Benigno Valdez Huitron

Expediente 1968/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1968/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
15/03/2017

Partes del expediente

  • Benigno Valdez Huitron

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; quince de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio suscrito por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución emitida el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en el expediente 1/2017 de su índice estadístico, donde resolvió el conflicto competencial suscitado entre este juzgado y el Juzgado segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, respecto de la demanda de amparo promovida por Benigno Valdez Huitrón, contra actos de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México y otras autoridades; el cual se resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para conocer del asunto; para ello, remítansele los autos. SEGUNDO. Háganse saber el contenido de este fallo a los Jueces contendientes para su conocimiento". Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta y anexo adjunto para los efectos legales procedentes y acúsese el recibo de estilo. En otro orden, el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo; en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente expediente es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo, inciso I, en relación con el segundo, inciso XX, pues los mismos establecen: "SEGUNDO. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: (.) XX. Expedientes auxiliares: Todos aquellos que contienen actuaciones procesales vinculadas a los procedimientos de que conocen los órganos jurisdiccionales; tales como exhortos, despachos, requisitorias, cuadernos de antecedentes, expedientillos varios, entre otros; (.)". "VIGESIMO. Los Jueces de Distrito deberán desincorporar y destruir aquellos expedientes que cuenten con más de seis meses de haberse dictado la sentencia o la resolución interlocutoria correspondiente y que teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes conforme al procedimiento indicado en el párrafo último de este punto, que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Todos aquellos expedientes auxiliares (.)" Lo anterior, a virtud de que mediante auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, este juzgado declinó competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, y mediante testimonio de resolución de dieciséis de febrero del año en curso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, resolvió el conflicto competencial suscitado entre este juzgado y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, fincando el conocimiento del asunto a este último; razón por la cual, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito carecen de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    III. Toluca, Estado de México; veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual la Directora Contenciosa de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de la Directora de Gestión de Peticiones Ciudadanas y Promoción Social de la Secretaría de Salud, informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio de cuenta y anexo, así como el diverso recibido el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a la quejosa y representante especial. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    IV. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA

