Benita Arguello Hernández
Expediente 693/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 693/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Benita Arguello Hernández
Actuaciones
- Principal
... el oficio número 2449, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 19685/2015/III del índice de este juzgado, e informa que por auto de diecinueve de mayo del año en curso, dictado en el Amparo Directo 380/2015 de su índice, la Superioridad aceptó la competencia planteada en el juicio principal del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; en consecuencia, hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente, y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del año dos mil trece, archívese este asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. En tal virtud, y teniendo en cuenta que este órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...
- Principal
.. el estado procesal que guardan los presentes autos, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y que, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no podrá archivarse ningún juicio sin que la sentencia dictada en el mismo se haya cumplido; esta Potestad Federal procede a su análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." De las constancias que integran el juicio de garantías en que se actúa, se advierte que por sentencia de doce de noviembre de dos mil catorce (fojas 37 a 52) se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Mario José Vignola Pinto en los siguientes términos: ".En las relatadas condiciones, dadas las irregularidades advertidas en la resolución reclamada, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado para el efecto de que la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente la resolución de veintisiete de mayo de dos mil catorce, dictada en el toca número 166/2014, y, en su lugar, emita otra en la que, en estricto acatamiento al principio de congruencia consagrado en el artículo 105 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, analice y de contestación a todos y cada uno de los argumentos emitidos en el escrito de queja, hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda.". Inconforme con el fallo constitucional, la parte tercero interesada, interpuso recurso de revisión, al que mediante proveído de dos de diciembre de dos mil catorce, se le dio trámite (foja 70). Por oficio 3237, la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, residente en Boca del Río, Veracruz, remitió el testimonio de la resolución dictada en el toca relativo al recurso de revisión número 361/2014 de su índice, así como los autos del juicio de amparo en que se actúa, del que se desprende que la Superioridad resolvió: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida.--- SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Mario José Vignola Pinto en contra de los actos y las autoridades puntualizadas en el resultando primero, para los efectos precisados en el considerando Séptimo de la sentencia recurrida". Mediante acuerdo de quince de abril de dos mil quince, se recibió el referido testimonio y se requirió a la autoridad responsable Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo justificara haber dado cumplimiento al fallo protector (fojas 159 y 160). Por oficios 779/2015 y 825/2015, la autoridad responsable comunicó el cumplimiento que dio a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada de las constancias relativas al mismo (fojas 165 y 168 a 175), por lo que, a través de proveído de veinticuatro de abril siguiente, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con ello (foja 177), sin que a la fecha hayan realizado manifestación alguna. De la lectura de la sentencia de amparo, se desprende que los motivos por los que le fue concedida la protección federal a la parte quejosa, consistieron toralmente, en que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera otra, con plenitud de jurisdicción, pero purgando los vicios de forma de los que adolecía la primera. Ahora, de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se desprende que atendió en forma el fallo protector, pues dejó insubsistente la resolución reclamada de veintisiete de mayo de dos mil catorce; y, al emitir una nueva, atendió la totalidad de los agravios hechos valer por la parte recurrente, valorando íntegramente el material probatorio que tuvo a su consideración y, en uso de la plenitud de jurisdicción concedida, determinó en forma fundada y motivada, revocar el no ejercicio de la acción penal dictado por el Agente Primero del Ministerio Público Investigador Zona Centro, con sede en esta ciudad, dentro de los autos de la investigación ministerial 878/12/1ª/XAL-07, de su índice. En tales condiciones, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que se restituyó a la solicitante del amparo en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 de la Nueva Ley de Amparo, y por consiguiente, con fundamento en lo establecido por el diverso precepto 196, párrafo cuarto, de la ley de la materia, archívese este juicio como concluido; sin menoscabo del derecho que tiene el quejoso para impugnar dicha resolución. Gírese oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la organización de archivos judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente junto carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto se concedió la protección federal, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones III, párrafo segundo y IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración. Así que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la depuración del mismo, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha, debiendo conservar del expediente principal únicamente la demanda, auto por la que se concede la suspensión de plano y la sentencia. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguirlas conservando, devuélvanse a la Agencia del Ministerio Público Responsable, las documentales que allegó a su informe justificado, las cuales obran en un tomo de pruebas por separado.
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