Benita Ángela Pascual García

Expediente 193/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
193/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
05/06/2019

Partes del expediente

  • Benita Ángela Pascual García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Resuelve: Sobresee...

  2. Principal

    ...Se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebracion las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de junio de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, para que surta sus efectos legales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual manera, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, las documentales que adjunta a su informe, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por tanto dese vista a las partes con el contenido de las mismas, tal como lo dispone el artículo 117 de la citada ley, sin perjuicio de hacer nueva relación de éstas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Así también se le tiene designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la ley en cita, a las personas que refiere y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe.

  4. Incidental

    Ensenada, Baja California, cinco de abril de dos mil diecinueve. Visto; las copias simples de la demanda, fórmese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 193/2019, promovido por Benita Ángela Pascual García, contra actos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, con fundamento en el artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo, se hará acreedora, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación. Se señalan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del once de abril de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Por otra parte, la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "A).- De la autoridad responsable ordenadora reclamo que emitiera la orden de la suspensión TOTAL del servicio que presta al suscrito relativo al agua potable de uso doméstico con número de cuenta 370000125-1 a nombre de BENITA ÁNGELA PASCUAL GARCÍA y con domicilio en Ignacio Ramírez Mz 8 Lt 22, colonia Vista al Mar Maneadero en Ensenada, Baja California, dejando a la suscrita sin acceso al vital líquido." Asimismo, la quejosa solicita la medida cautelar para el efecto siguiente: "[.] Se ordene a la autoridad responsable ordenadora suspender el acto de autoridad relativo al mandato respecto del corte total del suministro de agua potable de mi uso doméstico a efecto de que se reconecte a la brevedad mi servicio de agua con número de cuenta 370000125-1 a nombre de BENITA ÁNGELA PASCUAL GARCÍA y con domicilio en Ignacio Ramírez Mz 8 Lt 22, colonia Vista al Mar Maneadero en Ensenada, Baja California[...]"; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, fracción I de la ley de Amparo, se analizará la procedencia de la medida cautelar en los términos solicitados. Respecto a lo anterior resulta pertinente señalar que conforme al artículo 107, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés presuncional), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto al orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio de relatividad. Asentado lo anterior, resulta evidente que la parte quejosa debe acreditar la afectación directa a sus derechos subjetivos, por lo que al no exhibir ésta, medios de convicción con los cuales justifique lo anterior, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada, en razón de que no acredita ni aun de manera indiciaria ser titular del servicio de agua potable de uso doméstico, con número de cuenta 370000125-1 prestado en el domicilio ubicado en calle Ignacio Ramírez Manzana 8, Lote 22, Colonia Vista al Mar, Maneadero, de esta ciudad, respecto del cual solicitó la medida cautelar. A mayor abundamiento, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado pronunciamiento respecto al tema, estableciendo que para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados se debe atender, entre otras circunstancias, a su naturaleza y a los daños y perjuicios que con su otorgamiento se originen al interés público; en ese contexto, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad de éste, sino que conlleva, inclusive, a valorar si dicho acto constituye en sí la violación alegada, se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario de amparo; es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso. En virtud de lo anterior, aduce que al resolverse sobre la suspensión debe corroborarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de la medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del cual debe partir el análisis de la procedencia de la suspensión deber ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica de la parte quejosa pues, de lo contrario, de no constar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. De ahí que en el caso la parte quejosa no cumple con tal requisito, pues no acredita ni aun de manera indiciaria tener contratado el servicio de agua potable en el domicilio materia de la controversia; lo anterior, no obstante que la parte quejosa refiere tener el servicio de agua potable a su nombre, ya que no exhibió medio de convicción que acreditara por lo menos de manera indiciaria su existencia, pues ya que de concederse la medida cautelar solicitada, sería contrario al interés social y a las disposiciones de orden público, dado que con su otorgamiento se estaría constituyendo un derecho a favor de la parte quejosa, sin satisfacer los requisitos previstos en el artículo 131 de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda, los documentos siguientes: a) Copia simple de credencial de elector a nombre de Benita Ángela Pascual García. b) Copia del requerimiento de pago expedido por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, a nombre de Benita Ángela Pascual García, respecto del número de cuenta 370000125-1, de veintidós de marzo de dos mil diecinueve. c) Impresión fotográfica a blanco y negro de medidor. Lo anterior, en virtud de que las documentales señaladas en los incisos a) y b), se exhibieron en copias fotostáticas simples sin certificar, que carecen por sí solas de valor probatorio y por ende, resultan insuficientes para acreditar el interés suspensional de la parte quejosa, ya que la copia fotostática es una simple reproducción fotográfica de documentos, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer; de ahí que proceda a negarse la suspensión provisional solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 3ª./J. 18, emitido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo VI, página 132, materia común, con número de registro 394149, cuyo rubro y texto dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." En lo que respecta a la documental señalada en el inciso c), consistente en una impresión fotográfica, carece de eficacia demostrativa, ya que no contiene la certificación del lugar y circunstancias en que fue tomada, en términos del segundo párrafo del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo tanto carece de valor probatorio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 284 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, marzo de 1993, de registro 216975, que a la letra dice: "FOTOGRAFIAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las fotografías para acreditar el hecho de la posesión aducido en la demanda de amparo." Ahora bien, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilita a cualesquiera de las actuarias de este juzgado para que en días y horas inhábiles para que haga entrega de los oficios correspondientes y realice las notificaciones inherentes a los acuerdos que se dicten en este incidente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo solicita expídasele copia certificada de la presente determinación, previa identificación y razón que por su recibo se asiente en autos para constancia, y por autorizados para recibirla en su nombre a las personas que autoriza en su demanda. Por lo que hace a la expedición de un tanto más de la copia certificada que solicita; dígase que una vez que justifique las razones por las cuales la requiere e insista en su petición, se acordará lo que en derecho corresponda, de conformidad con la jurisprudencia 20/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, mayo de dos mil diecisiete, Tomo I, página 308, de rubro y texto: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo solo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas, se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados."

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