  4. Principal

    IV. (SE LISTA AVISO QUEJOSO), SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOS BENIGNO VALDEZ HUITRÓN, EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: IV. Toluca, Estado de México; veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Por recibida la demanda de amparo, promovida por Benigno Valdez Huitrón, por su propio derecho y quien se ostenta albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Modesta Huitrón Ruiz, contra actos de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 1968/2016-IV. Ahora, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el aquí promovente hace consistir los actos reclamados en: "a) La orden girada y emitida por la Dirección del Registro de Transporte Público, cuyo Titular es el Lic. Enrique Zair Rodríguez Bernal, de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciséis (28/11/2016), con número de oficio DRTP/223052000/2016/1878, mismo que me fue notificada en fecha catorce de diciembre del año dos mil dieciséis, (14/12/2016), para efectos de que el suscrito entregue los elementos de matriculación derivados de la concesión número CAS0147BC808516237, así como las placas de circulación, engomado y tarjeta de circulación, de las cuales poseo y trabajo desde hace más de doce años (12), para el trabajo al que me dedico y consiste el mismo en la transportación de pasajeros, como taxista, en donde los ingresos que obtengo son para el sustento de mis tres hijos, de mi esposa y de el que suscribe, pues no tengo otros ingresos con los que yo pueda alimentar a mi familia y subsistir de manera legítima. b) La posible orden que se pueda liberar para la detención del vehículo de mi propiedad, mismo que porta las placas de servicio público y en donde se me pudiera impedir la libre circulación del mismo pues con este, presto servicios de transportación de pasajeros como taxista, impidiéndome con esta orden realice lo que contempla nuestra carta magna en su artículo 5°. c) La denuncia que en su momento pueda realizar el Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México, y/o el Director General del Registro Estatal de Transporte Público, y/o el Director del Registro de Transporte Público, de la que se pueda desprender la detención del suscrito y de mi vehículo propio el cual porta las placas, engomado y tarjeta de circulación de la concesión referida con anterioridad y se me recoja el vehículo antes descrito para su encierro indefinido en los depósitos destinados para ello, y con esto me sufrague gastos económicos, los cuales no cuento con ello, puesto que apenas y alcanzo a sufragar yendo al día para el sustento de mi familia como lo son alimentos, vestido y educación, con lo que si se me quita y/o retira el vehículo que utilizo para trabajar se estaría violando en mi perjuicio en lo que contempla el artículo 5° de Nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior a que siga trabajando el taxi que refiero, para sustentar y sufragar los gastos familiares que consisten en alimento, vestido, educación, servicio médico y demás situaciones de primera necesidad para mi familia y el que suscribe. d) Los demás efectos y consecuencias que se deriven de las posibles órdenes del oficio que se me notificó en fecha catorce de diciembre del año del dos mil dieciséis (14/12/2016), mismo que en este acto es impugnado en toda y cada una de sus partes, para efectos de la detención posible, tanto del suscrito, como de mi vehículo y las placas, engomados y tarjeta de circulación, mismas que me impedirían dedicarme a un trabajo honesto tal y como lo contempla nuestro artículo 5 Constitucional" En ese sentido, se estima conducente establecer que si bien el promovente reclama diversos actos, lo cierto es que los identificados en los incisos b), c), y d), constituyen una consecuencia del primero relativo al oficio DRTP/223052000/2016/1878, los cuales a la fecha se traducen actos futuros e inciertos, por lo que el estudio respecto de la competencia de este juzgado se abordará exclusivamente en atención al contenido del oficio referido. Luego, del contenido del oficio reclamado (DRTP/223052000/2016/1878) se advierte que en éste se estableció: ". En esa tesitura, para el caso de que Usted sea el poseedor actual del título de concesión número CAS0147BC808516237, se le requiere para que en el término de tres días hábiles posteriores al momento de la notificación del presente oficio, entregue a esta Dirección, dependiente de la Dirección General del Registro Estatal de Transporte Público, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, los elementos de matriculación derivados de la concesión, placas, engomado y tarjeta de circulación, en el entendido de que en caso de que esta autoridad administrativa detecte de manera flagrante que se encuentra prestando el servicio de transporte público, sin estar dentro de lo ordenado por la ley, se estaría en la posibilidad jurídica de presentar querella correspondiente en contra de quien resulta responsable, por la probable configuración del injusto previsto en el numeral 148 del Código Penal del Estado de México, consistente en prestar de manera ilícita el servicio público de Transporte de Pasajeros; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar". Lo anterior evidencia que el oficio referido impone la obligación del promovente del amparo de entregar a la Dirección del Registro de Transporte Público esta Dirección, dependiente de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, los elementos de matriculación derivados de la concesión respectiva, placas, engomado y tarjeta de circulación, en un horario de labores comprendido entre las nueve de la mañana y seis de la tarde de lunes a viernes; por lo que tiene principios de ejecución precisamente en el lugar en que dicha autoridad tiene su residencia oficial, esto es, en Avenida Gustavo Baz Prada número dos mil ciento sesenta (2160), colonia La Loma, Tlalnepantla, Estado de México, código postal 54060. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto toral reclamado tiene principios de ejecución material en la circunscripción territorial en que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, ya que, es ahí donde tiene su residencia oficial la Dirección General de Registro Estatal de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, así como el resto de las autoridades señaladas como responsables y es ahí en el lugar en que se refleja la ejecución del oficio DRTP/223052000/2016/1878 de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a la anterior consideración por su contenido, la tesis sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2°. XII/95, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES". Aunado a ello, debe asentarse que el oficio de mérito se notificó al ahora promovente en el domicilio ubicado en Barrio Segundo sin número, Localidad de Santiaguito Maxda, Timilpan, Estado de México, código postal 50540, inmueble que de igual forma se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado. En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, declina competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, ya que dentro de su jurisdicción se proyectan los principios de ejecución del acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Similar criterio adoptó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 7/2016 de su índice estadístico, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el diverso Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente vía fax. Fórmese cuaderno de antecedentes. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por imperativo expreso del numeral 2° de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que señala y por autorizadas para tales efectos a las personas que menciona, por así manifestarlo la parte quejosa. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julián Rodríguez Becerril, Luis Miranda Monroy, Lidia Sotelo Fuentes y Guillermo A. Ordóñez Gómez, y a las restantes personas en términos restringidos, ello en razón de no contar con el registro de su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Al respecto se estima aplicable la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, del Tomo XXIII, Materia Administrativa, Novena Época, de rubro siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". De conformidad con el numeral 21 de la ley de la materia en vigor, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aun las de carácter personal. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.

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