Benita Estrada Armenta
Expediente 65/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 65/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Benita Estrada Armenta
- C. PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, de este Distrito Judicial de Hidalgo
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese al presente asunto el oficio de la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, a través del cual remite copia certificada del testimonio de treinta de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de queja laboral ********************, de su índice. Acúsese el recibo de estilo. Dicha ejecutoria en su punto resolutivo establece: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ******************** en contra del acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo ********************, emitido por el Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero." Archivo y anotaciones. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Destino del expediente principal. Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la precisión siguiente: 1. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo este expediente es destruible en un plazo de tres años, pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda, en relación con el punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia documental, de conformidad con lo previsto en los artículos 8º, fracción I y 15 del Acuerdo General mencionado, por tanto, dentro de los treinta días siguientes, se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial administrativo ponga en la caratula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto los expedientes físicos como los electrónicos coinciden en la totalidad de las constancias, con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, alguno de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre los expedientes físicos y los expedientes electrónicos. Lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo general citado. Es menester precisar que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese a la quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos la boleta de turno relativa al recurso de queja interpuesto por de ****, contra el acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, de la que se advierte que dicho recurso quedo radicado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Habilitación, vía electrónica del juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 52 Quáter, 52 Quinquies, 52 Septies y 52 Quindecies, 180, 181, 182, 251, 252, 253, 254, 255 y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena a la oficial administrativa A, responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga disponible el expediente electrónico del presente asunto, a fin de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, esté en aptitud legal de visualizarlo y relacionarlo con el recurso que corresponda, para la tramitación del medio de impugnación en que se trata. Lo anterior, hágase del conocimiento del referido Tribunal Colegiado antes mencionado para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, agréguese a los autos el escrito de la quejosa ****, a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. En ese sentido, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada. Asimismo, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 52 Quáter, 52 Quinquies, 52 Septies y 52 Quindecies, 180, 181, 182, 251, 252, 253, 254, 255 y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena a la oficial administrativa A, responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), registre oportunamente los datos y la información que resulta del ejercicio de sus funciones; asimismo, habilite, vía interconexión, todas y cada una de las constancias que integran el juicio de amparo en el que se actúa, y las haga disponibles a fin de que la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, se encuentre en aptitud legal de visualizarlas, y en consecuencia, turne el asunto al tribunal colegiado que corresponda, para la tramitación del recurso de queja de que se trata. Se ordena a la Secretaria encargada del expediente que vigile que este sea remitido debidamente integrado. Se autoriza a la Secretaria para que firme el oficio respectivo. Notifíquese por lista a la parte agraviada.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 65/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: a. El acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente D.O 011/2021, del índice de la junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Causa manifiesta e indudable de improcedencia. Establecido lo anterior y en el caso, el suscrito considera que, respecto al acto materia de reclamo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que, en su orden, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Con motivo de la causa de improcedencia advertida, es pertinente considerar que en términos de lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente, además de las hipótesis establecidas en sus veintidós fracciones, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición constitucional o de la Ley de Amparo. Por tanto, es oportuno tener en consideración que conforme lo previsto por el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos procesales dictados dentro de juicio; el amparo indirecto procede sólo contra aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales; es decir, actos de imposible reparación. En ese sentido, tenemos que para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos de imposible reparación han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos actos procesales de ejecución cuyas consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, y que no podrían repararse al resolverse el asunto aun obteniendo sentencia favorable por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate. Por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores; ya que el prototipo de estos actos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Es decir, los actos de imposible reparación quedan conformados en el momento en que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y no en aquellos supuestos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como en el caso. Así, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado que tutela la Constitución y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, tutelan para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte derechos sustantivos, que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, toda vez que la responsable el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictó un acuerdo en el desechó diversas pruebas ofrecidas por la quejosa en el expediente D.O 011/2021, del índice de la junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; por tanto, las violaciones que reclama en el presente juicio de amparo no pueden ser considerados como actos de imposible reparación pues se considera que tales actos solo tienen como consecuencia una afectación o derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales, y desaparecen si el afectado obtiene resolución interlocutoria favorable. En tales condiciones, como se adelantó, contra dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia, contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que la determinación que aquí se combate, de ninguna manera es reclamable a través del amparo indirecto, pues no constituye un acto que sea de imposible reparación, ya que dicha determinación sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales dentro del juicio del cual emana el acto reclamado, los cuales pueden ser reparados durante la secuela procesal, con independencia que se obtenga o no resolución interlocutoria favorable. Lo anterior, en virtud de que de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se advierte que el referido expediente laboral se encuentra en trámite, toda vez que no se ha emitido laudo. En efecto, en el supuesto de que el trámite de aquélla estuviera afectada de ilegalidad, dada la naturaleza procesal del acto, únicamente afectaría garantías en su perjuicio si esa ilegalidad trascendiera al resultado del laudo, en cuyo caso, estará en posibilidad de reclamarla nuevamente ante la autoridad que conozca del medio de impugnación que se interponga contra el laudo que emita la junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. De ahí que se estime actualizada dicha causa de improcedencia. Así, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, es decir, sólo especifica cuáles son impugnables en el juicio de amparo indirecto de manera inmediata y cuáles, al ser procesales, deben ser objeto de impugnación hasta que se dicta sentencia, mediante recurso idóneo; pero ello no atenta contra el acceso a la impartición de justicia, ni lo supedita a condición alguna u obstáculo que impida la tutela judicial, ni a requisitos impeditivos, obstaculizadores, trabas innecesarias, excesivas o carentes de razonabilidad y menos que convencionalmente esté supeditado a requisitos o limitaciones excesivos y desproporcionados. Por tanto, si es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que en su artículo 107, dispone que las controversias de que habla el precepto 103 del mismo ordenamiento se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, clasifica los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y la Ley de Amparo sólo los define, no es admisible que atente contra los derechos fundamentales previstos en el artículo 17 constitucional. Entonces, al no actualizarse los supuestos de procedencia del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, se considera que el acto que se reclama no causa un perjuicio irreparable a la parte quejosa. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta, SE DESECHA la demanda de amparo. Domicilio Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ****de esta ciudad. Autorizados Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su escrito de demanda, por así haberlo solicitado. Aviso de transparencia. Notifíquese personalmente.
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