalidad es establecer a quien le corresponde el derecho de uso, aprovechamiento y usufructo respecto de las parcelas 154, 171, 296, 298, 314, 337, 344 y 345, por tanto dicho conflicto no afecta los derechos y régimen jurídico del núcleo de población ejidal al que pertenecen. Así las cosas, el acto reclamado consistente en: el auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, relativo a las medidas precautorias respecto de las parcelas 298, 314, 344 y 345 del Ejido Santiaguito, Municipio de Almoloya, Estado de México, del cual se duele la parte quejosa, por manifestar ser posesionaria de aquellas, no puede afirmarse que se trata de una resolución que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus bienes agrarios al núcleo de población ejidal o comunal, pues ni siquiera está ordenando al ejido o comunidad que haga entrega de alguno de sus bienes a un sujeto ajeno al núcleo, sino que se está dilucidando entre algunos sus miembros, la titularidad de las parcelas en cuestión, hasta en tanto se resuelva en definitiva dicho asunto. Como resultado de lo anterior, la respuesta a la pregunta formulada al inicio del presente considerando, consistente en ¿cuál es el plazo para promover el juicio de amparo indirecto en el que se impugna una resolución que decretó una medida precautoria respecto de las parcelas 298, 314, 344 y 345, de las cuales la aquí quejosa se ostenta como posesionaria, esto es, si el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, o bien, el plazo de siete años que como excepción establece la fracción III de ese precepto? Tenemos que para el presente caso no es aplicable el plazo de siete años previsto en el artículo 17, fracción III, de la Ley de Amparo, sino el genérico de quince días a que se refiere el primer párrafo del mismo precepto, ya que la resolución en comento no se ubica en el supuesto de excepción contenido en la citada fracción; consecuentemente la misma resulta extemporánea. En efecto, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda manifestó, bajo protesta de decir verdad que, el ocho de mayo de dos mil diecinueve tuvo conocimiento del acto reclamado; sin embargo, como se hizo referencia párrafos arriba, de las constancias que obran en los autos del juicio agrario se observa que la quejosa fue notificada personalmente el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en relación a lo anterior, también se advierte que el veintinueve de octubre de dos mil veinte presentó su demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Por tanto, si tomamos en consideración que los plazos para la presentación de la demanda de amparo se computarán, como en el caso, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, tenemos que el plazo de quince días para presentar la demanda transcurrió del veintitrés de agosto al doce de septiembre de dos mil diecinueve, esto es, al día siguiente en el que surtió efectos la notificación del acto reclamado, sin tomar en cuenta los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de agosto, así como uno, siete y ocho de septiembre, por ser sábados y domingos, respectivamente, por disposición expresa de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En efecto, es inconcuso que transcurrió con exceso el término de quince días hábiles que establece el artículo 17, párrafo primero de la Ley de Amparo, aunado a que el acto reclamado no se ubica en alguna de las excepciones al plazo genérico anterior, como: a) treinta días cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; b) ocho años en tratándose de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; c) siete años en el supuesto de algún acto que tenga por efecto privar total o parcialmente de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, como se vio en el presente caso; o, d) en cualquier tiempo cuando sean actos que impliquen privación de privación de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sino que es un acto dictado dentro de procedimiento que tiene como finalidad proteger los intereses de las partes en ese juicio, hasta en tanto se resuelva en definitiva dicho asunto. Cómputo que se ejemplifica a continuación: Agosto de 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Notificación 22 Surte efectos 23 Transcurre 24 25 26 27 28 29 30 31 Septiembre de 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Término de quince días. No es obstáculo para arribar a la conclusión apuntada que tanto el Consejo de la Judicatura Federal, como el Pleno del Tribunal Superior Agrario, hayan emitido sendos acuerdos para suspender las labores jurisdiccionales y administrativas, derivado de la pandemia COVID-19, en el caso de los Tribunales agrarios a partir del diecinueve de marzo de dos mil veinte; puesto que dicha normatividad tuvo lugar cuando ya había fenecido el plazo de quince días con el que contaba la parte quejosa para promover su demanda de amparo contra el acto reclamado consistente en: el auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, relativo a las medidas precautorias respecto de las parcelas 298, 314, 344 y 345 del Ejido Santiaguito, Municipio de Almoloya, Estado de México. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Benita Martínez Palma. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Benita Martínez Palma contra el acto reclamado y autoridad responsable, precisados en los considerandos segundo y tercero, por lo motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    En cumplimiento al aviso de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se publica la determinación de quince de junio de dos mil veintiuno R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Benita Martínez Palma contra el acto reclamado y autoridad responsable, precisados en los considerandos segundo y tercero, por lo motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    IV.- Toluca, Estado de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Emplazamiento de tercero interesado Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la razón actuarial de veinte de mayo de dos mil veintiuno, en la que se advierte el emplazamiento realizado a María de la Luz Hernández Sánchez; atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le tiene por emplazada al presente juicio, con el carácter de tercera interesada. Notifíquese.

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