Benita Lizeth Pacheco Gomez
Expediente 1454/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1454/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Benita Lizeth Pacheco Gomez
Actuaciones
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación de cuenta; se advierte que, en la especie, mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo promovida ***** y ****; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Ahora, vista la certificación de cuenta, toda vez, que el presente expediente físico coincide con el electrónico, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido..."
- Principal
".... Vista la demanda promovida por ****** y ******, contra actos del Fiscal Investigador Adscrita a la Mesa 3 del Sector Metropolitano de la Dirección de averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 1454/2022. Precisión previa. Como preámbulo, es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda se aprecia que la parte quejosa reclama al del Fiscal Investigador Adscrita a la Mesa 3 del Sector Metropolitano de la Dirección de averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la omisión de ejecutar la medida provisional prevista en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Medida consistente en la orden de restitución del inmueble ubicado en la calle de Miguel Cabrera, sin número, colonia Progreso, santa María Atzompa, dictada en determinación de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales Sede Tanivet, Oaxaca, dentro de la causa penal ****. Desechamiento En el caso, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I; 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en los que se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". Establecido lo anterior, en principio, es importante precisar algunos aspectos en cuanto a las autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Pues bien, la Ley de Amparo, en sus artículos 1o, fracción I, y 5o fracción II, establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, que la autoridad responsable, tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; a su vez, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO... Así como la tesis 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS... Conforme a los criterios citados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es autoridad para efectos del amparo aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin que para ello requiera de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De tal manera que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y, Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, se está frente a actos de autoridad cuando existe una relación de supra a subordinación con un particular; cuando se establezca en la ley; cuando a través de ella emita actos unilaterales, con los que cree, modifique o extinga situaciones que afecten a la esfera jurídica del gobernado y cuando para emitirlos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que cuando se imputa un acto de autoridad lesivo a los derechos fundamentales, debe analizarse si se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, donde el promovente debe tener el carácter de gobernado o si la vinculación de que se trata deriva de una relación de coordinación, que excluiría la concepción de autoridad y de resultar esto último, el litigio que se suscite ha de ventilarse conforme al procedimiento establecido en el derecho privado, puede suceder también que las normas constitucionales coloquen al Estado en una situación jurídica parecida a la de un particular. Por ello, con base en los criterios transcritos, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas (tales como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros). Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio, están reguladas por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro; por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; en tanto que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Ahora, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general" Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. En ese tenor, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente establece que por autoridad responsable debe entenderse "...la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.."; por tanto, para que los actos de un particular sean considerados como de autoridad para efectos del juicio constitucional, deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en su caso, el particular deberá omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, para que los particulares puedan tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, su actuar deberá desempeñarse en ejercicio de funciones públicas, es decir, no podrá considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a los particulares que actúen en forma convencional y en sí como entes privados o particulares. Lo expuesto, pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En ese orden de ideas, como se anticipó, la parte quejosa reprocha en esta instancia constitucional, del Fiscal Investigador Adscrita a la Mesa 3 del Sector Metropolitano de la Dirección de averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la omisión de ejecutar la medida provisional prevista en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Medida consistente en la orden de restitución del inmueble ubicado en la calle de Miguel Cabrera, sin número, colonia Progreso, santa María Atzompa, dictada en determinación de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales Sede Tanivet, Oaxaca, dentro de la causa penal ****. Ahora, si bien por regla general, el agente del Ministerio Público puede ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar, actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas, en forma unilateral y obligatoria y, por tanto, puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo; la realidad es que tales facultades tienen como límite la judicialización de sus actuaciones; es decir, una vez que se consigna la carpeta de investigación de que se trate ante un órgano jurisdiccional y que éste radica el expediente relativo, el agente de Ministerio Público deja de tener el carácter de autoridad y adquiere el de parte dentro del proceso. Lo anterior, implica que una vez judicializada la carpeta de investigación de que se trate, las actuaciones desplegadas por el agente del Ministerio Público se encontrarán exentas del tamiz constitucional, al no poder considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia y tesis, de rubros y textos siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. DEJA DE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACIÓN DE LA CAUSA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON RECIBIDAS CON CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EN EL DE SUJECIÓN A PROCESO... "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE... Ahora, de la lectura de la demanda, se advierte que el quejoso narra bajo protesta de decir verdad los actos reclamados derivan de la causal ****** del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales Sede Tanivet, Oaxaca De este modo, resulta factible considerar que Fiscal Investigador Adscrita a la Mesa 3 del Sector Metropolitano de la Dirección de averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, señalado como responsable en el presente asunto, tiene el carácter de parte dentro del proceso penal de origen; lo cual a su vez, implica que no podría considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo, porque actualmente sus determinaciones carecen de autonomía y coercibilidad; precisamente porque al haber judicializado la carpeta de investigación, sus actuaciones se encuentran supeditadas al arbitrio del juzgador que conoce de la causa de que se trata; por tanto, el juicio de amparo promovido contra las omisiones o actos desplegados por aquella (agente del ministerio público) resulta improcedente. Asimismo, se actualiza se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Respecto al tema de cesación de efectos por sustitución procesal, existe la jurisprudencia, la cual no contraviene la ley de amparo vigente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO... En tal tesitura el precepto legal y tesis transcritos revelan que debe sobreseerse el juicio de garantías cuando se reclama una determinación que la cual ya la supera una diversa, toda vez que se produce una sustitución procesal que hace cesar el acto primigenio; de modo que, será la última decisión y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías; ello, claro, siempre que no se actualice una diversa causa de improcedencia. De la demanda de amparo se advierte que: 1) La parte quejosa reclama la omisión de ejecutar la medida provisional prevista en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la orden de restitución del inmueble ubicado en la calle de Miguel Cabrera, sin número, colonia Progreso, santa María Atzompa, dictada en determinación de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales Sede Tanivet, Oaxaca, dentro de la causa penal ****. 2) Mediante acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós, emitido en la causa penal ***** el Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales Sede Tanivet, Oaxaca, determinó que el Agente del Ministerio Público tiene expeditos los derechos para hacer cumplir la determinación otorgada (la orden de restitución del inmueble ubicado en la calle de Miguel Cabrera, sin número, colonia Progreso, santa María Atzompa), toda vez que a ****** le fue negado el amparo y protección de la justicia federal. En esas condiciones, se estima que la determinación de seis de diciembre de dos mil veintidós, dictada en la causa penal **** donde el Juez de control determinó que el Agente del Ministerio Público tiene expeditos los derechos para hacer cumplir la determinación consistente en la restitución del bien inmueble; sustituyó procesalmente la determinación de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós; lo que produce la cesación del acto primigenio; y, por ende, es improcedente el juicio de amparo. En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo..."
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